Eder Acxel Elias Hernández
Expediente 350/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Eder Acxel Elias Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. -Análisis de cumplimiento y archivo - Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado autoridad para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil veinte por este juzgado, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección para los siguientes efectos: 1. De no celebrarse la continuación de la audiencia incidental de ejecución programada para el próximo seis de enero de dos mil veintiuno en el expediente laboral ......., ésta sea fijada dentro de la oportunidad temporal establecida en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo. Mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado el cumplimiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado el tres de febrero de dos mil veintiuno, el Presidente de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copias certificadas de la audiencia y del auto de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, así como copias autógrafas de la audiencia de fecha quince y de la resolución de fecha diecinueve, ambas de enero del año que transcurre, con lo que se dio vista. De las documentales que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El seis de enero de dos mil veintiuno, se celebró la continuación de la audiencia incidental de liquidación en el expediente laboral ........., en la que se acordó lo relativo al ofrecimiento y admisión de las pruebas incidentales. En tales condiciones este juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1.- El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 de dicho acuerdo, en razón de que el treinta de diciembre de dos mil veinte por este juzgado, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección constitucional. - Consérvese el presente asunto por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, depúrese, conservando la demanda y la resolución dictada; así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. - Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es destruible, en términos del artículo 21, inciso c) del referido ordenamiento legal, toda vez que se negó la medida cautelar, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. - Inexistencia de documentos originales - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -Inexistencia de documentos de información reservada - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado con el carácter de autoridad. 350/2020-VIIIy su acumulado 846/2020-VIII.
- Principal
VISTA CUMPLIMIENTO- Visto el oficio de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, agréguese a los autos para que obre como corresponda, pues informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe las documentales respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso y al tercero interesado en su caso por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer pronunciamiento alguno, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos. Notifíquese por oficio al tercero interesado autoridad y por medio de lista a las demás partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 350/2020-VIII y su acumulación 846/2020-VIII.
- Principal
-EJECUTORIA SOBRESEE Y AMPARA- Visto el estado de autos, advirtiéndose de la certificación que antecede que el plazo para recurrir la sentencia dictada por este juzgado ha transcurrido sin que se haya hecho valer el recurso de revisión; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por ende, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia, o bien, informe los actos realizados para ese efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $......... (.......................... moneda nacional), misma que es vigente a partir del día uno de febrero de dos mil veinte; cantidad que multiplicada por las cien unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de $................(.......................... moneda nacional). Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Además, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En el entendido que las responsables no tienen superior jerárquico para efectos de ser conminada a cumplir con la ejecutoria de mérito; lo anterior conforme a la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época, que a continuación se transcribe: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y al tercero interesado y mediante lista a las demás partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 350/2020-VIII y su acumulado 846/2020-VIII.
- Principal
