Edel Gerardo Martínez Cruz

Expediente 817/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
817/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
15/12/2015

Partes del expediente

  • Edel Gerardo Martínez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    MESA I B Vista la certificación de cuenta, como de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa, hubiere hecho valer recurso de inconformidad en contra del auto de doce de noviembre del año en curso (fojas 150 a 153), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Incidental

    MESA I B De los autos se advierte que se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA I B Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido en auto de veintidós de octubre último (foja 142), respecto de la vista relativa al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia que concedió el amparo y protección al quejoso Edel Gerardo Martínez Cruz, sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación al respecto; en consecuencia, se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable respecto de dicho cumplimiento. El once de septiembre de dos mil quince, se emitió sentencia en la que se concedió el amparo de la Justicia Federal al quejoso Edel Gerardo Martínez Cruz, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejaran insubsistente la resolución de diecinueve de mayo de dos mil quince, en el toca de apelación 560-(II)/2014 de su índice, y dictaran otra la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando la misma, siguiendo los lineamientos puntualizados en la sentencia de amparo, consistentes en: Ahora, bien del análisis de la resolución reclamada se desprende que, no satisface los requisitos formales que exige el artículo 16 constitucional, esto es, la debida fundamentación y motivación del acto autoritario. Este criterio responde a que del texto del mandamiento reclamado, se desprende que la Sala responsable, para analizar los elementos cuerpo del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO, previsto en el artículo 285, en relación con el 8, fracción II y sancionado por el primer párrafo del artículo 58, en relación con el 289 todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, -a su juicio- los hizo consistir en: a) Que se prive de la vida a una persona b) Que la privación de esa vida humana se deba a una causa externa provocada por otra persona, y c) Que el que lo cause no provea el cuidado posible y adecuado para no producirlo o en su caso evitarlo. Como se ve en dicho apartado la Sala responsable si bien es cierto hizo un razonamiento fundado y motivado adecuadamente, para acreditar los elementos del injusto penal de HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO; luego entonces, se advierte que de manera genérica y dogmática, la autoridad judicial responsable acreditó los citados elementos del delito antes mencionado. Se dice lo anterior, en virtud de que de la simple interpretación del artículo 8° del Código Penal para el Estado, los delitos sólo pueden cometerse dolosa o culposamente: siendo que obra culposamente el que no provee el cuidado posible y adecuado para no producir, o en su caso evitar, la previsible y evitable lesión típica del bien jurídico. En el caso, en el homicidio intencional existe la voluntad de privar a una persona de la vida, y, en el culposo, se hallan ausentes el deber de cuidado que las circunstancias y condiciones personales le imponen al sujeto activo, es decir, el homicidio culposo se comete violándose un deber de cuidado que personalmente le incumbe al sujeto activo, o bien por impericia o ineptitud. Si el ánimo del agente no estaba dirigido a producir la muerte del ofendido, puesto que no tuvo la representación de ese resultado, ni se movió su voluntad precisamente a su causación y causó un resultado no deseado pero previsible, el delito es atribuible a título culposo y no intencional. De la lectura del tercer elemento descrito por la responsable consistente en el homicidio ". que lo cause no provea el cuidado posible y adecuado para no producirlo o en su caso evitarlo, es claro que se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra "y"; en consecuencia, no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras, ya que de lo contrario, se estaría recalificando la conducta. De ahí que si la autoridad responsable, para tener por acreditado el cuerpo del delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, previsto y sancionado por el artículo 285 en relación con el artículo 8° ambos del código penal para el estado de Oaxaca, consideró tales conductas como una sola, es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la violación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio de los inculpados. Además para que el delito exista basta una sola de las maneras de comisión delictiva a que se refiere, pues en el tipo penal en estudio, el legislador empleó la conjunción disyuntiva "o" que gramaticalmente significa alternativa entre personas, cosas o ideas. Con relación a lo anterior conviene precisar que el artículo 8°, fracción II del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en