Edel Josefat Pérez Santos

Expediente 602/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
602/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Edel Josefat Pérez Santos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, para que la parte quejosa recurriera el auto de veintiocho de junio del año en curso, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO.

  2. Principal

    MESA II. (...) DESECHAMIENTO (...) De la interpretación de estos dispositivos se advierte que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, solo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). (...) En ese contexto, dada la naturaleza del acto impugnado conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. En el caso, el promovente del juicio reclama: a) La prolongación de la detención por más de setenta y dos horas sin que se le haya dictado el auto de vinculación a proceso en la carpeta judicial *****. b) La inmediata libertad por encontrarse detenido por más de 36 horas después del término constitucional Esta autoridad judicial considera que, conforme la previsión legal anterior, si el juicio de amparo sólo puede promoverlo la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, o por conducto de su representante legal, defensor o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita, es incuestionable que la persona que insta la acción constitucional de amparo carece de la titularidad del derecho público subjetivo que se estima transgredido, pues en todo caso, las consecuencias que deriven del acto impugnado afectarían la esfera jurídica del imputado en el procedimiento de origen, pero no la de la promovente. Además, de la lectura integral de la demanda no se advierte que el directo quejoso ********, se encuentre en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y esté imposibilitado para promover la demanda. Incluso, del escrito inicial puede desprenderse que el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, aunado a que como lo manifestó la promovente el directo quejoso estuvo en contacto con alguien positivo a covid, razón por la que el juez de control suspendió la audiencia. Lo anterior, ya que en el caso los actos reclamados no son de los previstos por el numeral 15 de la ley de la materia (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el arábigo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Bajo esas consideraciones, es inconcuso que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la promovente, por lo que no está en condiciones de instar la acción constitucional por propio derecho. Sin que se desatienda lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Amparo, que señala que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el quejoso, puede promover el amparo por conducto de su defensor, y que a la luz del primer párrafo del diverso 11 de la ley de la materia, bastara dicha afirmación. Sin embargo, no exhibió documento idóneo que acredite que es representante legal del directo agraviado, o bien tampoco manifestó que su personalidad la tiene acreditada ante la responsable. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el precepto 113 de la misma ley, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Lo que de ninguna manera implica obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la parte quejosa, ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, fueron con el objeto de permitirle a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial; empero, no para trastocar los principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo, como lo es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por su propio derecho-salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tales efectos. Toda vez que así lo solicita, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a las personas que señala, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. Asimismo, por señalado el correo electrónico y teléfonos celulares, para cuestiones no procesales. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el párrafo quinto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; se autoriza a consultar el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto con el nombre de usuario "******". (...)

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