Edgar Alfaro Vallejos
Expediente 1350/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1350/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/11/2018
Partes del expediente
- Edgar Alfaro Vallejos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, y dado que por auto de veintisiete de septiembre de la presente anualidad, se tuvo al secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, avocándose al conocimiento del juicio del que emana el presente expedientillo, el cual radicó con el número *****; en consecuencia, remítase los acuses relativos a las notificaciones de los oficios 39527/2018, 39528/2018, 39529/2018, 41207/2018, 41208/2018 y 41209/2018, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: RECEPCIÓN DEL JUZGADO SEGUNDO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. Se tiene a la Juez Segundo del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, remitiendo los autos del juicio de amparo en que se actúa y tres cuadernos auxiliares, recepcionados el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Acúsese el recibo correspondiente. Comuníquese a las partes la llegada de los autos originales del juicio en que se actúa y la resolución dictada por el juzgado oficiante, quien determinó: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 360/2018, formado con motivo de la remisión del diverso 389/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en términos de lo establecido en el considerando III de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ****** contra los actos reclamados precisados en el considerando II, por las razones expuestas en el diverso VI de esta resolución. TERCERO. En atención a lo expuesto en la parte final de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia". (Foja 369). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo correspondiente. Archívese el expedientillo de referencia. Destrúyanse las constancias restantes del citado cuadernillo transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I del citado Acuerdo General. Levántese el acta circunstanciada correspondiente, en términos del último párrafo del punto quinto del Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Infórmese al Juez Segundo del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, una vez que se dicte el acuerdo por el que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos o en caso de que la misma sea impugnada, el sentido de la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, se hará de su conocimiento con la oportunidad debida. LA ADMINISTRADORA DE CORREOS DEVUELVE SOBRES CERRADOS DE CORRESPONDENCIA. Vistos los sobres cerrados que devuelve la Administradora de la Oficina de Servicios Directos, del Poder Judicial Siglo XXI, correspondientes a los oficios 25589/2018 y 34738/2018,, dirigidos al tercero interesado "Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jolalpan, Puebla", en los cuales se advierte la leyenda "No reclamado", lo anterior sin hacer mayor pronunciamiento dado que con esta fecha, se tiene por recibida la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EDGAR ALFARO VALLEJOS, EL ACUERDO DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese los oficios con registros 25760 y 25766, visto su contenido, se provee: Téngase a los Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla adscritos al Servicio de Administración Tributaria 1 y 2, informando que el quejoso. Ahora bien, visto el estado procesal de autos y la demanda de amparo promovida por. por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, se provee: INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. En principio, cabe puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y de pronunciamiento oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309, Tomo XCVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables las siguientes: 1. Cámara de Diputados 2. Cámara de Senadores 3. Presidente de la República Mexicana A las que reclama la inconstitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con motivo de su primer acto de aplicación. Lo anterior, por estimar que para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, su previsión social resultó gravada tributariamente por la aplicación del artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es del tenor siguiente: "Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: (.) IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. (.) XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, del presente Título. (.) Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley. Ahora bien, de los referidos oficios de los Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla adscritos al Servicio de Administración Tributaria "1" y "2", se advierte que informaron que el quejoso... La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto Sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subsecuentes que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que del criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de la vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción territorial se ubica. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 426, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de 2009, del tenor siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.- Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subcuentas que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que el criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 146/2002, de la Novena Época, emitida por la referida Segunda Sala, visible en el Tomo XVII, página 324, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de enero dos mil tres, cuyo y rubro señalan: COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos. En ese tenor, es dable establecer, que la norma combatida es de carácter fiscal y su ejecución se materializó en el lugar donde tiene su domicilio fiscal la parte quejosa; es decir, en Mérida, Yucatán. Por lo que se concluye que el juez competente para conocer de la presente demanda, debe ser el que ejerza jurisdicción en el lugar donde la parte quejosa prestó sus servicios y, en consecuencia, se le efectuó el pago de salarios y la retención correspondiente al impuesto que se tilda de inconstitucional. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, previendo en su primer párrafo que lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En este sentido, esta autoridad federal se considera incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, pues de la lectura del escrito de demanda y de las constancias descritas, no se observa que dicho acto se ejecute, o se haya ejecutado en la jurisdicción de este tribunal, motivo por el cual su ejecución, por el contrario, como se vio, se realizó fuera de la demarcación que compete a esta autoridad federal. Lo anterior es así, puesto que los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (.). Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Asimismo, lo anterior se adminicula con la constancia de retención que exhibió la parte quejosa con su demanda de garantías, así como con las constancias recabadas de oficio por esta Juzgadora y que obran en autos, esto es: De la constancia de retención a que se refiere la parte quejosa, en la que se le aplicó el artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que exhibió con su demanda de amparo, en el que aparece como retenedor Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable (fojas 30 y 31), se advierte lo siguiente: En el apartado de "Datos del Trabajador o asimilado a salarios" aparece el rubro consistente en "Clave de la Entidad Federativa donde prestó sus servicios (5)" el cual contiene el número 31. Asimismo al pie de dicha constancia de sueldos en el número (5) señala: 01 Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche, 05 Coahuila, 06 Colima, 07 Chiapas, 08 Chihuahua, 09 Distrito Federal, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán. 32 Zacatecas. De lo que se advierte que el número 31 que se señaló en el rubro de "Clave de la Entidad Federativa donde prestó sus servicios (5)", corresponde al Estado de: Yucatán. Por oficio con registro 22147, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Puebla informó que la parte quejosa se encuentra adscrita a la Unidad de Medicina Familiar Número 59, Delegación 33, con sede en el Estado de Yucatán (foja 59). Mediante oficio con registro 22390, el apoderado legal de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable informó que la parte quejosa es empleada jubilada y recibe sus pagos en Yucatán; e, informó a partir de cuándo se realizaron las retenciones del artículo reclamado -93, fracciones IV, V y IX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en dos mil catorce y dos mil dieciséis-, y anexó copia de las constancias de retención de la parte quejosa de los ejercicios fiscales 2015 y 2016 y recibos de pago correspondientes a la primera quincena de diciembre de dos mil dieciséis y de la segunda quincena de enero de dos mil catorce.(fojas 63 a 71). Por lo anterior, si la parte quejosa reclama el artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, en el caso: -Mérida, Yucatán-, conforme a lo informado por las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente 1 y 2, Puebla, se concluye que el juez competente para conocer del juicio de amparo promovido por el peticionario de amparo, debe ser el del lugar en donde se encuentra su domicilio fiscal. Bajo esos lineamientos, con fundamento en los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, se estima que la competencia para conocer de la presente demanda se actualiza en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en turno. Se ordena remitir el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, para que por su conducto sea turnado al Juzgado que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo. Solicitando el acuse el recibo correspondiente y comunique el Juez que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo, si se avoca o no al conocimiento del presente asunto. Fórmese expedientillo, háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Finalmente, déjese sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 133 reverso). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,777 expedientes
- Edgar Abrego García1066/2016
- Edgar Adrián Cuatle Ramírez1766/2017
- Edgar Alberto Casares Romero2010/2023
- Edgar Alejandro Huesca de Lara294/2016
- Edgar Alejandro Sánchez Correa753/2022
- Edgar Alejandro Sánchez Correa275/2016
- Edgar Alfonso Balderas Olmos1342/2022
- Edgar Alfredo Marín Zaleta266/2021
- Edgar Allan González García278/2022
- Edgar Allán González García1243/2017
- Edgar Allan González García2233/2017
- Edgar Allan González García1203/2018