el que se apoya la autoridad responsable para determinar en la forma que lo hace -transcrito con antelación-, permite conocer que obra culposamente el que no provee el cuidado posible y adecuado para no producir o, en su caso, evitar, la previsible y evitable lesión típica del bien jurídico, esto es, que dicho precepto normativo prevé la existencia de dos hipótesis de la conducta típica culposa. Precisado lo anterior, se puede concluir válidamente que, en el caso, la autoridad responsable omitió establecer con precisión en cuál de las hipótesis que establece el numeral que invoca se ubica la conducta del inculpado, esto es, si la lesión típica del bien jurídico se produjo con motivo de que el inculpado omitió proveer el cuidado posible y adecuado para no producir dicha lesión, o bien, si dicha lesión se produjo porque el indiciado omitió proveer el cuidado posible y adecuado para evitarla. En el entendido que la autoridad responsable al abordar tal cuestión, en cualquiera de los supuestos que estime actualizado, deberá exponer los razonamientos lógico - jurídicos que la lleven a la convicción de que la conducta reprochada se realizó de forma culposa, en qué consiste la falta de cuidado posible y adecuado del conductor del vehículo involucrado en el evento típico, y cómo es que esto acredita el reproche penal que se efectúa. Lo anterior se estima necesario en razón de que para acreditar la culpa en delito como el que se analiza, deben encontrarse acreditados sustancialmente los siguientes elementos: a) el subjetivo en el que debe probarse que el agente del delito obró con imprevisión, falta de reflexión, negligencia, falta de cuidado o imprudencia, manifestada por medio de actos u omisiones; b) el objetivo, que se aprecia sensorialmente por los efectos que causó, o sea, por los daños materiales, y c) la relación de causalidad física, directa o indirecta, entre los actos u omisiones y el daño resultante. [.] Luego entonces, si la resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, dictada por la Sala responsable, solamente estudió de manera genérica los elementos del tipo penal, como una sola conducta; es evidente que se limitó a transcribir los medios de prueba, pero sin tomar en consideración la mecánica del evento delictivo, para ubicar a los quejosos en la hipótesis correspondiente a la conducta que desplegó, habida cuenta de que al no actuar la autoridad jurisdiccional responsable de esa manera, omitió cumplir con la obligación de motivar adecuadamente el cuerpo del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO DE MOTOR. Más aun, porque del análisis de la resolución reclamada se advierte que los magistrados de la Sala responsable, en la acreditación del cuerpo del delito de que se trata, consideraron como medios de prueba para acreditar los elementos del cuerpo de delito los dictámenes de mecánica de hechos, criminalística y lesiones. Sin embargo, si bien fueron tomados en cuenta en la resolución reclamada, pone de manifiesto la falta de motivación en la valoración de las pruebas periciales, puesto que sólo se alude a que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo que dispone el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado, empero, nada refieren si en el desarrollo de esas periciales se practicaron todas las operaciones y experiencias que su ciencia o arte le sugería a los peritos, hechos o métodos que les sirvieron de fundamento para emitir sus dictámenes como lo requiere el artículo 403 del ordenamiento legal invocado, de modo tal, que se evidenciara que el juzgador estuvo en aptitud de valorar todas esas operaciones, experiencias, hechos o métodos en que se basaron los expertos, dado que será a través de ellos que tal opinión genere mayor o menor convicción, y no limitarse sólo a decir que tiene valor probatorio de indicio y pleno, de conformidad con el citado precepto 354 del invocado código procesal; es decir, para considerar que se cumple con el requisito de forma, la autoridad responsable debe precisar porqué es que considera se cumplen tales requisitos en los dictámenes examinados, pues es menester que precise cuáles fueron los métodos utilizados, y las operaciones que realizaron los peritos que los llevaron a la conclusión que, precisamente la consecuencia de la conducta desplegada por los agentes del delito, esto es la causa externa, expresando las lesiones que causaron la muerte de la sujeto pasivo; además, los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento, ya que son precisamente esas consideraciones las que generarían convicción en el juzgador al efectuar su análisis y conceder mayor o menor valor probatorio a los dictámenes o incluso negárselo, atento a la convicción que generen en él. Sobre todo, que cada medio de prueba tiene requisitos ciertos y específicos que satisfacer, para en su caso, generar mayor o menor convicción en el juzgador. En ese contexto, se aprecia que la sala responsable no analizó los elementos del cuerpo del delito a la luz de las pruebas obrantes en autos y menos aún refirió con qué pruebas específicas se acreditó cada uno de ellos y cuál