Eder Ivan Flores Pérez

Expediente 643/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
643/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Eder Ivan Flores Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, con el que devuelve sin diligenciar el exhorto número 95/2023 de su índice, remitido a fin de notificar el acuerdo de veintiuno de junio del año que transcurre, al quejoso Eder Iván Flores Pérez, por las razones que expone. Sin que resulte necesario emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que dicho proveído le fue notificado al quejoso por medio de listas que se fijan en los estrados de este juzgado. Por otro lado, vista la certificación que antecede, se provee: toda vez que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintisiete de junio del año en curso, por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación , este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese; por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la citada autoridad; por medio del cual acusa recibo del exhorto número de orden 225/2023, número de origen E-209/2023, del índice de este juzgado, el cual se libró con la finalidad de notificar al quejoso el auto de veintiuno de junio del corriente, medio de comunicación que quedó registrado bajo el número ******************** de su índice, respecto del cual refiere que procedió a su diligenciación. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia de cuenta, se tiene a ********************, ratificando el escrito turnado ante este órgano jurisdiccional el nueve de junio de dos mil veintitrés, por el que desahoga el requerimiento formulado en auto de treinta y uno de mayo de do mil veintitrés. En atención a lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito y se provee: V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, quien demanda el amparo y protección de la Justica Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan. AUTORIDAD RESPONSABLE Ordenadora Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Ejecutora Secretario Instructor del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México ACTO RECLAMADO El auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, por medio del cual se requirió al actor para que designe apoderado legal con conocimientos técnicos en derecho del trabajo y procesal del trabajo, ello con motivo de que se le ha prevenido en dos ocasiones, sin que aclare las circunstancias de modo, tiempo y lugar del despido que aduce y tampoco se aportan elementos en la demanda y sus pruebas con los que se pueda subsanar la oscuridad en la demanda respectiva. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo que prevé el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracción III, todas de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:... III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;..." Respecto de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en esencia, expuso las siguientes consideraciones: En la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno, éste interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desechaba la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionaran derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, precisa que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De ahí, puede afirmarse que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De ese modo, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Las citadas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno del Máximo Tribunal, de rubro y contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En la especie, la parte quejosa reclama el auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, por medio del cual se requirió al actor para que designe apoderado legal con conocimientos técnicos en derecho del trabajo y procesal del trabajo, ello con motivo de que se le ha prevenido en dos ocasiones, sin que aclare las circunstancias de modo, tiempo y lugar del despido que aduce y tampoco se aportan elementos en la demanda y sus pruebas con los que se pueda subsanar la oscuridad en la demanda respectiva. Sin embargo, tal acuerdo no constituye un acto de imposible reparación, porque los efectos que produce no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, entre como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. Ello es así, puesto que en dicho proveído la autoridad responsable requirió al actor para que designe apoderado legal con conocimientos técnicos en derecho del trabajo y procesal del trabajo, ello con motivo de que se le ha prevenido en dos ocasiones, sin que aclare las circunstancias de modo, tiempo y lugar del despido que aduce y tampoco se aportan elementos en la demanda y sus pruebas con los que se pueda subsanar la oscuridad en la demanda respectiva; de ahí, que el mismo no define derechos de las partes en definitiva y no trastoca sus derechos sustantivos. Cabe señalar que, en todo caso, la parte quejosa deberá combatir, como una violación procesal, el acto que reclama al momento de impugnar la resolución definitiva que se dicte en con motivo del proceso que se instauró en su contra, en caso de que le sea desfavorable. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la quejosa de imposible reparación, pues se tratan de cuestiones meramente de trámite, esto es procesal, lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. EXHORTO PARA SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA LÍNEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese; por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, con el que devuelve sin diligenciar el exhorto 84/2023-III, de su índice, librado a fin de notificar el acuerdo de treinta y uno de mayo del año que transcurre al quejoso ******, por las razones que expone. Sin que sea el caso acusar recibo, toda vez que éste se genera automáticamente al momento del envío electrónico del propio exhorto y anexos, el cual produce efectos de certeza, en cuanto a su recepción. Atento al contenido del exhorto devuelto, en términos del artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el auto de que se trata, por medio de la lista que se fije en los estrados de este Juzgado; en el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por este medio. Notifíquese; por lista a las partes. Por lo anterior, se notifica a por medio de lista a la parte quejosa el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, que en su parte conducente dice: "Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ********************. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve Eder Iván Flores Pérez, por propio derecho, contra actos del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que contienen los artículos 1 y 17 Constitucionales. Radicación y registro de la demanda Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 643/2023-III. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Requerimiento a la parte quejosa Ahora bien, al resulta necesaria la aclaración de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 108, 114 y 261 de la Ley de Amparo, se requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: Exhiba o transcriba de manera íntegra por cualquier medio electrónico, el auto de dos de mayo del año en curso, dictado en el expediente laboral 503/2023, emitido por la autoridad que señala como responsable, y que por esta vía se reclama. Lo anterior es así, pues se estima necesario para proveer sobre la procedencia del juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en la tesis número XX.57 K, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." 2. Exhiba las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la ley en cita, toda vez que el escrito aclaratorio es parte integrante de la demanda de amparo. Se apercibe a la promovente, que de no desahogar los requerimientos anteriores, con fundamento el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Notificación por exhorto a la parte quejosa. Dada la trascendencia del presente proveído, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione al fedatario de su adscripción a fin de que se sirva notificar al quejoso Eder Iván Flores Pérez, en el domicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, número 46, cuarto piso, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el presente auto. Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días, legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que tiene su residencia este juzgado. Apercibida que de no hacerlo así se tendrá como tal la lista que se fija en los estrados de este juzgado, en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Juicio en línea Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Autorizados para oír notificaciones En cuanto a la persona que menciona, se tiene por autorizada en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si en la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; de no ser así, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Uso de medios electrónicos Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Conejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que se usen los medios electrónicos que indica la referida circular a efecto de imponerse de las constancias que integran el juicio de amparo. Oposición a la publicación de datos Personales Cabe indicar que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Autorización de firma de oficios y habilitación de días y horas inhábiles Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese; por exhorto a la parte quejosa."

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