Edelmira Sánchez Reyes.
Expediente 1165/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1165/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edelmira Sánchez Reyes.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil diecinueve. SE SOLICITA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta que suscribe la quejosa Edelmira Sánchez Reyes, mediante el cual solicita la devolución de la garantía exhibida dentro del incidente de suspensión relativo a este juicio, endosado en favor de diversa persona. DEVOLUCIÓN DE BILLETE Tomando en consideración que de la certificación de cuenta se desprende que a la fecha ha concluido el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que la parte tercero interesada pudiera hacer efectiva la garantía exhibida por el amparista a fin de que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión relativo a este juicio, sin que lo hubiera hecho. En tal virtud, como lo pide la quejosa en su ocurso de cuenta, hágasele la devolución del referido billete de depósito N820407 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos moneda nacional), en favor de Edelmira Sánchez Reyes, debidamente endosado a favor de la ocursante. Lo anterior, previa identificación y acta de entrega que se levante, en el entendido que subsiste el apercibimiento realizado en el referido auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, para el caso de no recoger el aludido billete en el plazo indicado. Finalmente, en lo que respecta al endoso que solicita se realice en favor de Ubaldo Cortés Francisco, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad esa petición, toda vez que conforme a la cuarta cláusula de las condiciones de pago contenidas al reverso de la indicada cédula bancaria, debe ser el propio beneficiario de la orden de pago, quien firme el apartado relativo de la misma al momento de recibirla y en presencia del personal de este juzgado. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido para la parte quejosa que es a quien afecta el sentido del fallo, el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, con engrose dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Edelmira Sánchez Reyes, sin que se hubiera recurrido. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SOBRE EL BILLETE DE DEPÓSITO RELACIONADO Por otra parte, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N820407, valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., que fue exhibido a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados; hágase saber a la parte quejosa, que una vez transcurridos seis meses, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, como lo prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, podrá solicitar la devolución del billete de depósito antes aludido, en el entendido que de no hacerlo y transcurridos dos años posteriores a dicho plazo, con fundamento en el artículo 50, de la Ley de la Tesorería de la Federación, prescribirá dicho billete a favor del erario federal y se realizará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Morales Pardo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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POR MEDIO DE LISTA, notifico a la parte quejosa...el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. SE DEVUELVE EXPEDIENTE. Agréguese a los presentes autos el oficio 203/2018, a través del cual la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, devuelve el juicio de amparo IV-1165/2017, mismo que fuera enviado para el dictado de la resolución correspondiente, y anexa un tomo de pruebas y un disco óptico que contiene la sentencia. Acúsese el recibo de estilo; asimismo, a fin de evitar duplicidad de actuaciones, glósense al expediente devuelto, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo. SE ORDENA NOTIFICAR A LAS PARTES EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA. En ese orden de ideas, notifíquese a las partes la sentencia pronunciada por el Juez auxiliar el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, y por oficio a las autoridades responsables, al cual deberá adjuntarse copia certificada del aludido fallo. Notifíquese personalmente el presente acuerdo, así como la sentencia respectiva y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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POR MEDIO DE LISTA, notifico a la parte quejosa...la resolución con engrose de dieciocho de abril del año en curso, que en lo conducente narra: Vistos, para resolver en el juicio de amparo indirecto 1165/2017, y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el cinco de octubre de dos mil diecisiete, Edelmira Sánchez Reyes promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: ". Señalo con tal carácter al C. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia. Asimismo, a la licenciada Guadalupe Rodríguez Vázquez, Secretaria en funciones de ministro notificador de Indaparapeo, adscrita al Juzgado Menor de Zinapécuaro, Michoacán." ACTOS RECLAMADOS: ". Reclamo el decreto de fecha 13 trece de julio de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual se ordena la restitución del inmueble afecto a la causa penal número 54/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, señalada tal restitución para las nueve horas con treinta minutos del día nueve de octubre de la presente anualidad, sin que se cumpla con la debida y correcta notificación del mismo. La ilegal notificación del decreto antes referido." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De la demanda de amparo tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, cuyo titular la admitió mediante acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecisiete; posteriormente, en proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete, consideró que se actualizaba el conocimiento previo del asunto y remitió los autos y el anexo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, cuyo titular se avocó al conocimiento de la demanda, la cual admitió y la tramitó bajo el número de expediente anotado en el encabezado de esta ejecutoria (fojas ciento quince y ciento diecisiete, así como ciento veintiuno y ciento veintidós). Seguidos los trámites correspondientes, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito citado celebró la audiencia constitucional y remitió los autos a este órgano jurisdiccional que ahora resuelve . Recibidos los autos por este Juzgado Federal, el doce de febrero del año en curso, sin abrir cuaderno de antecedentes, se ordenó registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de cuaderno auxiliar 99/2018. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región es competente para conocer del presente asunto, pues ejerce jurisdicción en toda la República y en todas las materias, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Ley de Amparo; 48 y 81, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este último en relación con el punto quinto, inciso 2 y último párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , así como en el oficio STCCNO/1038/2017, suscrito el trece de noviembre de dos mil diecisiete, por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal . Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello, sin contar con facultades para atender cuestiones relativas al trámite del juicio de amparo; de ahí que el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el juzgado de Distrito auxiliado. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 163998 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 107/2010 Página: 440 ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados y autoridades responsables son los siguientes: a) El auto dictado el trece de julio de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de ejecución P0-SI-134/2017, en el que se ordena restituir en forma definitiva el inmueble objeto del delito de despojo (fracción del inmueble ubicado en el domicilio conocido en la población de San Lucas Pío, municipio de Indaparapeo, Michoacán), atribuido al Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Morelia, con residencia en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán. b) La notificación del auto precisado en el punto que antecede, atribuida a la Secretaria en funciones de ministro notificador de Indaparapeo, adscrita al Juzgado Menor Mixto de Zinapécuaro, Michoacán. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Morelia, con residencia en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, y a la Secretaria en funciones de ministro notificador de Indaparapeo, adscrita al Juzgado Menor Mixto de Zinapécuaro, Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados , lo que se corrobora con las constancias que remitió la primera de las autoridades nombradas para apoyar los actos reclamados. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, debe de examinarse la causa de improcedencia hecha valer por la parte tercero interesada, pues es de estudio preferente, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo . Al respecto, el tercero interesado Juan Roberto Santos, albacea testamentario de la víctima en la causa penal número 54/2015, Ma. Genoveva Sánchez Reyes, aduce que el presente juicio de amparo es improcedente, toda vez que la quejosa promovió juicio de amparo directo contra la sentencia dictada el tres de abril de dos mil diecisiete, por la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el toca de apelación penal I-26/2017, en la que se le condenó, entre otras cosas, a la restitución definitiva de la fracción del inmueble ubicado en el domicilio conocido en la población de San Lucas Pío, municipio de Indaparapeo, Michoacán, cuyo cumplimiento fue requerido mediante acuerdo de trece de julio de dos mil diecisiete, que constituye aquí el acto recmado. Es fundada la causa de improcedencia que se hace valer. En efecto, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" [.]" De la reproducción que antecede se advierte que para que opere la causal de inejercitabilidad en cuestión se requiere que se colmen los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, y; c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia de referencia parte del supuesto de que no se ha dictado resolución en el juicio de amparo que se promovió primeramente, en primera o única instancia o en revisión, esto es, que existe litispendencia; por tanto, el objetivo de la referida inejercitabilidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias. En ese sentido, cabe precisar que de las constancias de las que deriva el acto reclamado, deducidas de la causa penal número 54/2015 instruida en contra de Edelmira Sánchez Reyes, por el delito de despojo, cometido en agravio de Ma. Genoveva Reyes Jiménez, remitidas en copia certificada por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Morelia, con residencia en Zurumbeneo, municipio de Charo, como apoyo al acto reclamado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentales públicas, se advierte lo siguiente: 1. Mediante sentencia definitiva de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, consideró plenamente acreditado el delito de despojo de inmueble, previsto y sancionado por el artículo 226, párrafo primero, fracción I, del Código Penal, condenando a Edelmira Sánchez Reyes, entre otras, a restituir en forma definitiva la fracción del inmueble ubicado en el domicilio conocido en la población de San Lucas Pío, municipio de Indaparapeo, Michoacán, con las medidas y colindancias que ahí se precisaron (fojas dos vueltas a treinta y seis del anexo). 2. Inconforme con la sentencia anterior, la procesada y su defensor interpusieron recurso de apelación que se radicó bajo el toca penal número I-26/2017, en el que mediante sentencia de tres de abril de dos mil diecisiete, la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, modificó la sentencia definitiva de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, respecto del tiempo de la pena de prisión, los días de salario mínimo respecto de la multa, así como el monto del beneficio de la conmutación de la sanción, confirmándola en sus demás partes (fojas treinta y siete a cincuenta y cinco del anexo). Ahora bien, de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 2.0 (SISE), lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, que dice: "Época: Décima Época Registro: 2009758 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III Materia(s): Civil Tesis: (V Región)3o.2 K (10a.) Página: 2181 HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." Se advierte que, la aquí quejosa, inconforme con la sentencia dictada el tres de abril de dos mil diecisiete, por la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el toca penal I-26/2017, promovió juicio de amparo directo radicado con el número 