Edgar Alonso Ibarra Marquez

Expediente 434/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
434/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • Edgar Alonso Ibarra Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de en el que se la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el oficio suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual solicita una prórroga para estar en aptitud de cumplir cabalmente con la sentencia emitida en los presentes autos; se otorga una prórroga de diez días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que la autoridad dé cumplimiento total a la ejecutoria de amparo; otorgando dicho término en razón de que, como lo manifiesta la autoridad oficiante, se necesita cumplir con ciertos requisitos para el proceso del cumplimiento de la sentencia de amparo. Se apercibe. Por otro lado, visto el escrito signado por el quejoso, a través del cual, solicita se hagan efectivos los apercibimientos decretados en autos y se requiera de nueva cuenta a la autoridad responsable por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; al respecto, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar, y dígasele que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden.

  3. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que no se ha recibido por parte de este juzgado de Distrito la constancia de notificación de los oficios dirigidos respectivamente a cada una de las autoridades responsables, mediante los cuales se les remitía los diversos oficios relativos al proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en los que entre otras cosas, se les requiere para que rindan su informe previo ni tampoco obran en autos los aludidos informes; en consecuencia, mediante oficios con transcripción del presente proveído, reexpídanse dichas comunicaciones oficiales; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Para dar lugar a lo anterior la audiencia incidental señalada para el día de hoy, se difiere y para su verificativo se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 653/2021-IV-B, promovido por Mario Alberto Nuño Sanchez, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial y Secretario de Acuerdos adscrito, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mario Alberto Nuño Sanchez, por su propio derecho el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos de las autoridades referidas, que hizo consistir en: "IV.ACTO RECLAMADO.- Se reclama el auto de fecha 06 seis de abril del año en curso 2021 dentro del expediente 1047/2019 donde se fija y condena al pago de una pensión de alimentos para la tercer perjudicada y mi menor hija del 30% que corresponden a de un salario de la cantidad de $30,000.00 mensuales que no gano". SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el entonces Titular dictó proveído el tres de mayo de dos mil veintiuno, en que ordenó: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente 653/2021-IV-B; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención a la Agente del Ministerio Publico Federal de la adscripción; emplazar a la tercera interesada y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, el quejoso amplió su demanda de amparo, respecto de las autoridades responsables y actos que hizo consistir en: "ACTO RECLAMADO.- EL AUTO DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2021, MISMO QUE CUMPLIMENTA EL AUTO DE FECHA 06 DE ABRIL DE LA MIMSA ANUALIDAD COMBATIDO EN MI ESCRITO INICIAL DE DEMANDA DE GARANTÍAS MEDIANTE EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA DECRETÓ QUE AL SUSCRITO SE LE DESCONTARA DE MI NOMINA LA CANITDAD DE $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) SITUACIÓN QUE YA FUE EJECUTADA Y SU EJECUCIÓN ME DEJÓ EN TOTAL DESAMPARO Y ATENTA CONTRA MI VIDA, YA QUE SIENDO EL ÚNICO INGRESO QUE EL SUSCRITO TENGO YA NO PODRÉ SOLVENTAR NI MIS MÁS MINIMOS GASTOS PERSONALES PUES COMO YA LO MANIFESTÉ EN MI ESCRITO INICIAL DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA Y CON LOS DOCUMENTOS QUE COMO PRUEBA ACOMPAÑÉ MI NÓMINA QUEDÓ CON SOLAMENTE 9.00 (NUEVE PESOS 00/100 M.N.)...". Mediante acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda, y se ordenó: pedir informe justificado a las autoridades responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; fijar día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta de tres de enero de dos mil veintidós. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA.- Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que la omisión reclamada, se atribuye a una autoridad especializada en materia de trabajo, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; adicionado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en la resolución de seis de abril de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio civil sumario 1047/2019, que fija alimentos provisionales, así como el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en cumplimiento al primero de los actos reclamados. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, el fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad y Secretario de Acuerdos adscrito, al rendir su informe con justificación, reconocieron la existencia del acto que se les atribuye. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las documentales que en apoyo a su informe justificado remitieron las responsables consistentes en copia certificada de lo actuado en los autos del juicio civil sumario 1047/2019, documentales que merecen valor demostrativo pleno al tenor del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 290460, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en la Quinta Época-III, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. Lo son las certificaciones expedidas por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, de consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver. A fin de tener un mejor panorama, resulta necesario realizar una narración de las constancias que integran el expediente natural, las que a criterio de quien ahora resuelve son: Haylen Valdez Cisneros, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas Valeria M y L. D., de apellidos Nuño Valdez, compareció a demandar en la vía civil ordinaria de Mario Alberto Nuño Sánchez, entre otras prestaciones, por la disolución del vínculo matrimonial. Por acuerdo de tres de julio de dos mil diecinueve, el Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, admitió a trámite la demanda referida en la vía y forma propuesta bajo expediente 1047/2019; asimismo, entre otras cuestiones, ordenó el emplazamiento de la demandada. El seis de abril de dos mil veintiuno, se fijaron alimentos provisionales la determinación apuntada es materia del acto reclamado. QUINTO.- Estudio de fondo.- Al no existir causas de improcedencia que analizar, de oficio o hechas valer por las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia, lo procedente será analizar el fondo de la cuestión planteada a la luz de los conceptos de violación expuestos, a los que este órgano jurisdiccional se remite en su integridad, sin necesidad de transcribirlos, tal como lo dispone la jurisprudencia cuyo rubro y texto disponen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SEXTO.- Decisión sobre la litis constitucional.-Ahora bien, en el presente, como se dijo, el acto reclamado consistente en el proveído de seis de abril de dos mil veintiuno y sus consecuencias materializadas en el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, por la que se condena al quejoso por el pago de pensión alimenticia provisional por la cantidad de $,9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional), emitido en los autos del expediente de origen, en el que refiere se vulneraron en su perjuicio las garantías individuales y derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, atento a que el juez de la causa no consideró la afectación patrimonial que se le ocasionaba al quejoso, pues no consideró los gastos que sufraga para sí mismo y, que por ende, no consideró las posibilidades reales que tiene para sufragarlos, como tampoco se consideraron las necesidades de la acreedora alimentaria, y de considerar el pago de pensión que le fue fijado, el quejoso ya no estaría en condiciones ni siquiera de cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, se considera fundado el concepto de violación expuesto. Cabe mencionar que, el Capítulo V del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece en lo que interesa: "Artículo 693. Los juicios que versen sobre pago o aseguración de alimentos se tramitarán conforme a las reglas generales de los demás sumarios y a las especiales siguientes: Artículo 694. Si al promoverse el juicio también se demanda la fijación y aseguramiento de alimentos provisionales, el juez sin correr traslado a la contraparte verificará que el demandante le acredite con los medios permitidos a su alcance la urgencia y necesidad de la medida y que justifique aproximadamente, cuando menos, la posibilidad del que deba darlos. Cuando el solicitante, bajo protesta de decir verdad, manifieste no contar con elementos suficientes para acreditar la posibilidad económica del deudor y bajo los mismos términos informe el ingreso aproximado mensual de éste, el juzgador atendiendo a la capacidad económica y nivel de vida del deudor y de los acreedores alimenticios, así como las circunstancias especiales del caso, fijará la pensión