es la relevancia y valor probatorio que merece cada una de ellas. Entonces, esa determinación debe estimarse violatoria de la garantía de fundamentación y motivación, prevista en el artículo 16 de la Carta Magna, en perjuicio del quejoso, puesto que al no fundar y motivar su determinación, lo deja en estado de indefensión, porque el actuar de ese modo le impide conocer en qué consisten los hechos típicos y la conducta que se le atribuye, y se le priva así de efectuar una adecuada defensa en su favor. Por otro lado respecto del estudio de la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito que se le imputa, la resolución reclamada presenta diversas irregularidades que dejan sin defensa al impetrante del amparo, como se explica a continuación. En principio debe decirse que el cuerpo del delito y la probable responsabilidad son apartados totalmente diferentes, que si bien es cierto se analizan en una misma resolución, también lo es que su estudio y acreditamiento se deberá de realizar por separado, fundando y motivando las razones en virtud de las cuales se considera que se acredita la probable responsabilidad del indiciado, debiendo exponer de una forma clara y precisa las pruebas, por medio de las cuales, se acredita su forma de participación. Así, la circunstancia de que con las mismas pruebas que sirvieron para acreditar los elementos del cuerpo del delito en cuestión, se pueda tener por demostrada la probable responsabilidad del quejoso, no exime a la autoridad responsable, aun justificando por economía procesal y para evitar repeticiones inútiles, que deje de valorar nuevamente de manera fundada y motivada las pruebas con que tiene por demostrado este otro apartado (probable responsabilidad). Ello es así, ya que las pruebas que obran en la causa penal sirven para demostrar ambos apartados (cuerpo del delito y probable responsabilidad), empero, en cada uno de estos se analizan diversas cuestiones, toda vez que, el análisis del cuerpo del delito es impersonal e indivisible (juicio de tipicidad) y en la probable responsabilidad se examina la actividad delictiva desplegada por el inculpado, autoría (forma de intervención) y dolo o culpa. De ahí que, aun cuando con las mismas pruebas se pueda tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del sujeto activo, lo cierto es que, el juez responsable al momento de examinar la probable responsabilidad del solicitante del amparo, deberá valorar de nueva cuenta los medios probatorios -en lo individual- exponiendo las razones lógico y jurídicos, en virtud de las cuales, les otorga dicha valoración, ya que como fue precisado en líneas precedentes, en este otro apartado se tienen que acreditar circunstancias diversas al cuerpo del delito, más aun si, como en el caso, trata de demostrar la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión de los dos delitos imputados. Máxime si se considera que la autoridad responsable justifica la probable responsabilidad penal del inculpado en términos de la prueba circunstancial (prevista en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado), por lo que resulta de trascendental importancia precisar cómo es que dichos elementos probatorios se concatenan entre sí, de manera lógica y natural, es decir, cómo acreditan de manera directa el hecho a probar, o bien cómo completan algún dato o despejan alguna incógnita y, por ende, resultan aptos y suficientes para acreditar la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito culposo que produjo homicidio. Ello es así, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente, partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, pues es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo. De ahí que, en principio, sea necesario que la autoridad responsable destaque qué indicios le aporta en lo individual cada medio de convicción, para entonces determinar que con tales medios de prueba se acredita la probable responsabilidad penal del inculpado, ahora quejoso. Circunstancias tales que impiden al peticionario del amparo que conozca con claridad y precisión la forma en que se tuvo por acreditada su probable responsabilidad en la comisión del hecho ilícito que se le imputa y, por consiguiente, no le permiten estar en condiciones de preparar una adecuada defensa. Omisiones apuntadas que contravienen en perjuicio del quejoso EDEL GERARDO MARTÍNEZ CRUZ, los artículos 24 y 25 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, los que obligan a la responsable a verificar que los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso, estén acreditados en autos, y consecuentemente, infringen lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución General de la República, conforme al cual la autoridad debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Ante las omisiones formales resultantes de la lectura integral de la resolución combatida, el suscrito se encuentra impedido para analizar el fondo del acto reclamado, dado que la verificación de los requisitos formales es preferente, pues su ausencia o deficiencia, como ocurre en la especie, impide analizar el fondo de acto reclamado por el