Eder Tapia Díaz
Expediente 676/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eder Tapia Díaz
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese únicamente a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el cual hace del conocimiento el contenido del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo directo 175/2021, de su índice, del que se desprende que el Tribunal de mérito, ya había aceptado la competencia declinada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 676/2021-VI, del índice de este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, no se formula mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida misiva en similares términos y se acordó lo conducente. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de las cuales se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo respecto de ciertos actos reclamados y este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer respecto de otro HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por lo tanto, en atención al acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintiuno, en el cual este Juzgado Federal declaró su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, y toda vez que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación al referido acuerdo; en cumplimiento al artículo 37 de la referida Ley, remítanse copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio, así como las copias de demanda y del escrito de desahogo que exhibió la parte quejosa, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en Turno, previa solicitud de la papeleta correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho preceptos determine si acepta la competencia. Solicitándole de la manera más atenta se sirva acusar el recibo correspondiente. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso -----------, por el cual desahoga la prevención formulada en autos y al efecto manifestó lo siguiente: "I.-Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad que el Acto reclamado de la Autoridad Señalada en carácter de Ordenadora el C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, es la negativa de no concederme el sustitutivo penal del beneficio de la libertad condicionada al procedimiento abreviado de fecha 18 de Mayo del año 2021, la cual me fue notificada en la misma fecha 18 de Mayo del año 2021. Del C. JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, la ejecución de la sentencia del C. Juez de Control de Cuautitlán, Estado de México, en la cual me niega el sustitutivo penal del beneficio de la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo, en fecha 25 de Junio del año 2021, y me fue notificada por escrito en fecha 29 de Junio del año 2021. Del C. DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, el cumplimiento de la pena ordenado en la sentencia dictada en el Procedimiento Abreviado por el C. Juez de Control de Cuautitlán en el expediente 878/2020 y posteriormente la misma sentencia ordenada por el C. Juez de Ejecución Penal de Cuautitlán, en la carpeta penal acusatoria 272/2021, pena de 5 años ocho meses, sin el beneficio del sustitutivo penal del beneficio de la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo." Asimismo, narra bajo protesta de decir verdad los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado y exhibe siete juegos de copias de su escrito de desahogo para correr traslado a las partes. Precisado lo anterior, se tiene por desahogada la prevención formulada en autos y se procede a acordar lo conducente. INCOMPETENCIA Vista de nueva cuenta la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que respecto al acto consistente en sentencia de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en los autos del expediente 878/2020, en la cual se negó conceder el sustitutivo penal del beneficio de la libertad condicionada al procedimiento abreviado mediante este juzgado de Distrito carece de competencia legal, ya que se trata de una resolución que puso fin al juicio penal de origen. Debe decirse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 47 de la ley de la materia, este Juzgado Federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto respecto de los actos que reclama la parte quejosa, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué órgano jurisdiccional es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Sobre esas bases, debe indicarse que el artículo 107, fracción V, inciso c) de la Constitución General de la República, textualmente establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con ley, en los casos siguientes: . a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares." Por su parte, el artículo 170, fracción I, la Ley de Amparo, respectivamente, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;" De ello se colige que las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, deben reclamarse en el juicio de amparo, a través de la vía directa o uniinstancial, asuntos de los cuales corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito. Atendiendo a lo anterior, el caso en estudio se ubica en la regla señalada, pues se trata de un amparo promovido en contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en los autos del expediente 878/2020, en la cual se negó al quejoso el sustitutivo penal del beneficio de la libertad condicionada al sistema de localización. En ese orden de ideas, es evidente que el acto tildado de inconstitucional, constituye una determinación definitiva en la que el Juzgado de Control responsable en el expediente 878/2020, ante lo cual su análisis a través del juicio de amparo procede en la vía directa; de ahí la actualización de los supuestos establecidos por el referido artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa respecto del acto reclamado en análisis. Es importante referir que no pasa desapercibido que el quejoso únicamente reclama lo relativo a los beneficios preliberacionales (negativa de conceder el sustitutivo penal del beneficio de la libertad condicionada al sistema de localización), sin embargo, ello en nada trastoca la naturaleza del acto reclamado, pues esa determinación formó parte de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio de origen. Por lo tanto, esa negativa de conceder el beneficio preliberacional a la persona sentenciada bajo el procedimiento abreviado sí puede ser materia de análisis en el juicio de amparo directo a la luz de los conceptos de violación hechos valer, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 