Edgar Alejandro Rivera Ramos
Expediente 494/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Edgar Alejandro Rivera Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no se inconformaron en contra del proveído de seis de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, se hace la indicación que el presente asunto carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 26 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, Y EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EDGAR ALEJANDRO RIVERA RAMOS EL PROVEÍDO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, MISMO QUE A LA LETRA DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio remitido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali; para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada, este Juzgado procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, primeramente procede establecer que por resolución dictada por este Juzgado Federal, misma que causó ejecutoria el diez de noviembre del año en curso, se concedió el amparo y protección al quejoso EDGAR ALEJANDRO RIVERA RAMOS, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a los siguientes efectos: En el entendido de que deberá de respetar el plazo que establece el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo; para evitar mayor demora, no es necesario dejar insubsistente la fecha que acordó para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, ello tomando en cuenta su proximidad y en caso, de no celebrarse en esa data señalar nueva fecha en los términos de la concesión, es decir, dentro de los quince días computados legalmente. En consecuencia, por oficio remitido por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, al que anexó copia del diverso oficio 1773, al que anexa copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de fecha diecisiete de noviembre del año en curso, se advierte que es evidente que con lo realizado por la autoridad responsable, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. Por lo anterior, en términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 192, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, haciendo de su conocimiento que cuentan con el término de quince días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga y en su oportunidad, archívese el juicio de amparo como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa Edgar Alejandro Rivera Ramos, el proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, por las razones que ahí indica; en consecuencia, proceda la Actuaria adscrita a notificar por medio de lista así como las subsecuentes notificaciones, de conformidad con la fracción III del artículo 26 y 29 de la Ley de Amparo, el proveído de mérito; lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, mediante el cual pretende el requerimiento formulado en autos, al efecto anexa copia certificada de las actuaciones llevadas a cabo a efecto de dar cumplimiento. Constancias de las cuales no se advierte que se haga pronunciamiento alguno respecto de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, sin que obste el hecho que en esta data esté programada la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral de origen. En consecuencia, requiérase nuevamente a la autoridad antes mencionada para que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con el fallo protector, por lo cual deberá informar a este Juzgado, lo que haga en acatamiento al mismo. Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo ordenado, se hará acreedora de una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el numeral 258 de la ley de la materia, además de que, se procederá en términos de los artículos 192 párrafo segundo y tercero, 197, de la Ley de Amparo, esto es, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico, remitiéndose el expediente al Tribunal Colegiado de circuito, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación. A mejor ilustración del procedimiento que deberá observar para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, conforme a la Ley de Amparo en vigor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estatuyó los lineamientos a seguir en la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y, por ende, su aplicación y observancia obligatoria a partir del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, consultable en el Libro 12, noviembre de dos mil catorce, tomo I, visible en la página 19, que se identifica por el siguiente rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Notifíquese.
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