Edelma Hidalgo Moreno

Expediente 338/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
338/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
20/01/2021

Partes del expediente

  • Edelma Hidalgo Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de siete de diciembre de dos mil veinte, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos primero y segundo, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se sobreseyó; sin embargo, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Así también, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el citado ordinal 18 del Acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 338/2020-IV-B, promovido por ***a favor de la directa quejosa ***; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado el mismo día, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ***a favor de la directa quejosa ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó de las autoridades siguientes: Fiscal General del Estado de Yucatán, Director de la Policía Estatal Investigadora, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Director de la Policía Municipal Policía Federal Investigadora Fiscalía General de la República Todos con sede en esta ciudad; y Director de la Policía Municipal, con residencia en Progreso, Yucatán. Actos que hizo consistir en la incomunicación, privación de la libertad fuera de procedimiento, malos tratos, tortura y detención. Lo cual en la propia fecha se proveyó la suspensión de plano por cuanto hace a la incomunicación, privación de la libertad fuera de procedimiento, malos tratos y tortura de la directa quejosa. SEGUNDO. En la misma fecha la parte quejosa ratificó la demanda promovida a su favor, y en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo, por cuanto hace al acto reclamado detención; se solicitó sus informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le competía y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO.- Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. CUARTO.- Reanudación del procedimiento. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, se reanudó el procedimiento, y previos diferimientos se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de actos. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó: La incomunicación, privación de la libertad fuera de procedimiento, malos tratos, tortura y detención. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la incomunicación, privación de la libertad fuera de procedimiento, malos tratos y tortura de la directa quejosa, toda vez que al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente la existencia de dichos actos; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Del mismo modo, no son ciertos los actos reclamados al Fiscal General del Estado de Yucatán (1), quien rindió informe a través del Vice Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado; Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado (3); Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (4); Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal Investigadora (6); Director de la Policía Municipal (5); todos con sede en esta ciudad, y Director de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán (8), relativos a la detención de la directa quejosa, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara con prueba alguna esas negativas, aunado al hecho que no se advierte que hubiesen tenido alguna participación en los actos de referencia. En tales condiciones, ante la negativa expresada por las autoridades responsables respecto de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, por cuanto hace a dichos actos y autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de actos. Por otra parte, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Director de la Policía Estatal Investigadora, (rindió informe a través del Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán); y, 7. Fiscalía General de la República (rindió informe a través del Subdelegado de Control de Averiguaciones Previas). Lo anterior, no obstante que lo negaron al rendir sus informes justificados de las constancias que remitieron se evidencia su existencia. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El precepto de la ley de la materia antes invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;.". En el caso, la directa quejosa Edelma Hidalgo Moreno, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, reclamando de las autoridades responsables sustancialmente su detención. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán y por el Subdelegado de Control de Averiguaciones Previas, de la Fiscalía General de la República, ambos con sede en esta ciudad, y las que integran los presentes autos, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se advierte que Edelma Hidalgo Moreno, se encontraba recluida en la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación número FED/YUC/PROG/0000039/2020. Sin embargo, posteriormente, con fecha veintidós de febrero de dos mil veinte, la directa quejosa Edelma Hidalgo Moreno, fue trasladada a las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado de Yucatán y puesta a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, generó un cambió en su situación jurídica y por tanto, que se actualice la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la parte quejosa al haber sido puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Consecuentemente, los actos reclamados fueron sustituidos jurídica y procesalmente, ya que al momento de que la autoridad ministerial ejerció acción penal, se transitó de una fase de investigación no judicializada a una judicializada. Por tanto, es inconcuso que los actos atribuidos a las autoridades responsables, quedan consumados formal e irreparablemente; en todo caso, ahora corresponderá al impetrante ejercer su derecho de defensa ante el Juez de Control que conoce del asunto. Apoya a lo anterior, por las razones que expone, la tesis II.2o.P.44 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1702 y Registro: 2013315, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Asimismo, por analogía de razón, la tesis IV.2o.P.43 P, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Octubre de 2009, página 1373 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica del quejoso, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. SEXTO. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultado primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultado primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la constancia levantada por la actuaria adscrita a este juzgado, de la que se advierte que, por las razones que expone no le fue posible notificar a la quejosa ***, el contenido del auto de veinte de octubre del presente año, en el domicilio que obra en autos para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena hacerle la notificación de dicho proveído, del presente acuerdo, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto proporcione a este Juzgado un nuevo domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. Notifíquese y cúmplase. Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que en proveído de dieciséis de los corrientes, se señaló como fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, el trece de noviembre de dos mil veinte, a las diez horas con catorce minutos; sin embargo, en dichas fecha y hora se encuentran señalas para la celebración en la audiencia constitucional en el expediente 931/2020 de este índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en este asunto en que deberá llevarse a cabo la referida audiencia, quedando para las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese, personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, como se aprecia en proveído de diecisiete de noviembre actual. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 54/2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, en el IUS Intranet, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese y cúmplase.

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