Edgar Alan Farías Castro
Expediente 409/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/10/2016
Partes del expediente
- Edgar Alan Farías Castro y Otros.
- Edgar Alan Farías Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra de dicha resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio remitido por Agente del Ministerio Público del Fuero Común, en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, y remite copias certificadas solicitadas. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, ténganse como pruebas de la citada autoridad, el mencionado medio de convicción. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Contra la Vida y la Salud, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado informó que mediante auto de doce de septiembre del actual, señaló las dieciocho horas del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, a fin de que los quejosos Edgar Alan Farías Castro y Xóchitl Citlalli Garibay Hernández, comparecieran a ratificar el contenido de sus escritos exhibidos en autos de la averiguación previa número 5074/13/311, mismos que fueron notificados el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, como se advierte del sello de recibo de la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable y Delegacional de Francisco Zarco, en esta ciudad, domicilio señalado por los aquí quejosos para efectos de oír y recibir notificaciones. En razón de lo anterior, y toda vez que de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, así como las que en este auto se agregan, se advierte que sobreviene una causal de improcedencia, por lo que esta Juzgadora procede a su estudio de oficio y de manera preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, los quejosos Edgar Alan Farías Castro y Xóchitl Citlalli Garibay Hernández, promovieron demanda de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Contra la Vida y la Salud, con sede en esta ciudad, cuyo acto reclamado lo hicieron consistir en: LA OMISIÓN A EMITIR UNA COMUNICACIÓN PROCESAL AL DOMICILIO PROCESAL DE LOS SUSCRITOS, RELATIVA A UN CITATORIO EN DONDE SE NOS SEÑALE DÍA Y HORA PARA PODER IR A RATIFICAR TODOS NUESTROS ESCRITOS QUE LE HEMOS PRESENTADO RELATIVOS A LAS AMPLIACIONES DE DECLARACIONES EN CALIDAD DE INDICIADOS ASÍ COMO AQUELLOS ESCRITOS EN DONDE SE EVIDENCIEN MANIFESTACIONES O HECHOS DE NUESTRA PARTE QUE TAMBIÉN IMPLIQUEN SER CONSIDERADOS COMO AMPLIACIONES A NUESTRAS DECLARACIONES MINISTERIALES, CON RESPECTO A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN Y QUE SON RELATIVOS AL ILÍCITO DE "OMISIÓN DE CUIDADOS" EN LA INDAGATORIA NUMERO 5074/13/311 /AP. Sin embargo, de las documentales aportadas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Contra la Vida y la Salud, con residencia en esta ciudad, se desprende que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la averiguación previa 5074/13/311/AP, se acordó fijar las dieciocho horas del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, para que los quejosos comparecieran ante la responsable a fin de ratificar sus escritos presentados en autos, proveído del que fueron notificados en catorce del mismo mes y año, conforme se advierte de las constancias allegadas por la responsable. Las documentales en examen, a las que se les confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acredita de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que los quejosos le atribuyeron a la autoridad responsable. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que fue señalada para las nueve horas con once minutos del siete de octubre de dos mil dieciséis. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: II.2o.P. J/23 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultaba en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, que establece: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." .
- Principal
Ensenada, Baja California, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en virtud de que ya transcurrieron los dos días otorgados por la nueva ley de amparo para que la parte quejosa o sus autorizados, acudieran a éste juzgado a notificarse del auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, sin que lo hayan hecho, el suscrito Actuario, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la nueva Ley de Amparo, hago efectivo el apercibimiento contenido en el C I T A T O R I O de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio su procesal, y en consecuencia se ordena la notificación del AUTO de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio remitido por Agente del Ministerio Público del Fuero Común, en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, y remite copias certificadas solicitadas. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, ténganse como pruebas de la citada autoridad, el mencionado medio de convicción. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Contra la Vida y la Salud, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado informó que mediante auto de doce de septiembre del actual, señaló las dieciocho horas del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, a fin de que los quejosos Edgar Alan Farías Castro y Xóchitl Citlalli Garibay Hernández, comparecieran a ratificar el contenido de sus escritos exhibidos en autos de la averiguación previa número 5074/13/311, mismos que fueron notificados el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, como se advierte del sello de recibo de la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable y Delegacional de Francisco Zarco, en esta ciudad, domicilio señalado por los aquí quejosos para efectos de oír y recibir notificaciones. En razón de lo anterior, y toda vez que de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, así como las que en este auto se agregan, se advierte que sobreviene una causal de improcedencia, por lo que esta Juzgadora procede a su estudio de oficio y de manera preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, los