Edgar Alejandro Lamadrid Arteaga

Expediente 2194/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2194/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Edgar Alejandro Lamadrid Arteaga

Actuaciones

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** en contra del acto precisado en el considerando SEGUNDO, por las razones expuestas en el CUARTO y para los efectos señalados en el ÚLTIMO de la presente resolución. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEÍDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el presente expediente se encuentra relacionado con el diverso juicio *** de nuestro índice, y mediante oficio registrado con el número de folio 24308, en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito, el Juez Especializado del Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado, informó que el arbitraje bajo el expediente ** ante la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, se encuentra suspendido lo anterior por así advertirse del auto de 22 de septiembre de 2023 que obra en el juicio de origen ***. En consecuencia, toda vez que dicha información se considera necesaria para la emisión de la sentencia definitiva, pues de haber llegado las partes a un arreglo, podría actualizarse una causa de improcedencia en el juicio, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Secretario General de la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la respectiva notificación, informe si una vez transcurrido el plazo de 60 días que otorgó a las partes y que confirmó la Árbitra Única mediante resolución de 21 de agosto de 2023, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio, o bien manifieste la imposibilidad que le asiste para ello. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá el medio de apremio previsto en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 259, de esa misma Ley, consistente en una multa de cincuenta unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy se señalan para su verificativo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, QUE DICE: SUSPENSIÓN PROVISIONAL Vista la cuenta que antecede, y como está ordenado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1070/2023-VI, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión. AUDIENCIA INCIDENTAL En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORA CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable su informe previo, el cual deberán rendir dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, por tanto, acompáñese en la notificación correspondiente copia de la demanda y escrito aclaratorio. NOTIFICACIONES POR MEDIO DE INTERCONEXIÓN Con fundamento en los artículos 20, 65, 71, 72 y 76 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo y en cumplimiento a la CIRCULAR SECNO/27/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, exhorta a los órganos jurisdiccionales a utilizar la vía de interconexión; por tanto, se conmina al Actuario Judicial que corresponda, para que realice las notificaciones por medio de interconexión con aquellas autoridades que tengan Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otro lado, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, infórmese a la autoridad responsable que las notificaciones en el presente juicio de amparo e incidente de suspensión; entre ellas, el auto que tenga por recibido los informes previos y justificados, el acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, se notificaran por lista; salvo aquellas que se estime deban efectuarse en forma personal, las cuales se harán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./.176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo II, página mil doscientos cincuenta y tres, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN Ahora, del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. DEMANDA 1070-2023.pdf ACLARA 1070-2023.pdf En tanto que solicita la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, no se ejecute dicha resolución. Con base en lo anterior, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre la suspensión de los actos reclamados que se solicita atendiendo a las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que, en su caso, se conceda la medida cautelar, sin importar que para ello el suscrito se pueda apartar de los efectos propuestos por la parte quejosa en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, en tanto se refieran a los actos reclamados, pues lo que interesa es conservar la materia del juicio de amparo y no limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por la parte quejosa. Requisitos de procedencia de la suspensión: Ahora bien, la suspensión en el juicio de amparo a petición de parte únicamente procede cuando se cumplen los siguientes requisitos que establece la Constitución y la Ley de Amparo: 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos. 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. 4. Que la suspensión no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. 5. Los presupuestos para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados son las razones por las cuales se justifica que en un proceso se pueda afectar a la parte demandada sin haberse dictado sentencia, conciliando la eficacia (tutela efectiva) y el debido proceso legal. La doctrina y la jurisprudencia han adoptado de manera uniforme que los presupuestos de las medidas cautelares son el peligro en la demora (periculum in mora) y la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris). La Suprema Corte de Justicia de la Nación define al peligro en la demora como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable. La apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Tal presupuesto es una valoración positiva, jurídicamente aceptable, de la posición del solicitante de la medida, constituye una estimación prima facie del derecho del promovente que no prejuzga sobre el fondo del asunto; cuando resulta evidente, es una valoración rápida y no pormenorizada de que éste tiene derecho a que se le otorgue la medida cautelar; se trata de una apariencia lo suficientemente consistente para otorgar en el proceso cautelar la protección provisional solicitada en relación con ese derecho, hay por tanto un juicio de probabilidad y verosimilitud. Análisis de los requisitos de procedencia de la suspensión. 1. Solicitud de suspensión. El primero de los requisitos para conceder la suspensión se encuentra satisfecho, en razón de que existe petición expresa de la parte promovente en el sentido de que se provea respecto de la medida cautelar. 2. Certeza de los actos reclamados. El segundo requisito se actualiza, ya que para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. De manera que este órgano jurisdiccional toma en consideración las manifestaciones de la parte quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, pues son los elementos con que se cuenta para resolver sobre la suspensión provisional. 