Eder Daniel Escorza Cabadas
Expediente 621/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Eder Daniel Escorza Cabadas
Actuaciones
- Principal
Se agrega al expediente el oficio de cuenta, de la Agente del Ministerio Público de la Federación, por el cual informa las gestiones realizadas para la vista otorgada en acuerdo de dos de julio del año en curso, por posibles hechos de tortura. De hecho, informa que remitió al Agente del Ministerio Público, en turno, copia certificada del auto de dos de julio de dos mil dieciocho emitido por este juzgador, para que dicho agente determine si procede abrir una investigación por el delito de tortura. De lo anterior este juzgado toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Por último, se hace notar que es innecesario notificar al quejoso en forma personal, el contenido del presente acuerdo, porque ningún derecho procesal está involucrado.
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que integran los mismos, se advierte que se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional Sin embargo, por auto de dos de julio de dos mil dieciocho se amplió la demanda de amparo, en consecuencia, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, el cual aún transcurre -como se advierte de la certificación secretarial-. En tales condiciones, a la fecha está pendiente de recibir los informes justificados de las autoridades responsables; por lo que para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERO INTERESADA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: III. Recapitulación del fallo: Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución; 63, 74, 75, 77, 124 de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: III.1. Se decidió sobreseer en el juicio de amparo indirecto promovido por José Antonio Cabañas Vélez contra los actos reclamados señalados en el apartado II.2, por la inexistencia de uno de ellos y falta de interés jurídico del restante, como se especificó en los fundamentos jurídicos II.3. y II.4. III.2. De conformidad con el último fundamento jurídico, se ordenó publicar este fallo con supresión de datos personales.
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos signada por ***, por derecho propio, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "ORIENTE", con residencia en el Municipio de Villa Aldama, Estado de Veracruz. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la demanda de protección se advierte el reclamo del quejoso contra los actos siguientes: ".la corrección disciplinaria impuesta sobre el hoy quejoso, consistente en que serán remitidos (sic) a una celda de castigo, segregado e (sic) aislado de los demás reclusos."; y en los antecedentes incluyó falta de atención médica para su salud. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se suspende de oficio y de plano todo acto que implique el confinamiento del quejoso ***, en una celda de castigo donde sea incomunicado, segregado y aislado (primer acto) y también se suspende todo acto que tienda a negar atención médica indispensable para salvaguardar la vida del citado quejoso (segundo acto) Lo anterior también obliga, en general, a que se suspenda cualquier acto que implique hacer al quejoso objeto de violencia, malos tratos, golpes, tortura y aquéllos que importen peligro de privación de la vida o estén prohibidos por el artículo 22 constitucional. De modo que la suspensión de plano obliga a brindar la atención médica necesaria para salvaguardar la vida del quejoso, así como a mantenerlo en un área del centro penitenciario donde pueda deambular como los demás internos. Sobre todo porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que las celdas de aislamiento de los reclusos en centros penitenciarios, constituyen un trato cruel e inhumano porque lesionan la integridad psíquica y moral de los internos, a la vez que aumenta el riesgo tanto de agresión como de arbitrariedad en las cárceles. Por ello determinó (la corte interamericana) que las zonas de aislamiento o castigo sólo pueden usarse como medidas disciplinarias o para la protección de los internos, a condición de que sea por un periodo de tiempo que se ajuste a los criterios de racionalidad, necesidad y legalidad, siempre que aquéllas cumplan requisitos mínimos de habitabilidad, espacio y ventilación. Lo que extendió a la necesidad de que un médico del centro penitenciario, certifique un punto relevante: que el interno puede soportar las condiciones del lugar diseñado para el castigo o la protección, y el cual nunca puede implicar encierro con oscuridad absoluta ni un escenario de incomunicación . Sin embargo, se puntualizan las acotaciones correspondientes a la medida cautelar otorgada para los dos actos combatidos: a) La suspensión de plano nunca podrá utilizarse para solicitar que se descarten las medidas de seguridad establecidas en los ordenamientos legales, en particular las que rigen dentro del centro penitenciario donde se encuentra interno el quejoso; b) Tampoco podrá alegarse que la suspensión permite al quejoso la visita de familiares y defensores (abogados) fuera de los horarios normales que existen en el centro de reclusión; c) La suspensión de plano jamás podrá utilizarla el quejoso para exigir condiciones que impliquen privilegios respecto de los demás internos; d) Si la incomunicación hubiese derivado de una sanción disciplinaria impuesta al quejoso, podrá continuarse la ejecución de la misma por el periodo de tiempo que se ajuste a los criterios de racionalidad, necesidad y legalidad, con la condicionante de que el área de castigo tenga requisitos mínimos de habitabilidad, espacio y ventilación; e) La posibilidad de mantener al quejoso en el área de castigo, también queda sujeta al cumplimiento del requisito de certificación, esto es, que un médico del centro de reclusión certifique que el quejoso puede soportar las condiciones del lugar diseñado para el castigo -el cual nunca puede implicar encierro con oscuridad ni un escenario de incomunicación-; y f) Si el área de castigo o aislamiento incumpliera los requisitos mencionados o implicara condiciones insoportables para el quejoso -por ejemplo mantenerlo arrodillado, en oscuridad absoluta, incomunicado, entre otros- deberá ser removido a otro lugar donde cumpla la sanción disciplinaria en condiciones normales de deambulación, sin que esto implique la posibilidad de ingresar a zonas del reclusorio diferentes para los de su condición: procesados o sentenciados conforme derive del respectivo expediente personal de aquél. Pese a lo anterior, se hace notar a la autoridad responsable que tiene la obligación de proporcionar al quejoso atención médica -de ser indispensable especializada- y los medicamentos que resulten necesarios a la preservación de la vida e integridad física y psicológica (del quejoso). Lo cual atañe a la negativa de atención médica que se informó en la demanda, y que al parecer se traduce en un trato cruel e inhumano. Se requiere al director responsable para que acredite el cumplimiento a la suspensión de plano, por lo que deberá rendir informe a este juzgado dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este acuerdo; y se le hace notar que la omisión del informe puede generar la comisión del delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, la cual sanciona con prisión, multa, destitución e inhabilitación al servidor público que en el carácter de autoridad, desobedezca un acuerdo de suspensión debidamente notificado. Por otro lado, tenemos que el referido quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 "ORIENTE", con residencia en el municipio de Villa Aldama, Estado de Veracruz, motivo por el cual se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena librar exhorto en línea, al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en turno, para que en auxilio de este órgano constitucional ordene a quien corresponda, se constituya en el citado centro donde se encuentra recluido el quejoso y le notifique tanto a éste como al director de ese centro, el presente proveído -a uno por oficio-. Para ese efecto, se le envían copias certificadas de este proveído y una del oficio que deriva del mismo, así como un juego de copias de la demanda de amparo. Además, se solicita al juez exhortado que instruya al actuario encargado para la citada diligencia, proceda de inmediato a localizar al quejoso ****, le notifique este acuerdo en forma personal y en la misma diligencia dé fe del estado físico en el cual se encuentra, pues la fe pública que tiene basta para sustentar algún maltrato físico (en caso de existir). Pero ello deberá hacerlo a través de sus sentidos, razón por la cual sólo debe hacer constar lo que observe en el quejoso, porque carece de conocimiento de perito médico (el actuario). Asimismo, le deberá indicar la posibilidad de que señale domicilio procesal y designe autorizados, para la tramitación del juicio. Se le pide al juez exhortado que indique al actuario judicial que si resultare ausente el quejoso en el lugar señalado, deberá elaborar la razón correspondiente y la remita de inmediato al secretario encargado de la guardia de este órgano jurisdiccional, para que se provean las medidas necesarias a la localización de aquél como lo ordena el artículo 15 de la Ley de Amparo. Máxime que todas las autoridades del Estado Mexicano tenemos el deber de intervenir contra los actos contrarios a los derechos fundamentales, en particular los que lleguen a generar un riesgo para la vida y otros de esa gravedad, como deriva de los artículos 1 y 22 de la constitución federal. Se hace notar al juez exhortado que está facultado para autorizar días y horas inhábiles para realizar lo encomendado, así como para que acuerde promociones y provea todas las diligencias que sean necesarias para cumplir lo solicitado. Por lo que se pide en forma atenta que devuelva la comunicación oficial por el sistema en línea, es decir, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en cuanto se realice la diligencia con el quejoso y también quede notificado el director del centro penitenciario -respecto de este acuerdo-. Establecido lo anterior, es necesario decir que la lectura integral de la demanda, permite afirmar que ninguna autoridad responsable ha sido señalada en la residencia de este juzgado federal, pues únicamente se involucró al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", en el municipio de Villa Aldama, Estado de Veracruz, donde el quejoso se encuentra recluido. Por lo que este juzgado declara carecer de competencia territorial para conocer del asunto, conforme a la tesis jurisprudencial de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA, CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." Entonces, se declara la incompetencia legal de este juzgado para continuar la tramitación de la demanda de protección de derechos, presentada por el quejoso. De hecho, porque la única autoridad responsable pertenece al Estado de Veracruz, lo cual obliga a declinar el conocimiento del asunto al juez de distrito de la referida entidad, dado que tendrá los elementos idóneos para recabar pruebas de manera eficaz, en particular por compartir la misma residencia de la autoridad señalada en la demanda. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas, se declina la competencia legal por territorio al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa. En consecuencia, se ordena remitir el expediente formado con la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para que la turne al Juzgado de Distrito al que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que conozca del presente asunto, informe si aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo correspondiente. Además se le hace notar lo siguiente: este juzgado se ha pronunciado sobre la suspensión de oficio y de plano, a fin de salvaguardar la integridad del quejoso respecto de los actos combatidos, los cuales parecen de los contemplados por el artículo 48 de la Ley de Amparo (ataques a la libertad fuera de procedimiento, entre otros). Empero, la demanda contiene algunas imprecisiones que pueden ser objeto de prevención, razón por la cual se acotó esta determinación a la suspensión de plano y el cumplimiento de la misma, a fin de que el juzgado con la competencia territorial (del Estado de Veracruz) provea el trámite que considere pertinente. Al margen de todo lo anterior, desde este momento se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que revise la demanda de amparo y conforme al deber estatal previsto en el artículo 21 de la constitución federal, determine si procede iniciar una averiguación previa o carpeta de investigación, para esclarecer las posibles manifestaciones de tortura contra el quejoso, porque este reclama una supuesta falta de atención médica, aislamiento y segregación en una celda de castigo, todo lo cual se puede equiparar a esa tortura. Se hace saber al fiscal adscrito que si decide abrir una investigación para esclarecer las manifestaciones que pueden inferirse como actos de tortura, queda en condiciones de solicitar a este órgano que se le expidan copias de las actuaciones que integren el cuaderno provisional de este juicio de amparo. Incluso tiene expeditas sus facultades para informar al Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría General de la República, en aras de que pueda contribuir a la investigación donde se establezcan o descarten los actos de posible tortura contra el quejoso -advertidas en la lectura de la demanda de protección-. Todo lo cual se orienta en las tesis siguientes: "TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES" ; "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA" y "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO" . A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario que corresponda deje constancia legal en el expediente. Por otra parte, se ordena formar expedientillo (cuaderno de antecedentes) con las constancias necesarias; y hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el sistema electrónico (SISE). En último lugar, se puntualiza que la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal declinada-.
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