quejosos Edgar Alan Farías Castro y Xóchitl Citlalli Garibay Hernández, promovieron demanda de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Contra la Vida y la Salud, con sede en esta ciudad, cuyo acto reclamado lo hicieron consistir en: LA OMISIÓN A EMITIR UNA COMUNICACIÓN PROCESAL AL DOMICILIO PROCESAL DE LOS SUSCRITOS, RELATIVA A UN CITATORIO EN DONDE SE NOS SEÑALE DÍA Y HORA PARA PODER IR A RATIFICAR TODOS NUESTROS ESCRITOS QUE LE HEMOS PRESENTADO RELATIVOS A LAS AMPLIACIONES DE DECLARACIONES EN CALIDAD DE INDICIADOS ASÍ COMO AQUELLOS ESCRITOS EN DONDE SE EVIDENCIEN MANIFESTACIONES O HECHOS DE NUESTRA PARTE QUE TAMBIÉN IMPLIQUEN SER CONSIDERADOS COMO AMPLIACIONES A NUESTRAS DECLARACIONES MINISTERIALES, CON RESPECTO A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN Y QUE SON RELATIVOS AL ILÍCITO DE "OMISIÓN DE CUIDADOS" EN LA INDAGATORIA NUMERO 5074/13/311 /AP. Sin embargo, de las documentales aportadas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Contra la Vida y la Salud, con residencia en esta ciudad, se desprende que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la averiguación previa 5074/13/311/AP, se acordó fijar las dieciocho horas del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, para que los quejosos comparecieran ante la responsable a fin de ratificar sus escritos presentados en autos, proveído del que fueron notificados en catorce del mismo mes y año, conforme se advierte de las constancias allegadas por la responsable. Las documentales en examen, a las que se les confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acredita de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que los quejosos le atribuyeron a la autoridad responsable. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que fue señalada para las nueve horas con once minutos del siete de octubre de dos mil dieciséis. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: II.2o.P. J/23 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultaba en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, que establece: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto."
- Principal
con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte tercero interesado, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADO que dice...Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio remitido por Agente del Ministerio Público del Fuero Común, en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, y remite copias certificadas solicitadas. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, ténganse como pruebas de la citada autoridad, el mencionado medio de convicción. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Contra la Vida y la Salud, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado informó que mediante auto de doce de septiembre del actual, señaló las dieciocho horas del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, a fin de que los quejosos Edgar Alan Farías Castro y Xóchitl Citlalli Garibay Hernández, comparecieran a ratificar el contenido de sus escritos exhibidos en autos de la averiguación previa número 5074/13/311, mismos que fueron notificados el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, como se advierte del sello de recibo de la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable y Delegacional de Francisco Zarco, en esta ciudad, domicilio señalado por los aquí quejosos para efectos de oír y recibir notificaciones. En razón de lo anterior, y toda vez que de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, así como las que en este auto se agregan, se advierte que sobreviene una causal de improcedencia, por lo que esta Juzgadora procede a su estudio de oficio y de manera preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, los quejosos Edgar Alan Farías Castro y Xóchitl Citlalli Garibay Hernández, promovieron demanda de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Contra la Vida y la Salud, con sede en esta ciudad, cuyo acto reclamado lo hicieron consistir en: LA OMISIÓN A EMITIR UNA COMUNICACIÓN PROCESAL AL DOMICILIO PROCESAL DE LOS SUSCRITOS, RELATIVA A UN CITATORIO EN DONDE SE NOS SEÑALE DÍA Y HORA PARA PODER IR A RATIFICAR TODOS NUESTROS ESCRITOS QUE LE HEMOS PRESENTADO RELATIVOS A LAS AMPLIACIONES DE DECLARACIONES EN CALIDAD DE INDICIADOS ASÍ COMO AQUELLOS ESCRITOS EN DONDE SE EVIDENCIEN MANIFESTACIONES O HECHOS DE NUESTRA PARTE QUE TAMBIÉN IMPLIQUEN SER CONSIDERADOS COMO AMPLIACIONES A NUESTRAS DECLARACIONES MINISTERIALES, CON RESPECTO A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN Y QUE SON RELATIVOS AL ILÍCITO DE "OMISIÓN DE CUIDADOS" EN LA INDAGATORIA NUMERO 5074/13/311 /AP. Sin embargo, de las documentales aportadas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Contra la Vida y la Salud, con residencia en esta ciudad, se desprende que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la averiguación previa 5074/13/311/AP, se acordó fijar las dieciocho horas del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, para que los quejosos comparecieran ante la responsable a fin de ratificar sus escritos presentados en autos, proveído del que fueron notificados en catorce del mismo mes y año, conforme se advierte de las constancias allegadas por la responsable. Las documentales en examen, a las que se les confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acredita de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que los quejosos le atribuyeron a la autoridad responsable. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que fue señalada para las nueve horas con once minutos del siete de octubre de dos mil dieciséis. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: II.2o.P. J/23 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultaba en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, que establece: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto."
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