Edgar Abiel Sifuentes Mota

Expediente 311/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
311/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Edgar Abiel Sifuentes Mota

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VIII... Se levanta la suspensión de plazos y términos... ha causado ejecutoria... se ordena su archivo...

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de noviembre de dos mil veinte. ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CELEBRADA EN EL JUICIO DE AMPARO 311/2020-VIII, A LAS ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (FOJA 28). CONSTE. El licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas: Se declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. La licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas: Juicio de amparo 311/2020-VIII, promovido por Ernesto Ramírez Pérez, apoderado legal del directo quejoso Edgar Abiel Sifuentes Mota, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia ordenada en el juicio de amparo con el que se da cuenta; así también, que ninguna de las partes compareció al desahogo de la misma. Aquí cabe precisar que en proveído de diecinueve de agosto del año en curso (foja 14), se citó a las partes a la presente audiencia constitucional, en el que además se les dijo que podrían hacer llegar sus alegatos por escrito o intervenir oralmente si alguna de ellas lo considerara indispensable, lo cual debían hacer saber a este Juzgado de Distrito; ahora bien, como nadie hizo manifestación alguna, procede a desahogar esta audiencia, aún sin la presencia de las partes. El Juez: Secretaria, efectúe una relación de las constancias que integran el presente asunto. La Secretaria: Se da cuenta con lo siguiente: Escrito inicial de demanda de garantías con anexo (fojas 1 a 5); Informe justificado rendido por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través de su Presidente, con residencia en este municipio (fojas 20 a 27); y, Asimismo, mediante proveído de diez de marzo del presente año, se ordenó emplazar a la tercero interesada AT&T Comunicaciones Digitales, Sociedad de Relación Laboral de Capital Variable (fojas 6, 7, 11 y 12). El Juez: Se tiene a la Secretaria haciendo una relación de las constancias que integran el presente juicio de amparo, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, así como por legalmente emplazado a la referida tercero interesada. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. El Juez: Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. La secretaria: Se da cuenta con las documentales que remitió el quejoso en su escrito inicial de demanda, así como las constancias que envió la responsable como complemento de su informe justificado (fojas 2 vuelta a 5). El Juez: Con fundamento en el ordinal 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las documentales de mérito, para su valoración oportuna. Acto continuo, se declara cerrado el período de pruebas y abierto el período de alegatos. La Secretaria: Se hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez: Se tiene a la Secretaria haciendo constar que las partes no formularon alegatos. Con lo anterior, se da por concluida la etapa de alegatos y se procede a dictar la resolución correspondiente en los siguientes términos: Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto para resolver el juicio de amparo 311/2020-VIII, promovido por Ernesto Ramírez Pérez, apoderado legal del directo quejoso Edgar Abiel Sifuentes Mota, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado vía electrónica el nueve de marzo del presente año ante este Juzgado Federal, el agraviado de mérito por conducto de su apoderado legal, promovió juicio de amparo indirecto, en contra del acto y autoridad que a continuación se mencionan: Autoridades responsables: CIUDAD. JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. Acto reclamado: "La prolongada omisión de la Junta señalada como responsable en dictar la interlocutoria que corresponde derivada del frívolo e ilegal Incidente de Nulidad de Actuaciones interpuesto por los aquí terceros interesados en los autos del Sumario Laboral 154/E06/2019." Asimismo, narró los hechos del caso y señaló como derechos humanos violados el contenido en el artículo 17 Constitucional. Segundo. En auto de diez de marzo del año en curso, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 311/2020-VIII, admitiéndola a trámite (fojas 6 y 7); dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 9); solicitó a la autoridad responsable su informe justificado (foja 8); asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (foja 28), la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, relativo al mes de abril del dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Así, se tiene que el acto que el directo quejoso Edgar Abiel Sifuentes Mota, reclama consiste en: La omisión de la Junta señalada como responsable en dictar la interlocutoria derivada del incidente de nulidad de actuaciones promovido por la aquí tercero interesada, dentro del expediente administrativo laboral 154/E06/2019. Cuarto. Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente (fojas 20 a 27), se advierte la certeza del acto reclamado por el quejoso, pues a la fecha de la presentación de la demanda de garantías, no se había resuelto el incidente de nulidad de actuaciones derivado del expediente administrativo laboral 154/E06/2019, pues como lo manifestó dicha responsable, el veintiuno de octubre de este año, se dictó la citada resolución, en donde se declaró improcedente la misma, por los motivos expuestos en los considerados segundo y tercero de dicha incidencia. Quinto. Por ser de orden público, se analizan las causales de improcedencia y en este orden de ideas, se estima pertinente puntualizar que conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, el sobreseimiento en la contienda constitucional, se debe decretar, cuando sobrevenga una causa de improcedencia durante el juicio; asimismo, el diverso 61, fracción XXI, de la citada legislación, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De ahí que si durante la tramitación de un juicio de garantías, concurre el anterior requisito, resultará improcedente y por tanto deberá sobreseerse en la contienda respectiva. Bajo esa