Eder Iván Mazariegos López
Expediente 918/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eder Iván Mazariegos López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, remite de un oficio y constancias anexas... el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz... declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído que desechó la demanda de amparo... archívese este expediente como concluido...
- Principal
La parte quejosa interpone recurso de queja contra el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo... dese trámite al citado recurso... ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO... envíese vía electrónica el escrito de expresión de agravios, así como las constancias que integran el juicio de amparo indirecto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación de dicho medio de impugnación...
- Principal
La parte quejosa cumple con la prevención efectuada mediante proveídos de veinte y veintinueve de octubre de dos mil veintiuno... procede la separación material de juicios... este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo únicamente por lo que respecta a los siguientes actos reclamados señalados en el escrito inicial de demanda consistentes en: La abstención y falta de respuesta de los escritos de veintidós de abril de dos mil veinte y nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por parte de las autoridades responsables. La negativa de las autoridades responsables de informarle si existe una alguna investigación en su contra para poder aportar pruebas, que demuestren la no participación de la parte promovente y con ello ejercer su derecho a una defensa adecuada... gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes en relación con la presente separación de juicios... por lo que respecta a los actos reclamados por los que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento... se concluye respetuosamente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados precisados referidos anteriormente... debido a que la omisión de informar a la parte quejosa la existencia de la integración de alguna carpeta de investigación, se relaciona con el principio de reserva en los actos de investigación y se equipara a la omisión de citar o hacer comparecer a la parte quejosa para que comparezca a defenderse a dicha carpeta, respecto de lo cual resulta improcedente el amparo indirecto, dado que el procedimiento de investigación constituye una labor de la institución del Ministerio Público y sus fiscalías, conferidas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a las personas imputados el derecho de oponerse a la investigación de hechos constitutivos de posibles delitos, aun cuando la parte quejosa sea considerada como probable responsable, pues estimar lo contrario sería anteponer el interés particular al de la sociedad... se considera que las omisiones reclamadas no causan perjuicio hasta este momento al quejoso, debido a que no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, al ser susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la Fiscalía correspondiente formule la imputación ante el Juez o la Jueza de control y, se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, se determine el no ejercicio de la acción penal. No pasa inadvertido que la parte quejosa refiera que con las omisiones reclamadas se afecta el derecho de defensa que le otorga la Constitución; lo anterior debido a que si bien todas las personas tenemos ese derecho; lo cierto es que ello no implica que la representación social, al momento de llevar a cabo la investigación (previo al ejercicio de la acción) tenga obligación de notificar o citar a quien es objeto de dicha investigación; de ahí que incluso cuando la parte investigada tenga conocimiento de la existencia alguna indagatoria en su contra, ello no vincula al órgano investigador a citarla para comparecer... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención efectuada mediante proveídos de veinte y veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; al respecto, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento: SEPARACIÓN DE JUICIOS Del análisis del escrito referido, así como del estado de autos se tienen como actos reclamados los siguientes: 1. Del Director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como del Fiscal General del Estado de Veracruz y del Fiscal Regional Zona Centro Xalapa, todas las autoridades con sede en esta ciudad: a) La abstención y falta de respuesta de los escritos de veintidós de abril de dos mil veinte y nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por parte de las autoridades responsables. b) La negativa de las autoridades responsables de informarle si existe una alguna investigación en su contra para poder aportar pruebas, que demuestren la no participación de la parte promovente y con ello ejercer su derecho a una defensa adecuada. 2. Del Director General de la Policía Ministerial con sede en esta ciudad: c) La futura o posible detención que traiga como consecuencia ser privado de su libertad personal, así como la ejecución de una orden de comparecencia. Al respecto, se advierte que los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) y el acto precisado en el inciso c) están desvinculados entre sí; sostener lo contrario, esto es, permitir la ampliación de la demanda por nuevos actos desvinculados, podría implicar innumerables ampliaciones en perjuicio de la garantía de acceso a una administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desnaturalizar el proceso sumario del juicio. Acorde con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo procede la separación material de juicios. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo únicamente por lo que respecta a los siguientes actos reclamados señalados en el escrito inicial de demanda consistentes en: a) La abstención y falta de respuesta de los escritos de veintidós de abril de dos mil veinte y nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por parte de las autoridades responsables. b) La negativa de las autoridades responsables de informarle si existe una alguna investigación en su contra para poder aportar pruebas, que demuestren la no participación de la parte promovente y con ello ejercer su derecho a una defensa adecuada. Al respecto, obténgase copia certificada de las constancias necesarias para que se estudie por separado en diverso juicio de amparo el acto reclamado señalado en el escrito aclaratorio, consistente en la futura o posible detención que traiga como consecuencia ser privado de su libertad personal), así como la ejecución de una orden de comparecencia; hecho lo anterior, gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes en relación con la presente separación de juicios. