Edgar Alejandro Gómez Ayala

Expediente 335/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 32 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
335/2023
Año
2023
Actuaciones
32
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Edgar Alejandro Gómez Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 335/2023-II, promovido por ********************, por derecho propio contra actos del Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México y otras autoridades responsables; ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Consecuentemente, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con las documentales acompañadas por la parte quejosa a su escrito de demanda, las pruebas testimoniales, la inspección judicial, la pericial en caligrafía, grafoscopía, grafometría y documentoscopía, el reconocimiento del contenido y firma de documentos, así como con las documentales remitidas por el Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México, al rendir su informe con justificación. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitidas y desahogadas las documentales acompañadas por la parte quejosa a su escrito de demanda y las documentales remitidas por el Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México. En relación con los medios de convicción relativos a las pruebas testimoniales a cargo de ***********, ********** y **********, inspección judicial, la pericial en materias de caligrafía, grafoscopía, grafometría y documentoscopía, así como la de reconocimiento de contenido y firma de documentos, resulta innecesario proveer sobre su desahogo, toda vez que en materia procesal destaca el empleo por parte del juzgador de diversos principios generales del derecho, entre los cuales se hallan los de preclusión, exhaustividad, buena fe, congruencia, eventualidad y el de economía procesal. Precisamente por efecto de este último, es deber del órgano jurisdiccional asegurarse de la celeridad de los procedimientos y de la pronta decisión de los pleitos ante él ventilados. En razón de lo anterior, resulta evidente que dichos propósitos no se cumplirían si durante el juicio de amparo se admitieran pruebas ofrecidas por las partes que no condujeran a acreditar los extremos de la acción y excepciones deducidas en el proceso, pues su rendición y desahogo retrasaría injustificadamente el dictado de la resolución final. En ese orden de ideas, el promovente ofertó el medio de convicción relativo a las pruebas testimoniales a cargo de Mario Hernández de Lara, Sergio Eduardo González de Cosío Anaya y Ricardo de Hoyos Rivadeneyra, sin señalar cual sería el objeto de la probanza, o que hecho se pretende probar con su desahogo, es decir, únicamente se mencionó. En relación con la aludida probanza, se DESECHA, dado que no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, sino que, de conformidad con el arábigo 119 de la Ley de Amparo en Vigor, en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional, las que deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante dicha audiencia y, tratándose de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última. En ese orden de ideas, dado que la parte oferente fue omisa en atender su deber de cumplir con las condiciones de eficacia del ofrecimiento de las pruebas de testimoniales a cargo de las personas que menciona, es decir, delimitar el objeto de la prueba y su contenido, puesto que lo anterior constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, SE DESECHAN LAS PRUEBAS TESTIMONIALES. Por otra parte, el promovente ofertó los medios de convicción consistentes en la inspección judicial, la pericial en materias de caligrafía, grafoscopía, grafometría y documentoscopía, así como la de reconocimiento de contenido y firma de documentos, en lo que aquí interesa, en los términos siguientes: "(.) E.- LA INSPECCIÓN JUDICIAL QUE PIDO SE LLEVE A CABO EN EL CASA UBICADA EN LA CASA UBICADA EN CALLE SABINOS NUMERO 17-C FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN MATEO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO, Y SE DEBERA DESAHOGAR ATRAVEZ DEL ACTUARIO DE ESE H. JUZGADO, Y QUE CONSISTE EN QUE EL C. ACTUARIO SE CONSTITUYA EN ESE INMUEBLE Y HAGA CONSTAR SI ESTA OCUPADO EL MISMO; QUIEN OCUPA LA HABITACIÓN UNO Y CON QUE CARÁCTER OCUPA ESE INMUEBLE. (.)" "(.) II.- LA PERICIAL EN CALIGRAFIA, GRAFOSCOPIA, GRAFOMETRIA Y DOCUMENTOSCOPIA, Y QUE TIENE POR OBJETO QUE PERITOS EN ESA MATERIA, RINDAN SU DICTAMEN SOBRE LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 1. - DETERMINAR SI LAS FIRMAS QUE OBRAN AL MARGEN Y AL CALCE DEL ORIGINAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2022, QUE OBRA EN AUTOS, ENTRE LA SEÑORA ROSALINDA TORRES LOPEZ COMO ARRENDADORA, Y LA SUSCRITA COMO ARRENDATARIA, RESPECTO DE LA HABITACION UNO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE SABINOS NUMERO 17-C, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN MATEO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO, Y QUE ACOMPAÑE AL ESCRITO DE DEMANDA, FUERON PUESTAS POR EL PUÑO Y LETRA DE LA SEÑORA ROSALINDA TORRES LOPEZ. 