Edgar Alejandro Perez Aguirre
Expediente 187/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2018
Partes del expediente
- Edgar Alejandro Perez Aguirre
Actuaciones
- Principal
III La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de trece de febrero de dos mil dieciocho, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante..
- Principal
III RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Edgar Alejandro Pérez Aguirre, contra actos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 187/2018-III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo en vigor, las causales de improcedencia deberán analizarse aún de oficio y de actualizarse alguna de ellas, procede desechar el presente juicio de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora, en conformidad con lo previsto por el ordinal 61, fracción XX, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo de mérito. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En el caso a estudio, la quejosa por esta vía constitucional reclama la resolución de veintitrés de enero de dos mil dieciocho en el expediente SS/PRRL/00135/2018, en el que se resolvió rescindir la relación laboral que une a Edgar Alejandro Pérez Aguirre con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y su ejecución. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 19, que se aprecia en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" El precepto legal transcrito colige que para la procedencia del juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional, debe agotarse el medio de defensa legal ordinario que establezca la ley aplicable, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues de lo contrario, imperaría el arbitrio de la parte agraviada, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a sus derechos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar el medio ordinario de defensa que la ley secundaria establece, en su caso. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos individuales, razón por la cual, si el resultado que pretende el quejoso puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. De la cita que antecede, se tiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. Bajo esa premisa, resulta pertinente que contra los actos que impugna, materia de este apartado, procede el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio contencioso administrativo, en términos de lo dispuesto en los artículos 186, 187 fracción I y 229, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, los cuales disponen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; (.)" Sobre este tenor, se colige que el acto que por esta vía se reclama consistente en la resolución de veintitrés de enero de dos mil dieciocho en el expediente SS/PRRL/00135/2018, en el que se resolvió rescindir la relación laboral que une a Edgar Alejandro Pérez Aguirre con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y su ejecución, debió combatirse a través del recurso administrativo de inconformidad o juicio contencioso administrativo en términos de los citados artículos, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se estima lo anterior, en virtud de que, por una parte, el código referido en sus artículos 187 y 229 precisa los actos de las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, que afecten derechos de particulares, y dada la naturaleza del acto, se estima que encuadra en el supuesto referido, del cual debe conocer la propia autoridad o el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, al tratarse de acto emitido por autoridades dependientes del Ejecutivo Estatal, y que al ordenarse la cancelación del apoyo económico referido, se considera un acto de imposible reparación. Por otra parte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el cual rige el juicio contencioso administrativo que se promueva ante el citado Tribunal Contencioso, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Para desentrañar tal aserto, se tiene presente que la Ley de Amparo, en sus artículos 128 y 129, establecen los requisitos para conceder la suspensión definitiva, como a continuación se transcribe: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." En contraste, los artículos 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, relativo a la suspensión del acto impugnado, establecen: "Artículo 254.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." Como se advierte, en lo que aquí interesa los artículos transcritos, relativos a la suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de la parte actora. Dicha suspensión sólo procederá de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Tratándose a petición del actor en el juicio administrativo, se podrá solicitar en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante la Sala Regional que conozca del asunto. En los casos en que la suspensión se conceda con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, suspensión que podrá ser revocada o modificada por la Sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. De lo expuesto, resulta por demás evidente que los artículos 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establecen mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo en vigor. Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que la resolución de veintitrés de enero de dos mil dieciocho en el expediente SS/PRRL/00135/2018, en el que se resolvió rescindir la relación laboral que une a Edgar Alejandro Pérez Aguirre con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y su ejecución, puede ser combatida mediante el recurso administrativo de inconformidad o el juicio administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en el cual no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, por lo que, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio administrativo, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Al respecto es aplicable, la jurisprudencia II.1o.A. J/25 (9a.), consultable en la página 1766, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo II, Materia Común, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del siguiente texto: "JUICIO CONTENCIOSO O RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA II.1o.A. J/24). Este tribunal en la jurisprudencia II.1o.A. J/24, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 1289, de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD O JUICIO DE NULIDAD PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. ES INNECESARIO AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.", sostuvo que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establecía mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos, pues aquél condicionaba su procedencia a que se otorgara la garantía para que surtiera efectos, sin señalar término para ello, a diferencia del de cinco días previsto en el artículo 139 de la Ley de Amparo, por lo que se consideró que se actualizaba una excepción al principio de definitividad conforme a la parte final del primer párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir tal criterio, a fin de establecer que el requisito que ahí se menciona no es una exigencia que deba observarse para el otorgamiento de la suspensión, esto es, no se trata de un requisito de procedibilidad sino de efectividad de la suspensión; ello, porque si bien es cierto que el mencionado código no fija término para que el actor exhiba la garantía, también lo es que tal omisión no implica que el órgano jurisdiccional deba negar la medida cautelar, y dicha circunstancia, en todo caso, beneficiaría al actor, pues al no establecer un término perentorio para cumplir con tal obligación lo deja en libertad de hacerlo en cualquier momento hasta antes de que se resuelva el juicio en definitiva, por tanto, el juicio contencioso o los recursos previstos en ese ordenamiento deben agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, al no establecer mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad." Además, es preciso indicar que en el caso no se surte las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa referido en párrafos anteriores, cuando el acto carece de fundamentación, (pues de la copia de la resolución reclamada no se advierte que adolezca de fundamento); tampoco el medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento, pues como se dijo, lo establece el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; ni mucho menos sólo se aducen violaciones directas a la constitución, pues la parte quejosa también hace valer cuestiones de legalidad como lo es el pago de una indemnización para los efectos que precisa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que no existe obligación de agotar el principio de definitividad para que proceda el juicio de amparo, cuando se hagan valer violaciones directas a la Constitución, pero también ha precisado que si en la demanda de amparo, además de la indicadas violaciones directas, se resaltan violaciones a disposiciones secundarias -violaciones indirectas a la norma suprema-, el quejoso tendrá la obligación de agotar el recurso ordinario de defensa antes de acudir al medio de control constitucional. En el caso, este órgano jurisdiccional estima que la parte quejosa antes de acudir a la instancia de amparo, debió agotar el medio de defensa ordinario, ya que si bien en la demanda de amparo aduce violaciones directas a sus derechos humanos consagrados en la Constitución Federal; también aduce violaciones indirectas a la misma. Circunstancia que revela la necesidad de ser estudiada ante la instancia ordinaria, previo a someterla a un pronunciamiento de regularidad constitucional. Sostener el criterio contrario, esto es, admitir la procedencia del juicio de amparo, permitiría su abuso, y haría nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo en vigor, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución como es el caso, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes haya sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas, lo cual incluso permitiría que imperara el arbitrio del quejoso. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Edgar Alejandro Pérez Aguirre, contra actos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y otras autoridades, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada legislación. Domicilio. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional, por así haberlo solicitado, sin que se tenga como tal el correo electrónico, pues no lo establece la Ley de Amparo. Autorizados. Como la certificación de cuenta evidencia que Norma Jasmín Hernández Catalán y Manuel Arriaga Guevara, cuentan con la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se les tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; no así Agustín Arriaga Romero, Rodrigo Arriaga Romero, Diana Laura Pérez Hernández ni Stephania Herrera Camacho, por no contar con el mismo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.
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