Eddy Geovanny González Ramos

Expediente 832/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
832/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Eddy Geovanny González Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria emitida el tres de junio de dos mil veintiuno, de la que se observa que la superioridad en el recurso de queja 148/2020, en su punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA."; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes, acúsese recibo correspondiente, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno. Con su contenido se ordena dar vista a la parte quejosa, de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración lo resuelto por la superioridad, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el oficio suscrito por la Actuaria del Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, comunica el acuerdo dictado el treinta de octubre del año en curso, dictado en el toca de queja 148/2020, del que se advierte, que se admitió a trámite el medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa; en consecuencia, agréguese a los antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: Por recibido el oficio signado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por sí, y representación del Secretario General de Gobierno, de la entonces Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y la entonces Directora General Jurídico, ambas dependencias de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de uno de octubre de dos mil veinte, que les fuera notificado con los oficios 20973/2020, 20974/2020, 20976/2020 y 20977/2020, refiere que dicho requerimiento es abiertamente ilegal, como también lo ha sido las diversas actuaciones dictadas en el presente incidente. Las razones por las cuales la autoridad responsable sostiene que el requerimiento formulado en auto de uno de octubre pasado, es ilegal, en lo esencial, dicen: "A fin de sustentar lo aquí afirmado, me permito exponer lo siguiente: Los artículos 206 al 209 de la Ley de Amparo, establecen y regulan el Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión, mismo que puede ser interpuesto por cualquier persona, sea parte o no en el juicio, siempre que se considere agraviada por el incumplimiento de la suspensión de plano o definitiva. Al respecto, los aludidos preceptos legales establecen lo siguiente: (se transcribe) Ahora bien, en el caso concreto, resulta que la parte quejosa denunció ante su Señoría el incumplimiento a la suspensión definitiva, y en su momento, la Secretaria Encargada del Despacho, mediante auto de fecha 24 de agosto de 2020, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo (solo aplicable para la suspensión provisional), requirió a estas autoridades para que informáramos el cumplimiento dado a la suspensión definitiva y en el mismo proveído, ordenó correr traslado a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita al Juzgado de Distrito para efecto de que "esté en aptitud de integrar su carpeta de investigación". En lo que aquí interesa, en atención al citado acuerdo de fecha 24 de agosto de 2020, estas autoridades informamos mediante escrito presentado el 28 de agosto del presente año 2020, que no hemos ejecutado acto alguno contrario a la suspensión definitiva. Luego, en auto de fecha 27 de agosto de 2020, se admitió el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, en el cual se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe en un plazo de tres días, y se citó a la audiencia correspondiente, misma que al día de hoy no ha sido desahogada. En el escrito por el que se promovió el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, se ofrecieron diversas pruebas documentales, y una inspección judicial. Cabe hacer mención que los hechos que sustentan el supuesto incumplimiento a la suspensión definitiva, se basan en que las autoridades responsables aparentemente han realizado actos que implican la remoción y sustracción de material geológico y la plantación de sujetos forestales, según lo expuesto por el quejoso. Precisado lo anterior, se manifiesta lo siguiente: PRIMERO.- De entrada, el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, comenzó en sentido inverso, violándose con ello las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es, previo siquiera a admitir el incidente correspondiente, el cual fue admitido en auto de fecha 27 de agosto de 2020, la Encargada del Despacho prácticamente denunció a estas autoridades ante el Ministerio Público Federal por un incumplimiento a la suspensión definitiva que ni siquiera había sido determinado en la interlocutoria correspondiente, sin haberlas oído en defensa, ni recibido su informe, pero que además, como se verá en estas líneas, ni siquiera existe incumplimiento. Proceder este abiertamente contrario a derecho, burdamente apartado del trámite previsto en los artículos 206 al 209 antes transcritos. Incluso, si bien el acuerdo de fecha 24 de agosto de 2020 fue dictado por la Encargada del Despacho del Juzgado a su digno cargo, su Señoría, en auto de fecha 1º de Octubre de 2020 -asumimos que por un