Eddy Victor Fernández Lang y Otros.
Expediente 453/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Eddy Victor Fernández Lang y Otros.
- Eddy Victor Fernández Lang
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existir actuación pendiente por realizar. Se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el referido auto inicial. Aun cuando se tuvo por no presentada la demanda promovida en el presente juicio de amparo, debe tenerse en cuenta que al haberse concedido en su momento la suspensión de plano, procede calificar este expediente, como DEPURABLE, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso ***, en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ***. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K11, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN." Toda vez que el criterio aislado no se contrapone a la Ley de Amparo vigente, pues se refiere a que el incumplimiento de la prevención formulada tiene una consecuencia legal, es aplicable al caso que nos ocupa. Asimismo, se aprecia que transcurrió el término de tres días concedido al quejoso ***, en auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, para que ratificara el escrito de demanda de amparo promovido a su favor por ***, sin que lo hubiere realizado, no obstante las medidas dictadas por este órgano jurisdiccional para localizar al directo quejosos en autos de dieciocho, veintiuno y veintiséis de abril de esta anualidad, los cuales les fueron notificados por lista a fin de que el directo quejoso ratificara la demanda de amparo. En consecuencia, en virtud de que no fue localizado el quejoso ***, ni se presentó ante este juzgado federal a ratificar la demanda de amparo promovida en su nombre, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, y con fundamento en el párrafo tercero del artículo 14, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ***a favor de ***. Ilustra a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.1o.P.150 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2446, con número de registro digital: 2019008, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR UN TERCERO EN FAVOR DE UN EXTRANJERO QUE RECLAMA ATAQUES A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, COMETIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS. SI FUE DEPORTADO ANTES DE QUE MANIFESTARA SI LA RATIFICABA O NO, PROCEDE DICTAR DIVERSAS MEDIDAS PARA LOCALIZARLO, A FIN DE EFECTUAR ESE REQUERIMIENTO (INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA MATERIA). Lo dispuesto en el precepto mencionado corresponde a las acciones legislativas cuando se reclamen actos que, por su naturaleza, imposibilitan materialmente a los agraviados a acudir personalmente a solicitar el amparo, lo que justifica que se imponga al órgano jurisdiccional correspondiente, el deber de dictar las medidas necesarias para lograr su comparecencia para recabar la manifestación de si ratifican o no esa petición a su nombre con el fin de lograr dicho cometido. Entonces, si el extranjero es deportado o expulsado del país cuando están en curso las diligencias para recabar su manifestación de si ratifica o no la demanda de amparo promovida por un tercero en su nombre, en la que reclama ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, cometidos por autoridades migratorias, lo que procede es dictar diversas medidas para localizarlo, a fin de efectuar ese requerimiento, las cuales deben ser acordes con la información allegada -como por ejemplo, requerir a las autoridades responsables para que informen el lugar o país a donde fue enviado para que, mediante carta rogatoria o instrumentos establecidos en la vía diplomática, se efectúen la búsqueda y requerimiento indicados-, ya que dicho artículo no limita expresamente o condiciona que esas acciones sólo se realicen si el agraviado se encuentra dentro del país, y tampoco si los actos reclamados referidos pueden considerarse consumados irreparablemente -que tampoco lo son-, pues ello corresponde a un estudio posterior, superada la contingencia señalada. Constata esta postura, la disposición que autoriza que la ratificación pueda realizarse mediante un representante legal, lo que es indicativo de que es innecesaria la comparecencia del quejoso para ese acto. También apoya la decisión, el Informe No. 50/16. Caso 12.834. Informe de Fondo. Trabajadores Indocumentados Vs. Estados Unidos de América, párrafos 105, 106, 107, 108 y 114 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -al cual se acude como soft law- en el que se estableció que, en los casos en que un Estado sustraiga a una persona de su país mediante una deportación, expulsión o cualquier medida análoga, las autoridades jurisdiccionales deberán adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia respecto de los diversos procedimientos instados cuando se encontraba en ese lugar. Esta interpretación es la que debe imperar en aplicación del principio pro personae, porque con ella se privilegia o se maximiza el derecho humano de acceso a la jurisdicción, con lo que se promueve su observancia y respeto. Y, con ello, se garantiza al quejoso que puede continuar con la petición de amparo, considerando que estuvo en nuestro país -en una estación migratoria- y que, al menos hasta este momento -y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto-, se cuenta con información, bajo protesta de decir verdad, de la demanda de amparo, que había solicitado la condición de refugiado