Edgar Agama Morales

Expediente 741/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
741/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Edgar Agama Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de doce de junio del año en curso (folios 180 a 188), por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo registrada con el número 741/2019, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Ciudad de México, catorce de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el recurso de revisión presentado por la parte quejosa, contra la resolución interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, (fojas 281 a 292) Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 84, 86, 88, 89 y 90 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido al Ministerio Público Federal, copia del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase sin ulterior acuerdo el original del escrito de agravios y copia certificada de la resolución recurrida, así como de sus constancias de notificación y de las diversas relativas al presente proveído al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación y resolución del recurso de mérito. Por otra parte, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que por razón de turno le corresponda conocer del medio de defensa que se tramita, que por auto de ocho de mayo del año en curso (fojas 192 y 193) se tuvo por recibido diverso recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución interlocutoria de quince de abril de la anualidad en curso (fojas 133 a 147), dictada en este cuaderno incidental, y mediante oficio 9438/2019 se remitió el cuaderno original del incidente de suspensión a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que lo turnara para su resolución, del cual conoce actualmente el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el numero R.A. 205/2019, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, no ha lugar a formar cuaderno de antecedentes, toda vez que se cuenta con el duplicado del incidente de suspensión para seguir actuando como lo dispone el artículo 90 de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Autoridades responsables Por oficio Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por oficio

  3. Principal

    Ciudad de México, doce de junio de dos mil diecinueve. Desahogo Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso **********, por el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de treinta y uno de mayo del año en curso (folios 103 a 106). Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Director General Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Xochimilco. La emisión de la Orden de Visita de Verificación en materia de Establecimiento Mercantil; así como la emisión de la resolución administrativa dictada en el expediente **********de veintiséis de abril de dos mil diecinueve; por el cual ordena la Suspensión Total de Actividades, y la emisión del acuerdo de clausura permanente con número **********. 2. Verificador Administrativo adscrito a la Alcaldía Xochimilco. La ejecución y acta de visita de verificación relativa a la Orden de Visita de Verificación en materia de Establecimiento Mercantil; ejecución de la orden de clausura permanente con número ***********. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que no se esté ante alguna de las excepciones que el propio legislador previó en esa disposición. Esta causa de improcedencia tiene sustento en la fracción IV del artículo 107 de la Norma Fundamental, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" Los preceptos constitucional y legal transcritos contemplan el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que el juicio constitucional, al tratarse de un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos humanos, es improcedente si previamente no se acude a las instancias ordinarias que permitan modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad, salvo los casos de excepción previstos en tales numerales. Al respecto, debe precisarse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable, el juicio de amparo será procedente. Afirmar lo contrario, sería tanto como sostener que el juicio de amparo es un recurso ordinario y, a su vez, permitiría al juez federal suplantar las facultades del órgano de primera instancia. Tales consideraciones derivan de las tesis aisladas de la quinta y sexta épocas, con números de registros 338340 y 267633, cuyos rubros, respectivamente, son: "AMPARO." "RECURSOS ORDINARIOS." Ahora bien, es importante señalar que conforme a la Norma Fundamental y a la Ley de Amparo el principio de definitividad no es absoluto, toda vez que existen excepciones que habilitan al particular a acudir directamente al juicio constitucional no obstante exista un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado. Efectivamente, la primera excepción al principio de definitividad está referida a la figura de la suspensión del acto reclamado, de modo que se pueden obviar los recursos ordinarios en los siguientes casos: Cuando la ley de la materia no prevea esa medida cautelar con la interposición del recurso, o bien, que pueda ser decretada oficiosamente por la autoridad respectiva; Que aun cuando se contemple la suspensión del acto, no lo sea con los mismos alcances que establece la ley de amparo; Que la ley ordinaria no prevea mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva; y, Que el plazo para conceder la medida cautelar no sea mayor que el dispuesto para la suspensión provisional. En cualquiera de los supuestos anteriores, aun cuando la ley ordinaria establezca un medio de defensa, se actualizará una excepción al principio de definitividad y el particular podrá acudir directamente al juicio de amparo a impugnar el acto reclamado. Por otro lado, la segunda excepción al principio de definitividad está relacionada con el principio de fundamentación que debe observarse en todos los actos de autoridad, de modo que se surtirá la excepción aludida cuando el acto reclamado carezca de modo absoluto de ese elemento. Efectivamente, la excepción aludida se actualiza únicamente ante la ausencia total de las disposiciones legales