9/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. LA NEGATIVA DE CONCEDERLOS AL SENTENCIADO EN UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO PUEDE SER MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CONFORME A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER. En términos de los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede cuando se reclama una sentencia definitiva (laudo si se trata de un juicio laboral) o una resolución que pone fin al juicio; en ese sentido, la resolución de segunda instancia que decide la impugnación de la sentencia dictada en el procedimiento abreviado actualiza esos supuestos, pues dirime el juicio en lo principal al concluir el proceso penal de manera anticipada. Ahora, si bien esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 56/2016 y el amparo directo en revisión 1619/2015, de los cuales derivaron la jurisprudencia 1a./J. 34/2018 (10a.) y la tesis aislada 1a. CCX/2016 (10a.), respectivamente, delimitó el parámetro de estudio bajo el cual los juzgadores y órganos de control constitucional deben actuar si se impugna la resolución de un procedimiento abreviado, lo cierto es que esa decisión no prohíbe el análisis de los beneficios preliberacionales en ninguna de las instancias del proceso penal ni en el juicio de amparo directo, pues ese estudio no involucra el cuestionamiento de la responsabilidad, la comisión del delito y las sanciones aceptadas por el imputado, sino que está relacionada con la forma de ejecución de la pena impuesta. En efecto, los beneficios de preliberación cumplen otra finalidad constitucional que tiene que ver con el sistema penitenciario, a saber, la de actualizar el derecho fundamental de reinserción social del sentenciado, previsto en el artículo 18 de la Constitución Federal, relacionado con la ejecución de la pena, que no puede vincularse con la consecuencia jurídica trascendental de la aceptación total del imputado de la acusación que se tramitó y resolvió en un procedimiento abreviado. Por tanto, la negativa de conceder algún beneficio preliberacional a la persona sentenciada bajo el procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio, puede ser materia de análisis en el juicio de amparo directo a la luz de los conceptos de violación hechos valer, en los que se impugne la violación en el cumplimiento de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia." En ese orden de ideas, dado que el acto reclamado está comprendido dentro de los supuestos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, al colmarse la hipótesis prevista por el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una sentencia que puso fin al juicio (mediante un procedimiento abreviado), este Juzgado Federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, por estimar que esta se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Entonces, en cumplimiento al artículo 37 de la referida Ley, remítanse copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio, así como las copias de demanda y del escrito de desahogo que exhibió la parte quejosa, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en Turno, previa solicitud de la papeleta correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho preceptos determine si acepta la competencia. Solicitándole de la manera más atenta se sirva acusar el recibo correspondiente. DESECHAMIENTO Por otro lado, se advierte que Eder Tapia Díaz, también señala como acto reclamado, el auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado el expediente de ejecución 272/2021, y en el cual, el Juez de Ejecución Penal de Cuautitlán, Estado de México, en términos del artículo 154 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aclaró que en audiencia de ese día se había indicado de manera errónea que al sentenciado se le había otorgado el beneficio de sustitución de la pena de prisión por el beneficio de la libertad condicionada al sistema de localización, pero que de una revisión de la sentencia dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se advertía que lo correcto era que no se le concedió tal beneficio. Precisado lo anterior, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Pues bien, se estima que respecto de la determinación adoptada por el Juez de Ejecución Penal de Cuautitlán, Estado de México, dentro del expediente 272/2021, opera la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa a que para que sea procedente el juicio de amparo, previamente debieron agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece, numeral que en lo que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Del dispositivo transcrito se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: Que el acto reclamado constituya una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y Que, por virtud de dicho medio de defensa o recurso, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. De esa forma, en el caso en concreto se estima que se actualizan todos los requisitos expuestos, ya que en contra del acto reclamado procede el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen lo siguiente: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." Artículo del cual se advierte claramente que contra las determinaciones de mero trámite que dicte el juez de ejecución penal, se podrá interponer el recurso de revocación conforme a las reglas generales estatuidas en el referido Código; luego, si el proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Ejecución Penal de Cuautitlán, Estado de México, en el expediente 272/2021, se trató de un auto en el cual se corrigió un error dentro del expediente de ejecución, tal acto es revocable conforme a las reglas mencionadas. Sobre esas bases se puede afirmar que se encuentran reunidos todos los requisitos para que se actualice la causal de improcedencia en comento: En primer lugar, el acto reclamado fue dictado por el Juez de Ejecución Penal de Cuautitlán, Estado de México, en el expediente 272/2021, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes precisados, al provenir de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se colman en el caso a estudio, si se tiene en consideración el contenido del artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación dentro del propio procedimiento, que debió interponer la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo. Además, el recurso de revocación previsto en el artículo 130 del citado Código, resulta un medio idóneo, a través del cual se pudo haber modificado, revocado o nulificado la determinación reclamada, con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes. De esa forma, era exigible que el quejoso, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agotara el recurso ordinario previsto por la Ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen. Máxime que en el caso no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ni el quejoso se ostenta como una persona extraña al procedimiento. Tampoco se reclamó alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso pena. Pues como se vio previamente, en el auto recurrido la autoridad responsable se limitó a aclarar un error cometido al momento de aperturar el expediente de ejecución, en el cual señaló que al quejoso se le había concedido un beneficio sustitutivo de la pena de prisión en la sentencia definitiva, cuando ello no era así. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la misma legislación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoriamente improcedente respecto del acto reclamado en análisis. Finalmente, dicho desechamiento se hace extensivo a la autoridad responsable señalada con calidad de ejecutora por la parte quejosa como Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social del Estado de México, en virtud que ninguno de los actos de dicha autoridad fueron reclamados por vicios propios. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a catorce de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otras autoridades; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se instruye a los Secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 676/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. PREVENCIÓN Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo se dará lugar a la postergación de su apertura. De lo antes transcrito se desprende que, dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contiene irregularidades. 2. Si se hubiere omitido en él alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1° de esta ley, 65 contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta ley, 66 deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, 67 se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. 3. Si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 4. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 5. Si no se hubieren exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo. 6. Si el libelo de amparo contiene tales requisitos, pero éstos fueren deficientes. Luego entonces, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y V, 114, fracciones I y V, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: I. Deberá precisar de manera clara, concreta y concisa, qué acto le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables; Toda vez que del capítulo de acto reclamado se observa que el quejoso refiere que lo constituye la negativa del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en otorgarle el beneficio de la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo, en audiencia de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, y posteriormente refiere, que por su parte el Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, mediante audiencia de amonestación de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, le concedió el beneficio anteriormente señalado, sin embargo en la misma fecha, el juez de ejecución revocó el mismo; aunado a ello, no se advierte qué acto le reclama a la diversa autoridad que señaló como responsable, a saber el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán, Estado de México. Lo anterior, a efecto de fijar la litis y en su caso, las autoridades responsables se encuentren en posibilidad de rendir sus respectivos informes justificados respecto de los actos que a cada una se reclame. II. Bajo protesta de decir verdad deberá de narrar de manera sucinta, completa y cronológica, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, entre los que deberá precisar la fecha en que le fue negado el benefició de la libertad condicionada, y la fecha en que le fue notificado, lo anterior es así, toda vez que el promovente omitió realizar en su escrito de demanda el apartado respectivo. III. Deberá exhibir siete copias de su escrito aclaratorio, para ser repartidas de la siguiente forma: tres para las autoridades responsables, una para la tercera interesada, dos para la tramitación por duplicado del incidental y una para el agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado Federal. La exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, que acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Se apercibe al promovente, que de no dar cumplimiento con los requerimientos insertos en este proveído, dentro del plazo concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda que nos ocupa. De igual modo se hace del conocimiento a la parte quejosa que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta será confrontada con las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, se les impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización, de conformidad con el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, del cual se desprende la sanción correspondiente cuando se afirmen hechos falsos. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Asimismo, de ser procedente, al momento de resolver el asunto, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, página cinco, de rubro siguiente: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble ubicado en Avenida ------------, Cuautitlán, Estado de México; por lo que de conformidad con el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones que deriven del presente trámite aún en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de amparo a Héctor Giovanni Reyes Lozano, toda vez que tiene registrada cédula profesional que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por lo que hace a las diversas personas se les tienen únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos, hasta en tanto acrediten tener su patente registrada en el aludido sistema. EXHORTO A CONTIUNAR EN JUICIO EN LINEA E INFORMACIÓN PARA LAS PARTES Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Se hace del conocimiento de la parte quejosa el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien, de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento que en términos de los artículos 1, 3, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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