2. - DETERMINAR SI LAS FIRMAS QUE OBRAN AL CALCE DE LOS ORIGINALES DE LOS RECIBOS EXPEDIDO A MI FAVOR, POR EL PAGO DE Y QUE ACOMPAÑE AL ESCRITO DE DEMANDA FUERON PUESTAS POR EL PUÑO Y LETRA DE LA SEÑORA ROSALINDA TORRES LOPEZ. (.)" "(.) III. - LA DE RECONOCIMIENTO DEL CONTENIDO Y FIRMA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: G. - DEL ORIGINAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2022, QUE OBRA EN AUTOS, ENTRE LA SEÑORA ROSALINDA TORRES LOPEZ Y LA SUSCRITA COMO ARRENDATARIA RESPECTO DE LA HABITACION UNO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE SABINOS NUMERO 17-C, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN MATEO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO. B. - LOS ORIGINALES DE LOS RECIBOS EXPEDIDOS A MI FAVOR, POR EL PAGO DE RENTAS, Y QUE ACOMPAÑE AL ESCRITO DE DEMANDA POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ANTES MENCIONADO. EL CONTENIDO Y LA FIRMA QUE OBRAN AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTOS DOCUMENTOS, DEBERAN SER RECONOCIDAS POR LA SEÑORA ROSALINDA TORRES LOPEZ. (.)" En relación con las aludidas probanzas, se DESECHAN, dado que a nada practico conducirían sus desahogos, atento a que en los términos en que fueron propuestas se desprende que lo que se pretende demostrar con el desahogo de dichas probanzas, es si el bien inmueble ubicado en calle Sabinos número 17-C, fraccionamiento Jardines de San Mateo, municipio de Naucalpan de Juárez estado de México, se encuentra ocupado, así como la fracción de éste que menciona, así como que las firmas estampadas en los documentos consistentes en el contrato de arrendamiento de fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, así como los originales de los recibidos expedidos a su favor, fueron puesta de puño y letra por la señora Rosalinda Torres López, las cuales no resultan idóneas ni aptas para acreditar la inconstitucionalidad en que incurre la autoridad responsable a efecto de no llamarle a juicio a la conteniendo tramitada en el expediente 107/2017, y, para demostrarlo, es conveniente señalar que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional, las que deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante dicha audiencia y, tratándose de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última. En efecto, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que, para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. La necesidad de que las pruebas ofrecidas tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo, porque en éste no se contempla el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya que el artículo 119 de la Ley de Amparo, solamente se refiere a los medios o instrumentos de prueba. En efecto, cuando el artículo 119 de la Ley de Amparo, establece que en el juicio de amparo son admisibles "toda clase de pruebas", se está refiriendo a los medios, elementos o instrumentos probatorios, como las documentales, testimonios, periciales, entre otras. El principio de la idoneidad de la prueba, aunque no se establece en la Ley de Amparo, lo contempla el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por el artículo 119 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe tener relación inmediata con los hechos controvertidos, como lo establece el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como la pericial, la testimonial y la de inspección, cuando del cuestionario, del interrogatorio o de los puntos sujetos a la potestad judicial que deben acompañarse desde el ofrecimiento, se advirtiera, desde luego y sin dudas, que nada tienen que ver con la litis. Es oportuno citar la tesis publicada en la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 18, primera parte, página 81, con registro digital 233791, que indica: "PRUEBAS INCONGRUENTES.". En síntesis, puede estimarse que, de acuerdo al artículo 119 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional, con la condición de que el medio de convicción ofrecido tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, como lo dispone el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de modo que si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y, en ese supuesto, el juzgador no está obligado a admitirla, en términos de los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese orden de ideas, dado que las pruebas en cuestión no guardan relación alguna con la temática abordada en la presente instancia constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa del numeral 2º, de este ordenamiento, SE DESECHAN LAS PRUEBAS INSPECCIÓN JUDICIAL, LA PERICIAL EN MATERIAS