que sustenten el acto reclamado, lo que obedece al hecho de que no es posible obligar a los particulares a agotar los recursos conducentes cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia, pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo será procedente, sin necesidad de desahogar previamente algún medio de defensa. Consecuentemente, no se ubica dentro de esta excepción el reclamo de la indebida o deficiente fundamentación, toda vez que en esta hipótesis el acto es el incumplimiento de una prestación derivada de su relación laboral (falta de pago o descuento a su salario), aunque esto sea exacta o debidamente aplicable, lo que en todo caso será materia de análisis en el medio ordinario de defensa que se establezca para tal efecto. Sirven de apoyo los criterios siguientes: Tesis aislada VI.1o.A.49 K (10a.), con número de registro 2012479, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ADEMÁS DE LAS EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO CONTENIDAS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS SE PREVÉ UNA MÁS EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO QUE IMPIDE EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA." Jurisprudencia VII.1o.A. J/3 (10a.), con número de registro 2012256, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES IMPROCEDENTE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE LE RECLAMEN ACTOS QUE DERIVAN EN EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CARENTES DE FUNDAMENTACIÓN, AL NO CONSTAR POR ESCRITO, PUES SE ACTUALIZA UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Tesis Aislada (III Región)4o.19 K (10a.), con número de registro 2008052, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." Tesis aislada IV.2o.A.52 K (10a.), con número de registro 2005733, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO ES ARBITRARIA NI OPERA AISLADAMENTE, PUES EL LEGISLADOR ADOPTÓ MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA ASEGURAR EL EQUILIBRIO PROCESAL Y EXCLUIR LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA." Tesis Aislada I.3o.A.128 K, con número de registro 212868, de rubro: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, la siguiente excepción al principio de definitivdad se surte cuando en relación con el acto reclamado únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; excepción que en un principio se reconoció en la práctica jurisprudencial de los tribunales federales, de acuerdo con la jurisprudencia s/n de rubro siguiente (registro 237480): "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION." Al respecto, debe señalarse que una violación directa a la Constitución consiste en la inobservancia de algún derecho consagrado en ese ordenamiento en forma directa, sin que medie interpretación o aplicación de preceptos secundarios. Esta aseveración se corrobora de la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), con número de registro 2003874, de rubro: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 4/2012 (10a.), con número de registro 2000299, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIONES DE SAN LUIS POTOSÍ Y FEDERAL)." Por otra parte, se actualiza también una excepción al principio de definitividad cuando el recurso o medio ordinario de defensa se encuentre previsto en un reglamento y no en una ley. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el vocablo "ley" no debe entenderse como cualquier ordenamiento legal -reglamento, disposiciones administrativas, entre otros-, sino que se refiere a una ley en su sentido formal y material. Al respecto, el Alto Tribunal también ha sostenido que dicha excepción no implica que el recurso ordinario deba estar contenido en la misma ley de la que deriva el acto reclamado, ya que es posible que el legislador prevea esas herramientas procesales en un ordenamiento diverso, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Finalmente, sobre este punto ha señalado que esa hipótesis de excepción no implica que el quejoso no pueda interponer el medio de defensa establecido en ordenamientos distintos a las leyes, sino que solamente se traduce en que su falta de agotamiento no es susceptible de producir la improcedencia del juicio de amparo. Dichas consideraciones derivan de las jurisprudencias 2a./J. 151/2006P./J. 3/2001, 2a./J. 115/99, 2a./J. 116/99 y 2a./J. 4/92, con números de registros 174026, 190367, 193142, 193141 y 206421, de rubros: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, CONTRA UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE NO ESTÁ PREVISTO EN LEY." "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." "REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO QUE ESTABLECEN SUS ARTICULOS 266 A 271, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD FISCAL." Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama la emisión y ejecución de la Orden de Visita de Verificación en materia de Establecimiento Mercantil; la emisión de la resolución administrativa dictada en el expediente ********** de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, por el cual ordena la Suspensión Total de Actividades, la emisión del acuerdo de clausura permanente con número **********, y el acta de visita de verificación correspondiente. Sin embargo, como se demuestra a continuación, el presente juicio de amparo es improcedente respecto de tales actos, pues, por un lado, dichos actos son emitidos y ejecutados por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y existe la posibilidad de promover en su contra un medio de defensa cuya resolución conlleva la posibilidad de que aquellos sean modificados, revocados o nulificados; y, por otro lado, la parte quejosa no agotó tal medio de defensa, siendo que no se configura alguna de las excepciones establecidas en la legislación aplicable y en la jurisprudencia. En primer lugar, las autoridades responsables forman parte de la Administración Pública local, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que a continuación se transcriben, se advierte . Artículo 11. La Administración Pública de la Ciudad de México será: I. Centralizada; integrada por: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y