285/2017, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, el cual hasta esta fecha se encuentra pendiente de resolver. De lo hasta aquí expuesto, es dable desprender que la aquí quejosa, combatió la sentencia condenatoria dictada el tres de abril de dos mil diecisiete, por la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, a través del amparo directo 285/2017, el cual se encuentra pendiente de resolver, lo que significa que la ejecución de dicha sentencia se encuentra sub judice. Por tanto, es incuestionable que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada -litispendencia-, pues el auto de trece de julio de dos mil diecisiete, que ordena la restitución del bien inmueble ubicado en el domicilio conocido en la población de San Lucas Pío, municipio de Indaparapeo, Michoacán y su notificación, constituyen una consecuencia legal y necesaria de la sentencia condenatoria, cuya ejecución sólo podrá concretarse cuando ésta quede firme. En consecuencia, si aquéllos constituyen actos de ejecución de la sentencia condenatoria, cuya legalidad se impugna en el amparo directo, es evidente que no proceda su análisis de manera independiente, dada su vinculación directa con la sentencia que es materia de estudio en el amparo directo 285/2017, por lo que, se reitera, dichos actos no son más que una consecuencia inmediata y directa de la sentencia condenatoria, cuya legalidad está siendo analizada en un diverso juicio de amparo pendiente de resolver; de ahí que el presente juicio de amparo es improcedente en contra de dichos actos de ejecución. En consecuencia, no es dable emitir pronunciamiento alguno en relación con los actos de ejecución aquí reclamados, porque con ello se corre el riesgo de emitir un fallo contradictorio o trastocar lo que se vaya a resolver en el juicio de amparo directo. Resulta aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que dice: "Época: Novena Época Registro: 202250 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Administrativa Tesis: XI.2o.10 A Página: 947 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE EL, SI LA EJECUCION DE LA SENTENCIA RECLAMADA SE ENCUENTRA SUBJUDICE EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTIAS. Si de autos consta que la sentencia cuya indebida ejecución se impugna en el juicio que se revisa, es también materia de reclamo por parte de uno de los recurrentes en un diverso juicio de garantías, en el que incluso se formó el correspondiente incidente de suspensión para que aquélla no fuera cumplimentada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que previa la revocación de la resolución recurrida, se impone sobreseer en el juicio en términos del numeral 74, fracción III, del propio ordenamiento legal. Es así, porque estando pendiente de resolverse en el otro juicio de garantías lo referente a la legalidad de la citada sentencia, al igual que lo relativo a su ejecución no es posible verter pronunciamiento alguno acerca de la debida o indebida cumplimentación de la propia resolución que se reclama en la controversia constitucional que se revisa, porque con ello se correría el riesgo de emitir un fallo contradictorio o trastocar lo que se vaya a resolver o esté resuelto ya, en el otro amparo." Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por la parte tercero interesada, se impone decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridad aquí precisados. En razón de la actualización de la causal de improcedencia indicada, resulta innecesario pronunciarse sobre las diversas causas diversas de inejercitabilidad hechas valer la parte tercero interesada, pues el abordar su estudio resultaría irrelevante, dado que el sentido del fallo no cambiaría. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 195744 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 54/98 Página: 414 SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Asimismo, es aplicable, por identidad de razón jurídica, la diversa jurisprudencia que sustentó la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, que reza: "Época: Novena Época Registro: 194697 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Enero de 1999 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 3/99 Página: 13 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito". En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, toda vez que dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para abordar el estudio de fondo del asunto. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por último, no se desconoce que mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (fojas cuarenta y tres a cuarenta y cinco), el tercero interesado formuló alegatos; sin embargo, no constituye una obligación para este órgano jurisdiccional entrar al estudio de las afirmaciones que se realizan en esa vía, pues la "litis" en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia. Sustenta la consideración que antecede, la siguiente jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." QUINTO. Providencias finales. Con fundamento en el artículo único, fracciones VI y VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, devuélvanse los autos al órgano jurisdiccional que conoció del expediente para que tenga a bien notificar la presente resolución y continuar con la tramitación del asunto. Solicítese al Juzgado de origen que tenga a bien ordenar la emisión del acuse de recibo correspondiente; asimismo, se sirva girar las instrucciones necesarias para informar a este órgano de control constitucional si la presente determinación causó ejecutoria o, en caso de haber sido impugnada, el sentido de la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito. Finalmente, realícense los registros correspondientes en el Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE), dándolo por concluido y archivado de manera definitiva, toda vez que el auxilio prestado al Juzgado de origen concluyó con la emisión de la presente sentencia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Edelmira Sánchez Reyes, en contra de los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto de esta sentencia. Cúmplase. Así lo resolvió la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo al órgano de control constitucional de origen, hoy dieciocho de abril de dos mil dieciocho, ante la Secretaria Mónica Barrios Reyes, que autoriza y da fe. Doy fe.
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