con base en el salario mínimo vigente de la zona. Cuando se pida la fijación y aseguramiento de alimentos provisionales por una institución oficial, dedicada a la protección de la familia, o a la asistencia pública, se presumirán como ciertos salvo prueba en contrario, los dictámenes y documentos por ellas elaborados que se acompañen a la solicitud correspondiente. Artículo 695. Una vez satisfecho lo que establece el artículo anterior, el juez decretará de plano la pensión de alimentos provisionales, fijando la suma, porcentaje o salarios mínimos en que deben consistir la pensión y mandará abonarlos, por mensualidades anticipadas, mientras se resuelve en definitiva. Artículo 696. Contra la resolución en que se otorguen los alimentos provisionales, no habrá recurso alguno y contra la que los deniegue procederá el de apelación en ambos efectos. Artículo 697. Inmediatamente que se decrete la fijación de la pensión de alimentos provisionales, se requerirá al que deba cubrirlos por el pago de la primera mensualidad, y si no lo verifica en el acto de la diligencia, se procederá a embargarle bienes bastantes a cubrir su importe. Hecho el embargo, se emplazará en forma al demandado para que conteste la demanda dentro del término de cinco días y seguirá el juicio por los demás trámites. Artículo 698. La venta de los bienes secuestrados se tramitará por cuerda separada en la forma y con los trámites prevenidos para los remates, lo mismo se hará en las subsecuentes mensualidades, una vez practicado el embargo. Artículo 699. En los juicios de divorcio por mutuo consentimiento, se observarán las disposiciones relativas de este procedimiento y las contenidas en el capítulo IV del Título Décimo Segundo. Artículo 700. Si se trata de alimentos provisionales que deban abonarse sólo mientras dure el procedimiento en los juicios de divorcio necesario, acreditados los extremos del artículo 694, el juez procederá, en lo relativo, como se previene en este capítulo, sin perjuicio de los derechos que conceda a las partes la ejecutoria de divorcio para reclamar alimentos.". De lo anterior, se desprende que en los juicios sobre alimentos (como en el caso acontece), no se advierte que se imponga la obligación al juez de investigar la posibilidad real del deudor alimentario, sino que basta con que la parte que solicita la medida cautelar, acredite con los medios permitidos a su alcance la urgencia y necesidad de la medida y que justifique, aproximadamente, cuando menos, la posibilidad del que deba darlos. No obstante lo anterior, dado que el derecho de audiencia se aplaza momentáneamente al deudor alimentario, por un derecho de rango especial, que es la necesidad de percibir alimentos, que implica, en el caso, la subsistencia de los acreedores alimentarios, es hasta esta instancia constitucional en la que puede demostrar la existencia de diversas circunstancias que no fueron analizadas y, de esta forma, la autoridad familiar puede revalorar si fue apegada a la realidad la medida provisional decretada. Lo anterior, encuentra orientación en la tesis sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País de rubro y texto: "ALIMENTOS PROVISIONALES. PREFERENCIA DEL DERECHO DE PERCIBIRLOS SOBRE EL DERECHO DE AUDIENCIA DEL DEUDOR ALIMENTISTA. Al establecer la ley que "en las diligencias relativas a alimentos provisionales no se permitirá discusión sobre el derecho de percibirlos, cualquiera reclamación que acerca de ese derecho se hiciere, se sustanciará en juicio sumario, y entretanto seguirá abandonándose la suma señalada para alimentos", claramente se advierte en la intención del legislador, la idea de dar a la obligación alimentista un rango superior, para mayor estabilidad social. Al decretarse, pues en esa relación procesal que el derecho de audiencia del deudor alimentista se transfiere para cuando hayan sido establecidos los alimentos, tal mandamiento no significa negación o anulación del derecho de ser oído y vencido en juicio, sino simplemente el aplazamiento o transferencia de ese derecho. En otros términos, el legislador, en presencia del cumplimiento de dos derechos del orden público: el derecho de audiencia y el de percibir alimentos inmediatamente, da preferencia momentánea a éste sobre aquél, pero no lo anula; sino que solamente aplaza el ejercicio del primero." En esa tesitura, de las pruebas que aportó el peticionario de garantías, se evidencia que la pensión alimenticia decretada a cargo del quejoso resulta excesiva. Así es, de las constancias que obran agregadas al presente sumario, se evidencia por una parte, que el quejoso cuenta ya con una deducción y retención de sus haberes, que en su totalidad, en la primera quincena del mes, ascienden