los Órganos Desconcentrados; y II. Paraestatal; integrada por: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos. La Administración Pública de la Ciudad de México contará con órganos político-administrativos en cada demarcación territorial denominados Alcaldías, cuya integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. En segundo lugar, el acto reclamado -emisión y ejecución de la Orden de Visita de Verificación en materia de Establecimiento Mercantil; la emisión de la resolución administrativa dictada en el expediente **********de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, por el cual ordena la Suspensión Total de Actividades, la emisión del acuerdo de clausura permanente con número ***********, y el acta de visita de verificación correspondiente- tienen naturaleza administrativa; y, como se precisó, son actos realizados por el Director General Jurídico y del Gobierno, así como por el Verificador Administrativo, ambos de la Alcaldía Xochimilco. De ahí que en su contra procede el juicio de nulidad del que puede conocer el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, según lo dispuesto en el artículo 3 de su ley orgánica, que establece: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; En tercer lugar, si el quejoso reclama actos del Director General Jurídico y de Gobierno, así como del Verificador Administrativo, ambos de la Alcaldía Xochimilco, en particular la emisión y ejecución de la Orden de Visita de Verificación en materia de Establecimiento Mercantil; la emisión de la resolución administrativa dictada en el expediente ***********de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, por el cual ordena la Suspensión Total de Actividades, la emisión del acuerdo de clausura permanente con número **********, y el acta de visita de verificación correspondiente, por tanto, es indudable que es impugnable a través del juicio contencioso ante el ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Dicho de otra manera, los actos administrativos combatidos pueden ser modificados, anulados o revocados por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, máxime que el medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. En efecto, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México cumple con dichas condiciones, como se explica a continuación: Prevé el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado, tal y como se advierte de los artículos 71 a 78 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Dicha medida cautelar tiene los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, pues el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que atento a la naturaleza del acto reclamado, se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; y, por su parte, el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece que la suspensión tendrá como efecto evitar que se ejecute el acto impugnado o que se continúe con la ejecución ya iniciada. Lo anterior implica que la suspensión en el medio ordinario de defensa constituye una medida cautelar con efectos restitutorios, que incluso tiene por objeto detener la ejecución de algún acto a fin de que la parte interesada siga disfrutando del derecho que estima vulnerado. Además, el artículo 73 de la ley citada prevé que el Magistrado Instructor podrá acordar la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, mientras no se falle en definitiva, y agrega que, cuando los actos impugnados hayan sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, podrán dictarse las medidas cautelares que se estimen pertinentes. Asimismo, el citado artículo establece que en caso que la autoridad se niega a cumplir la suspensión, se le requerirá por una sola ocasión para que lo haga y de no acatar el requerimiento, el Magistrado Instructor comisionará a un Actuario para que restituya al actor en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible. Lo anterior conlleva que la facultad para otorgar la medida cautelar con efectos provisionales restitutorios no se limita a los supuestos de que el acto ejecutado afecte a los demandantes impidiendo el acceso a su domicilio particular o el ejercicio de su única actividad, pues la primera parte del dispositivo en comento faculta de forma genérica a la autoridad jurisdiccional a conceder la suspensión con efectos restitutorios. La medida cautelar contemplada en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. No es un obstáculo que en el artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, a diferencia de la Ley de Amparo que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Al respecto resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), con número de registro 160630, de rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL." La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé un plazo equivalente al de la Ley de Amparo, toda vez que el artículo 61 establece que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada. Situación que se homologa a lo previsto para el juicio de amparo, pues conforme al artículo 112 de la ley de la materia, el Juez de Distrito cuenta con un plazo de veinticuatro horas para que, de ser el caso, se admita la demanda de amparo y, de haber sido solicitada, se provea sobre la suspensión. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), con número de registro 2008807, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Los actos reclamados no carecen en su totalidad de fundamentación, pues de la lectura del escrito de demanda y sus anexos se advierten los motivos y fundamentos de los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades señaladas como responsables. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución, en tanto que de la simple lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de la emisión y ejecución de la Orden de Visita de Verificación en materia de Establecimiento Mercantil; la emisión de la resolución administrativa dictada en el expediente **********de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, por el cual ordena la Suspensión Total de Actividades, la emisión del acuerdo de clausura permanente con número **********, y el acta de visita de verificación correspondiente. El juicio no está previsto en un reglamento. El medio de defensa ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de dicho ordenamiento, este juzgador determina desechar la demanda de amparo, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, no se hacen valer violaciones directas a la Constitución Federal ni adolece de falta de fundamentación y motivación. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de junio de dos mil diecinueve. Desahogo Agréguese a los autos el escrito signado por **********, autorizada de la parte quejosa, por el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de treinta y uno de mayo del año en curso (folios 103 a 106). Al respecto, en el citado acuerdo éste órgano constitucional previno a la parte quejosa a efecto de "exhibir de manera completa el escrito de demanda, ya que de la lectura de la misma, se advierte que falta la hoja 61 (sesenta y uno) de la numeración de dicho escrito, lo que resulta en que el mismo carece de claridad, precisión y continuidad, sin que se tenga certeza plena de la totalidad de las pretensiones de la parte quejosa", empero, la promovente únicamente exhibió la hoja que se presume es faltante, por lo que no se cuenta con certeza plena de que sea la foja faltante a la demanda, siendo que debía presentar como se le precisó, la demanda completa y no la hoja restante. Aunado a lo anterior, la presentación de la demanda es un acto personalísimo y únicamente puede ser desahogado por quien decide ejercer la acción de amparo, es decir, a quien le repercuten los actos reclamados. En esa virtud, la presentación completa del escrito de demanda crea certeza jurídica al juzgador para desplegar las facultades relativas al juicio de amparo, pues queda en el entendido de que en ella se narran los hechos o abstenciones que sucedieron en la forma como los describe el promovente, por lo que, entraña una responsabilidad directa de quien formula y presenta la misma. Además, la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y accionar un juicio constitucional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión y dice ser titular de un derecho lesionado, lo que ocurre mediante la presentación de la demanda, pues es entonces cuando el quejoso formula una pretensión al ser el único legitimado para decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué manera es que lesionan sus derechos fundamentales, de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de constitucional, lo cual no puede sustituirse por el dicho del autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que éste no es titular del derecho cuya salvaguarda se solicita a través del amparo, ni corresponde a éste subsanar una omisión que fija la litis en el juicio como lo es la presentación de la demanda completa. Lo anterior, pese a que tal autorización pueda acompañarse de "facultades amplias" para intervenir en el juicio en el que se le autoriza, habida cuenta que el destinatario de las mismas sólo cuenta con una autorización en la que el legislador no previó que sea un representante legal, por lo que el alcance de las facultades procesales respectivas necesariamente se circunscribe al trámite y resolución del proceso en el que se le autoriza, sin que el autorizado cuente con representación de los intereses del quejoso, pues se reitera, con motivo de la autorización, lejos de constituirse un poder o un mandato judicial, solamente se confieren al autorizado facultades orientadas a facilitar la realización de los actos procesales necesarios para la defensa de los intereses del promovente en el proceso judicial correspondiente. En resumen, el requerimiento efectuado en el presente sumario constitucional únicamente puede ser desahogado tanto por el quejoso en forma personal, como por su representante; sin embargo, el autorizado en el escrito de demanda, en términos amplios del artículo 12 de la misma ley, no puede desahogar una prevención en la que se le solicite de nueva cuenta el escrito íntegro de la demanda de amparo, ya que, de lo contrario, esa circunstancia se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en la que se le autoriza; ello en atención a que los derechos y obligaciones procesales que conlleva esa autorización son a partir de la presentación de la demanda y no antes, menos aún, cuando revisten, como en la especie, el carácter personalísimo; de ahí que no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento de treinta y uno de mayo del año en curso. Se interrumpe plazo concedido y se deja subsistente el apercibimiento En atención a lo anterior y al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al de economía procesal y para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa, se interrumpe por una sola vez el plazo de cinco días concedido a la promovente en dicho juicio, con la comparecencia de cuenta, en ese sentido, cuenta con cinco días para que desahogue la prevención contenida en el acuerdo de treinta y uno de dos mil diecinueve, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. Resultan aplicables al caso la jurisprudencia 2a./J. 106/2003 (Número de Registro 182896) y la Tesis Aislada XXII.1o.8 K (10ª.) (Número de Registro 2006194) que a continuación se transcriben: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Cuando la parte quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo dentro de los primeros cuatro días que integran el plazo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el Juez de Distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por la parte quejosa y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Debe precisarse que este criterio no se opone con el sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.", en el que interpretó el artículo 146 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sino al contrario, resulta acorde con lo sostenido en esa jurisprudencia de la citada Sala del Alto Tribunal. Se deja subsistente el apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en el entendido de que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista

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