Edén Toledo Matus
Expediente 846/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edén Toledo Matus
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este asunto. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos a que haya lugar. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracción XXXVI, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, fracción II, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda que se tuvo por no presentada; además de que no tiene relevancia documental para su conservación y carece de valor jurídico o histórico, al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 151 del Acuerdo General referido. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, mediante el cual, manifiesta que no acepta la competencia planteada para conocer del juicio de amparo promovido por ********************, por lo que devuelve el expediente ********************/******************** del índice propio formado con motivo de la demanda de amparo antes dicha. En consecuencia, este órgano jurisdiccional no insiste en declinar la competencia de la aludida demanda de amparo, por lo que se avoca a continuar con el conocimiento de la misma. Acúsese recibo. Ahora bien, por acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvieron por perdidos diversos derechos de la promovente ******************** a dilucidar su escrito de demanda, pues se certificó que no había aclarado la misma en términos del diverso proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés; por tanto, como el plazo de cinco días que tenía para hacerlo transcurrió del treinta de agosto al cinco de septiembre de dos mil veintitrés, sin que hubiere hecho manifestación alguna, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el primer proveído en cita y se tiene por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la quejosa ********************, para que cumpliera con la prevención efectuada en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de la parte quejosa en precisar: I) el acto que en concreto reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables; II) indicar a qué autoridad reprocha "la prisión preventiva oficiosa" y III) señalar autoridades responsables residentes en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, con independencia de lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la impetrante, este órgano jurisdiccional proveerá lo que en derecho corresponda. Incompetencia. Del estudio integral del escrito inicial de demanda, promovida por ********************, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituyen uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial [...]". En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Por su parte, el precepto 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente [.]". De lo anterior se observa que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las normas que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, debido a que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se examinara el fondo de la litis constitucional planteada en razón que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 153, publicada en la página 267 tomo VII, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA, APLICACIÓN DE LAS LEYES DE. Las normas que regulan la competencia por función o materia, se apoderan de las relaciones jurídicas procesales en el estado en que se encuentran, rigiendo inmediatamente, por ser de orden público." Para evidenciar tal aserto en principio es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo se observa que la quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Autoridad ordenadora: Juez de Control de Juchitán, Oaxaca. Autoridades ejecutoras: Agente del Ministerio Público encargado del Centro de Orientación, Denuncia y Determinación Inmediata (CODI) de Juchitán, Oaxaca. Fiscal encargado de la Fiscalía Local del Ministerio Púbico de Juchitán, Oaxaca. Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Local del Ministerio Público de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Grupo Juchitán, Oaxaca. Juez Primero Familiar de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. De quienes reclama: De la autoridad ordenadora: la orden de detención y/o aprehensión librada en su contra. De las autoridades ejecutoras: la ejecución de la detención y/o aprehensión dictada en su contra. Conforme a lo anterior, se desprende que el aquí disidente reclama una orden privativa de libertad (detención y/o aprehensión) así como su ejecución, reprochada a autoridades todas con residencia en Juchitán, Oaxaca, por tanto corresponde al juez de Distrito de la residencia de las autoridades responsables, conocer del amparo. Es decir, este órgano jurisdiccional al advertir que la parte quejosa promovió juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito residentes en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y no designó como responsable a ninguna autoridad con residencia en el lugar donde el presente juzgador ejerce jurisdicción, se le previno a la disidente para que realizara el señalamiento correspondiente, sin que lo hubiere hecho, por ello, es de entenderse que los actos reprochados no se verificarán dentro de la propia la jurisdicción. Al respecto el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante et que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del numeral transcrito se obtiene tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber El párrafo primero reproduce el principio genérico de que será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado La segunda hipótesis se refiere a que, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar, a prevención. La tercera hipótesis establece que, cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda. En esa tesitura, de acuerdo con las reglas que sobre la competencia establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este juzgado fuera el órgano jurisdiccional competente para continuar en el conocimiento de los actos reclamados por el quejoso, era menester que el acto reclamado se tratara de ejecutar o se estuviera ejecutando dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción, lo que en el caso no acontece, pues de la demanda de amparo promovida por ******************** señaló únicamente como responsables, autoridades residentes en Juchitán, Oaxaca. Circunstancia que evidencia que los actos reclamados tienen o tendrán o se encuentran ejecutándose fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, de ahí que se sostenga que el acto reclamado será materializado fuera de la demarcación territorial de este juzgado; por tanto, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda y es evidente que debe conocer del presente juicio de amparo el juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, que ejerce jurisdicción en Juchitán o Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, 1a./J.37/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida." Así como la tesis aislada II.3o P.71 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página novecientos dos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. LA TIENE EL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL QUEJOSO ESTÁ INTERNO, SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. En ese sentido, si en el juicio constitucional se reclama una orden de aprehensión que por su naturaleza requiere ejecución material y los antecedentes que bajo protesta de decir verdad se relatan en la demanda o las constancias que obran en autos demuestran que el quejoso está recluido en un centro preventivo y de reinserción social; entonces la competencia para conocer del asunto la tiene el Juez de Distrito en cuya jurisdicción esté interno. Sin que obste cualquier manifestación de que se pretendió cumplir el mandato de captura en otro sitio, porque