desconocimiento de los elementos que sustentan sus consideraciones, las cuales, consecuentemente, no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna. En ese tenor, los Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Estado, el veinte de octubre de dos mil quince, dejaron sin efecto la resolución de diecinueve de mayo de dos mil quince, dictada en el toca penal 560-(II)/2014 de su índice, que constituyó el acto reclamado, y emitieron otra, en la que revocaron el auto de libertad pronunciado en el expediente 111/2014 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, emitido a favor de EDEL GERARDO MARTÍNEZ CRUZ, y en su lugar emitieron auto de formal prisión contra el citado inculpado, como probable responsable en la comisión del delito culposo de homicidio por tránsito de vehículo de motor (fojas 78 a 141). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la misma, pone de manifiesto que se cumple con la ejecutoria de amparo, toda vez que la Sala responsable dejó insubsistente la resolución de diecinueve de mayo de dos mil quince, dictada en el toca penal 560-(II)/2014 de su índice, que constituyó el acto reclamado, y emitió otra, en la que: I. Establecieron que la conducta del inculpado se produjo con motivo de que omitió proveer el cuidado posible y adecuado para evitar la lesión, pues al efecto indicaron ".la persona al realizar esa conducta imprudente, trajo como consecuencia los hechos de tránsito terrestre que dieron origen a la presente causa penal, de los cuales resulta que perdió la vida quien llevara el nombre de Jesús Pacheco o Jesús Pacheco Pérez, lo cual le era previsible y evitable, pues basta con que dicho activo como conductor de la unidad, tomara las medidas necesarias de precaución al conducir el vehículo de motor, como lo hubiera sido poner la debida atención al frente de su unidad y circular a una velocidad moderada, pues en primer término, todo conductor de un automotor es sabedor que debe conducirse con precaución y debe respetar los límites de velocidad, para así evitar un accidente.". II. Por lo que hace a los dictámenes de mecánica de hechos, criminalística y lesiones, refirieron que los peritos practicaron las operaciones y experiencias en su ciencia, así como los hechos y métodos que les sirvieron de fundamento para emitir los mismos conforme a lo establecido en el artículo 403 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca. III. Indicó con que pruebas se acreditaban cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, así como el valor que a cada uno de los medios probatorios asignó. IV. En la probable responsabilidad la Sala destacó que indicios aportó en lo individual los medios de convicción que tomó en cuenta, así como que con tales probanzas se acreditaba la probable responsabilidad del inculpado, ahora quejoso. Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA I B Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido en auto de veintidós de octubre último (foja 142), respecto de la vista relativa al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia que concedió el amparo y protección al quejoso Edel Gerardo Martínez Cruz, sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación al respecto; en consecuencia, se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable respecto de dicho cumplimiento. El once de septiembre de dos mil quince, se emitió sentencia en la que se concedió el amparo de la Justicia Federal al quejoso Edel Gerardo Martínez Cruz, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejaran insubsistente la resolución de diecinueve de mayo de dos mil quince, en el toca de apelación 560-(II)/2014 de su índice, y dictaran otra la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando la misma, siguiendo los lineamientos puntualizados en la sentencia de amparo, consistentes en: Ahora, bien del análisis de la resolución reclamada se desprende que, no satisface los requisitos formales que exige el artículo 16 constitucional, esto es, la debida fundamentación y motivación del acto autoritario. Este criterio responde a que del texto del mandamiento reclamado, se desprende que la Sala responsable, para analizar los elementos cuerpo del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO, previsto en el artículo 285, en relación con el 8, fracción II y sancionado por el primer párrafo del artículo 58, en relación con el 289 todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, -a su juicio- los hizo consistir en: a) Que se prive de la vida a una persona b) Que la privación de esa vida humana se deba a una causa externa provocada por otra persona, y c) Que el que lo cause no provea el cuidado posible y adecuado para no producirlo o en su caso evitarlo. Como se ve en dicho apartado la Sala responsable si bien es cierto hizo un razonamiento fundado y motivado adecuadamente, para acreditar los elementos del injusto penal de HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO; luego entonces, se advierte que de manera genérica y dogmática, la autoridad judicial responsable acreditó los citados elementos del delito antes mencionado. Se dice lo anterior, en