DE CALIGRAFÍA, GRAFOSCOPÍA, GRAFOMETRÍA Y DOCUMENTOSCOPÍA, ASÍ COMO LA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTOS, por falta de idoneidad probatoria para el objeto que son planteadas, ya que, de admitirse, se violarían los principios de expedites en la administración de justicia y de economía procesal, pues recibir una prueba que no cumpla con la exigencia de idoneidad provocaría una mayor dilación en el trámite del juicio en perjuicio de la propia quejosa. Es de invocarse en apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, página 1888, con registro digital 175823, que establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS.". Es aplicable, en lo conducente y por las razones jurídicas que la informan, la tesis publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, noviembre de 1996, página 486, con registro rápido de localización 200975, cuyo epígrafe es: "PRUEBA EN EL AMPARO. NO ES ILEGAL DESECHARLA, CUANDO SE ADVIERTE SU FALTA DE IDONEIDAD" También es útil en este tema, la tesis publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, septiembre de 1997, página 167, con registro rápido de localización 197673, que señala: "AUDIENCIA. EL CUMPLIMIENTO DE DICHA GARANTÍA POR EL LEGISLADOR NO IMPLICA LA POSIBILIDAD ILIMITADA DE PROBAR." Sentado lo anteriormente expuesto, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que Jesús Antonio Ramírez de Alba Leal, tercero interesado, los formuló al tenor de lo expuesto en su oficio registrado bajo el número de control interno 8342. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que se hicieron valer. Al no existir alegatos pendientes que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 335/2023-II; y, R E S U L T A N D O I.- ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México y otras autoridades. II.- Por auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de trato por el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y en el mismo acto, atendiendo a lo dispuesto por la fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, remitió por conocimiento la misma a este Juzgado de Distrito. III.- Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito radicó la demanda de trato, quedando registrada en el índice de este Órgano Jurisdiccional con el número 335/2023-II, se admitió a trámite la misma; se solicitó a las autoridades su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se emplazó al tercero interesado Jesús Antonio Ramírez de Alba Leal y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. IV.- Siendo las nueve horas con cincuenta y seis minutos del doce de julio de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional señalada en autos y con engrose de dieciocho del mismo mes y año, fue emitida la sentencia correspondiente en el juicio de amparo que nos ocupa, inconforme con dicha resolución la parte quejosa promovió recurso de revisión, mismo que por razón del turno tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y lo registró bajo el número 308/2023 de su índice, el cual resolvió en sesión de trece de octubre del año en curso, ordenándose reponer el procedimiento. V.- En atención lo resuelto por el superior aludido, por auto de nueve de noviembre de la anualidad que corre, se repuso el procedimiento, y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la demarcación territorial de este Juzgado Federal, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: ( De la Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, la orden de desposesión relativa bien al inmueble ubicado en la Calle Sabinos número 17-C, fraccionamiento Jardines de San Mateo, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el cual ocupa como arrendatario, como consecuencia y en cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio especial hipotecario 107/2017, del índice de la autoridad antes señalada, del cual aduce ser tercero extraño. ( De los Jueces Cuarto y Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el cumplimiento a la orden de desposesión relativa a la casa ubicada en Calle Sabinos número 17- C, fraccionamiento Jardines de San Mateo, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en cumplimiento a los acuerdos ordenados por la Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio especial hipotecario 107/2017, del cual aduce ser tercero extraño. ( De los Ejecutores adscritos a los Juzgados Cuarto y Quinto Civil Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, la ejecución de la orden de lanzamiento pronunciada por la Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio especial hipotecario 107/2017, del cual aduce ser tercero extraño. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, habida cuenta que así lo reconoció en el informe justificado rendido en autos, y se corrobora con las documentales que al mismo acompañó; documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es aplicable, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, del Apéndice al semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el texto y rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. No son ciertos los actos reclamados al Juez Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por sí y por el Ejecutor adscrito a dicho Juzgado y al Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México así como su Ejecutora adscrita, toda vez que al rendir sus correspondientes informes justificados, negaron categóricamente la existencia de los actos que se les atribuyen. Ante ello y como la parte quejosa no desvirtuó dichas negativas con alguno de los medios de convicción autorizados por la ley, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, misma que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 310, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Efectivamente, del numeral invocado se evidencia la actualización de la causa de sobreseimiento cuando de las constancias de autos se advierta claramente que no exista el acto reclamado o cuando no se probare la existencia de su constitucionalidad. Aunado a lo anterior, una interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, y 117 de la Ley de Amparo, indica que ni la presunción de certeza de los actos reclamados ni la afirmación de ésta por parte de las responsables son determinantes de su existencia, toda vez que lo contrario puede ser demostrado a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley o, incluso, advertido directamente por el juzgador de las constancias de autos; máxime que la jurisprudencia reconoce que la parte quejosa debe demostrar la existencia de los eventos violatorios de derechos constitucionales. No obstante, el quejoso no allegó a este juicio medios de prueba idóneos para acreditar la certeza de los actos que reclama. Tienen aplicación a lo anterior los criterios que señalan: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO.". "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Deviniendo en que al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados, ni de algún acto de molestia dirigido en contra del quejoso, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de garantías con relación a las autoridades y actos precisados en este considerando. QUINTO. Para mayor comprensión del asunto se considera oportuno exponer los antecedentes más relevantes que para el caso interesan. 1. ******************** promovió juicio de amparo indirecto 335/2023-II, en el que se ostentó como tercero extraño auténtico en el juicio de especial hipotecario 107/2017, seguido por Jesús Antonio Ramírez de Alba Leal en contra de Rosalinda Torres López, tramitado ante el Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México. Alegó que el uno de diciembre de dos mil veintidós celebró contrato de arrendamiento con Rosalinda Torres López, respecto de la habitación número 01 y derecho al uso de áreas comunes de la casa ubicada en la calle Sabinos número 17-C, fraccionamiento Jardines de San Mateo, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; tal como se acreditaba con la copia certificada notarialmente. Señaló, que desde esa fecha ocupa el referido inmueble, como lo acreditaba con el recibo de pago correspondiente y no obstante ello, sin ser parte en aquel juicio, sin haber sido emplazado, oído ni vencido en juicio, se le pretende privar de la posesión, pues el siete de marzo de dos mil veintitrés se presentaron en su domicilio tres personas del sexo masculino quienes le comentaron que dicho inmueble había sido rematado y que tenía que desocuparlo, ya que ejecutarían una orden de lanzamiento decretada en ese juicio. Por tanto, señaló como acto reclamado la desposesión decretada en cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio especial hipotecario de origen. SEXTO. En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este órgano constitucional debe ocuparse, independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Con relación a los actos reclamados al Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, se actualiza la improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, preceptos legales que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Previo a entrar al estudio de la citada causa de improcedencia, es pertinente establecer que la doctrina define como causahabiente a la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras; es decir, existen sujetos que por un acontecimiento posterior a la realización de determinado acto jurídico, adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores, llamándose a estos últimos causantes y a los primeros bajo la denominación de causahabientes. De tal manera, el término de causahabiente, es aquél que define a la persona que después de