esa expresión por sí misma no hace viable la posibilidad de que dicho mandamiento se ejecute en lugar diverso a donde se encuentre, por ser el único dato objetivo con que se cuenta." Por consiguiente, remítase el presente juicio de amparo al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común respectiva, para que determine si acepta la competencia planteada por razón de territorio. Sin que obste el hecho que la quejosa indique que con motivo de la orden privativa de libertad derivada de una denuncia radicada en Juchitán, ha tenido la necesidad de mantenerse oculta en un domicilio ubicado en Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, debido a que el domicilio de la disidente no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; aunado a que -se reitera- todas las autoridades ordenadoras y ejecutoras tienen su residencia en Juchitán, Oaxaca y este órgano jurisdiccional previno a la quejosa a efecto que precisara si señalaba alguna autoridad donde este juzgado ejerce jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.P. J39 P (10a), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1071, Libro 53, Abril de 2018, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro 2016596, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383, con registro digital 2004166, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Fórmese cuaderno de antecedentes en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; asimismo, regístrese con el número 846/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes; se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Prevención. Respecto a la solicitud de la parte promovente ********************, en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Así, se advierten irregularidades que requieren ser aclaradas, pues conforme al citado precepto 114, todo solicitante de la protección de la Justicia Federal debe expresar con precisión en su escrito inicial de demanda, entre otras cosas, el nombre y domicilio del quejoso, el que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación, se cite el acto que de cada autoridad se reclame, es decir, es necesario que de forma clara señale qué actos se atribuyen a cada una de las autoridades designadas como responsables, la fecha de conocimiento de éste y se narre bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa no satisface plenamente el requisito de la precisión del acto reclamado y los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto. Lo anterior, debido a que del capítulo de AUTORIDADES RESPONSABLES, como autoridades responsables ordenadoras a las siguientes: ".JUEZ DE CONTROL DE JUCHITÁN, OAXACA." ".AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA FISCALÍA LOCAL DEL MINISTERIO PUBLICO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA." ".JUEZ PRIMERO FAMILIAR DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA." Asimismo, en el apartado de "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS" de su demanda de amparo, se advierte que la promovente reprocha a las autoridades responsables, todas residentes en Juchitán, Oaxaca, lo siguiente: "A).- DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: 1.- Del C. JUEZ DE CONTROL DE JUCHITÁN, OAXACA CON RESIDENCIA. reclamo la ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra de una manera fuera de todo fundamento y legalidad, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por las Autoridades Ejecutoras tendientes a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. b).- DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: 1.- Del C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGDO DEL CENTRO. 2.- Del [.] FISCAL EN JEFE. 3.- Del C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR. 4.- Del C. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES. y 5.- [.] JUEZ PRIMERO FAMILIAR DE JUCHITÁN DE ZARGOZA, OAXACA, reclamo la ejecución de dicha orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra. Asimismo, en la parte relativa a los "V.- HECHOS Y ABSTENCIONES CONSTITUTIVOS DEL ACTO RECLAMADO", indica que el día miércoles dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, personas que decían ser agentes Estatales de Investigación, se presentaron en su domicilio particular preguntando por la disidente, con el propósito de privarla de su libertad con motivo de una orden de aprehensión derivada de una denuncia radicada en Juchitán, de ahí que indica ha tenido la necesidad de mantenerse oculta en un domicilio ubicado en Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, También, en el último de los puntos petitorios, concretamente el "SÉPTIMO" indica que solicita que se le otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal contra "la prisión preventiva oficiosa". En ese sentido, para no dejar en estado de indefensión a la parte solicitante del amparo y a fin que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de fijar la litis en el presente asunto, para lograr una impartición de justicia completa e integral, tal como lo exige el artículo 17 de la Constitución Federal, amerita que desde este momento se subsane diversa deficiencia. Es aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y cuatro, tomo seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, quinta época, cuyo título y texto es: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." Por tanto, con fundamento en los artículos 112 y 114, fracciones I, II y IV en relación con el diverso 108, fracción IV, del citado ordenamiento, prevénganse a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias de aquél y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Indique el acto que en concreto reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, es decir, refiera la calidad de ordenadora u ejecutora que atribuye a cada una por separado e indique cuál es el acto que les reprocha de manera individual. A qué autoridad responsable atribuye el acto que indica como "la prisión preventiva oficiosa" asimismo, señale la causa penal de la que emana y el estado su procesal actual. Precise si señala alguna autoridad donde este juzgado ejerce jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que ninguna de las autoridades que señaló como responsables, corresponden a la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. Se le apercibe que de no cumplir con lo ordenado en el plazo que se indica, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 114, párrafo penúltimo de la Ley de Amparo, se proveerá lo que en derecho corresponda. Cobra aplicación por los razonamientos jurídicos la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), con registro 2004166, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, visible en la página 383, correspondiente a la Décima Época. "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Domicilio y autorizado de la quejosa. Con apoyo en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, debido a que la parte disidente señala la lista de acuerdos para ser notificada, se le tiene designando dicho medio como lugar para recibir notificaciones. En ese orden, se ordena notificar a la promovente todas las determinaciones que se emitan en este expediente a través de la lista que se fijará y publicará en el local de este juzgado, misma que también se publicará en la entrada del edificio sede donde se encuentra este órgano, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto señale un domicilio físico o un usuario del Sistema de Juicio en Línea, para tal efecto. Por otra parte, se tiene como su autorizado en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con cédula profesional ******************** registrada el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Juicio en línea. Debido a que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.
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