S E N T E N C I A Vistos para resolver el juicio de amparo 350/2020-VIII y su acumulado 846/2020-VIII, promovido por Eder Acxel Elías Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil veinte, Eder Acxel Elías Hernández, solicitó la protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes y el acto reclamado que señaló en la demanda de amparo, el cual considera violatorio de los artículos14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Una vez cubierto el requerimiento formulado a la parte quejosa, mediante acuerdo de veintitrés de junio del año en curso se admitió a trámite la demanda con el consecutivo 350/2020-VIII; se ordenó la intervención que legalmente correspondía al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. Al advertirse conexidad e íntima relación entre los juicios 350/2020 y 846/2020, al ser promovidos por el mismo quejoso y reclamarse actos relacionados a la misma autoridad responsable, por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte se decretó la acumulación de oficio del segundo al primero, fijándose fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; reformado en términos del artículo 10 del Acuerdo General 31/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Atento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y acorde con la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; se tiene que los actos reclamados consisten en: - El Acuerdo dictado en fecha veinticuatro de marzo del dos mil veinte, por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes, dictado dentro de los autos del Juicio Ordinario Laboral 1121/2010-4, por el que ante la presentación de la planilla de liquidación por parte del quejoso, se ordenó la apertura de Incidente de liquidación. Acto reclamado en la demanda de amparo 350/2020-VIII. - El acuerdo dictado el seis de octubre de dos mil veinte, por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes, dictado dentro de los autos del Juicio Ordinario Laboral 1121/2010-4, en el que señala fecha fuera del término de ley, para la audiencia de ofrecimiento de pruebas dentro del incidente de liquidación instaurado, con motivo de la presentación de planilla de liquidación. Acto reclamado en la demanda de amparo 846/2020-VIII. - La diligencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte, derivada del acuerdo dictado el seis de octubre anterior en el Juicio Ordinario Laboral 1121/2010-4, por el que se tuvo por reinstalado al quejoso, actuación que tacha como defectuosa al no haberse realizado en los términos y condiciones precisadas en el Laudo dictado a su favor. Acto reclamado en la demanda de amparo 846/2020-VIII. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Presidente y representante de la Junta Especial Número 4 de Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, admitió los actos que se le atribuyen; por tanto, éstos se tienen ciertos. Es aplicable, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Existencia que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el expediente 1121/2010-4, que dicha autoridad responsable remitió en complemento a sus informes justificados recibidos en fechas cuatro de agosto y veintitrés de noviembre del presente año. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, dada su naturaleza de orden público, son de examen preferente, las hagan valer las partes o se invoquen de oficio. Atento a lo anterior y en relación al acto reclamado consistente en la diligencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte, derivada del acuerdo dictado el seis de octubre anterior en el Juicio Ordinario Laboral 1121/2010-4, por el que se le tuvo por reinstalado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)." Ahora, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo dispone la procedencia del juicio de garantías biinstancial contra actos de autoridades judiciales en dos supuestos: a) actos dictados fuera de juicio, y b) actos dictados después de concluido el mismo. Para el segundo supuesto, esto es, para actos dictados después de concluido el juicio, hace dos referencias; la primera, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Asimismo, la propia ley define lo que debe entenderse como última resolución, a saber: Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o La que ordena el archivo definitivo del expediente. Tratándose de remates, la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados. Lo anterior, obedece a que el legislador previó la forma de evitar los abusos del juicio de garantías, condicionando a las partes a que lo promuevan sólo contra la última resolución dictada en el período de ejecución de sentencia o de remate, y no contra cada violación que se suscite en el procedimiento respectivo. Luego, en los términos de los preceptos invocados, aplicados en concreto al acto de que se duele el quejoso y que es materia de análisis en el presente apartado, mientras no se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de que se trata, resultará improcedente el juicio de amparo indirecto contra cualquier resolución intermedia dictada en el procedimiento de ejecución respectivo. Resulta ilustrativa la tesis 2a.VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS". Para una mejor comprensión de la conclusión apuntada, conviene identificar los antecedentes relevantes relacionados con el juicio laboral 1121/2010-4 de origen: 1.