Edgar Alfonso Rivera Martínez
Expediente 781/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2021
Partes del expediente
- Edgar Alfonso Rivera Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de este expediente y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en el presente juicio promovido por Edgar Alfonso Rivera Martínez; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su numeral 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto, para resolver el juicio de amparo 781/2021-II promovido por Edgar Alfonso Rivera Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Matamoros, Tamaulipas, y turnado el mismo día a este Tribunal Federal, Edgar Alfonso Rivera Martínez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridad y actos que a continuación se citan: Autoridades responsables: 1. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ambos con asentamiento en esta ciudad. Actos reclamados: "4.1.- De la autoridad responsable señalada en el numeral 3 se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 a 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. 4.2.- De la autoridad señalada en el numeral 3.1 se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral denominada SPELLMAN DE MEXICO, S.A. DE C.V., y las notificaciones personales que deba realizará durante todo el procedimiento." La solicitante del amparo señaló como prerrogativas fundamentales violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno se registró la demanda en el libro de gobierno con el número 781/2021-II que le correspondió, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al Fiscal Federal de la adscripción y se señaló fecha para llevar al cabo la audiencia constitucional, misma que una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; ello en razón de que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de las responsables en radicar la demanda laboral de origen, así como practicar el emplazamiento a la parte demandada en el mismo, siendo este órgano de control constitucional el que previno en el conocimiento del asunto. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que Edgar Alfonso Rivera Martínez, se duele de lo siguiente: La omisión por parte de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia inicial en el expediente administrativo laboral 712/E06/2020 de su índice. La Omisión por parte de la Actuaria adscrita a dicho órgano colegiado, en practicar el emplazamiento a la parte demandada en la referida demanda. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que le son atribuidos, por lo que así se tienen para todos los efectos legales. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió la nombrada responsable con su informe justificado (fojas 11 y 12), mismas que por tratarse de documentos públicos, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que fueron expedidas por funcionarios públicos en el ámbito de sus ejercicios. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Asimismo, la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado en el plazo de quince días que se les dio para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja ocho, por lo que, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye, pues en términos del artículo 625, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los diversos 740, 741 y 742, dicha autoridad es la facultada para realizar el emplazamiento a la parte demandada y las notificaciones ordenadas en los expedientes laborales. Apoya lo anterior, en la parte conducente, la de jurisprudencia 279 constituida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 232 del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO).- Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." Así como la jurisprudencia 313, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SÓLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo". CUARTO. Causas de improcedencia. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al ser una cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, misma que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ..." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, debido a que de las constancias que allegó la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con su informe justificado, se aprecia que el día trece de septiembre de dos mil veintiuno, una vez recibido el fallo relativo a la excusa planteada para conocer de la demanda presentada por el aquí quejoso Edgar Alfonso Rivera Martínez, dicha responsable regularizó el procedimiento en el expediente administrativo laboral 712/E06/2020 de su índice, y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; de cuya falta de radicación se dolía la parte quejosa. Asimismo, no pasa por desapercibido que la autoridad que la parte quejosa denominó como Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, omitió rendir informe justificado no obstante de haber sido debidamente notificada para ello desde el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, según el acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 8). Sin embargo, de las constancias que remitieron los Actuarios adsritos a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con su oficio 1984/2021, se advierte que el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, la Actuaria adscrita a ese órgano colegiado, practicó el emplazamiento a la empresa demandada en el procedimiento laboral de origen (fojas 17 a 19). En tales condiciones, al haber cesado los efectos de los actos reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y la Actuaria de su adscripción, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 781/2021-II, promovido por Edgar Alfonso Rivera Martínez, en contra de actos atribuidos a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y a la Actuaria de su adscripción. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 1984/2021, firmado por los Actuarios adscritos a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo requerido por este Juzgado de Distrito en acuerdo de veintidós de los corrientes, remite las constancias relativas al acto reclamado en esta contienda; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Tocante a las constancias que se anexaron al comunicado de referencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas desde este momento dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por rendido el informe justificado suscrito por la Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en tal razón, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo en la audiencia constitucional respectiva. En relación a las constancias que se adjuntaron al informe de cuenta, téngase a la autoridad de mérito cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado que guardan los autos del juicio en que se actúa se advierte que la autoridad responsable denominada Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, no ha rendido su informe con justificación que se le solicitó mediante oficio 34634/2021-2, que contiene inserto el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el cual fue recibido por dicha autoridad el veinticinco siguiente, tal y como se advierte de la constancia de notificación correspondiente (foja 8). Por tanto, toda vez que en el presente caso se acredita la figura de presunción de certeza establecida por el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 75 de la legislación en cita, gírese atento oficio a la responsable de mérito y requiérasele para que dentro del improrrogable término de tres días hábiles, contados a partir de su legal notificación, remita las constancias que justifiquen el acto que le ha sido reclamado a través de la presente contienda constitucional, en virtud de que las mismas son necesarias para estar en condiciones de resolver en definitiva el asunto que nos ocupa. Apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en Ciudad de México; ello conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada respecto a esa unidad, en dicha publicación de veintiocho del indicado mes y año, con apoyo en el numeral 260, fracción II, de la legislación de la materia. Finalmente, para dar oportunidad a lo acordado en párrafos precedentes, resulta necesario diferir la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las once horas con trece minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno para su verificativo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
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