buscando asilo en este país por la crisis humanitaria que se vive en el suyo -lo que se constató con los documentos agregados a dicha demanda, en la que también se reclamó la omisión de ese trámite-. A su vez, inversamente se establece una interpretación estricta o literal del artículo 15 referido, que se traduce en que la determinación de tener por no presentada la demanda en los casos señalados esté acotada a los supuestos expresamente previstos en dicho dispositivo. Por tanto, no se autoriza a tenerla por no presentada conforme al párrafo tercero del artículo 15 invocado, pues esta porción normativa se refiere a un supuesto diverso, específicamente, regula la hipótesis de que las acciones dictadas por el Juez de Distrito hubiesen resultado eficaces para que compareciera el extranjero y que se recabó su manifestación en el sentido de que no ratificaba dicho documento." Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
COMO ESTÁ ORDENADO SE NOTIFICA AL QUEJOSO--- POR LISTA LOS PROVEÍDOS DE 26 DE ABRIL 2022 Y 18 ABRIL 2022.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por escrito signado por -, promovente de la demanda de amparo a favor de ---------, quien en cumplimiento al requerimiento de veintiuno de abril de dos mil veintidós, manifiesta que el dieciocho de abril actual, le dieron oficio de salida al quejoso de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, desconociendo su paradero actual toda vez que no logra contarse con el directo quejoso, por lo que solicita "se tenga por desechado el Juicio de Amparo promovido por el quejoso ---Atento a lo anterior, téngase a la promovente dando cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de abril de esta anualidad. En consecuencia, con la finalidad de que el directo quejoso ---, se encuentre en aptitud de ratificar o no la demanda de amparo promovida a su favor por ---, a efecto de no dejar en estado de indefensión al directo quejoso, se ordena notificarle por lista que se fije en los estrados de este juzgado el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que se decretó a favor del quejoso la suspensión de plano de los actos reclamados, y se le concedió el término de tres días para que ratificara el escrito de demanda promovida a su favor por ---; asimismo, se ordena notificar al referido quejoso el diverso autos de veintiuno de abril de esta anualidad, y el presente proveído, para que surta los efectos legales a que hay lugar. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, esto es, se tendrá por no presentada la demanda en los términos ahí plasmados. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.1o.P.150 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2446, con número de registro digital: 2019008, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR UN TERCERO EN FAVOR DE UN EXTRANJERO QUE RECLAMA ATAQUES A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, COMETIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS. SI FUE DEPORTADO ANTES DE QUE MANIFESTARA SI LA RATIFICABA O NO, PROCEDE DICTAR DIVERSAS MEDIDAS PARA LOCALIZARLO, A FIN DE EFECTUAR ESE REQUERIMIENTO (INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA MATERIA). Lo dispuesto en el precepto mencionado corresponde a las acciones legislativas cuando se reclamen actos que, por su naturaleza, imposibilitan materialmente a los agraviados a acudir personalmente a solicitar el amparo, lo que justifica que se imponga al órgano jurisdiccional correspondiente, el deber de dictar las medidas necesarias para lograr su comparecencia para recabar la manifestación de si ratifican o no esa petición a su nombre con el fin de lograr dicho cometido. Entonces, si el extranjero es deportado o expulsado del país cuando están en curso las diligencias para recabar su manifestación de si ratifica o no la demanda de amparo promovida por un tercero en su nombre, en la que reclama ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, cometidos por autoridades migratorias, lo que procede es dictar diversas medidas para localizarlo, a fin de efectuar ese requerimiento, las cuales deben ser acordes con la información allegada -como por ejemplo, requerir a las autoridades responsables para que informen el lugar o país a donde fue enviado para que, mediante carta rogatoria o instrumentos establecidos en la vía diplomática, se efectúen la búsqueda y requerimiento indicados-, ya que dicho artículo no limita expresamente o condiciona que esas acciones sólo se realicen si el agraviado se encuentra dentro del país, y tampoco si los actos reclamados referidos pueden considerarse consumados irreparablemente -que tampoco lo son-, pues ello corresponde a un estudio posterior, superada la contingencia señalada. Constata esta postura, la disposición que autoriza que la ratificación pueda realizarse mediante un representante legal, lo que es indicativo de que es innecesaria la comparecencia del quejoso para ese acto. También apoya la decisión, el Informe No. 50/16. Caso 12.834. Informe de Fondo. Trabajadores Indocumentados Vs. Estados Unidos de América, párrafos 105, 106, 107, 108 y 114 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -al cual se acude como soft law- en el que se estableció que, en los casos en que un Estado sustraiga a una persona de su país mediante una deportación, expulsión o cualquier medida análoga, las autoridades jurisdiccionales deberán adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia respecto de los