Edgar Alejandro Grajeda Muñoz
Expediente 598/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/07/2023
Partes del expediente
- Edgar Alejandro Grajeda Muñoz
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diez de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de la adscripción, al que adjunta el escrito por medio del cual el justiciable ********************, pretendió ampliar la demanda en los autos del juicio de amparo ***********, de nuestro índice; sin embargo, al no guardar relación con el acto primigenio se ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común respectiva, a efecto de que la turnara a este juzgado de Distrito como si se tratara de una demanda de nuevo ingreso; por tanto, provéase lo conducente. En ese sentido, vista la demanda de amparo promovida por *******************, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Cuatro Sin Detenido, Coordinación General de Investigación Territorial CUH-2 de la Fiscalía de Investigación Territorial Cuauhtémoc de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: a) El oficio de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, emitido por el Ministerio Público responsable como informe justificado (rendido en autos del juicio de amparo ********************), por medio del cual pretende fundar y motivar la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. b) La resolución de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en la que determina proceder penalmente en contra del quejoso por el delito de fraude procesal, cometido en agravio de ********************, así como los actos de investigación y pruebas posteriores. c) La integración y/o conducción de la carpeta de investigación ********************. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 598/2023-II. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento de los actos a) y c) En ese sentido, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los interese jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La causal de improcedencia citada, interpretada en sentido contrario, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente, es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el impetrante, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio por las razones que a continuación se exponen: El quejoso señala como acto a) el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Cuatro Sin Detenido, Coordinación General de Investigación Territorial CUH-2 de la Fiscalía de Investigación Territorial Cuauhtémoc de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el juicio de amparo ********************, en virtud de que refiere pretendió fundar y motivar la determinación de treinta y uno de mayo del año en curso. Sin embargo, cabe destacar, que los informes justificados sólo se traducen en la exposición por parte de la autoridad responsable respecto de la existencia o inexistencia del acto reclamado y en su caso, de las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de éste o la improcedencia del juicio. Aunado a lo anterior, en atención a la materia con la que se relaciona el presente juicio de amparo (penal), el estudio del acto reclamado debe realizarse únicamente tomando en consideración el acto reclamado y las constancias relacionadas a éste, tal y como se aportaron ante la autoridad responsable. Es por ello, que el informe justificado rendido por la autoridad responsable, no le puede causar perjuicios al quejoso, ya que en nada afecta su situación jurídica, pues únicamente constituyen una serie de argumentos dirigidos a evidenciar la constitucionalidad del acto que se le atribuye. Por otra parte, como acto c) señala la integración y/o conducción de la carpeta de Investigación ********************. Ahora bien, cabe precisar que la integración de la carpeta de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, la indagatoria en sí misma, no es un acto que vulnere la esfera de derechos del indiciado, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, aun en el caso que sea la propia parte quejosa, la persona a quien se dirige la investigación de los hechos denunciados, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser la investigación de los delitos de orden público conforme al citado precepto Constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Esto es, esta etapa procedimental (investigación) no irroga perjuicio a la parte quejosa, porque éste se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal emita un acto de molestia en su contra. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la integración de una indagatoria o las diligencias encaminadas a ello, no transgreden de manera alguna derechos sustantivos de la parte quejosa; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición Constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Desechamiento respecto del acto b) El artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los interese jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La causal de improcedencia citada, interpretada a contrario sensu, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente; es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el quejoso, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia en estudio por las razones que a continuación se exponen: Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa alude como acto reclamado las consecuencias de una eventual judicialización de la carpeta de investigación ********************. Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.).". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.". Atento a ello, cabe precisar que la judicialización de la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, es una facultad discrecional concedida al Agente del Ministerio Público actuando como autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de hacerle de su conocimiento el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, para posteriormente indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a los que intervinieron en el mismo; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, la judicialización de la carpeta de investigación, no es un acto que vulnere la esfera de derechos de éste, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, aún en el caso que sea el mismo quejoso, la persona a quien se dirige la imputación y, por ende, la investigación de los hechos denunciados, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser tendente a continuar con la investigación de los delitos de orden público conforme al artículo 21 Constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Además, el judicializar la indagatoria de conformidad con el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no le irroga al quejoso perjuicio alguno, pues aún no concluye en definitiva con la función constitucional del Ministerio Público, mismas que están sujetas a la revisión del juez de control que conozca de la carpeta, el que en todo caso, será quien podría materializar el perjuicio y afectar los derechos del inculpado al determinar si resulta o no procedente la continuación del procedimiento al emitir el auto de vinculación a proceso respectivo, y no así el Ministerio Público en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación para sustentar algún hecho, lo cual está sujeto, en su caso, a la valoración del juzgador. Por tanto, las consecuencias de la judicialización de la carpeta de investigación, no transgrede de manera alguna sus derechos sustantivos; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Por lo anterior, se desecha de plano la demanda, por su manifiesta e indudable improcedencia de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Acceso al expediente electrónico y notificaciones respecto al quejoso Toda vez que este órgano de control constitucional cuenta con los nombres de usuarios generados por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico de la parte quejosa instrúyase a la Oficial judicial "A" para que capture la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese a la parte quejosa, que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, y en virtud de garantizar la expedites en la tramitación del presente juicio y transitar en la medida de lo posible bajo el esquema de actuaciones electrónicas, instrúyase al actuario judicial adscrito, para que le realice la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes a través de la vía electrónica respecto de la parte quejosa. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.
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