Eder Zurisadai Jimenez Badillo

Expediente 55/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
55/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
05/04/2018

Partes del expediente

  • Eder Zurisadai Jimenez Badillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el ocho de marzo de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Ahora, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la medida cautelar; glósese el cuaderno original, con la indicación de que también es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años, conforme a lo previsto en el citado punto; además, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Ahora bien, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento susceptible de devolución, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Ordénese glosar copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el anexo que acompaño a su informe de ley. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las diez horas con veinte minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, la declara abierta sin la asistencia de las partes. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 55/2018-VI, promovido por Eder Zurisadai Jiménez Badillo, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en esta ciudad y de otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de enero del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnada al día siguiente a este Juzgado, Eder Zurisadai Jiménez Badillo, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y respecto de las autoridades responsables que a continuación se transcriben: "III.AUTORIDAD RESPONSABLE. LA (sic) C. MAGISTRADO QUE INTEGRA EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL VIGESIMO QUINTO DISTRITO EN ESTA CIUDAD. Así mismo, la C. Actuario, adscrita al referido Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito". "IV.ACTO RECLAMADO. El desalojo y/o lanzamiento del local comercial marcado con el número 06, ubicado en un costado del Manantial "Media Luna", Ejido "El Jabalí", Municipio de Río Verde, S.L.P. Sin que exista orden desalojo que en tal sentido lo precise a nombre del suscrito". SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa refiere que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Previo requerimiento cumplido, por auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó tramitar por duplicado y separado el incidente de suspensión solicitado, se pidió informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de catorce de febrero del año en curso, se ordenó emplazar al tercero interesado Ejido El Jabalí, Municipio de Rioverde, San Luis Potosí, por conducto de su Presidente, Secretario y Tesorero, lo cual ocurrió el veinte de febrero siguiente. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional respectiva, conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1º, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, así como los puntos primero fracción IX, segundo fracción IX, tercero fracción IX y cuarto, fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar: Del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en esta ciudad, la orden de desalojo y/o lanzamiento respecto del Local comercial marcado con el número 6, ubicado a un costado del Manantial "La Media Luna", Ejido "El Jabalí", perteneciente al Municipio de Rioverde, San Luis Potosí, así como su ejecución del actuario adscrito al citado órgano jurisdiccional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en esta ciudad y el Actuario de su adscripción, toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus correspondientes informes justificados (fojas 36 y 39). Certeza que se corrobora con las constancias que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Vigésimo Quinto, acompañó como complemento a su informe de ley, consistentes en el expediente 762/2014, de su índice, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, aunado que no fueron objetados por las partes. CUARTO. Improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se analiza la procedencia del presente juicio, lo aleguen o no las partes, por así establecerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo; además, por ser la procedencia una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo sustentado en la Tesis de Jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Parte TCC, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del Apéndice de 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en concordancia con el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 5º, fracción I de la Ley de la Materia, toda vez que la parte quejosa no acredita que los actos reclamados afecten su interés jurídico. En efecto, los dispositivos legales invocados, por su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De lo transcrito, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad de los actos de las autoridades, el cual se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Que por parte, debe entenderse quien ejerce la acción constitucional, mientras que por agravio, el perjuicio presuntamente infringido por las autoridades que emitieron el acto que se reclama en contra del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. Asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese contexto, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto de autoridad cause algún perjuicio en la esfera jurídica del impetrante de derechos fundamentales, lo que supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se ve transgredido por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional correspondiente, demandando que esa trasgresión cese. En efecto, del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Resulta aplicable a lo expuesto, la Jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), registro 2003293, visible en la página 1807, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Asimismo, sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), registro 2004501, visible en la página 1854, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo sumario es el siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En la especie, el impetrante del amparo Eder Zurisadai Jiménez Badillo, se ostenta como poseedor del Local comercial marcado con el número 6, ubicado a un costado del Manantial "La Media Luna", Ejido "El Jabalí", perteneciente al Municipio de Rioverde, San Luis Potosí. Derecho que el quejoso hace derivar, del hecho de haber celebrado un contrato de arrendamiento con Flor Berenice Jiménez Badillo, aparentemente en el mes de octubre de dos mil diecisiete, respecto del bien inmueble de referencia, mismo que según refirió en su escrito aclaratorio, Herminia Neri Loredo lo dejó en simple comodato verbal a su hermana Flor Berenice Jiménez Badillo. Manifestaciones que al haber sido realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 57, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Asimismo es aplicable el criterio con registro 232213, sustentado por el mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época Volumen 193-198, Primera Parte, página 71, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia de observancia obligatoria, que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Norma lo anterior, la Jurisprudencia P/J. 1/2002, visible en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En ese sentido, no obstante que el quejoso pretende acreditar su interés jurídico con el contrato de arrendamiento aparentemente celebrado en octubre de dos mil diecisiete, con Flor Berenice Jiménez Badillo, respecto del bien inmueble Local comercial marcado con el número 6, ubicado a un costado del Manantial "La Media Luna", Ejido "El Jabalí", perteneciente al Municipio de Rioverde, San Luis Potosí, y con copia certificada del certificado de nacimiento 0018678, de Eder Zurisadai Jiménez Badillo. Sin embargo, dichos documentos se estiman insuficientes para demostrar su interés jurídico, ya que de éstos no se advierte la titularidad de algún derecho tutelado por la ley sobre el