3. Naturaleza de los actos reclamados. Al quedar satisfecha la condición de procedencia indicada en el punto 2, corresponde analizar la siguiente, esto es, determinar si la naturaleza de los actos reclamados permite su paralización. Al respecto, debe considerarse que la suspensión del acto reclamado tiene como finalidad la interrupción del o los procedimientos seguidos en contra de la parte quejosa y cuyo objetivo es mantener las circunstancias que prevalecían antes de la posible conculcación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, lo que perdurará hasta que el procedimiento de amparo se resuelva en forma definitiva, sin que tal situación genere la destrucción o insubsistencia del acto reclamado, por lo que se insiste en que la concesión de esa medida cautelar sólo ocasiona que las cosas continúen en el estado en que se encuentran, mas no las restituye. En este punto, es importante destacar que lo narrado en la demanda de amparo, permite establecer, que el quejoso se duele de la interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, donde se resuelve el incidente de actualización de liquidación de sentencia, emitida en el juicio mercantil ********************, por lo que tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, es un acto positivo de tracto sucesivo, ya que en términos del artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco -de aplicación supletoria al Código de Comercio-, establece que una vez aprobada la planilla de liquidación se decretará su ejecución 4. Análisis para determinar si se vulneran disposiciones de orden público o si se contraviene el interés social, ponderando la apariencia del buen derecho. Para verificar si el cuarto requisito se cumple, debe señalarse que en relación al concepto de orden público e interés social, para efectos de la suspensión del acto reclamado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que ambos conceptos se encuentran íntimamente vinculados, y ha concluido que el orden público y el interés social se afectan cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. La misma Sala ha establecido que el interés social y el orden público son conceptos que deben apreciarse de conformidad con el caso concreto, por lo que al momento de resolver sobre la medida cautelar, el juzgador está obligado a exponer de manera casuística las razones pertinentes para sustentar su determinación de cómo es que se tienen o no por satisfechos tales requisitos El artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. Por tanto, teniendo en consideración que la suspensión de los actos combatidos en el juicio de amparo, se solicita para mantener las cosas en el estado que se encuentran con la finalidad de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, y teniendo en cuenta que se colman los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, con motivo de que la solicitó la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social ni al orden público; además que, de negarse la medida cautelar se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la quejosa, como lo dispone el artículo 139, primer párrafo, de la misma ley, pues la solicitó el quejoso, se estima procedente CONCEDER la suspensión provisional a ********************, para el efecto de que se suspenda la ejecución de la resolución de ********************emitida en el juicio de origen, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva. En la inteligencia, de que la presente medida cautelar no suspende cualquier otro acto diverso, que no sea materia de los hechos narrados en la demanda de amparo, ni tiene efectos restitutorios o constitutivos de derecho. Es oportuno mencionar, que la medida cautelar otorgada no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, dicha medida cautelar surtirá sus efectos siempre y cuando el acto reclamado de que se trata no se haya consumado, en virtud de que la medida no implica que se deje insubsistente, tampoco si el acto reclamado proviene de autoridades distintas de las indicadas o por motivos diversos a los señalados en la demanda de garantías. GARANTÍA Ahora, la medida suspensional surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe dentro del término de cinco días, garantía en cualquiera de las formas establecidas en la ley, por la cantidad de ******************** moneda nacional), garantía en cualquiera de las formas establecidas en la ley, monto que se fija para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le puedan ocasionar a la parte demandada en el juicio de origen en caso de que tuviera que hacer exigible la fianza fijada en el juicio de origen, la cual se determina, tomándose como base las siguientes consideraciones: DAÑOS Por lo que ve a los posibles daños, esto es, por la falta de disponibilidad del bien inmueble materia del juicio de origen, a fin de calcular la cuantía económica de la garantía que se fija, se toma como base el Índice Nacional del Precios al Consumidor (INPC), en el entendido de que si la tercera interesada (parte actora), en su caso, tuviere en aptitud de hacer exigible la cantidad condenada y pudiera convertirla bajo ese índice, serían los daños que se pudieron ocasionar por la depreciación de la moneda, debido a la inflación. Para la fijación anterior, se toma en cuenta la cantidad condenada en el juicio de origen que asciende a la cantidad de $******************** Ahora, el concepto se calcula de la división del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), a la fecha de la suspensión publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, correspondiente al mes de agosto de dos mil veintitrés (INPC 129.545), dividido entre el diverso de seis meses anteriores al de la fecha de esta determinación, esto es, al de febrero de dos mil veintitrés (INPC 128.046), cálculo del cual se obtiene el factor de actualización al que habrá que restarle la unidad para obtener solamente la cantidad de los daños a garantizar, lo cual se ejemplifica con la siguiente fórmula (129.545/128.046=1.01170673-1= 0.01170673 dicho monto se multiplica por la cantidad de ******************** moneda nacional), operación que arroja la cantidad de ******************** ******************** Cantidad que resulta del procedimiento de actualización establecido por el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. Perjuicios Por su parte el concepto de perjuicios, se obtiene de aplicar la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días, publicada en el Diario Oficial de la Federación en la fecha de emisión de la presente determinación (TIIE 11.5055), a la cantidad de ******************** que se ejemplifica a continuación para una mejor apreciación (TIIE 11.5055/100 = 0.115055 x $714,365.87 (/365 días