error-, prácticamente confirmó dicha vista al Agente del Misterio Público Federal al determinar que no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud de la parte quejosa de requerir al Agente del Ministerio Público Federal, ya que "en auto de veinticuatro de agosto pasado, se corrió traslado al Representante Social, con copias certificadas de la demanda de garantías, para que estuviera en aptitud de integrar su carpeta de investigación, con motivo de los hechos que posiblemente constituyen un delito, acorde a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se advierta que se hubiere abierto averiguación al respecto; máxime que, la quejosa puede denunciar ante las autoridades competentes los que considere constituyen delito alguno." Pues bien, dicho proceder es contrario a lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Amparo, ya que según lo ordena dicho precepto, la denuncia ante el Agente del Ministerio Público Federal por hechos constitutivos de delito en términos de las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo, solo y tan solo procede cuando habiéndose determinado el incumplimiento, y otorgado un plazo a la autoridad para que subsane el mismo, o el error en que incurrió, no lo hagan. SEGUNDO.- Las actuaciones destacadas en el punto que anteceden, implica que ese H. Juzgado esté prejuzgando o juzgando, sobre si existió o no violación a la suspensión, cuando es el caso que ni siquiera se ha llevado a cabo la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente. TERCERO.- Al margen de lo señalado en los puntos que anteceden, es de reiterarse que NI SIQUIERA EXISTEN BASES PARA PRESUMIR UN INCUMPLIMIENTO. En efecto, la suspensión definitiva en el juicio de amparo que nos ocupa, fue concedida para los siguientes efectos: "QUNTO. A efecto de preservar la materia del juicio de amparo, se concede a ---- la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que el inmueble materia del amparo esto es, el predio ubicado en Avenida Acueducto número 5056, en Zapopan, Jalisco, también conocido como la Fracción A resultante de las en que se subdividió el lote de terreno que es la fracción C, resultante de la subdivisión del predio conocido también como "Lomas del Callejón" y la finca urbana marcada con el número 5056 de la Avenida Acueducto, en lo que fue el predio denominado "Rancho el Gorupo" y que actualmente se identifica como San Ramón, en el Municipio de Zapopan, Jalisco; no se transfiera su propiedad o posesión a favor de tercera persona hasta en tanto se resuelve sobre el fondo del asunto, ni se destine a un fin distinto del que motivo su recuperación administrativa. Por ende, no se lleven a cabo inscripciones, actualizaciones o cancelaciones en Catastro Municipal y en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Es preciso enfatizar que la presente medida cautelar que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en caso de que los actos reclamados se hubiesen consumado, si los mismos obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de garantías, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, en consecuencia, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales.". Por su parte, la quejosa promueve el incidente que nos ocupa bajo los siguientes hechos: "1. El pasado 20 de agosto del 2020, aproximadamente a las 11:00 horas, esta parte quejosa se constituyó en el predio ubicado en Avenida Acueducto número 5056, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, que como punto de referencia contamos con la agencia automotriz de la marca Mazda. El predio en cuestión ha sido identificado dentro del presente Incidente de Suspensión como la Fracción A resultante de la subdivisión del predio conocido también como "Lomas del Callejón" y la firma urbana marcada con el número 5056 de la Avenida Acueducto, en lo que fue el predio denominado "Rancho el Gorupo" y que actualmente se identifica como San Ramón, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 2. El día y hora indicados, apreciamos que en su interior se encontraban varias personas, al parecer particulares, quienes estaban realizando trabajos que implicaron (i) la remoción y sustracción de material geológico y (ii) la plantación de sujetos forestales, como lo podrán apreciar en las siguientes imágenes: " A lo anterior, hemos informado y reiteramos, "que las autoridades que represento no han ejecutado acto alguno contrario a la suspensión definitiva." Y en el mismo sentido se ha agregado que como se dijo desde los informes previos y justificados, las autoridades que represento NO TIENEN A SU DISPOSICION el bien inmueble que defiende la quejosa "también conocido como la Fracción A resultante de las en que se subdividió el lote de terreno que es la fracción C, resultante de la subdivisión del predio conocido también como "Lomas del Callejón" y la finca urbana marcada con el número 5056 de la Avenida Acueducto, en lo que fue el predio denominado "Rancho el Gorupo" y que actualmente se identifica como "San Ramón, en el Municipio de Zapopan, Jalisco". Luego, ante unos supuestos "indicios de no se está cumpliendo