aludido bien en favor del aquí quejoso. Esto se estima así, puesto que las constancias que integran el expediente 762/14, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito en esta ciudad, promovido por Ma. Luisa Badillo Benavides, contra el "El Ejido El Jabalí", Municipio de Rioverde, San Luis Potosí, se advierte que mediante determinación de treinta de junio de dos mil quince, se condenó a Ma. Luisa Badillo Benavides, a la desocupación y entrega material y jurídica a favor del Ejido "El Jabalí", Municipio de Rioverde, San Luis Potosí, del local número 5 y/o 4 y/o 6, identificado con la razón social "Novedades Ximena" Local 6", localizado en el área comercial del "Manantial de la Media Luna", toda vez que el mismo se ubica en Tierras de Uso Común, del Ejido en mención, las cuales tienen las características de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables (fojas 264 a 310 del cuaderno de constancias). Dicha determinación fue recurrida en amparo directo, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, quien lo radicó con el número 943/15 y en donde mediante ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se confirmó el fallo recurrido (foja 369 a 440 del anexo), ejecutándose la sentencia de mérito el uno de febrero del año en curso, al tenor del acta respectiva, levantada por la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito (fojas 606 y 607 del anexo). Al margen de lo anterior, el contrato de arrendamiento exhibido por el promovente del amparo supuestamente celebrado con su hermana Flor Berenice Jimenez Badillo, no es de fecha cierta, conforme a la jurisprudencia 220, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Apéndice 2000, Sexta Época, Tomo IV, materia Civil, página 180, cuyo rubro y testo es: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes". Lo anterior, pues aun y cuando la legislación secundaria, en lo general, no exija como requisito que los contratos de arrendamiento deban celebrarse o ratificarse ante fedatario público o bien, inscribirse ante un Registro Público, la falta de esa exigencia no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues sostener lo contrario sería tanto como conferirle valor probatorio pleno a dicho acto jurídico y, por ende, significaría reconocer la certeza de la fecha, cuando dada su naturaleza de documento privado, en el que únicamente intervienen las partes que lo suscriben, existe la posibilidad de que pueda antedatarse en perjuicio de terceros. Por tanto, atendiendo a que entre otros supuestos, un documento privado es de fecha cierta, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio, un fedatario público o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de los firmantes, si las partes que participan en un contrato de arrendamiento quieren dar autenticidad y fuerza probatoria a ese acto jurídico, para que en un momento dado pueda oponerse en forma válida a un tercero, puede ser celebrado o ratificado ante quienes se encuentren investidos de fe pública, como lo son los notarios públicos, o bien presentado ante un funcionario público en razón de su oficio, o en su caso, acreditar la defunción de cualquiera de los firmantes, con independencia que tal circunstancia la exija o no la ley, ya que como se indicó, los documentos privados sólo producen efectos jurídicos entre las partes que intervienen en esa operación contractual, pero no pueden perjudicar a terceros, salvo cuando dichos documentos se hayan hecho ciertos por los modos indicados por la ley, como lo sería en las hipótesis señaladas. En consecuencia, la exhibición de un contrato privado de arrendamiento original que carece de fecha cierta, es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso cuando éste ostente la calidad de tercero extraño al juicio, pues ello imposibilita determinar con certeza si el contrato de arrendamiento es anterior o posterior al reclamo de desposeimiento de que se duele, toda vez que con ese documento sólo acreditaría la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no así la fecha cierta del título de arrendamiento, lo cual garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial número 169, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 188, del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, Materia Civil, registro número 1002235, que dice: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." De ahí que como se dijo, el acto reclamado y sus consecuencias no le generan afectación alguna en su esfera jurídica, al no acreditar tener la posesión legal de dicho inmueble con justo título, ni ser su propietario. En consecuencia, al ser ello así, es inconcuso que el peticionario del amparo carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional y, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; motivo por el cual, con apoyo además en el numeral 63, fracción V, de dicho cuerpo de leyes, se impone decretar el sobreseimiento en este sumario constitucional. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73 al 79 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Eder Zurisadai Jiménez Badillo, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo de este fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Ignacio García Acosta, Honorio Neri Loredo y José Armando García Sánchez, en su carácter de integrantes del comisariado ejidal del Ejido "El Jabalí", personalidad que se les reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, al tenor de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley; en atención a su contenido, se provee: Se les tiene apersonándose en este juicio de amparo, así como señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en José María Morelos y Pavón número 940, Centro histórico, en esta ciudad, y toda vez que el presente asunto es materia agraria, ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionan. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se les tiene formulando los alegatos de su intención, los cuales podrán ser tomados en consideración al momento de resolver, sin perjuicio de que se haga relación de los mismos en la audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que el plazo de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada tenga oportunidad de imponerse del contenido de las documentales que obran en autos y manifieste lo que a su derecho convenga, transcurre del veintidós de febrero al cinco de marzo de dos mil dieciocho. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la misma. Sirve de apoyo a la anterior consideración la Jurisprudencia visible en la página 404, Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia Tribunales Colegiados de Circuito, emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, del Apéndice 1917-2000, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, EMPLAZAMIENTO. El Juez de Distrito debe emplazar a las partes con la oportunidad necesaria para que puedan rendir las pruebas que estimen conducentes, puesto que existen algunas que deberán ser anunciadas con la anticipación de cinco días hábiles al señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para su celebración, como precisa específicamente el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, por lo cual, de emplazarse a las partes dentro de cualquiera de los días comprendidos en el término antes indicado, quedan en estado de indefensión al no contar con el tiempo necesario para anunciar las pruebas que consideraran pertinentes, como lo podrían ser: la testimonial, de inspección ocular y la pericial, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral en comento; lo cual conlleva con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, a revocar la sentencia impugnada y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que se emplace a las partes con el tiempo suficiente para que ofrezcan los instrumentos probatorios que consideren pertinentes". Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta; con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.

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