óptica, de las constancias remitidas por la responsable a través de su informe justificado, se obtiene que al momento de presentación de la demanda prevalecía la omisión reclamada (nueve de marzo de dos mil veinte) y que posteriormente el veintiuno de octubre del presente año, cesó la falta de pronunciamiento de la resolución que se combatió en el asunto que nos ocupa, pues dentro del expediente administrativo laboral 154/E06/2019, el veintiuno de octubre de esta anualidad, se dictó la interlocutoria derivada del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el directo quejoso Edgar Abiel Sifuentes Mota, en el que se declaró improcedente la misma. Ello es así, pues las copias autorizadas enviadas por la responsable de mérito, se observa que el veintiuno de octubre del año que transcurre, cesó la omisión combatida en el asunto que nos ocupa, pues se dictó la resolución incidental combativa dentro de este asunto; cuya falta de pronunciamiento se reclamó por el impetrante en esta contienda constitucional. Las documentales que envió la autoridad en comento, al rendir su informe justificado, revisten valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al arábigo 2º, de la Ley de Amparo; al respecto, se estima pertinente citar la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal, con registro electrónico 394182 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En ese orden de ideas, atento al contenido de las constancias allegadas por la responsable, se desprende que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, acorde con el numeral 63, fracción V, de dicha legislación. Bajo esa perspectiva, tomando en consideración que las causales de improcedencia son de estudio prioritario y oficioso, en cualquier momento del juicio, se estima que opera la prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Del precepto reseñado, se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis ya definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que al rendir la responsable su informe justificado, acompañó copias certificadas de la resolución de veintiuno de octubre del presente año, dictada dentro del incidente de nulidad de actuaciones, derivado del expediente administrativo laboral 154/E06/2019, en el que se declaró improcedente el mismo. Cobra aplicación a lo anterior la tesis número 2ª./J.9/98, consultable a página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible a fojas 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, también sustentada por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego entonces, como se dijo y ahora se reitera, concurre en el presente caso, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la misma legislación de la materia, se decreta el sobreseimiento de este juicio de garantías, promovido por Ernesto Ramírez Pérez, apoderado legal del directo quejoso Edgar Abiel Sifuentes Mota, contra el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Ernesto Ramírez Pérez, apoderado legal del directo quejoso Edgar Abiel Sifuentes Mota, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe. L´MDCD/jcd. ACUERDO PRE-AUTORIZADO EN WORD SISE SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________ En esta fecha queda firmado el oficio 25511 que se gira para notificar el proveído que antecede. El número de su control se anota en la minuta que se agrega para constancia y seguimiento. Conste. La Actuaria Judicial recibe el oficio de referencia. "2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria." Ciudad. OF.- A.25511/2020-VIII. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través de su Presidente. Por vía de notificación para su conocimiento y efectos legales; con el presente le remito copia certificada de la resolución pronunciada en los autos del juicio de amparo 311/2020-VIII, promovido por Ernesto Ramírez Pérez, apoderado legal del directo quejoso Edgar Abiel Sifuentes Mota, contra actos de usted. ATENTAMENTE: H. Matamoros, Tam., 13 de noviembre de 2020. La Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado: Lic. María Dolores Camacho Díaz. Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto para resolver el juicio de amparo 311/2020-VIII, promovido por Ernesto Ramírez Pérez, apoderado legal del directo quejoso Edgar Abiel Sifuentes Mota, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado vía electrónica el nueve de marzo del presente año ante este Juzgado Federal, el agraviado de mérito por conducto de su apoderado legal, promovió juicio de amparo indirecto, en contra del acto y autoridad que a continuación se mencionan: Autoridades responsables: CIUDAD. JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. Acto reclamado: "La prolongada omisión de la Junta señalada como responsable en dictar la interlocutoria que corresponde derivada del frívolo e ilegal Incidente de Nulidad de Actuaciones interpuesto por los aquí terceros interesados en los autos del Sumario Laboral 154/E06/2019." Asimismo, narró los hechos del caso y señaló como derechos humanos violados el contenido en el artículo 17 Constitucional. Segundo. En auto de diez de marzo del año en curso, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 311/2020-VIII, admitiéndola a trámite (fojas 6 y 7); dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 9); solicitó a la autoridad responsable su informe justificado (foja 8); asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (foja 28), la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, relativo al mes de abril del dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Así, se tiene que el acto que el directo quejoso Edgar Abiel Sifuentes Mota, reclama consiste en: La omisión de la Junta señalada como responsable en dictar la interlocutoria derivada del incidente de nulidad de actuaciones promovido por la aquí tercero interesada, dentro del expediente administrativo laboral 154/E06/2019. Cuarto. Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente (fojas 20 a 27), se advierte la certeza del acto reclamado por el quejoso, pues a la fecha de la presentación de la demanda de garantías, no se había resuelto el incidente de nulidad de actuaciones derivado del expediente administrativo laboral 154/E06/2019, pues como lo manifestó dicha responsable, el veintiuno de octubre de este año, se dictó la citada resolución, en donde se declaró improcedente la misma, por los motivos expuestos en los considerados segundo y tercero de dicha incidencia. Quinto. Por ser de orden público, se analizan las causales de improcedencia y en este orden de ideas, se estima pertinente puntualizar que conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, el sobreseimiento en la contienda constitucional, se debe decretar, cuando sobrevenga una causa de improcedencia durante el juicio; asimismo, el diverso 61, fracción XXI, de la citada legislación, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De ahí que si durante la tramitación de un juicio de garantías, concurre el anterior requisito, resultará improcedente y por tanto deberá sobreseerse en la contienda respectiva. Bajo esa óptica, de las constancias remitidas por la responsable a través de su informe justificado, se obtiene que al momento de presentación de la demanda prevalecía la omisión reclamada (nueve de marzo de dos mil veinte) y que posteriormente el veintiuno de octubre del presente año, cesó la falta de pronunciamiento de la resolución que se combatió en el asunto que nos ocupa, pues dentro del expediente administrativo laboral 154/E06/2019, el veintiuno de octubre de esta anualidad, se dictó la interlocutoria derivada del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el directo quejoso Edgar Abiel Sifuentes Mota, en el que se declaró improcedente la misma. Ello es así, pues las copias autorizadas enviadas por la responsable de mérito, se observa que el veintiuno de octubre del año que transcurre, cesó la omisión combatida en el asunto que nos ocupa, pues se dictó la resolución incidental combativa dentro de este asunto; cuya falta de pronunciamiento se reclamó por el impetrante en esta contienda constitucional. Las documentales que envió la autoridad en comento, al rendir su informe justificado, revisten valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al arábigo 2º, de la Ley de Amparo; al respecto, se estima pertinente citar la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal, con registro electrónico 394182 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En ese orden de ideas, atento al contenido de las constancias allegadas por la responsable, se desprende que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, acorde con el numeral 63, fracción V, de dicha legislación. Bajo esa perspectiva, tomando en consideración que las causales de improcedencia son de estudio prioritario y oficioso, en cualquier momento del juicio, se estima que opera la prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Del precepto reseñado, se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis ya definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que al rendir la responsable su informe justificado, acompañó copias certificadas de la resolución de veintiuno de octubre del presente año, dictada dentro del incidente de nulidad de actuaciones, derivado del expediente administrativo laboral 154/E06/2019, en el que se declaró improcedente el mismo. Cobra aplicación a lo anterior la tesis número 2ª./J.9/98, consultable a página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible a fojas 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, también sustentada por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego entonces, como se dijo y ahora se reitera, concurre en el presente caso, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la misma legislación de la materia, se decreta el sobreseimiento de este juicio de garantías, promovido por Ernesto Ramírez Pérez, apoderado legal del directo quejoso Edgar Abiel Sifuentes Mota, contra el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Ernesto Ramírez Pérez, apoderado legal del directo quejoso Edgar Abiel Sifuentes Mota, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe. (DOS FIRMAS ILEGIBLES) LA ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y OBRA AGREGADA AL JUICIO DE AMPARO 311/2020-VIII. DOY FE A T E N T A M E N T E H. MATAMOROS, TAM., 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO: LIC. MARÍA DOLORES CAMACHO DÍAZ. Téngase por recibido el *** signado por ***; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado María Dolores Camacho Díaz, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veinte. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el oficio número 1195/2020 con anexo, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de su contenido se advierte que rinde su informe justificado; agréguese al expediente sin mayor proveído, toda vez que se tuvo por rendido el mismo, en auto de veintitrés de los actuales (fojas 20 a 28). Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros********************Tamaulipas********************veintitrés de octubre de dos mil veinte. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo********************por disposición expresa de su numeral 2°********************téngase por recibido y glósese al expediente********************el oficio número 1195/2020 con anexo********************remitido vía electrónica por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado********************con sede en esta ciudad; de su contenido se advierte que rinde su informe justificado; en tal razón********************con fundamento en el ordinal 117 de la ley en cita********************póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga********************sin perjuicio de dar nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte********************en relación a la documental que se recibe********************téngase a la autoridad de mérito cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral citado. Finalmente********************para dar oportunidad a que las partes puedan imponerse de lo anterior********************se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fija para su desahogo nuevamente las once horas con cinco minutos del trece de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles********************Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas********************asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz********************Secretaria que actúa y da fe.

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