Edgar Alian Cruz Valdivia

Expediente 925/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
925/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
09/02/2016

Partes del expediente

  • Edgar Alian Cruz Valdivia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Mesa VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, a efecto de que compareciera ante este juzgado a ratificar el contenido y firma del escrito presentado a su nombre el veintisiete de enero pasado, transcurrió del cuatro al ocho de este mes y año, sin que haya efectuado dicha ratificación; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene por no presentado el escrito de mérito. Notifíquese...

  2. Principal

    MESA VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil quince. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de diecisiete de julio de este año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Edgar Alaín Cruz Valdivia, transcurrió del veintidós de julio al cuatro de agosto del año en curso, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en virtud que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que los actos reclamados no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco se encuentran comprendidos como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil quince. Agréguense a los autos para los efectos legales consiguientes, los oficios números 4928/2015 y 4972/2015, firmados por el secretario encargado del Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, de los cuales se desprende lo siguiente: Con el primer oficio de cuenta, remite copias certificadas de la comparecencia del quejoso Edgar Alain Cruz Valdivia, ante ese órgano jurisdiccional el día ocho de julio de dos mil quince. Con el segundo oficio de cuenta, remite copia certificada de la resolución de catorce de julio del año en curso. Ahora bien, de las constancias de autos a las que se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma, se advierte que con fecha quince de junio de dos mil quince (foja 110), se libró orden de aprehensión en contra del quejoso Edgar Alain Cruz Valdivia, por el delito de sustracción de menores en agravio del menor Alan Gabriel Cruz Hernández, ilícito previsto y sancionado por el artículo 407 del Código Penal Vigente en el Estado. Así también, de las constancias remitidas en los oficios de cuenta, se desprende que con fecha catorce de julio de dos mil quince, la autoridad responsable dictó el auto de auto de formal prisión en contra del aquí quejoso Edgar Alain Cruz Valdivia, en el proceso penal 77/2015, de su índice. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente, que establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada en este juicio no puede ser analizada porque ha quedado procesalmente substituida por el auto de formal prisión dictado en contra del aquí quejoso Edgar Alain Cruz Valdivia, como probable responsable en la comisión del delito de sustracción de menores cometido en agravio Alan Gabriel Cruz Hernández, ilícito previsto por el artículo 8 fracción I, 10 fracción I, 407 y sancionado por el artículo 407 BIS, fracción primera, del Código Penal vigente en el Estado, por lo que de estudiarse la inconstitucionalidad planteada en este juicio podría afectarse la situación jurídica creada por el nuevo acto. En efecto, no debe perderse de vista que la libertad personal se restringe por cuatro motivos, a saber, la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, cada uno con características peculiares; así, el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad se llama situación jurídica, de modo que cuando esa situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad personal excluye a las otras y por lo tanto, desaparecen los efectos del acto reclamado; de ahí, que sea improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. En virtud de actualizarse la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia vigente; sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Es aplicable al caso por identidad en las razones que sustentan la jurisprudencia número 1a./J. 95/2007, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 50 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Penal, novena época, bajo el rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". Sin que este sobreseimiento fuera de audiencia constitucional cause agravio a la parte quejosa, o la prive de defensa, pues, ni aun celebrándose ésta, la impetrante podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia por el cambio de la situación jurídica del agraviado. Al caso, resulta aplicable la tesis XIV 1º 3 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, Tomo XII, agosto de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Criterios que resultan aplicables de conformidad con el artículo sexto transitorio de la ley de la materia vigente, por no oponerse a lo previsto en dicho ordenamiento legal. El sentido del presente fallo, comprende también el acto de ejecución, atribuido al comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Destacamentado en el Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, director de la Agencia Especial de Investigaciones y el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Destacamentado en el Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, puesto que éste no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo por su contenido, la tesis jurisprudencial número siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página seiscientos noventa, Tomo II, Segunda Parte-2, octava época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". En mérito de lo anterior, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas en auto inicial para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas con cuarenta minutos del veintiocho de julio de dos mil quince). Sin que haya lugar a dar vista a las partes por el plazo que establece el numeral 64 de la ley de materia vigente, en virtud de que, dadas las características de la propia causa de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, las autoridades responsables tienen conocimiento del cambio de situación jurídica de la quejosa; y sin que obste, la existencia de la tercera interesada (ofendido en la causa penal Alan Gabriel Cruz Hernández), en virtud del sentido de la resolución de catorce de julio del año en curso, por lo que no podría causarle ningún perjuicio; ello, máxime que la continuación del procedimiento penal es una cuestión de orden público. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó el licenciado León Isaac Hernández Luna, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular; autorizado en sesión de siete de julio de dos mil quince, mediante oficio CCJ/ST/3222/2015, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y firma ante la secretaria licenciada Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de julio de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el informe justificado rendido por el agente estatal de investigaciones encargado del servicio de la comandancia, residente en Teposcolula, Oaxaca; con el anterior, dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE...

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