- Con fecha dieciséis de abril de dos mil diez, presentó escrito de demanda ante la Honorable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, a efectos de demandar por segunda ocasión la acción de despido injustificado por parte del Organismo Público Descentralizado ahora denominado Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, radicándose como Juicio Ordinario Laboral 1121/2010-4. 2.- Transcurridas las etapas procesales, la autoridad laboral emitió laudo en fecha seis de mayo de dos mil quince, en la cual resolvió: "... TERCERO.- Se condena A REINSTALAR AL ACTOR, EL C. EDER ACXEL ELÍAS HERNANDEZ, EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE PRECISÒ EN EL PRESENTE LAUDO así como también al pago de los Salarios Caídos que se generen a partir del cuatro de marzo del año dos mil diez y hasta la fecha en que se lleve a cabo la reinstalación del actor, pagaderos a razón de $495.77 (CUATROCIENTOS NOVENTA y CINCO PESOS 77/100 M.N.) DIARIOS prestaciones que fueran marcadas con los incisos A).- y H).- Condenando también al pago de la cantidad de $1,983.08 (Un mil novecientos ochenta y tres pesos 08/100 M.N.) por concepto de Salarios Devengados así como de las prestaciones con las letras K) y LL) del escrito de ampliación de la demanda ... ". 3.- Debido al incumplimiento al laudo en términos de lo establecido por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, por escrito recibido en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el aquí quejoso Eder Acxel Elías Hernández presentó planilla de liquidación, solicitando se dicte auto de Requerimiento y Embargo, para el pago de la cantidad a la que fue condenada la parte demandada. 4.- En relación a dicha promoción, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinte, notificado personalmente al quejoso el día veintisiete de mayo siguiente, la autoridad responsable emitió un acuerdo en el que señaló: "Por recibido un escrito presentado ante esta H. Junta, suscrito por el C. EDER AXCEL ELIAS HERNANDEZ en su carácter de parte actora dentro del presente juicio, constante de doce fojas útiles por una sola de sus caras y sin anexos, el cual se ordena agregar a los autos para los efectos legales a que hay lugar. Visto el contenido del escrito de cuenta, se le tienen por hechas las manifestaciones que en su escrito refiere y como lo solicita, se le tiene promoviendo INCIDENTE DE LIQUIDACIÒN y de acuerdo a lo establecido por los artículos 761, 763 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, se admite el mismo y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE a efecto de que tenga verificativo la AUDIENCIA INCIDENTAL a que se refiere el artículo 763 de la Ley de la Materia, corriéndole traslado a las partes con los insertos de ley, debidamente cotejados y autorizados con la anticipación de ley; apercibiendo a Ia parte actora incidentista para que en el caso de no comparecer el día y hora anteriormente señalado, se le tendrá por ratificado el incidente que nos ocupa y por perdido el derecho de ofrecer las pruebas que a su parte correspondan, así mismo apercibiendo a la parte demandada incidentista para que en el caso de no comparecer el día y hora anteriormente señalado, se le tendrá por perdido el derecho para contestar el incidente planteado y para ofrecer las pruebas que a su parte correspondan.- Haciéndole saber a las partes que de estimar esta H. Junta que actuaron con dolo o mala fe, se harán acreedores a las sanciones previstas por los artículos 685 y 891 de la Ley Federal del Trabajo.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 685, 686, 741, 742 fracción XII, 761,763, 843, 891, 939 y 940 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo así como en la Tesis Jurisprudencial bajo el rubro: INCIDENTE DE LIQUIDACION APERTURA DEL. Novena Época; IUS:204722; Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo II; Agosto de 1995; Materia (s) Laboral; Tesis .1º.T. J/6; Pàgina:359; Jurisprudencia.- NOTIFÌQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES". 5.- Mediante promociones de fechas uno de julio y seis de octubre de dos mil veinte, signados por el quejoso Eder Acxel Elías Hernández, éste presentó sendas planillas de liquidación, mismas que en audiencia inicial de liquidación de seis de octubre de dos mil veinte, en uso de la voz solicitó: ".se me tenga por interponiendo en tiempo y forma planilla de liquidación de fecha 19 de noviembre de 2019 y en conjunto a ésta las planillas de liquidación presentadas en fecha 1 de julio y 6 de octubre ambas del 2020, solicitando que las tres se tengan por acumuladas entre sí como si se tratase de una sola solicitando se me tenga por ratificadas las tres en cuanto a su contenido y firma y se le corra traslado a mi contraria para que pronuncie lo que a su derecho corresponda y así en su momento poder ofrecer las pruebas que a mi parte corresponda." Por lo que se tuvo a la parte actora realizando las