Eder Gerardo Hernandez Mendoza
Expediente 297/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eder Gerardo Hernandez Mendoza
Actuaciones
- Principal
I. Agréguese el oficio enviado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; en atención a su contenido, téngase a dicha autoridad informando que se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Eder Gerardo Hernández Mendoza, de la cual dicho tribunal, aceptó la competencia planteada por este juzgado; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a ordenar el archivo del cuaderno de antecedentes en que se actúa, toda vez que ya se proveyó en auto de veintiocho de junio pasado.
- Principal
I. Agréguese el oficio enviado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; en atención a su contenido, téngase a dicha autoridad, informando que ese órgano colegiado aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida Eder Gerardo Hernández Mendoza, la que fue registrada como amparo directo civil 518/2018. Por tanto, con fundamento en el artículo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo; además, no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.
- Principal
I. Téngase a Eder Gerardo Hernández Mendoza, por propio derecho, promoviendo demanda de garantías. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 297/2018-I. Apreciado íntegramente el libelo de garantías, este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda por las razones siguientes: Los artículos 170 fracción I y 179 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)" "Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia." Ahora, de los preceptos invocados se aprecia que contra las resoluciones que pongan fin al juicio, procede el amparo directo del cual es competente para conocer un Tribunal Colegiado de Circuito. Cabe precisar que el acto reclamado por el quejoso en la presente instancia constitucional, consiste esencialmente en: La sentencia definitiva dictada por el Juez Primero Menor Mixto en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 204/2018, promovido por la moral Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., frente al aquí quejoso Eder Gerardo Hernández Mendoza, la cual le fue notificada el uno de junio del año en curso. En la especie, el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva dictada por el Juez Primero Menor Mixto en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 204/2018, promovido por Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V., frente al aquí quejoso Eder Gerardo Hernández Mendoza, la cual le fue notificada el uno de junio del año en curso; por tanto, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la respectiva demanda y se ordena remitirla al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, al reclamarse una resolución que pone fin al juicio. En efecto, el artículo 49 de la Ley de Amparo dispone que, cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos expresados en el precepto 44, se declarará incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Así, los artículos 44 y 158 de dicha legislación, establecen que es procedente el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio. Por su parte el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone que cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia. Para una mejor comprensión de la cuestión planteada, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las manifestaciones realizadas por el promovente en el escrito de demanda y en el libelo de cuenta, bajo protesta de decir verdad. La actora Libertad Servicios Financieros Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, por su propio derecho, presentó ante el Juzgado Primero Menor Mixto en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, demanda en la vía ejecutiva mercantil, contra el aquí quejoso Eder Gerardo Hernández Mendoza, de quien reclamó el pago $10,071.52 (diez mil setenta y un pesos 52/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal de un título de crédito, la cual registró bajo el número 204/2018. Una vez admitida la demanda, se practicó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demando y seguido el trámite respectivo, la autoridad responsable, dictó la sentencia definitiva, la cual le fue notificada al aquí quejoso el uno de junio de dos mil dieciocho. Determinación que constituye el acto reclamado. Antecedentes que, como se precisó, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales deben ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte, en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describe, como lo sustenta, la tesis I.15o. 28 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja 2613 tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, aplicable en lo conducente, del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." En ese entendido, es inconcuso que en la especie no procede el amparo indirecto, en contra de la resolución reclamada que fue notificada al quejoso el uno de junio del año en curso, en razón de que ésta tiene el carácter de definitiva, pues resolvió el fondo del juicio ejecutivo mercantil 204/2018 de donde emanan los actos reclamados; de ahí que, de conformidad con el Acuerdo General 8/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica entre otros el Acuerdo General 3/2013, relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, declara carecer de competencia legal para conocer de la referida demanda, por lo que a tal acto de autoridad se refiere, y se estima que quien debe conocer de su contenido, lo es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán. Sobre el particular, cabe citar la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de epígrafe: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Además, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J.1/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra se transcribe: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCION, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3o. bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente." Por tanto, sin hacer pronunciamiento sobre la admisión de dicho escrito inicial, por lo que al referido acto reclamado se refiere, remítase la demanda junto con las correspondientes copias y escritos aclaratorios, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en la capital del Estado; y con copia certificada de la demanda y del presente acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. De igual forma, solicítese de la manera más atenta, informe a este juzgado sobre la determinación que en el particular emita, respecto de la competencia que se declina en su favor; asimismo, se ordene a quien corresponda, acuse el recibo de estilo. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase por designando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el despacho jurídico "SB" ubicado en la calle José Moreno número 28, letra "A", colonia Morelos de esta ciudad, y como autorizados con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Reymundo Zepeda Vargas y Miguel Ángel González Barragán, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales, que los acredita como licenciados en derecho. No así, a Alfred Gumaro Sánchez Rosas, a quien se autoriza únicamente de conformidad con la última parte, del párrafo segundo, del invocado precepto legal, por no cumplir con el requisito mencionado. Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- Dulce Anahi Mayorquin Cuevas415/2020
- Dulce Maria Gonzalez Quintero515/2018
- Dulce Nayely García Contreras353/2019
- E. de J. O. R.42/2022
- Eberardo Galván Jimenez247/2023
- Eden Martínez Castro659/2023
- Edgar Alberto Martínez Torres448/2023
- Edgar Alberto Rosas Salas448/2021
- Edgar Alejandro García Santana845/2023
- Edgar Alejandro Guerrero Lázaro628/2021
- Edgar Andres Nieves Gómez611/2023
- Edgar Andres Nieves Gómez632/2023