celebrado un acto jurídico, adquiere en forma derivada del autor, por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron dentro de ese acto; y como consecuencia, es quien, con posterioridad al origen de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico celebrado, en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición del autor del causante. Tiene oportuna aplicación al caso, la tesis de Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, correspondiente al mes de Noviembre de 1995, Novena Época, página 330, que en seguida se transcribe: "CAUSAHABIENTES. El causahabiente del demandado no puede ser considerado como tercero extraño al juicio, puesto que entonces no hay más que una sustitución procesal, y es de estimarse que el quejoso fue causahabiente del demandado, si adquirió de éste cuando ya se había instaurado el juicio, pues en tales condiciones no era otra cosa que sustituto del mismo demandado". Apoya también lo anterior, la tesis de Jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CVI, Quinta Época, página 177, que dice: "CAUSAHABIENTES. El causahabiente del demandado en un juicio no debe ser considerado como tercero extraño al propio juicio; y debe estimarse que tiene tal carácter de causahabiente, quien adquirió del demandado en un juicio reivindicatorio el bien materia de dicho juicio, cuando este ya se había instaurado y se había pronunciado sentencia condenatoria en primera instancia". En la especie, entre el ahora quejoso ********************, y la codemandada Rosalinda Torres López, en el juicio de donde derivan los actos que por esta vía constitucional se reclaman, opera la figura jurídica de la causahabiencia, ello es así tomando en cuenta que el promovente de la acción constitucional, quien se ostenta tercero extraño al juicio especial hipotecario 107/2017, promovido por Jesús Antonio Ramírez de Alba Leal, en contra de Rosalinda Torres López y Guillermo Ávila Arrollo; siendo que, el quejoso refiere ser poseedor de una porción del bien inmueble rematado en el mismo, siendo arrendador de la habitación número 01 de la casa ubicada en la calle Sabinos número 17-C, fraccionamiento Jardines de San Mateo, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuyo objeto constituye materia de lo rematado en el juicio natural, esto es así, porque el contrato de arrendamiento de fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, cuya certificación notarial de su copia se hizo el día nueve de marzo de dos mil veintitrés; esto es, posterior a que se dictó la sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil diecisiete y su aclaratoria de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en la que se condenó a los ahí codemandados al cumplimiento de las prestaciones reclamadas, y de la sentencia interlocutoria de doce de abril de dos mil diecinueve, que aprobó el remate a favor de la parte actora de aquel juicio, en el período de ejecución de sentencia. Por tanto, el tercero ajeno al juicio natural (causahabiente), ahora quejoso, señala que con motivo del contrato de arrendamiento celebrado entre él y la codemandada Rosalinda Torres López, recibió la posesión de la porción del bien inmueble rematado en autos del juicio sumario hipotecario referido, en las condiciones en las que se encontraba su causante, en el juicio de origen, se dictó la sentencia definitiva el veinte de junio de dos mil diecisiete y su aclaratoria de ocho de febrero de dos mil dieciocho, es decir, previo a la fecha en que se tiene como fecha cierta la celebración del contrato de arrendamiento, ello, ya que cobra como fecha cierta tal acto, hasta el nueve de marzo de dos mil veintitrés, tal como se aprecia de la certificación notarial que acompaña. Motivo por el cual, se tiene acreditada la causahabiencia del promovente de esta vía de acción constitucional, respecto a los derechos del bien inmueble ubicado en la calle Sabinos número 17-C, fraccionamiento Jardines de San Mateo, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, mismo que fue rematado con motivo de la acción instaurada en contra de Rosalinda Torres López y Guillermo Ávila Arrollo, motivo de controversia en el juicio natural. Por tanto, esa eventualidad lo excluye de que pueda ser considerado como tercero extraño en el juicio de origen, en el que fue llamada e intervino como parte su causante Rosalinda Torres López. Sustenta lo anterior, la tesis número XXI.4º.18 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, página 1639, cuyo rubro y texto se leen: "CAUSAHABIENCIA. SI CON MOTIVO DE ELLA SE DESVIRTÚA EL CARÁCTER DEL QUEJOSO DE PERSONA EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO, RESULTA PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. En la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO.", publicada con el número 2a./J. 34/2003 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 