virtud de que de la simple interpretación del artículo 8° del Código Penal para el Estado, los delitos sólo pueden cometerse dolosa o culposamente: siendo que obra culposamente el que no provee el cuidado posible y adecuado para no producir, o en su caso evitar, la previsible y evitable lesión típica del bien jurídico. En el caso, en el homicidio intencional existe la voluntad de privar a una persona de la vida, y, en el culposo, se hallan ausentes el deber de cuidado que las circunstancias y condiciones personales le imponen al sujeto activo, es decir, el homicidio culposo se comete violándose un deber de cuidado que personalmente le incumbe al sujeto activo, o bien por impericia o ineptitud. Si el ánimo del agente no estaba dirigido a producir la muerte del ofendido, puesto que no tuvo la representación de ese resultado, ni se movió su voluntad precisamente a su causación y causó un resultado no deseado pero previsible, el delito es atribuible a título culposo y no intencional. De la lectura del tercer elemento descrito por la responsable consistente en el homicidio ". que lo cause no provea el cuidado posible y adecuado para no producirlo o en su caso evitarlo, es claro que se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra "y"; en consecuencia, no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras, ya que de lo contrario, se estaría recalificando la conducta. De ahí que si la autoridad responsable, para tener por acreditado el cuerpo del delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, previsto y sancionado por el artículo 285 en relación con el artículo 8° ambos del código penal para el estado de Oaxaca, consideró tales conductas como una sola, es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la violación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio de los inculpados. Además para que el delito exista basta una sola de las maneras de comisión delictiva a que se refiere, pues en el tipo penal en estudio, el legislador empleó la conjunción disyuntiva "o" que gramaticalmente significa alternativa entre personas, cosas o ideas. Con relación a lo anterior conviene precisar que el artículo 8°, fracción II del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en el que se apoya la autoridad responsable para determinar en la forma que lo hace -transcrito con antelación-, permite conocer que obra culposamente el que no provee el cuidado posible y adecuado para no producir o, en su caso, evitar, la previsible y evitable lesión típica del bien jurídico, esto es, que dicho precepto normativo prevé la existencia de dos hipótesis de la conducta típica culposa. Precisado lo anterior, se puede concluir válidamente que, en el caso, la autoridad responsable omitió establecer con precisión en cuál de las hipótesis que establece el numeral que invoca se ubica la conducta del inculpado, esto es, si la lesión típica del bien jurídico se produjo con motivo de que el inculpado omitió proveer el cuidado posible y adecuado para no producir dicha lesión, o bien, si dicha lesión se produjo porque el indiciado omitió proveer el cuidado posible y adecuado para evitarla. En el entendido que la autoridad responsable al abordar tal cuestión, en cualquiera de los supuestos que estime actualizado, deberá exponer los razonamientos lógico - jurídicos que la lleven a la convicción de que la conducta reprochada se realizó de forma culposa, en qué consiste la falta de cuidado posible y adecuado del conductor del vehículo involucrado en el evento típico, y cómo es que esto acredita el reproche penal que se efectúa. Lo anterior se estima necesario en razón de que para acreditar la culpa en delito como el que se analiza, deben encontrarse acreditados sustancialmente los siguientes elementos: a) el subjetivo en el que debe probarse que el agente del delito obró con imprevisión, falta de reflexión, negligencia, falta de cuidado o imprudencia, manifestada por medio de actos u omisiones; b) el objetivo, que se aprecia sensorialmente por los efectos que causó, o sea, por los daños materiales, y c) la relación de causalidad física, directa o indirecta, entre los actos u omisiones y el daño resultante. [.] Luego entonces, si la resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, dictada por la Sala responsable, solamente estudió de manera genérica los elementos del tipo penal, como una sola conducta; es evidente que se limitó a transcribir los medios de prueba, pero sin tomar en consideración la mecánica del evento delictivo, para ubicar a los quejosos en la hipótesis correspondiente a la conducta que desplegó, habida cuenta de que al no actuar la autoridad jurisdiccional responsable de esa manera, omitió cumplir con la obligación de motivar adecuadamente el cuerpo del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO DE MOTOR. Más aun, porque del análisis de la resolución reclamada se advierte que los magistrados de la Sala responsable, en la acreditación del cuerpo del delito de que se trata, consideraron como medios de prueba para acreditar los elementos del cuerpo de delito los dictámenes de mecánica de hechos, criminalística y lesiones. Sin