diversos procedimientos instados cuando se encontraba en ese lugar. Esta interpretación es la que debe imperar en aplicación del principio pro personae, porque con ella se privilegia o se maximiza el derecho humano de acceso a la jurisdicción, con lo que se promueve su observancia y respeto. Y, con ello, se garantiza al quejoso que puede continuar con la petición de amparo, considerando que estuvo en nuestro país -en una estación migratoria- y que, al menos hasta este momento -y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto-, se cuenta con información, bajo protesta de decir verdad, de la demanda de amparo, que había solicitado la condición de refugiado buscando asilo en este país por la crisis humanitaria que se vive en el suyo -lo que se constató con los documentos agregados a dicha demanda, en la que también se reclamó la omisión de ese trámite-. A su vez, inversamente se establece una interpretación estricta o literal del artículo 15 referido, que se traduce en que la determinación de tener por no presentada la demanda en los casos señalados esté acotada a los supuestos expresamente previstos en dicho dispositivo. Por tanto, no se autoriza a tenerla por no presentada conforme al párrafo tercero del artículo 15 invocado, pues esta porción normativa se refiere a un supuesto diverso, específicamente, regula la hipótesis de que las acciones dictadas por el Juez de Distrito hubiesen resultado eficaces para que compareciera el extranjero y que se recabó su manifestación en el sentido de que no ratificaba dicho documento." Notifíquese, y por lista que se fije en los estrados de este juzgado al quejoso ---. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. SE RADICA DEMANDA DE AMPARO.- SE CONCEDE LA SUSPENSION DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO.- SE REQUIERE AL DIRECTO QUEJOSO PARA QUE RATIFIQUE LA DEMANDA DE AMPARO.- SE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE EN EL PLAZO DE CINCO DIAS ACLARE SU DEMANDA.- SE APERCIBE QUE EN CASO DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO PRESENTADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. PROMOCIÓN 6111. Por otra parte, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la razón actuarial de diecinueve de abril de esta anualidad, de la cual se obtiene la imposibilidad del fedatario judicial de notificar personalmente al directo quejoso Eddy Víctor Fernández Lang, el proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que se decretó a su favor la suspensión de plano de los actos reclamados, y se ordenó requerirles si ratificaban o no la demanda presentada a su favor por Rocío Ayde López Castillo; lo anterior, en virtud que al constituirse a las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria Siglo XXI de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, fue informado por el personal que labora en dicha dependencia que el directo quejoso Eddy Víctor Fernández Lang, no se encuentra en la estación migratoria toda vez que el dieciocho de abril de dos mil veintidós, se le otorgó oficio de salida por medio de documento provisional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente Rocío Ayde López Castillo, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación de este proveído, haga comparecer ante este Órgano de Control Constitucional, al directo quejoso Eddy Víctor Fernández Lang, a fin de que manifieste si ratifica o no la demanda presentada a su favor; o bien, proporcione el lugar en el cual se encuentre recluido o alojado, y ante qué autoridad se encuentran a disposición, para que este órgano de control Constitucional, se encuentre en aptitud de proveer lo que corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo de manera oportuna, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.1o.P.150 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2446, con número de registro digital: 2019008, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR UN TERCERO EN FAVOR DE UN EXTRANJERO QUE RECLAMA ATAQUES A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, COMETIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS. SI FUE DEPORTADO ANTES DE QUE MANIFESTARA SI LA RATIFICABA O NO, PROCEDE DICTAR DIVERSAS MEDIDAS PARA LOCALIZARLO, A FIN DE EFECTUAR ESE REQUERIMIENTO (INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA MATERIA). Lo dispuesto en el precepto mencionado corresponde a las acciones legislativas cuando se reclamen actos que, por su naturaleza, imposibilitan materialmente a los agraviados a acudir personalmente a solicitar el amparo, lo que justifica que se imponga al órgano jurisdiccional correspondiente, el deber de dictar las medidas necesarias para lograr su comparecencia para recabar la manifestación de si ratifican o no esa petición a su nombre con el fin de lograr dicho cometido. Entonces, si el extranjero es deportado o expulsado del país cuando están en curso las diligencias para recabar su manifestación de si ratifica o no la demanda de amparo promovida por un tercero en su nombre, en la que reclama ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, cometidos por autoridades migratorias, lo que procede es dictar diversas medidas para localizarlo, a fin de efectuar ese requerimiento, las cuales deben ser acordes con la información allegada -como por ejemplo, requerir a las autoridades responsables para que informen el lugar o país a donde fue enviado para que, mediante carta rogatoria o instrumentos establecidos en la vía