a la cantidad de $3,025.00 (tres mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), como son: préstamo hipotecario, ahorro de pensiones, fondo de garantía, cuota sindical, fondo de garantía a préstamo de pensiones y retenciones; y que, derivado de tal deducción su haber solo tiene un alcance liquido de $9.00 (nueve pesos 00/100) moneda nacional, y que en el proveído reclamado, así como el diverso relativo a la ampliación le impusieron como cantidad a pagar por concepto de pensión alimenticia la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional) mensuales. Ahora, en el marco de los alimentos, el artículo 442 del Código Civil para el Estado de Jalisco, se establece que los alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Por su parte, del artículo 275 del ordenamiento legal en comento, se advierte la obligación de los padres de proporcionar alimentos a los hijos en la proporcionalidad que cada uno de ellos debe aportarlos y, la hipótesis de que si sólo uno de ellos tiene la posibilidad de ministrarlos, será éste quien cumpla con la obligación. Por su parte, del diverso numeral 284 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se desprende la facultad de que los tribunales podrán ordenar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del asunto, la práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. Cabe agregar que en el desahogo de éstas, el juez actuará como estime pertinente para obtener el mejor resultado, en el entendido de que durante su práctica no se deben lesionar los derechos de las partes a quienes se les dará un trato igual. Bajo esa óptica, como se dijo supralíneas, si bien es cierto que la parte quejosa tiene la obligación de proporcionar alimentos, el juez de la causa no estuvo en posibilidad de tomar en consideración los elementos de prueba aportados en sede constitucional, a fin de emitir una resolución conforme al principio de proporcionalidad y equidad previsto por los artículos 434 y 443 del Código Civil del Estado de Jalisco, que rezan: "Artículo 434. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, hasta que alcancen la mayoría de edad o llegando a ella sean incapaces, la cual se extiende hasta una edad máxima de veinticinco años, cuando se encuentren estudiando en planteles del sistema educativo nacional. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado. Artículo 443. Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes". En esa tesitura y dado que hasta este momento el juez natural tendrá noticia de la existencia de los elementos de convicción reseñados, se concede la protección constitucional contra la fijación de la pensión provisional de alimentos, para que el juez de la causa, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, primer párrafo de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice lo siguiente: Deje insubsistente la determinación de seis de abril de dos mil veintiuno y sus consecuencias materializadas en el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 1047/2019 y, con plenitud de jurisdicción: Dicte una diversa en la que tome en consideración lo planteado en esta resolución y, al momento de fijar los alimentos provisionales, pondere las deducciones con las que en la actualidad ya cuenta la parte quejosa, lo que deberá realizarse atento a los principios de proporcionalidad, necesidad y equidad. En ese sentido, se ordena la remisión de las pruebas que ofreció el promovente en este juicio de amparo a efecto de que las justiprecie, junto con las que cuenta en el natural. Sin perjuicio, de que si lo estima pertinente, lleve a cabo las diligencias que estime necesarias para fijar la pensión provisional solicitada en el juicio de origen, en la que deberá cuidar, se insiste, que los alimentos sean proporcionales a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos, conforme se dispone en el numeral 442 del Código Civil del Estado de Jalisco, atento al principio de proporcionalidad y equidad que la propia legislación contempla. Finalmente, respecto de los alegatos formulados por la tercera interesada, dígase que deberá estarse a lo ordenado en los párrafos anteriores, toda vez que los mismos no forman parte de la litis constitucional, con excepción de la causa de improcedencia atendida, sin que lo anterior implique violación a derecho procesal alguno, tal como lo establece la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.". Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: UNICO.- La justicia de la unión ampara y protege a Mario Alberto Nuño Sanchez, contra los actos de las autoridades señaladas con anterioridad, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

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