embargo, si bien fueron tomados en cuenta en la resolución reclamada, pone de manifiesto la falta de motivación en la valoración de las pruebas periciales, puesto que sólo se alude a que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo que dispone el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado, empero, nada refieren si en el desarrollo de esas periciales se practicaron todas las operaciones y experiencias que su ciencia o arte le sugería a los peritos, hechos o métodos que les sirvieron de fundamento para emitir sus dictámenes como lo requiere el artículo 403 del ordenamiento legal invocado, de modo tal, que se evidenciara que el juzgador estuvo en aptitud de valorar todas esas operaciones, experiencias, hechos o métodos en que se basaron los expertos, dado que será a través de ellos que tal opinión genere mayor o menor convicción, y no limitarse sólo a decir que tiene valor probatorio de indicio y pleno, de conformidad con el citado precepto 354 del invocado código procesal; es decir, para considerar que se cumple con el requisito de forma, la autoridad responsable debe precisar porqué es que considera se cumplen tales requisitos en los dictámenes examinados, pues es menester que precise cuáles fueron los métodos utilizados, y las operaciones que realizaron los peritos que los llevaron a la conclusión que, precisamente la consecuencia de la conducta desplegada por los agentes del delito, esto es la causa externa, expresando las lesiones que causaron la muerte de la sujeto pasivo; además, los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento, ya que son precisamente esas consideraciones las que generarían convicción en el juzgador al efectuar su análisis y conceder mayor o menor valor probatorio a los dictámenes o incluso negárselo, atento a la convicción que generen en él. Sobre todo, que cada medio de prueba tiene requisitos ciertos y específicos que satisfacer, para en su caso, generar mayor o menor convicción en el juzgador. En ese contexto, se aprecia que la sala responsable no analizó los elementos del cuerpo del delito a la luz de las pruebas obrantes en autos y menos aún refirió con qué pruebas específicas se acreditó cada uno de ellos y cuál es la relevancia y valor probatorio que merece cada una de ellas. Entonces, esa determinación debe estimarse violatoria de la garantía de fundamentación y motivación, prevista en el artículo 16 de la Carta Magna, en perjuicio del quejoso, puesto que al no fundar y motivar su determinación, lo deja en estado de indefensión, porque el actuar de ese modo le impide conocer en qué consisten los hechos típicos y la conducta que se le atribuye, y se le priva así de efectuar una adecuada defensa en su favor. Por otro lado respecto del estudio de la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito que se le imputa, la resolución reclamada presenta diversas irregularidades que dejan sin defensa al impetrante del amparo, como se explica a continuación. En principio debe decirse que el cuerpo del delito y la probable responsabilidad son apartados totalmente diferentes, que si bien es cierto se analizan en una misma resolución, también lo es que su estudio y acreditamiento se deberá de realizar por separado, fundando y motivando las razones en virtud de las cuales se considera que se acredita la probable responsabilidad del indiciado, debiendo exponer de una forma clara y precisa las pruebas, por medio de las cuales, se acredita su forma de participación. Así, la circunstancia de que con las mismas pruebas que sirvieron para acreditar los elementos del cuerpo del delito en cuestión, se pueda tener por demostrada la probable responsabilidad del quejoso, no exime a la autoridad responsable, aun justificando por economía procesal y para evitar repeticiones inútiles, que deje de valorar nuevamente de manera fundada y motivada las pruebas con que tiene por demostrado este otro apartado (probable responsabilidad). Ello es así, ya que las pruebas que obran en la causa penal sirven para demostrar ambos apartados (cuerpo del delito y probable responsabilidad), empero, en cada uno de estos se analizan diversas cuestiones, toda vez que, el análisis del cuerpo del delito es impersonal e indivisible (juicio de tipicidad) y en la probable responsabilidad se examina la actividad delictiva desplegada por el inculpado, autoría (forma de intervención) y dolo o culpa. De ahí que, aun cuando con las mismas pruebas se pueda tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del sujeto activo, lo cierto es que, el juez responsable al momento de examinar la probable responsabilidad del solicitante del amparo, deberá valorar de nueva cuenta los medios probatorios -en lo individual- exponiendo las razones lógico y jurídicos, en virtud de las cuales, les otorga dicha valoración, ya que como fue precisado en líneas precedentes, en este otro apartado se tienen que acreditar circunstancias diversas al cuerpo del delito, más aun si, como en el caso, trata de demostrar la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión de los dos delitos imputados. Máxime si se considera que la autoridad responsable