diplomática, se efectúen la búsqueda y requerimiento indicados-, ya que dicho artículo no limita expresamente o condiciona que esas acciones sólo se realicen si el agraviado se encuentra dentro del país, y tampoco si los actos reclamados referidos pueden considerarse consumados irreparablemente -que tampoco lo son-, pues ello corresponde a un estudio posterior, superada la contingencia señalada. Constata esta postura, la disposición que autoriza que la ratificación pueda realizarse mediante un representante legal, lo que es indicativo de que es innecesaria la comparecencia del quejoso para ese acto. También apoya la decisión, el Informe No. 50/16. Caso 12.834. Informe de Fondo. Trabajadores Indocumentados Vs. Estados Unidos de América, párrafos 105, 106, 107, 108 y 114 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -al cual se acude como soft law- en el que se estableció que, en los casos en que un Estado sustraiga a una persona de su país mediante una deportación, expulsión o cualquier medida análoga, las autoridades jurisdiccionales deberán adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia respecto de los diversos procedimientos instados cuando se encontraba en ese lugar. Esta interpretación es la que debe imperar en aplicación del principio pro personae, porque con ella se privilegia o se maximiza el derecho humano de acceso a la jurisdicción, con lo que se promueve su observancia y respeto. Y, con ello, se garantiza al quejoso que puede continuar con la petición de amparo, considerando que estuvo en nuestro país -en una estación migratoria- y que, al menos hasta este momento -y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto-, se cuenta con información, bajo protesta de decir verdad, de la demanda de amparo, que había solicitado la condición de refugiado buscando asilo en este país por la crisis humanitaria que se vive en el suyo -lo que se constató con los documentos agregados a dicha demanda, en la que también se reclamó la omisión de ese trámite-. A su vez, inversamente se establece una interpretación estricta o literal del artículo 15 referido, que se traduce en que la determinación de tener por no presentada la demanda en los casos señalados esté acotada a los supuestos expresamente previstos en dicho dispositivo. Por tanto, no se autoriza a tenerla por no presentada conforme al párrafo tercero del artículo 15 invocado, pues esta porción normativa se refiere a un supuesto diverso, específicamente, regula la hipótesis de que las acciones dictadas por el Juez de Distrito hubiesen resultado eficaces para que compareciera el extranjero y que se recabó su manifestación en el sentido de que no ratificaba dicho documento." PROMOCIÓN 6112. De igual forma, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la diligencia de notificación personal de diecinueve de abril del año en curso, practicada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, al directo quejoso Gilberto Enrique Leyva Martínez, relativa al proveído de dieciocho de abril actual, de la cual se aprecia que el quejoso ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Rocío Ayde López Castillo. Asimismo, se aprecia que se reservó desahogar la prevención que le fue formulada en el referido auto inicial, con la finalidad de que aclarara su demanda. Atento a lo anterior, resérvese a proveer lo que en derecho proceda en relación con la admisión de la demanda, hasta en tanto la quejosa desahogue la vista que le fue otorgada en auto de dieciocho de abril de esta anualidad, quedando subsistente el apercibimiento con que se le conminó en dicho acuerdo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad, mismo que para tal efecto señala en el escrito inicial de demanda; ahora bien, en relación con correo electrónico y número de teléfono que proporciona téngase únicamente para contacto sin que ello signifique una notificación procesal legal por no cumplir con los requisitos de juicio en línea. AUTORIZADOS. Por otra parte, se tiene como autorizada del directo quejoso Gilberto Enrique Leyva Martínez, en términos del artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Amparo a Rocío Ayde López Castillo, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente; de igual forma, como lo solicita, se tiene como autorizada en los mismos términos a Aranxa Guadalupe Rasgado López, esto es, para consultar el expediente, oír y recibir notificaciones y recoger documentos. PROMOCIÓN 6170. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, el informe de suspensión de plano rendido por la Jefa de Departamento de Servicios Operativos, por ausencia del Encargado de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, este último en representación del Subdirector de Área, Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que está enterada de la medida decretada en el juicio en que se actúa. Con fundamento en el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegadas de la referida autoridad a las personas que cita. Asimismo, como lo solicita, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto señala. Notifíquese, y personalmente a la promovente Rocío Ayde López Castillo. Así lo proveyó y firma el Juez Raúl López Pedraza, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria que autoriza, Berthalicia Concepción Tovilla Rodríguez, quien certifica que las promociones que generaron este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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