modificaciones y ampliaciones a su incidente en los términos de los tres escritos exhibidos y ordenándose con ellos el emplazamiento de la autoridad demandada. Asimismo, en uso de la voz la representante de la autoridad demandada dio respuesta a incidente de liquidación mediante un escrito exhibido en ese momento, ofreciendo pruebas y objetando las de su contraria y solicitando a la autoridad aquí responsable señalara fecha y hora para que se llevara a cabo la reinstalación de la parte actora, respecto a lo cual la autoridad programó las ocho horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte formalizarse la reinstalación de Eder Acxel Elías Hernández, suspendiéndose la audiencia y señalando para su continuación las diez horas con treinta minutos del día seis de enero de dos mil veintiuno para su continuación. 6.- Por actuación realizada el diecinueve de octubre de dos mil veinte en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha seis de octubre anterior en autos del expediente laboral 1121/2020-4, el Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje reinstaló ".de manera formal y material en los mismos términos y condiciones en los que se venía desempeñando al C. Eder Axcel Elías Hernández". Siendo que en uso de la palabra el aquí quejoso manifestó: "Que para que surtan los efectos de los mismos términos y condiciones en que se me va a reinstalar, solicito que la reinstalación se haga físicamente en mi lugar de adscripción, es decir la jurisdicción 1, o que por lo menos se me presente ante mi superior jerárquico que es el jefe de la misma". El identificado como ordinal 6, constituye el acto reclamado materia de análisis en éste apartado. En esa idea, es claro que el legislador introdujo una regla específica en los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107, transcrito con antelación, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trasciendan al resultado de la resolución. Por lo que entonces, si de lo resuelto en el expediente 1121/2020-4 del índice de la responsable se desprenden diversas condenas, entre las que se cuentan el pago de salarios caídos y salarios devengados, se concluye que la condena a la reinstalación no es la única que se impuso en el mencionado fallo, por lo que entonces en ejecución del laudo, se deben realizar una serie de actos jurídicos para que cada una de esas condenas queden satisfechas, siendo entonces cuando se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución del laudo el momento en que habrá de examinarse si las condiciones en que fue reinstalado el quejoso son efectivamente las mismas que se ordenaron en el laudo o no, y si esas condiciones violan sus derechos sustantivos. Así, de ese contexto se desprende que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya parte relativa señala que, en relación con los actos de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto "... contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o desconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ...", debe considerarse que, en relación con la ejecución de un laudo que imponga el cumplimiento de diversas prestaciones reclamadas en el juicio laboral, los autos o resoluciones que se emitan acerca del cumplimiento de uno o varios puntos de condena establecidos en el fallo, pero no de la totalidad de ellos, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, sino que ello procederá hasta que la Junta responsable realice el pronunciamiento que califique el cumplimiento total (no parcial) de todos los puntos de condena establecidos en el laudo. Sustentar lo contrario permitiría la proliferación de los juicios de garantías cuyo abuso, ya se dijo, se trató de evitar por el legislador al consignar en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al particular la Jurisprudencia con registro 2020323, correspondiente a la Décima Época, Instancia Plenos de Circuito, visible a página 3542, Tomo IV, Libro 69, Agosto de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS." En esas condiciones, al resultar operante la causal de improcedencia contemplada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado precisado con antelación, conforme al artículo 63, fracción V, de la legislación antes mencionada. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Debe precisarse que resulta innecesaria la trascripción de los conceptos de violación para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia que deben contener las sentencias de amparo, pues se garantiza el cumplimiento de dichos principios, al abordar en la presente resolución, en forma congruente, la totalidad de los argumentos que la impetrante expone como motivos de disenso. Análisis del acto reclamado. Acuerdo por el que se ordenó la apertura de Incidente de liquidación Respecto al primero de los actos reclamados, consistente en el acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del dos mil veinte, pronunciado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes, en autos del Juicio Ordinario Laboral 1121/2010-4, ya transcrito como punto cuatro en la relatoría de antecedentes realizada en el considerando que antecede, por el que ante la presentación de la planilla de liquidación por parte del quejoso, se ordenó la apertura de Incidente de liquidación, se advierte que el hecho esencial de que se duele el promovente del amparo, lo constituye la conducta de la autoridad responsable, que asevera viola en su perjuicio la garantía de acceso efectivo a la administración de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que abrió a trámite una incidencia que no fue promovida por el quejoso, lo que deriva en un entorpecimiento en la ejecución de la sentencia dictada en el expediente 1121/2010-4 del índice de la responsable, lo que ocasiona que el quejoso no haya obtenido la satisfacción de la pretensión a la que tiene derecho conforme a lo determinado por la autoridad laboral en el expediente mencionado. Conforme a las consideraciones que a continuación se precisarán, se tiene que el concepto de violación esgrimido por el quejoso resulta fundado pero a la postre inoperante. En principio, se tiene que el sustento legal del agravio que el quejoso sustenta en su perjuicio, lo constituye el contenido del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, que reza: "Artículo 843.- En las sentencias, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación." (Lo destacado es propio) Entonces, la materia de la Litis referente al agravio hecho valer por el quejoso, se centra en determinar si derivado del escrito por el que éste presentó planilla de liquidación, la autoridad laboral estuvo en lo correcto al abrir a trámite el incidente de ejecución, de acuerdo a lo establecido por los artículos 761, 763 y 843 de la Ley Federal del Trabajo. A efecto de una precisión, conviene señalar que uno de los temas de condena en el laudo dictado por la autoridad laboral, conforme se advierte del punto segundo de los antecedentes ya puntualizados fue: "... al pago de los Salarios Caídos que se generen a partir del cuatro de marzo del año dos mil diez y hasta la fecha en que se lleve a cabo la reinstalación del actor, pagaderos a razón de $495.77 (CUATROCIENTOS NOVENTA y CINCO PESOS 77/100 M.N.) DIARIOS prestaciones que fueran marcadas con los incisos A).- y H).- Condenando también al pago de la cantidad de $1,983.08 (Un mil novecientos ochenta y tres pesos 08/100 M.N.) por concepto de Salarios Devengados así como de las prestaciones con las letras K) y LL) del escrito de ampliación de la demanda .... ". De donde se obtiene que si bien la condena se estableció respecto a una cantidad líquida ya determinada, lo cierto es que su pago quedó supeditado a una temporalidad incierta, al establecerse como tal la fecha en que se lleve a cabo la reinstalación del actor, por lo que el monto final se actualiza conforme transcurre el tiempo y hasta que se dé ese supuesto definitivo. Así pues, tal como lo esgrime el peticionario de amparo, de los artículos 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que, cuando se trata de prestaciones económicas, las Juntas están obligadas a determinar el salario que sirva de base a la condena y, cuando sea en cantidad líquida, deberán establecerse en el propio laudo sin necesidad de incidente y sobre esta premisa, cuando la Junta, al resolver la controversia, tiene a su alcance los elementos suficientes para cuantificar las condenas en cantidad líquida no se está en el caso previsto en la parte final del primero de los preceptos citados, relativo a que "sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación". Sin embargo, por aspectos que ven al fondo del asunto, dicho planteamiento del peticionario del amparo a nada práctico conduciría, pues el pago de las prestaciones a que tiene derecho son de tracto sucesivo, esto es, que se siguen generando momento a momento hasta que el laudo quede completamente cumplido. Incluso así lo ha entendido el quejoso, como se advierte del hecho relatado en el punto cinco de la precisión de antecedentes, con el hecho de haber presentado tres planillas de liquidación: - La primera de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por la que propuso un pago de la cantidad de $2'243,828.52 (dos millones doscientos cuarenta y tres mil ochocientos veintiocho pesos 52/100), por concepto de prestaciones a su favor, actualizada al catorce de noviembre de dos mil diecinueve; - La segunda de fecha uno de julio de dos mil veinte, por la que propuso un pago de la cantidad de $2'485,404.76 (dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuatro pesos 76/100), por concepto de prestaciones a su favor, actualizada al treinta de junio de dos mil veinte, y; - La tercera de fecha seis de octubre de dos mil veinte, por la que propuso un pago de la cantidad de $2'591,355.92 (dos millones quinientos noventa y un mil trescientos cincuenta y cinco mil pesos 92/100), por concepto de prestaciones a