con la suspensión definitiva dictada en autos", su Señoría, en auto de 10 de septiembre de 2020, de oficio requirió a las autoridades que represento dentro del INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEFINTIVA, para que dentro del plazo del plazo de veinticuatro horas "informen, bajo protesta de decir verdad, si los terrenos materia la medida administrativa tomada en el Acuerdo SGG/MA-01/2017, emitido por el Gobernador del Estado de Jalisco, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el dieciséis de marzo siguiente, el cual fue dictado con apoyo en la Ley que divide los Bienes pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y bienes de Dominio Privado, han sufrido un fin distinto al de la recuperación administrativa a que se hace alusión, o si se está llevando a cabo el plantado de sujetos arbóreos, excavación y el retiro de escombros, como lo refiere la parte quejosa; de ser así, refieran que tipos de trabajo y el objeto, bajo apercibimiento que de no hacerlo se harán acreedoras a las sanciones establecidas en las fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo."; a lo que se informó en ocurso presentado el 22 de septiembre "Que los polígonos A y B materia del acuerdo SGG/MA-01/2017, NO HAN SUFRIDO UN FIN DESTINTO AL QUE MOTIVÓ SU RECUPERACIÓN." Finalmente, en el auto de fecha 1º de Octubre de 2020, ante unas manifestaciones formuladas por la parte quejosa, su Señoría refirió lo siguiente: "Sentado lo anterior, se considera que las autoridades responsables no han comunicado de manera completa las acciones inherentes a dar cumplimiento a la suspensión definitiva, pues, si bien es cierto, refirieron que no han ejecutado ningún acto contrario a la suspensión otorgada y que en los polígonos A y B materia del acuerdo SGG/MA-01/2017, no han sufrido un fin distinto al que motivó su recuperación, también es cierto que, han soslayado informar si en los terrenos materia la medida administrativa tomada en el Acuerdo SGG/MA01/2017, se están llevando a cabo los procesos de construcción que refiere la parte quejosa; si se está removiendo material geológico y plantando sujetos forestales en el predio; y, cuáles han sido las acciones que realizan sobre los polígonos A y B materia del acuerdo SGG/MA-01/2017. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, es necesario requerir al Secretario General de Gobierno; Subsecretario de Asuntos Jurídicos; Director General Jurídico; Conserjería Jurídica, por ser quien asumió las facultades con las que contaba el Director de Área de Estudios Legislativos y a la Dirección de Patrimonio, para que el plazo de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio que de este proveído derive, informen, bajo protesta de decir verdad, si en los terrenos materia la medida administrativa tomada en el Acuerdo SGG/MA 01/2017, se están llevando a cabo los procesos de construcción que refiere la parte quejosa; si se está removiendo material geológico y plantando sujetos forestales en el predio; y, en todo caso deberán explicar cuáles han sido las acciones que realizan sobre los polígonos A y B materia del acuerdo SGG/MA-01/2017, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en las fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. Además, las autoridades ante mencionadas, deberán informar a este Juzgado de Distrito, qué autoridad es la que la (sic) posesión de los terrenos materia la medida administrativa tomada en el Acuerdo SGG/MA-01/2017, emitido por el Gobernador del Estado de Jalisco, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el dieciséis de marzo siguiente, bajo apercibimiento de no hacerlo así, se proveerá lo conducente en los términos mencionados en el párrafo que antecede." Lo resaltado es propio del acuerdo. Como se desprende de la anterior transcripción, su Señoría estima, o mejor dicho, prejuzga, en un acuerdo de trámite, -cuya existencia no está contemplada en trámite del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva-, que existe un aparente incumplimiento, pues refiere que "las autoridades responsables no han comunicado de manera completa las acciones inherentes a dar cumplimiento a la suspensión definitiva.." Establecido lo anterior, es de señalarse que las consideraciones antes transcritas, en que se funda el requerimiento efectuado, constituyen un error jurídico y proceder abiertamente ilegal de su señoría. Ello es así pues como se estableció en líneas precedentes, el bien objeto del amparo y de la suspensión, lo es el "predio ubicado en Avenida Acueducto número 5056, en Zapopan, Jalisco, también conocido como la Fracción A resultante de las en que se subdividió el lote de terreno que es la fracción C, resultante de la subdivisión del predio conocido también como "Lomas del Callejón" y la finca urbana marcada con el número 5056 de la Avenida Acueducto, en lo que fue el predio denominado "Rancho el Gorupo" y que actualmente se identifica como "San Ramón, en el Municipio de Zapopan, Jalisco". Por ello, resulta intrascendente saber "si en los terrenos materia la medida administrativa tomada en el Acuerdo SGG/MA 01/2017, se están