Edenilton Santos Rocha

Expediente 1235/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1235/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Edenilton Santos Rocha
  • titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, Tijuana, Baja California

Actuaciones

  1. Principal

    S E N T E N C I A ********************, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, pues estimaron vulnerados en su perjuicio derechos fundamentales, dado el actuar del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Admisión y trámite La demanda fue admitida bajo número 1235/2023 y, tramitado el juicio, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta anterior, por lo que este asunto se encuentra en estado de resolución. Competencia Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para resolver el presente juicio al tenor de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues lo reclamado tiene alegada ejecución material en la circunscripción territorial en la que se ejerce jurisdicción. Precisión inicial Es obligación de este juzgado dictar una sentencia clara, fundada y motivada que resuelva el asunto propuesto de manera congruente y exhaustiva, con apego a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé las formalidades de las sentencias relativas. Precisión y existencia de lo reclamado La parte peticionaria reclama actos tendentes a afectar su libertad personal y su estatus migratorio, que reprochan al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. El actuar reclamado es inexistente, pues obra en el expediente informe del que se desprende que la responsable no ha tenido a su disposición a los agraviados, ni se cuenta con algún procedimiento en su contra, al tiempo que se niega la materialidad del reproche formulado, sin que obre en autos prueba idónea que desvirtúe lo planteado. Por ello, se sobresee en el juicio por cuanto hace a tal potestad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Transparencia y acceso a la información Considerando que las partes en el presente juicio no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción IV, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1235/2023, promovido por ********************, contra los actos que reclamaron del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, precisados en esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último apartado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad responsable, en su denominación correcta, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se le tiene designando como medios de comunicación no procesal las direcciones electrónicas y números telefónicos proporcionados. Finalmente, glósese el comunicado remitido por la autoridad responsable, se le tiene acusando recibo de la misiva que indica; además, informando que ya fue rendido el informe justificado requerido, el que en esta misma data se está integrando al presente asunto. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido de la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. J´FCG/S´ARFC/Josefina*

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido por la superioridad, con el cual devuelve el expediente de este juicio; asimismo, envía testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 225/2023 de su índice, en el que se resolvió: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia sometida a revisión. SEGUNDO. Se repone el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 71/2022, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. En consecuencia, intégrese el cuaderno de antecedentes, desglosando las copias certificadas con que se formó, ya que son susceptibles de destrucción. En cumplimiento con la determinación que se provee, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción III, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, aclare su demanda con relación a lo siguiente: Si es de su interés señalar como autoridad responsable a la Gobernadora del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, virtud de ser ésta la responsable de la promulgación del artículo 8º de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2021. Lo que deberá ser expuesto directamente por la agraviada, por ser un acto personalísimo y que sólo a ésta le corresponde. En el entendido que tendrá que exhibir una copia de su escrito de demanda y las suficientes del aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento en los términos y condiciones apuntados, se resolverá sobre los actos y por las autoridades inicialmente señalados. En consecuencia, cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las diez horas con diez minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente y a la quejosa vía electrónica.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve Edenilton Santos Rocha, Cledison Malta Mendanha, Ednaldo Subtil Costa, Larissa Lopes Amorim y Nagilla Monteiro Gomes, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico correspondiente con el número 1235/2023-E. Suspensión de plano Tomando en consideración que en la demanda se precisa como uno de los actos reclamados destacados, la privación de la libertad de los quejosos, por su estatus migratorio en el territorio mexicano, se concede la suspensión de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y no se prive a los agraviados de su libertad personal con motivo de algún procedimiento administrativo de migración. En caso de haberse ejecutado la orden de detención y no tenga relación con la comisión de un delito sino por su irregular estancia en el país, los quejosos quedan a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, en la estación migratoria donde fueron presentados, cuyo alojamiento no podrá exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, luego del cual, si la autoridad migratoria determina sujetarlos a un procedimiento administrativo migratorio deberá ponerlos en libertad para su continuación, para lo cual debe otorgarles los permisos de estancia correspondientes; asimismo, tiene la obligación de determinar su situación migratoria definitiva, incluso, la relativa a un posible retorno asistido o de deportación. Se arriba a esta decisión, en observancia a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 388/2022, en el que se determinó que los periodos de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, contravienen la temporalidad máxima establecida por el precepto 21 de la Constitución Federal, para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa. En otro tenor, respecto a la deportación, se toman las medidas siguientes: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dicho acto, permanezcan los quejosos en el lugar donde se encuentren, por una temporalidad que no puede exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, lo cual deberá hacerse del conocimiento de la autoridad responsable para que la acate bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar los directamente agraviados a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de los directamente agraviados. Informe de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, legalmente computado, rinda su informe en acato a la suspensión de plano, debiendo comunicar dentro del mismo plazo, el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de la autoridad responsable, si ésta se niega a recibir el comunicados a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, virtud que los actos reclamados fueron materia de la suspensión de plano decretada. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las once horas con veinte minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remitir fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlos, en la inteligencia que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos que se reclaman, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Causas de sobreseimiento Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que haya sido promovido por los quejosos o que los actos que aquí se reclaman deriven del mismo procedimiento o juicio, a efecto de aprovechar el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, por ahora, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Autorizados Ténganse como autorizados en los términos solicitados a quienes menciona. Consulta de expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo a este asunto; en ese tenor, se instruye a la Oficial Judicial "A", comisionada para la actualización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario indicado, únicamente por lo que hace al juicio de que se trata. Notificaciones vía electrónica Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a los quejosos señalando la vía electrónica, para oír y recibir notificaciones. Por ende, les surge la obligación a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 ya citado. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

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