Eden Guadalupe Villareal Gómez

Expediente 1140/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1140/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Eden Guadalupe Villareal Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, por medio del cual, informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada del presente asunto. Por tal motivo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los 1 expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ***********; contra actos de la Subdirectora de Seguridad del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1140/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 1 Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Incompetencia. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado carece de competencia por razón de materia para conocer de la presente demanda de amparo, puesto que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "(.)"La orden de cambiarme, del dormitorio B estancia 214, al dormitorio de aislamiento, o a cualquier otro dormitorio o estancia. Acto que representa sin lugar a dudas, un estado de vulnerabilidad, que pone en riesgo mi integridad física. Riesgo de contagio del virus SARS-COV2 (COVID-19), golpes Malos tratos y amenazas." De los actos señalados con anterioridad se aprecia que los mismos tienen una vinculación con actos acontecidos durante la prisión preventiva o compurgación de la pena, en su caso, que está en el campo de las condiciones de reclusión de la parte quejosa y de la vigilancia prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, se encuentran en el campo de la competencia de los jueces de Distrito en Materia Penal. Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, ha señalado que, en determinados casos, además de atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y de la autoridad responsable del cual proviene, para determinar la competencia por materia, se debe atender al bien jurídico o interés fundamental controvertido para poder fincar la competencia en un determinado órgano jurisdiccional; en razón de que es necesario distinguir cuál es el derecho humano que se estima vulnerado, con el objetivo de que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín a la materia de que se trate, el que conozca y resuelva el asunto; pues, en esa medida, se procurará proteger los derechos que se alegan violados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 521, Décima Época, con registro 2015476, de rubro: "INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO, CUANDO QUIEN PROMUEVE EL JUICIO TIENE EL CARÁCTER DE TRABAJADOR EN ACTIVO.". Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, resulta evidente que a dichos actos les reviste una naturaleza de carácter penal, toda vez que la pretensión de la parte quejosa está estrechamente vinculada con las condiciones en las que se encuentra en su carácter de reo o imputado, ello en función de que el bien jurídico tutelado es preservar su dignidad humana con motivo de su estancia dentro del Centro Penal, por ello las 3 condiciones y medidas de seguridad que al respecto se tomen se vinculan con la maximización de dicho bien jurídico. En ese contexto, los diversos actos reclamados por la parte quejosa, atribuidos a las administrativas, se relacionan con su condición de reclusión y con la vigilancia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva o de cumplimiento de la condena, en su caso, en el lugar en que se encuentra interna. Así, la naturaleza de los actos y autoridades, en el contexto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite establecer este asunto es competencia de los Jueces de Amparo Especializados en Materia Penal, lo cual se refuerza atendiendo al bien jurídico tutelado que es proteger o velar por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en este caso de la parte quejosa. Por tal razón, si bien en el caso se atribuyen actos a autoridades de carácter administrativo, lo cierto es que el actuar de la autoridad deriva de que la parte quejosa está sujeta a un procedimiento de índole penal, de ahí que no se puedan desvincular el actuar de las responsables con lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues es en dicha legislación en donde el legislador previó los aspectos concernientes a la preservación de la dignidad humana de los internos, de ahí que no resulte factible dividir la continencia de la causa, pues el análisis de la demanda debe realizarse como un todo, lo que conlleva a considerar que los actos reclamados sean de naturaleza penal. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis aislada I.3o.C.367 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 71, tomo IV, octubre de 2019, página 3483, de título y subtítulos: "CONTINENCIA DE LA CAUSA INDIVISIBLE. SE CONFIGURA CUANDO LAS ACCIONES EJERCIDAS DERIVAN DE UN MISMO HECHO GENERADOR.". Así, atendiendo a ese bien jurídico tutelado, y a la naturaleza de los actos y autoridades, en el contexto que reclama la parte quejosa, y dada su situación de estar sujeta a los diversos mecanismos de control que dispone la legislación en la cita, es que respecto de este asunto deben conocer un juez de distrito en materia penal, dado que los actos reclamados se dan en el contexto del cumplimiento de la prisión preventiva o bien de la condena, en su caso, y en ésta razón es que se surte la competencia especializada. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que informa, la tesis aislada II.2o.P.108 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la Semanario Judicial de la Federación, undécima época, cuyos título y subtítulo son: "CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE LOS DETENIDOS. PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA CUESTIONES INHERENTES A ÉSTAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, AUN CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL.". Asimismo, por analogía, la tesis aislada II.3o.P.100 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 5 Penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, undécima época, cuyos título y subtítulo son: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA CONOCER DE LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI NO EXISTEN ELEMENTOS PARA ESTABLECER SI DEBE O NO APLICARSE LA NORMATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE SE ENCUENTRA EL IMPUTADO O PROCEDER A SU INTERPRETACIÓN, RECAE EN EL JUEZ DE EJECUCIÓN EN FAVOR DE QUIEN INICIALMENTE SE ENCOMENDÓ ESA VIGILANCIA, CON INDEPENDENCIA DEL CENTRO EN EL QUE SE EJECUTE LA MEDIDA.". En ese sentido, respecto de los actos consistentes en la reubicación de la parte quejosa del dormitorio B estancia 214, al dormitorio de aislamiento, o a cualquier otro dormitorio o estancia, se evidencia que los efectos y consecuencias de éstos son de naturaleza penal, esto es, una materia distinta de la conoce este Juzgado, por ende, se insiste que la competencia para conocer del acto reclamado corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Aunado a que la parte quejosa se encuentra reclusa, como lo aduce al inicio de su demanda. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, que establece: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.". En este orden de ideas, es claro que el suscrito juzgador es legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer del presente asunto, por lo que se ordena remitir la presente demanda al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente para conocer de la controversia planteada. Esta determinación encuentra apoyo en el criterio sustentado en el conflicto competencial 8/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se concluyó que el juzgador en materia de amparo penal no puede rechazar la competencia declinada por un Juez de Distrito en materia administrativa, por aspectos inherentes al turno, cuando éste expuso motivos de jurisdicción objetiva por razón de materia; aunado a que no existe disidencia entre el órgano que debe conocer del asunto atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, lo cual incluso, está plenamente definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.18/2012. Solicítese de la manera más atenta al Juez de Distrito que reciba la demanda, acuse el recibo correspondiente, e informe si acepta o no la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias mínimas indispensables. 7 Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Negativa de la suspensión de plano. Del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama, entre otros, el cambio de dormitorio B estancia 214, al dormitorio de aislamiento, o a cualquier otro dormitorio o estancia; sin embargo no ha lugar a conceder la suspensión de plano solicitada, en virtud de que los actos consistentes en la reubicación del dormitorio, y que supuestamente se encuentra expuesta al contagio de la enfermedad que produce el virus Sars-Cov2; toda vez que los actos reclamados no se ubican en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni pueden ser equiparables a los mismos, esto es, a los actos: que importen peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, destierro o proscripción, extradición, desaparición forzada de personas, pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos y tormento. No obstante que los quejosos refieran que dichos actos ponen en riesgo la vida y salud, toda vez que del escrito de demanda se desprende que dichos actos son dependientes de la pretensión y causa de pedir que reclaman los quejosos, esto es, la reubicación de mérito, de igual forma, si bien reclama "golpes. Malos tratos y amenazas" que pudieran considerarse como actos de tortura, lo cierto es que de la demanda de amparo no se encuentra demostrado de manera fehaciente que exista dicha situación. Ello es así, aunado a que el promovente omite señalar en qué consisten o cómo se han materializado cada uno de los actos que les atribuye a las autoridades que señala como responsables y que -aduce- se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, pues no indica las circunstancias de modo, tiempo y lugar, a efecto de conocer la forma en que se llevan a cabo, toda vez que sólo cita tales actos de manera genérica sin realizar mayor pronunciamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.3º.P.86 P (10a), Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, septiembre 2020, página 901, de rubro y texto siguientes: ACTOS DE TORTURA. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LOS COMETEN SI LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL INTERNO ATENTAN CONTRA SU DIGNIDAD HUMANA. Conforme al criterio contenido en la tesis aislada P. XXII/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA.", se establece que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. De ahí que cuando en el juicio de amparo indirecto el quejoso señale como acto reclamado autónomo los actos de tortura derivados de sus condiciones de internamiento y se encuentre demostrado en autos, mediante prueba fehaciente, que al momento de la presentación de la demanda, aquellas que imperaban durante su reclusión son susceptibles de provocarle un tormento, entendido éste como cualquier acto u omisión que afecta gravemente la dignidad e integridad personal del justiciable, como pueden ser: el hacinamiento por encontrarse en el mismo espacio una cantidad muy superior de personas para las que está destinada la celda, las dimensiones reducidas del lugar, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la poca higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en que se le proporcionan los alimentos, constituyen actos de tortura que producen un menoscabo en la integridad física y mental del interno, al ser susceptibles de provocar en su persona humillación, degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana, al no encontrarse en condiciones óptimas para desempeñar su vida en reclusión con la normalidad 9 debida, esto es, en igualdad de condiciones que el resto de la población penitenciaria, lo que actualiza los actos de tortura reclamados en su vertiente de violación de derechos humanos. De igual manera, la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, publicada en la página 951 del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo.". Así como la tesis VI.1o.A.19 K, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, diciembre de 2004, página 1458, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Lo anterior, sin perjuicio que el Juzgado declinado, una vez que acepte la competencia del presente asunto, aperture el incidente de suspensión correspondiente. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación. 11 En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese; y personalmente a la quejosa en el centro de reclusión en donde se encuentra interna. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, secretaria que autoriza y da fe.

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