189, se concluyó que si se acreditaba la causahabiencia, los efectos que por sí misma produjera no eran motivo para sobreseer en el juicio de amparo, bajo el argumento de que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, por carecer el causahabiente de interés jurídico. De ahí que si en el juicio de garantías se determina sobreseer, porque quien compareció a juicio lo hace bajo la calidad de tercero extraño al procedimiento, y en autos queda desvirtuado ese carácter por ser causahabiente de quien sí compareció al juicio natural, dicho criterio no se contrapone con el sustentado en la jurisprudencia de mérito, porque el sobreseimiento no se determina con motivo de la causahabiencia en sí misma considerada, sino en atención a que el quejoso no puede equipararse como tercero extraño en un juicio en el que ya fue oído a través de su causante, pues al darse solamente una sustitución procesal con relación al derecho que defiende, su situación en la instancia constitucional es idéntica a la parte que sí compareció al juicio, hizo valer sus derechos y resultó vencida. Lo cual quiere decir que si el causante no puede comparecer ante el Juez de Distrito equiparándose como una persona extraña a juicio, bajo el argumento de que no fue oída ni vencida, la misma suerte debe soportar el causahabiente." Lo anterior, trae como consecuencia que los actos de afectación no lo son propiamente como lo pretende hacer notar el impetrante, esto es, en todo el juicio de origen, sino el procedimiento de ejecución de una sentencia judicial de naturaleza civil que se encuentra firme de toda conformidad, que no se vislumbra como la "última resolución" de dicho procedimiento. En efecto, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu, a que se ha hecho referencia prevé que en tratándose de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como tal la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al impetrante y trascendido al resultado de la resolución, pues de lo contrario sería improcedente el acto reclamado dentro del procedimiento de ejecución. En ese tenor, esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto de que el acto que se reclame en un procedimiento de ejecución de sentencia necesariamente ha de ser la última resolución, rige para el caso que nos ocupa por razón de la causahabiencia aludida. La finalidad que persigue con dicho requisito de procedencia es evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 235, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI Materia Común, 1917-1995, que dice: "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Atento a lo expuesto en párrafos precedentes, al cobrar vigencia lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, así como la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ********************, por las autoridades y las razones precisadas en los considerandos cuarto y sexto de esta resolución. Notifíquese mediante lista electrónica a las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al que adjunta los autos originales del expediente en el que se actúa y un tomo de pruebas; asimismo, como copia certificada del testimonio de la sesión del trece de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de revisión 308/2023, del que en la parte conducente se advierte que se revocó la sentencia recurrida ordenando reponer el procedimiento de este juicio. Acúsese el recibo correspondiente vía interconexión. Efectúense las anotaciones respectivas; intégrese el cuaderno de antecedentes al principal y tomando en consideración que se trata de una reproducción de las actuaciones que obran en dicho expediente, se determina que las mismas son susceptibles de destrucción, de ahí que únicamente se integran las constancias originales. En estricto cumplimiento a la resolución de mérito, se fijan las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de la Secretaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que contiene inserto el auto del seis de septiembre de este año, emitido en el recurso de revisión 308/2023, del que en la parte conducente se advierte que acusa recibo del oficio por el que se le remitió copia certifica del escrito de agravios e informa que se admitió a trámite el citado medio de impugnación. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en atención a lo requerido y en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase a la brevedad copia certificada del escrito de agravios presentado por el quejoso ********************, con número de registro interno 9762, el cual se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico de este juicio de amparo, así como integrado al cuaderno de antecedentes que deriva del juicio original 335/2023-II. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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