Edgar Alán Farías Castro
Expediente 479/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2015
Partes del expediente
- Edgar Alán Farías Castro
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, no existen documentos originales exhibidos por el quejoso y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
En cumplimiento al auto de veinticinco de septiembre de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías y, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, siendo las nueve horas del uno de octubre de dos mil quince, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que, procedo a notificar personalmente por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, al quejoso Edgar Alan Farías Castro, el auto de treinta de septiembre de dos mil quince,que dice: Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda signado por Edgar Alan Farías Castro, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el veinticinco de septiembre de dos mil quince, y manifiesta: "Que tuvo conocimiento del acto reclamado, el día 08 de septiembre del 2015. Dado que en esa fecha, tuve conocimiento y me percate de esas actuaciones (auto y oficio), mediante la vista que me fue concedida por auto de fecha 7 de septiembre de 2015, relativo al juicio de amparo número 225/2015 del índice del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California." DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye el oficio 2175/2015/301 de veintiuno de mayo de dos mil quince, emitido en la averiguación previa 5074/13/311/AP, mediante el cual el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos contra la Vida y la Salud, con sede en esta ciudad, remitió en vía desglose la denuncia presentada por el quejoso en contra de las ofendidas al Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad de Orientación Temprana para la investigación e integración de la misma. Expuesto lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo que se intenta es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior, se advierte uno de los principios de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que éste procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución Federal, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Acorde a lo anterior, como se dijo, el acto aquí reclamado consistente en el oficio 2175/2015/301 de veintiuno de mayo de dos mil quince, emitido en la averiguación previa mediante el cual el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos contra la Vida y la Salud, con sede en esta ciudad, remitió envía desglose la denuncia presentada por el quejoso en contra de las ofendidas al Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad de Orientación Temprana para la investigación de la misma, a juicio de quien ahora resuelve, no causa perjuicio en derechos sustantivos de la parte quejosa. Lo anterior, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo implica infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales desaparecerían en caso de obtener una resolución favorable; o en su defecto, el acto aquí reclamado podría impugnarse conjuntamente con la resolución definitiva que niegue el ejercicio de acción penal, pues solo en ese caso el ahora promovente del juicio constitucional, estará en aptitud de impugnar lo que ahora pretende cuestionar a título de violación procesal. En efecto, se estima que el acto aquí reclamado, es decir, la separación de la denuncia que formuló el quejoso dentro de una diversa averiguación previa, no causa perjuicio en sus derechos sustantivos, ya que de ninguna manera se le niega su derecho humano de acceso a la justicia, sino por el contrario la representación social responsable, para una mejor integración y estudio de su denuncia, separó los hechos. Apoya la anterior determinación por analogía, la jurisprudencia VI.1o.A. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570, tomo III-mayo de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuya sinopsis es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo.
- Principal
En veintiocho de septiembre de dos mil quince, notifico personalmente a la parte quejosa """, el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil quince, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, de conformidad a lo ordenado mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil quince, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, QUE DICE: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por """", por derecho propio, contra actos de: 1. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Contra la Vida y la Salud, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 479/2015-I-C. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 114 fracción IV, 108 fracción IV, 110 y 112 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con el número de copias para cada una de las partes, precise la fecha de emisión del acto reclamado, toda vez que de su escrito se advierte que en dicho apartado, señaló como tal: ". I. El ilegal auto y oficio número 2175/2015/301 de fecha veintiuno de mayo del dos mil quince, que remitió al C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE ORIENTACION TEMPRANA Y ATENCION TEMPRANA, dentro de la averiguación previa con número de expediente 5074/13/311/AP.[.] Y en el capítulo de antecedentes refiere: ".I. Dentro de los autos del juicio de garantías número 225/2015 del índice del C. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, el día ocho de septiembre de dos mil quince, me fue concedida una vista por el termino de tres días para manifestar lo que a mi derecho convenga respecto al cumplimiento de la concesoria de ampro de aquel asunto.. II. En el Juicio de garantías citado en el punto anterior, la responsable, emitió su respuesta en cumplimiento a la concesoria, la cual, reitero me fue dada a conocer el día ocho de septiembre del dos mil quince, mediante el auto de fecha siete de septiembre del dos mil quince. Esto es, que tuve conocimiento del acto reclamado, el día ocho de septiembre de dos mil quince...". En efecto, de lo expuesto por el quejoso en su escrito inicial de demanda no se aprecia claramente la fecha de emisión de acto reclamado, ya que si éste fue emitido el veintiuno de mayo de dos mil quince, es inconcuso que no pudo haberse dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, emitida en fecha posterior, pues adujo que se le dio vista el ocho de septiembre de dos mil quince con el auto que ahora señala como reclamado. En este orden de ideas, se requiere a la parte quejosa para que precise la fecha en la que fue emitido el acto que aquí reclama; en virtud de que existe discrepancia entre lo que señala en el capítulo respectivo al acto reclamado y lo que plasma en el diverso referente a los antecedentes. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes
- Edgar Alan Farias Castro y Otros.65/2016
- Edgar Alán Farías Castro1333/2014
- Edgar Alan Farías Castro251/2015
- Edgar Alan Farías Castro1326/2014
- Edgar Alan Farias Castro170/2016
- Edgar Alán Farias Castro y Otros.273/2016
- Edgar Alan Farias Castro238/2016
- Edgar Alan Farías Castro y Otros.78/2017
- Edgar Alan Farias Castro283/2016
- Edgar Alan Farias Castro y Otros.375/2016
- Edgar Alan Farias Castro y Otros.542/2016
- Edgar Alán Farías Castro y Otros.304/2016