su favor, actualizada al cinco de octubre de dos mil veinte. Mismas que incluso solicitó se tuvieran por acumuladas "como si se tratase de una sola", con lo cual es claro que admite que tal beneficio en su favor se sigue generando de momento a momento, hasta que el laudo quede cumplido en los términos que en éste se precisaron. En consecuencia, como se adelantó, a nada práctico conduciría el otorgamiento del amparo para el único efecto de que la Junta dejara insubsistente el laudo reclamado y procediera a efectuar la cuantificación de las prestaciones correspondientes a la fecha de la emisión del nuevo fallo que, en su momento, emitiera, si finalmente las prestaciones dejadas de percibir se continuarán generando con posterioridad a ello, hasta el cumplimiento total del laudo, por lo cual evidentemente derivaría ineludible la apertura del referido incidente para su cuantificación. De esta manera, en el caso debe darse preferencia al reconocimiento firme del derecho del actor a percibir el pago de los salarios caídos y salarios devengados actualizado a la fecha de su debida reinstalación laboral, como se estableció en el laudo correspondiente, que al propio cálculo de éstas, por lo que entonces, en la especie la apertura oficiosa del incidente de ejecución controvertido no le deriva en perjuicio alguno al quejoso, sino que al contrario, encuentra justificación en el interés social protegido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce los derechos de prontitud y expeditez en la impartición de justicia; por ende, aunque fundado, el concepto de violación en estudio deviene inoperante. Al particular resulta aplicable la Jurisprudencia con número de registro 2020976, perteneciente a la Décima Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible a foja 2106, Libro 72, Noviembre de 2019 Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN EN CONFLICTOS INDIVIDUALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. AUN CUANDO SE CONTROVIERTA SU INDEBIDA APERTURA POR EXISTIR ELEMENTOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA CONDENA RESPECTIVA, SI EN EL CASO EXISTEN OTRAS PRESTACIONES QUE CONTINUARÁN GENERÁNDOSE POR SER DE TRACTO SUCESIVO, EN ATENCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE PRONTITUD Y EXPEDITEZ EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO, AUNQUE FUNDADO, DEBE CALIFICARSE COMO INOPERANTE Y NEGARSE EL AMPARO CONTRA AQUELLA DETERMINACIÓN". Análisis del acto reclamado. Acuerdo por el que se señala fecha para la audiencia de ofrecimiento de pruebas dentro Incidente de liquidación Corresponde el análisis del último de los agravios sustentados por el quejoso, relativo al acuerdo dictado el seis de octubre de dos mil veinte, por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes, dictado dentro de los autos del Juicio Ordinario Laboral 1121/2010-4, en el que señala fecha para la audiencia de ofrecimiento de pruebas dentro del incidente de liquidación instaurado, con motivo de la presentación de planilla de liquidación. Dicha actuación de la autoridad responsable fue identificada con el ordinal cinco de los antecedentes ya relatados y en esencia se refiere al hecho de que en audiencia inicial de liquidación de seis de octubre de dos mil veinte, derivada del incidente de ejecución iniciado en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se suspendió la audiencia, señalándose para su continuación las diez horas con treinta minutos del día seis de enero de dos mil veintiuno para su continuación, lo cual el quejoso asume como una flagrante violación a la debida impartición de justicia, al programarse una fecha fuera del término establecido por la ley, lo que deriva en un entorpecimiento en la ejecución de la sentencia dictada en el expediente 1121/2010-4 del índice de la responsable, ocasionándose que el quejoso no haya obtenido la satisfacción de la pretensión a la que tiene derecho conforme a lo determinado por la autoridad laboral en el expediente mencionado. Al efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla en su artículo 17, el deber de todos los tribunales de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes secundarias, pues al respecto dispone: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El precepto en análisis pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica, y en lo atinente establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, consultable a página 299, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". De estos atributos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta y expedita, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de privilegiar la prontitud en el desarrollo del trámite o procedimiento y el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. También se destaca que en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma Fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia P./J. 113/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, tomo XIV, septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL". Referente a lo anterior, debe tenerse en consideración lo dispuesto por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, que en acatamiento a la Garantía de Seguridad Jurídica de que se viene hablando, estableció: "Artículo 940.