Eddy Gómez Sánchez
Expediente 272/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 01/06/2023
Partes del expediente
- Eddy Gómez Sánchez
Actuaciones
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- Principal
Tijuana, Baja California, uno de junio de dos mil veintitrés. Atento a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que pase inadvertido que no se cuente con la totalidad de los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables relativos a la notificación de la referida sentencia, pues debido a que se sobreseyó en el juicio de amparo, únicamente a la parte quejosa es a quien pudo causar afectación esa decisión y en consecuencia, la única legitimada para recurrirla, no así las autoridades responsables, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, Registro digital: 2012455, Décima Época, Materias: Común, Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página 2464, de rubro: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN E AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. Se declara que el expediente de amparo en que se actúa no es de relevancia documental, al no satisfacer las condiciones que establece el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-. En el entendido que el presente asunto se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, por tanto es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General; lo anterior una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. El original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe, hoy nueve de mayo de dos mil veintitrés, en que se terminó de engrosar el presente fallo. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia actuarial de mérito por la cual, Armando Bernal Reyes, acepta y protesta el cargo conferido como asesor jurídico de los menores quejosos con iniciales D.G.J. y A.Y.G.J.; en ese tenor, resulta procedente atender el contenido del escrito registrado bajo folio 3796, del que se reservó acordar lo conducente mediante proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, se tiene al asesor jurídico de los menores quejosos autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Georgina Guadalupe Padilla, Valeria Martínez Hernández, Fátima Ascensión Ramírez Mendivil, Evelyn Sánchez Martínez y Martín Moran Macías; dado que, de la certificación de cuenta, se advierte tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; aunadamente, se le tiene como autorizados únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones y documentos, a María del Rosario Ahumada Galaviz, José Antonio Arvayo Rodríguez, Abel Iván Boone Rodríguez, Ma. Dolores Moreno Calderón y Viviana Elizabeth del Pozo Silva por así haberlo manifestado expresamente. Asimismo, en cuanto a la solicitud del acceso al expediente electrónico que realiza el asesor jurídico del menor quejoso, vista la certificación de cuenta de la que se obtiene que en el módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del usuario Armando Bernal Reyes, en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, se acuerda favorablemente la solicitud de consulta del expediente electrónico en el presente juicio. Asimismo, con fundamento en los artículos 3º y 30 de la Ley de Amparo, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se ordenen en este juicio de amparo, se le practiquen electrónicamente, en el entendido de que queda obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 30 ya citado. En virtud de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la adscripción, que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder el permiso de acceso al expediente electrónico así como el de notificaciones electrónicas. Además, se tiene al asesor jurídico de los menores quejosos proporcionando cuenta de correo electrónico y números telefónico, en su caso para establecer comunicación y facilitar el proceso de notificación. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Bertha Patricia Olguín Martínez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/BPOM/CEPM
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo remitidos por la Jefa de Departamento encargada del despacho del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Baja California, en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintidós de febrero del año en curso, designa al licenciado Armando Bernal Reyes, Asesor Jurídico Federal adscrito a esa Delegación para que funja como representante especial de los menores quejosos con iniciales D.G.J. y A.Y.G.J., en el presente juicio de amparo. Asimismo, proporciona el correo electrónico que indica en su ocurso, lo que deberá ser tomado en consideración para, en su caso, establecer contacto con el aludido profesionista. En ese orden, agréguese a los autos para que obre como correspondan el escrito presentado por Armando Bernal Reyes, Asesor Jurídico Federal designado como representante especial de los menores quejosos en el presente juicio de amparo. En atención a su contenido, este órgano jurisdiccional se reserva a proveer lo conducente, hasta en tanto el profesionista de mérito comparezca ante este órgano jurisdiccional a aceptar y protestar el cargo conferido. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Tesis: I.15o.C.7 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Registro digital: 2020376, Décima Época, Materias: Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4593, de rubro y texto: "PERITO. SU COMPARECENCIA PERSONAL ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO PARA ACEPTAR Y PROTESTAR EL CARGO, NO ES UNA FORMALIDAD EXCESIVA, SINO QUE PERFECCIONA SU DESIGNACIÓN. El artículo 120 de la Ley de Amparo establece que, al aceptar su nombramiento, el perito manifestará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en las hipótesis de impedimento previstas por el artículo 51 del mismo ordenamiento. En cuanto a la forma de hacerlo, el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, dispone que los peritos nombrados por las partes serán presentados por éstas al tribunal, dentro de los tres días siguientes de habérseles tenido como tales, a manifestar la aceptación y protesta de desempeñar su encargo con arreglo a la ley. Esta formalidad para ubicar físicamente al perito ante el juzgado, no resulta excesiva pues, dadas sus características, no es posible cumplir con ello por escrito; en primer lugar, porque la comparecencia permite identificar plenamente al especialista; en segundo, permite conocer con certeza, mediante su protesta de decir verdad, que no se encuentra en algún caso de impedimento; y, en tercero, hay certidumbre de que las características de su designación, así como las obligaciones que adquiere con ello, se le hicieron saber a la persona correcta. Finalmente, se le sujeta a las consecuencias penales en caso de conducirse con falsedad ante la autoridad judicial. Todo lo cual sería imposible, si el especialista se limita a manifestar todo ello por escrito, dado que la autenticidad de la firma en el documento respectivo no puede ser establecida por el juzgador, mientras el suscriptor no comparezca a ratificarla. Así, la presencia física del especialista ante el Juzgado de Distrito es necesaria e idónea para perfeccionar la designación, la aceptación del cargo y vincularlo al procedimiento en el desempeño de su labor, con las obligaciones y consecuencias que la ley le impone. En este sentido, no se trata de una formalidad excesiva, al estar encaminada a asegurar la identidad del perito y dar certeza jurídica a su intervención. Además, dicha medida es proporcional entre el fin perseguido y el medio para lograrlo, pues se trata de una de las cargas probatorias que deben asumir las partes para acreditar sus afirmaciones, lo cual están en aptitud de cumplir. DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 1/2019. Emilio Fernández Madrid. 30 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sandoval López. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz. Esta tesis se publicó el viernes 09 de agosto de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Atento a lo anterior, se instruye al Actuario de este Juzgado a fin de que requiera al licenciado Armando Bernal Reyes, para que dentro del término de tres días hábiles, comparezca ante este órgano jurisdiccional a aceptar y protestar el cargo conferido, en el entendido de que deberá excusarse de conocer del asunto, si cuenta con alguno de los impedimentos legales a que se refiere los artículos 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 51 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a Armado Bernal Reyes, representante especial de los menores quejosos D.G.J. y A.Y.G.J.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Bertha Patricia Olguín Martínez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/BPOM/CEPM
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