del año x 180 días que tentativamente tendrá vigencia la medida concedida), lo que arroja como resultado la cantidad de $********************En el entendido que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días, se toma como indicador anual, en términos de lo que al efecto estableció el Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 42/2014, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 71/2014, citada en el apartado precedente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA". Luego, el Índice Nacional de Precios al Consumidor y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), se obtuvieron de la página de internet www.sat.gob.mx y www.dof.gob.mx (respectivamente), lo cual es jurídicamente factible conforme a la tesis V.3o.10 C, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro reza: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO". Se destaca que la forma de calcular los conceptos referidos se retoman a partir de las consideraciones realizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Sesión de once de noviembre de dos mil catorce, al resolver la Contradicción de Tesis 42/2014 entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas del máximo tribunal de nuestro país. En el entendido que, en caso de que opte por billete de depósito, éste deberá ser expedido por Banco del Bienestar; asimismo, requiérase a la parte quejosa para que de exhibir dicho billete , en éste deberá incluirse la autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos; no obstante lo anterior, dicha garantía deberá presentarse en cualquiera de las formas establecidas en la ley y cumpliendo además con lo dispuesto en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo; que a la letra dicen: "Artículo 879. La institución depositaria deberá emitir documento en el que conste, cuando menos, el monto de la cantidad depositada, que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante y cualquier otro dato que se convenga con la institución depositaria". "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. --- En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior". Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; el texto deberá ser el siguiente: "para garantizar la reparación del daño e indemnizar los perjuicios que pudieran causarse con motivo de la suspensión provisional dictada en el incidente de suspensión 1070/2023." Caución que se fija para garantizar el pago de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, con el otorgamiento de la medida cautelar decretada, en caso de que la parte quejosa no obtuviere sentencia favorable a sus intereses. Se apercibe a la parte quejosa que en el supuesto de que la póliza de fianza o billete de depósito que allegare, no cumpla con los requerimientos que le fueron indicados, no se tendrá como exhibida la garantía de que se trata. TERCERO INTERESADO Luego, en atención a la concesión de la medida cautelar, y que se tuvo como tercero interesado a ********************; se ordena notificarle de forma personal el contenido de esta determinación, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por contar con cédula profesional de abogado registrada en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y exclusivamente para oír notificaciones, aún las de carácter personal, e imponerse de autos, a la diversa persona que señala por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para el desahogo de todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, lo anterior, para su adecuado despacho. DOMICILIO En términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 a 3, 9, 11, fracción VI, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá la información que exhiban que se clasifique como reservada o confidencial, por lo que no será objeto de publicación en las versiones públicas de las resoluciones que genere este órgano jurisdiccional, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la citada ley, y en los casos de excepción previstos en dicho numeral; asimismo, se hace del conocimiento de las partes que al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, tienen derecho a manifestar de forma expresa si ésta contiene información reservada o confidencial, señalando el fundamento de dicha clasificación, a efecto de que este juzgado tome las medidas adecuadas de protección. Asimismo, se informa que en términos de los artículos 1, 16 y 80 a 82 y demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el tratamiento de datos personales y en el uso de las bases de datos para su almacenamiento, este juzgado federal observará los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad y garantizará, en el ámbito de su competencia, la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, con el fin de protegerla contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, con apoyo en el artículo 17 Constitucional en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y los numerales 22, segundo párrafo, y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, indíquese a las partes que cuando tengan la necesidad de copias de las constancias que integran el presente expediente (escrito inicial de demanda, promociones, autos, resoluciones y/o sentencias), podrán descargarlas desde su equipo de cómputo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, toda vez que incluyen la evidencia criptográfica y son consideradas como copias certificadas electrónicamente. De manera excepcional, las personas autorizadas para acceder al presente juicio de amparo y que no hayan solicitado la modalidad de acceso al expediente electrónico, podrán acudir presencialmente al órgano jurisdiccional, dónde podrán descargar las constancias que estimen pertinentes desde un equipo de cómputo y transmitirlas a algún dispositivo de almacenamiento móvil (USB) que traigan consigo; asimismo, se autoriza la expedición física de copias únicamente de las constancias que no obren digitalizadas en el expediente electrónico. De igual forma, y en atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, dígasele a las partes que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el presente juicio de amparo, se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos, previa constancia que se deje en autos de la reproducción obtenida. En el entendido de que las partes serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con lo ordenado en los artículos 252 y 253, primer párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el presente acuerdo y los subsecuentes, no serán impresos, por tanto, no obrarán anexos al expediente físico del que deriven, ya que los mismos se encuentran agregados al expediente electrónico, donde podrán ser consultados por las partes. Notifíquese, y personalmente a la parte tercera interesada.

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