justifica la probable responsabilidad penal del inculpado en términos de la prueba circunstancial (prevista en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado), por lo que resulta de trascendental importancia precisar cómo es que dichos elementos probatorios se concatenan entre sí, de manera lógica y natural, es decir, cómo acreditan de manera directa el hecho a probar, o bien cómo completan algún dato o despejan alguna incógnita y, por ende, resultan aptos y suficientes para acreditar la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito culposo que produjo homicidio. Ello es así, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente, partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, pues es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo. De ahí que, en principio, sea necesario que la autoridad responsable destaque qué indicios le aporta en lo individual cada medio de convicción, para entonces determinar que con tales medios de prueba se acredita la probable responsabilidad penal del inculpado, ahora quejoso. Circunstancias tales que impiden al peticionario del amparo que conozca con claridad y precisión la forma en que se tuvo por acreditada su probable responsabilidad en la comisión del hecho ilícito que se le imputa y, por consiguiente, no le permiten estar en condiciones de preparar una adecuada defensa. Omisiones apuntadas que contravienen en perjuicio del quejoso EDEL GERARDO MARTÍNEZ CRUZ, los artículos 24 y 25 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, los que obligan a la responsable a verificar que los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso, estén acreditados en autos, y consecuentemente, infringen lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución General de la República, conforme al cual la autoridad debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Ante las omisiones formales resultantes de la lectura integral de la resolución combatida, el suscrito se encuentra impedido para analizar el fondo del acto reclamado, dado que la verificación de los requisitos formales es preferente, pues su ausencia o deficiencia, como ocurre en la especie, impide analizar el fondo de acto reclamado por el desconocimiento de los elementos que sustentan sus consideraciones, las cuales, consecuentemente, no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna. En ese tenor, los Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Estado, el veinte de octubre de dos mil quince, dejaron sin efecto la resolución de diecinueve de mayo de dos mil quince, dictada en el toca penal 560-(II)/2014 de su índice, que constituyó el acto reclamado, y emitieron otra, en la que revocaron el auto de libertad pronunciado en el expediente 111/2014 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, emitido a favor de EDEL GERARDO MARTÍNEZ CRUZ, y en su lugar emitieron auto de formal prisión contra el citado inculpado, como probable responsable en la comisión del delito culposo de homicidio por tránsito de vehículo de motor (fojas 78 a 141). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la misma, pone de manifiesto que se cumple con la ejecutoria de amparo, toda vez que la Sala responsable dejó insubsistente la resolución de diecinueve de mayo de dos mil quince, dictada en el toca penal 560-(II)/2014 de su índice, que constituyó el acto reclamado, y emitió otra, en la que: I. Establecieron que la conducta del inculpado se produjo con motivo de que omitió proveer el cuidado posible y adecuado para evitar la lesión, pues al efecto indicaron ".la persona al realizar esa conducta imprudente, trajo como consecuencia los hechos de tránsito terrestre que dieron origen a la presente causa penal, de los cuales resulta que perdió la vida quien llevara el nombre de Jesús Pacheco o Jesús Pacheco Pérez, lo cual le era previsible y evitable, pues basta con que dicho activo como conductor de la unidad, tomara las medidas necesarias de precaución al conducir el vehículo de motor, como lo hubiera sido poner la debida atención al frente de su unidad y circular a una velocidad moderada, pues en primer término, todo conductor de un automotor es sabedor que debe conducirse con precaución y debe respetar los límites de velocidad, para así evitar un accidente.". II. Por lo que hace a los dictámenes de mecánica de hechos, criminalística y lesiones, refirieron que los peritos practicaron las operaciones y experiencias en su ciencia, así como los hechos y métodos que les sirvieron de fundamento para emitir los mismos conforme a lo establecido en el artículo 403 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca. III. Indicó con que pruebas se acreditaban cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, así como el valor que a cada uno de los medios probatorios asignó. IV. En la probable responsabilidad la Sala destacó que indicios aportó en lo individual los medios de convicción que tomó en cuenta, así como que con tales probanzas se acreditaba la probable responsabilidad del inculpado, ahora quejoso. Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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