llevando a cabo los procesos de construcción que refiere la parte quejosa; si se está removiendo material geológico y plantando sujetos forestales en el predio; y, cuáles han sido las acciones que realizan sobre los polígonos A y B materia del acuerdo SGG/MA-01/2017." Estos es, resulta del todo irrelevante e intrascendente lo que quiere saber su Señoría, puesto que ello no es materia de la suspensión. Lo único que es materia de la suspensión, es el inmueble señalado e identificado tres párrafos a arriba. Ahora bien, resulta de explorado derecho que cuando la ubicación de un inmueble es controvertida, el único medio idóneo para lograr su identificación lo es la prueba pericial topográfica, y en el caso, dicho medio de prueba NI SIQUIERA FUE OFRECIDO POR LA PARTE QUEJOSA. Sin embargo, tal parece que a base de requerimientos que se asemejan a una confesional por posiciones, quiere su Señoría no solo resolver (de forma inadecuada este incidente), incluso el fondo del asunto. Su señoría a través de requerimientos que parecen pesquisas, pretende "indagar" hechos, cuando carece por completo de atribuciones para ello. Desde luego que ello es inadmisible jurídicamente. DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA, SOLICITO A SU SEÑORÍA NO CONTINUE ACTUANDO AL MARGEN DE LA LEY. LE PIDO SUJETE SU PROCEDER JURISDICCIONAL A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 206, 207, 208 Y 209 ANTES TRANSCRITOS Y SE ABSTENGA DE EMITIR MEDIDAS NO PREVISTAS. YA ERRO AL DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE MANERA ANTICIPADA. LE SOLICITO NO CONTINUAR DICTANDO ACUERDOS ILEGALES. Lo que implica que debe darle tramite a las pruebas que el quejoso ofreció, desahogar la audiencia, y fallar el presente incidente de manera rigurosa. Nada más. Sin que pase desapercibido que no ofreció la prueba pericial, único medio idóneo para acreditar la identidad de inmuebles cuando esta es controvertida. Lo anterior se insiste, porque el Gobierno del Estado no tiene en posesión los terrenos sobre los que se concedió la suspensión definitiva. Aclarando que los polígonos A y B materia del Acuerdo SGG/MA-01/2017, son diversos a los terrenos que reclama la parte quejosa. En conclusión, solicito a su Señoría deje sin efectos el requerimiento efectuado, ya que como se ha demostrado, el mismo es inconducente para integrar la Litis que nos ocupa.". Transcrito lo anterior, quien suscribe, previamente considera necesario puntualizar que, el numeral 158 de la ley en aplicación, establece que para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esa ley; y, que en caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento. - El primero (previsto en los artículos 104 y 105, párrafo primero, de la Ley de Amparo abrogada), que proporciona al juzgador los medios legales para requerir a las autoridades responsables y lograr de ellas, el cumplimiento de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, sea provisional o definitiva; y, -El segundo (contenido en el diverso numeral 206 de la ley de la materia abrogada), que establece la forma y momento en que habrá de sancionarse a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a esa medida; sistemas que indicó pueden aplicarse paralela y simultáneamente. Luego, al analizar la Ley de Amparo vigente, se advierte que la interpretación realizada por la Primera Sala del Alto Tribunal, resulta aplicable aún, en tanto que el citado ordenamiento consigna preceptos de similar contenido a los que se interpretaron en la aludida jurisprudencia; así, los artículos 143, 104, 105, párrafo primero; 107, 111, 206, 130 y 139 de la Ley de Amparo abrogada, corresponden esencialmente (en ese orden), con los numerales 158, 192, 193, 194, 211, 136 y 139 de la ley de la materia vigente. No obstante, existe una notable diferencia, pues mientras el artículo 143 remitía al capítulo que contenía el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que se empleaba analógica y sólo parcialmente en tratándose de la suspensión, el artículo 158 de la Ley de Amparo en vigor remite al Título Quinto, denominado "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos", y no a las reglas previstas al respecto para lograr a su vez el eficaz cumplimiento de las ejecutorias que conceden la protección constitucional. Con independencia de esto, en la actualidad, con las precisiones legales correspondientes, aún puede afirmarse que el cumplimiento del auto de suspensión está regulado mediante dos sistemas, los cuales, el juzgador puede aplicar simultáneamente y que funcionan paralelamente, pues uno ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión que no tiene tramitación incidental, y otro que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. En efecto, por lo que hace al primer sistema -que es donde se suscita el acto aquí recurrido- es el que establece el artículo 158 de la Ley de Amparo, el cual permite al juzgador hacer cumplir la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, el cual tiene las siguientes características: a) Su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento. b) No requiere