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro: 917,944 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Tesis: 410 Página: 353 "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA." DESECHAMIENTO Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados por los que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento, se realiza el siguiente pronunciamiento: PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 de la ley citada, respecto de los actos reclamados precisados, referidos en los párrafos que anteceden, como se expone a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la citada ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Asimismo, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, por lo que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otro aspecto, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de parte quejosa quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley mencionada y con ello se produzca una afectación real, así como actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la interpretación sistemática de los artículos mencionados, se deduce que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, cabe destacar que, de conformidad con lo establecido por los artículos 309, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si la institución del Ministerio Publico tuviera interés en formular imputación a una persona que no se encuentre detenida, podrá solicitar al Juez o Jueza de Control una orden de aprehensión o comparecencia a una audiencia inicial con la finalidad de que se informe a la persona imputada que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito, respecto de lo cual deberá exponerle el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de quien le acusa. Por otra parte, se considera necesario precisar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a la institución del Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la participación de la persona imputada en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada a dicha representación social, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. En ese sentido, debe señalarse que la notificación de la existencia de una carpeta de investigación a la persona indiciada, así como la cita para que esta comparezca a dicha carpeta no constituyen actos o requisitos indispensables para que aquélla se integre, dado que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cita, no lo establece así, como se evidencia a continuación: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.". Máxime que la Fiscalía, al tener conocimiento de la existencia de un hecho tipificado en la ley como delito, está obligada a explorar todas las líneas de investigación posibles para allegarse de datos para su esclarecimiento; pero, ello no implica necesariamente la citación de la parte inculpada, pues inclusive el artículo 129, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que el Ministerio Público podrá solicitar la comparecencia de la persona imputada y ordenar su declaración cuando lo considere relevante para efectos del esclarecimiento de los hechos, esto es, no constituye una obligación. En ese sentido, si la institución ministerial, por disposición constitucional, tiene permitido practicar toda clase de diligencias tendentes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad de la persona imputada; entonces, dentro de dicha facultad se comprende la de recabar datos de prueba para integrar la carpeta de investigación; ordenar la citación o comparecencia de la persona imputada, recibir su entrevista con asistencia de persona que ejerza su defensa, y llegado el momento, ejercer acción penal ante los tribunales para solicitar, en su caso, la recepción de una carpeta de investigación, el auto de inicio de un proceso penal con la consecuente citación a fin de formularle imputación, o bien, orden de aprehensión, sin la garantía de audiencia de la persona imputada. Así, la revisión a través del juicio de amparo indirecto, de los actos u omisiones acaecidos durante la investigación de hechos que posiblemente configuran un delito, es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público y a los tribunales del País. Aunado a lo anterior, el artículo 218 Código Nacional de Procedimientos Penales contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del cual se observa que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta en tanto la parta imputada sea detenida, citada a comparecer, o sujeta de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Es aplicable la tesis siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 175142 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 154/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 49 Tipo: Jurisprudencia "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así". HECHOS En el caso, los actos reclamados que se estudian en este apartado son los siguientes: a) La abstención y falta de respuesta de los escritos de veintidós de abril de dos mil veinte y nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por parte de las autoridades responsables. b) La negativa de las autoridades responsables de informarle si existe una alguna investigación en su contra para poder aportar pruebas, que demuestren la no participación de la parte promovente y con ello ejercer su derecho a una defensa adecuada. Cabe destacar que la parte quejosa refiere que mediante escrito de veintidós de abril de dos mil veinte, presentado ante el Director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, así como el diverso escrito de nueve de septiembre de dos mil veintiuno presentado ante la indicada Fiscalía, solicitó se le permitiera el acceso a los datos de la carpeta de investigación que existiera en su contra, sin que se le diera respuesta. Asimismo, la parte quejosa refiere que el siete de octubre de dos mil veintiuno, recibió un oficio del Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual le fue informado que el escrito de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnado al Fiscal Regional Zona Centro, con residencia en esta ciudad, para su atención. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados precisados referidos anteriormente. Lo anterior debido a que la omisión de informar a la parte quejosa la existencia de la integración de alguna carpeta de investigación, se relaciona con el principio de reserva en los actos de investigación y se equipara a la omisión de citar o hacer comparecer a la parte quejosa para que comparezca a defenderse a dicha carpeta, respecto de lo cual resulta improcedente el amparo indirecto, dado que el procedimiento de investigación constituye una labor de la institución del Ministerio Público y sus fiscalías, conferidas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a las personas imputados el derecho de oponerse a la investigación de hechos constitutivos de posibles delitos, aun cuando la parte quejosa sea considerada como probable responsable, pues estimar lo contrario sería anteponer el interés particular al de la sociedad. En ese sentido se considera que las omisiones reclamadas no causan perjuicio hasta este momento al quejoso, debido a que no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, al ser susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la Fiscalía correspondiente formule la imputación ante el Juez o la Jueza de control y, se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, se determine el no ejercicio de la acción penal. No pasa inadvertido que la parte quejosa refiera que con las omisiones reclamadas se afecta el derecho de defensa que le otorga la Constitución; lo anterior debido a que si bien todas las personas tenemos ese derecho; lo cierto es que ello no implica que la representación social, al momento de llevar a cabo la investigación (previo al ejercicio de la acción) tenga obligación de notificar o citar a quien es objeto de dicha investigación; de ahí que incluso cuando la parte investigada tenga conocimiento de la existencia alguna indagatoria en su contra, ello no vincula al órgano investigador a citarla para comparecer. Acorde con lo anterior, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
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