- La ejecución de las sentencias y convenios a que se refiere el artículo 939 de esta Ley corresponde a los Tribunales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." Lo que conlleva la obligación de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, de observar las medidas atinentes para que las etapas relacionadas con la ejecución de las sentencias, como en el caso lo es la resolución de la planilla para determinar el importe de los salarios caídos y salarios devengados en favor del quejoso, se relacionen privilegiando la prontitud y expedites en sus determinaciones, lo cual mínimamente debe realizarse atendiendo los plazos legales establecidos. Así, el artículo 763 de la Ley Federal de Trabajo que utilizó de fundamento la autoridad responsable para la apertura del incidente de ejecución, establece a la letra: "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." De donde deriva que en estricto acatamiento al precepto legal con el que fundó el trámite incidental que estimó conveniente iniciar, la audiencia correspondiente debió ser fijada dentro de las veinticuatro horas siguientes a su suspensión y, en esta, proceder al desahogo de pruebas ofrecidas por las partes, para concluir con su inmediata resolución. Entonces, en el presente caso la Junta de Conciliación y Arbitraje no actuó conforme a derecho al diferir la audiencia incidental inicial y sin sustentar legalmente ni motivar su actuar, fijar su continuación para una fecha por demás excesiva del plazo que fija expresamente el ordenamiento legal citado. En tal orden de ideas, la omisión reclamada a la autoridad responsable, ocasiona a la parte quejosa un estado de inseguridad jurídica, en virtud de que el carácter expeditivo de la impartición de justicia se fundamenta, en que la seguridad jurídica del gobernado no permanezca en estado de incertidumbre y se respeten los términos y plazos que fija la ley expresamente para las actuaciones judiciales; por ende, al no cumplir la autoridad responsable con ese principio constitucional, viola flagrantemente las garantías tuteladas por el artículo 17 de nuestra Carta Magna. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. De conformidad con el artículo 77, fracción I, y segundo párrafo, de la ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo y protección constitucional solicitado por Eder Acxel Elías Hernández, contra el acto que se reclama, para efecto de que: De no celebrarse la continuación de la audiencia incidental de ejecución programada para el próximo seis de enero de dos mil veintiuno en el expediente laboral 1121/2010-4, ésta sea fijada dentro de la oportunidad temporal establecida en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo. Así se precisan los efectos de la protección constitucional, pues el derecho constitucional violado se relaciona con la prontitud en la impartición de justicia, de modo que ordenar a que la autoridad responsable dejara sin efectos los efectos de la resolución reclamada en cuanto a señalamiento prolongado que fijó de la audiencia incidental, en estos momentos de la emisión de la presente sentencia, dado que la fecha programada se encuentra próxima a cumplirse (seis días), a juicio de este juzgador, trascendería en perjuicio del mismo derecho del quejoso que se ha considerado violado por la autoridad responsable. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el juicio respecto del acto reclamado por el quejoso, cuyo análisis se desarrolló en el considerado cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eder Acxel Elías Hernández, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, por las consideraciones expuestas en el considerando quinto y para los efectos señalados en el último. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable (remitido vía electrónica) y por lista a las demás partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, al ser considerado éste como un caso urgente que se tramita "en "línea. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a las autoridad responsable (remitido vía electrónica) y por lista a las demás partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, al ser considerado éste como un caso urgente que se tramita "en "línea. Así lo resolvió y firma electrónicamente ..................., Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido del Secretario ................., quien autoriza y da fe en el juicio de amparo 350/2020-VIII y su acumulado 846/2020-VIII, el treinta de diciembre de dos mil veinte en que se terminó de engrosar la presente sentencia y lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
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