tramitación incidental. c) Es oficioso (de orden público), aunque no se excluya la posibilidad de petición de parte. d) Es preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión; y, e) Ante la violación de la suspensión, el juzgador puede declarar la nulidad del acto infractor para volver las cosas al estado que tenían al momento en que se concedió la medida (siempre que la naturaleza del acto reclamado lo permita). Por su parte, el segundo sistema es el que establece el Capítulo V, del Título Tercero denominado "Cumplimiento y Ejecución" de la Ley de Amparo, que va del artículo 206 al 209, y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, el cual tiene las siguientes características: 1. No es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público, evidente en el otro sistema. 2. Es represivo en la medida de que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado. 3. Ante la violación de la suspensión, el juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración (aunque si en el otro sistema se hizo, entonces no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión). De tal manera, se debe concluir, que la desobediencia a un acuerdo de suspensión es sancionable penalmente, conforme al artículo 262 de dicha ley, con independencia de que el juzgador haga cumplir por otros medios la medida suspensional. Conforme a lo anterior, es dable establecer, que la obligación de las autoridades de cumplir la resolución en que se concede la suspensión del acto reclamado, surge cuando le es notificada y, consecuentemente, es a partir de este momento que deben realizarse las diligencias conducentes para cumplir con la medida otorgada, sin que deba mediar requerimiento alguno del órgano jurisdiccional, de manera tal, que la omisión de acatar sus efectos implica necesariamente un desacato o desobediencia sancionable penalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2013361, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II página 1866, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SISTEMAS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. En relación con el cumplimiento de la suspensión provisional o definitiva, en la Ley de Amparo abrogada el legislador dispuso dos sistemas: a) el previsto en el artículo 143, que remite al capítulo que contiene el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (empleado de forma analógica y sólo parcialmente tratándose de la suspensión); y, b) el precisado en el artículo 206, que establece reglas precisas en cuanto a la forma en que debe sancionarse el desacato a la suspensión. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente contiene disposiciones de similar contenido, con la diferencia de que su artículo 158 remite al título quinto, denominado: "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos" y no a las reglas para lograr, a su vez, el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo; no obstante ello, aun puede afirmarse que, en la actualidad, el cumplimiento de la suspensión está regulado por dos sistemas, a saber: a) uno que ve directamente al cumplimiento del auto o interlocutoria de la suspensión, que no tiene tramitación incidental; y, b) otro que ve al desacato de la autoridad responsable y da lugar a un incidente, los cuales pueden ser aplicados "simultáneamente" por el juzgador y funcionan "paralelamente" Así, el primer sistema es el que establece el artículo 158 citado, el cual permite al juzgador que se acate la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para ello; su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; no requiere tramitación incidental y puede considerarse oficioso, en la medida en que no necesita la promoción del quejoso, aunque no se excluya esa posibilidad; también puede considerarse preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, antes llamado denuncia de violación a la suspensión. El segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero de la propia ley, que va de los artículos 206 a 209 y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, no es de oficio, pues requiere la promoción de parte; puede considerarse represivo, ya que su principal consecuencia es hacer efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 209 de la Ley de Amparo (consistente en la denuncia ante el Ministerio Público Federal por los delitos previstos en el artículo 262, fracciones III y IV, de esta ley), a la autoridad responsable que, como resultado del incidente de violación a la suspensión, se le requirió el cumplimiento, al quedar demostrado que no ha cumplido dicha medida o que lo hizo de manera excesiva o defectuosa; es en este sistema donde tradicionalmente se declara, de permitirlo la naturaleza del acto reclamado, la nulidad del acto violatorio de la suspensión y se ordena que las cosas vuelvan al estado que tenían previamente o se exige a la autoridad que cumpla la suspensión cuando ésta tiene un efecto positivo, en el entendido de que si en el otro sistema se hizo esa declaración, no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión y a establecer, en su caso, si procede el requerimiento de inmediato cumplimiento con el apercibimiento señalado. Sentado lo anterior, primeramente, debe decirse que, contrario a lo que sostiene el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por sí, y representación del Secretario General de Gobierno, de la entonces Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y la entonces Directora General Jurídico, ambas dependencias de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, se considera que no se han violado las reglas del procedimiento, pues, si bien es cierto, en auto de veinticuatro de agosto pasado, se requirió a las autoridades responsables, a efecto de que informaran el cumplimiento dado a la suspensión definitiva concedida, también es cierto que, dicho requerimiento se efectuó conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, el cual faculta al juez de Distrito a tomar las medidas pertinentes para lograr el cumplimiento de la suspensión y que no requiere de una tramitación especial. De allí que, no pueda considerarse que se violó el procedimiento que prevén los artículos 206 al 209 de la Ley de Amparo, y regulan el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, al no otorgarse audiencia previa, pues, se insiste, en dicho acuerdo se actuó conforme a lo dispuesto por el numeral 158 de la ley de la materia y no conforme a la incidencia a que aluden las autoridades responsables. De igual forma, si bien es cierto, en auto de veinticuatro de agosto se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, también es verdad que, esto se realizó conforme a la jurisprudencia invocada en dicho acuerdo, la cual obligada a este Juzgador a dar vista al Representante Social, con hechos denunciados por las partes en el juicio de amparo, que puedan constituir algún delito; sin que en ningún momento se hubiere actuado como lo refieren las responsables, conforme a lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Amparo, que prevé que cuando se demuestre que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento con la suspensión, que no ha hecho de manera defectuosa, dará denunciada ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la legislación que nos rige. Desde luego, no se pasa inadvertido que quien suscribe, requirió a las responsables a efecto de que informaran, bajo protesta de decir verdad, si en los terrenos materia la medida administrativa tomada en el Acuerdo SGG/MA 01/2017, se están llevando a cabo los procesos de construcción que refiere la parte quejosa; si se está removiendo material geológico y plantando sujetos forestales en el predio; y, en todo caso explicar cuáles han sido las acciones que realizan sobre los polígonos A y B materia del acuerdo SGG/MA-01/2017; sin embargo, dicho requerimiento se efectuó dentro del marco legal, pues, se insiste el numeral 158 de la Ley de Amparo, faculta al juez de Distrito a tomar las medidas pertinentes para lograr el cumplimiento de la suspensión y que no requiere de una tramitación especial, y ello se realizó por virtud de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa al referir que las autoridades responsables se encuentran incumpliendo la suspensión definitiva concedida. Por otra parte, vistas las constancias levantadas por la Auxiliar de Actuario de la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, mediante las cuales devuelve los oficios 18733/2020, 18734/2020 y 18735/2020, dirigidos a la Dirección General Jurídica, al Director de Área de Estudios Legislativos y al Director de Área de Enlace Jurídico, respectivamente, los cuales no le fue posible entregar, por los motivos que expone; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes, sin mayor acuerdo, en virtud de que el veintitrés de septiembre del año en curso, se tuvo al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, atendiendo el requerimiento formulado en los oficios 18733/2020 y 18734/2020, y manifestó que la Dirección de Enlace Jurídico, ya no existe.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito de la parte quejosa, y en atención a su contenido se provee: Toda vez que no ha sido posible que el perito designado por este Juzgado señale el deglose de manera correcta de las horas, en obvio de mayores dilaciones procesales se revoca el nombramiento otorgado al perito Juan Manuel Aguilar Maya y se nombra en su lugar a la perito Por tanto, requiérase a --- para que se imponga de los autos y dentro del término de tres días contados a partir en que le surta efectos la notificación del presente proveído, emita la cotización de sus honorarios, respecto de prueba pericial en materia contable de conformidad con el arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para los ejercicios dos mil diecinueve y dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil diecinueve, así como apegarse a lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial dela Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, señalando el número de horas que empleará aproximadamente para emitir su dictamen; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.

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