Eddy Alberto Rodríguez Arévalo

Expediente 123/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
123/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Eddy Alberto Rodríguez Arévalo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; en atención a su contenido se le tiene devolviendo diligenciado el exhorto 36/2021 (número de orden 77/2021), que se le envió para que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara el proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, al quejoso Eddy Alberto Rodríguez Arévalo, lo que acredita con las constancias que adjunta; dése de baja en el libro de comunicaciones oficiales correspondiente. Sin que haya lugar a acusar recibo de la referida comunicación oficios, por así solicitarlo la autoridad oficiante. Por otra parte, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; atento a su contenido, se le tiene informando que ese similar se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Eddy Alberto Rodríguez Arévalo, por propio derecho, la cual dio origen al expediente en que se actúa, en virtud de la incompetencia planteada por este juzgado. Atento a lo anterior, toda vez que en proveído de veintitrés del mes pasado, se tuvo por recibido oficio signado por el Director General del Centro Federal de Reinserción Social Número "17" CPS, en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, mediante el cual rinde informe relativo a la suspensión de plano concedida al quejoso Eddy Alberto Rodríguez Arévalo, en auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno; remítase el original del dicho comunicado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a fin de que se acuerde lo que en derecho corresponda. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 35, segundo párrafo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    Visto el oficio que remite el Director General del Centro Federal de Reinserción Social Número "17" CPS, en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, mediante el cual rinde informe relativo a la suspensión de plano concedida al quejoso Eddy Alberto Rodríguez Arévalo, en auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Ahora, tomando en consideración que en proveído de dieciocho del mes en curso, este juzgado declinó la competencia para conocer del presente juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, agréguese a los autos copia simple del comunicado de cuenta, a fin de que el original sea enviado al juzgado que corresponda conocer de la demanda de amparo que dio origen al cuaderno en que se actúa y se determine lo que en derecho proceda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  3. Principal

    Demanda y radicación Vista la demanda de amparo promovida por Eddy Alberto Rodríguez Arévalo, por propio derecho, contra actos de las autoridades siguientes: Director General del Centro Federal de Reinserción Social Número 17 en Buena Vista Tomatlán, Michoacán. Titular del área médica del Centro Federal de Reinserción Social Número 17 en Buena Vista Tomatlán, Michoacán. En tales condiciones, por tratarse de un asunto urgente, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número I-123/2021, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Incompetencia para conocer del presente asunto Conviene destacar que en el preámbulo de la demanda el quejoso manifiesta lo siguiente: "Eddy Alberto Rodríguez Arevalo interno en el "CPS" 17 de Michoacan" con domicilio ubicado en carretera Ruana-Tazumbos, Km. 2, Ejido 18 de Marzo, Municipio de Buenavista Tomatlán "Michoacan". Lugar que señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificación". Asimismo, del contexto integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama el acto consistente en: La inadecuada atención médica y proporción de medicamentos. Determinado lo anterior, este juzgador estima carecer de competencia por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los razonamientos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". La anterior trascripción revela que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo, a saber: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora, dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este sumario constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en el número uno, pues la lectura íntegra de la demanda de amparo revela que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 17 en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, por lo que los actos combatidos tienen eminente ejecución en esa ciudad, por lo que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción en donde se encuentra recluido el quejoso directo. Cabe señalar que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, establece que tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito del Décimo Primer Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercer jurisdicción, en Buenavista, lugar en el que se ejecutan los actos reclamados, atendiendo a que el quejoso se encuentra recluido en un centro penitenciario situado en Buena Vista, Tomatlán. De ahí que resulte incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente asunto, pues, conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; ello, atento a que los actos impugnados se ejecutan en Buena Vista Tomatlán, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." También es aplicable el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2021191, de rubro y texto siguiente: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, considera carecer de competencia para conocer de la demanda en cuestión. Remisión de demanda Previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 48, primer párrafo, de la ley de la materia, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; por tanto, remítasele la referida demanda, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo respectivo, toda vez que, a consideración de este juzgador, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. Suspensión del acto reclamado El artículo 48 de la Ley de Amparo indica que cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o los supuestos del numeral 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se proveerá respecto a la suspensión de los actos reclamados. Atento a lo anterior, toda vez que el acto impugnado en esta instancia constitucional consiste en la inadecuada atención médica y proporción de medicamentos al quejoso Eddy Alberto Rodríguez Arévalo, recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 17 en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, el cual encuadra en las hipótesis antes referidas, se procede a realizar el pronunciamiento siguiente: Como se adelantó, el acto reclamado enunciado tiene cabida en los supuestos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, con fundamento en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la inadecuada atención médica y proporción de medicamentos al quejoso Eddy Alberto Rodríguez Arévalo, recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 17 en Buena Vista Tomatlán, Michoacán. Es decir, la suspensión de plano tiene como efecto que le sea proporcionada la atención médica que requiera, así como los medicamentos necesarios con base en los padecimientos que tenga el quejoso. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia número VIII.2o.P.A.2 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito, de contenido: "SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA. CUANDO EN EL JUICIO EN QUE SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SU APLICACIÓN, EN QUE SE APOYÓ LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE NEGÓ UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ, EL QUEJOSO SOLICITA LA SUSPENSIÓN PARA QUE NO SE LE PRIVE DEL ACCESO A AQUÉLLOS, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CONDICIONAR SU EFECTIVIDAD A QUE SE ACREDITE EL DERECHO A RECIBIR DICHA ATENCIÓN. Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad del artículo 123, fracción III, de la Ley del Seguro Social y su aplicación, el cual establece que no tiene derecho a disfrutar de pensión de invalidez el asegurado que padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio, precepto en que se apoyó la resolución por la que se negó tal beneficio, y el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado para que no se le prive del acceso a los servicios médicos en caso de una emergencia, el Juez de Distrito no debe condicionar la efectividad de la medida a que se acredite el derecho a recibir dicha atención, si precisamente el fondo del asunto consiste en dilucidar si el particular tiene derecho a que se le conceda la pensión y, por ende, a seguir gozando de diversas prestaciones entre las que se encuentra el servicio médico. Lo anterior es así, porque si el objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudieran ocasionarle, en caso de negarse la prestación médica se le causaría un daño irreparable, además de que el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio, incluso, de los demás derechos humanos". (Lo resaltado es de este juzgado). Condiciones de la suspensión Esta suspensión surtirá sus efectos desde luego, respecto de los actos que el promovente atribuye a las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda o, en su caso, también contra aquellas autoridades que tengan a su disposición al quejoso. Requerimiento de informes en relación a la suspensión de plano. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables a quienes se reclama la inadecuada atención médica y proporción de medicamentos; quienes deberán informar dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, de conformidad con el artículo 158, en relación con el diverso 236, ambos de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en los términos del artículo 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad según dispone el artículo 206, en relación con el 237, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato será consignada para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables. Para facilitar el envío de las comunicaciones oficiales, las autoridades responsables deberán hacer uso de la vía telegráfica o fax al número 014433226960, extensión 1162, en el entendido que los informes y sus anexos que se realicen con base en la última de las tecnologías enunciadas, sólo será válida una vez que cualquiera de los secretarios del juzgado, confirme el envío y recepción; motivo por el cual la utilización de la misma es responsabilidad exclusiva del servidor público requerido; por tanto, debe confirmar, sin excepción, la recepción del documento transmitido por fax. Tiene aplicación al caso la tesis 2a. CXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo contenido es el siguiente: "RESOLUCIÓN ENVIADA POR FAX (TELEFACSÍMIL). PUEDE TOMARSE EN CUENTA SI SÓLO CORROBORA LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE. Si en un expediente de un conflicto competencial, el proveído por el que una Junta Local de Conciliación y Arbitraje consta en un documento enviado por fax y el mismo sólo corrobora los datos que derivan de otros medios probatorios, como la resolución de la Junta Federal que también se consideró incompetente y que ordenó enviar el asunto a la Suprema Corte para que definiera a qué órgano jurisdiccional le correspondía conocer del asunto, la solicitud de la Secretaría de Acuerdos de la Sala al presidente de la Junta de que remitiera copia certificada del proveído en el que se declaró incompetente así como tales medios de comprobación llevan a la plena convicción de que el referido documento enviado por fax procede del funcionario que lo remitió. El criterio se sustenta, además por una parte en que si bien la legislación procesal aplicable no contempla de manera específica el fax (telefacsímil) como medio probatorio, ello se debe a que cuando se emitió no existía ese adelanto y, por otra, en que contribuye a salvaguardar el principio de justicia pronta que consagra el artículo 17 de la Constitución y que tiene especial aplicación en conflictos competenciales que al plantearse suspenden la tramitación del juicio respectivo". Habilitación de comunicación telefónica de guardia Infórmese a las responsables que en caso de que estimen necesario comunicarse vía telefónica con el secretario encargado del presente asunto, podrán hacerlo al número celular 044 443-134-21-06, incluso, podrán hacer uso de comunicación vía correo electrónico institucional a la dirección siguiente: a) 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx Por lo que ve al uso de la cuenta de correo oficial invocada, sólo podrá realizarlo para el envío de los informes requeridos, previa confirmación de la recepción respectiva por cualquiera de los secretarios del juzgado. En el entendido de que si las autoridades responsables cuentan con firma electrónica avanzada (FIREL o FIEL), las promociones o medios de impugnación diversos a los informes ya mencionados pueden remitirse de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notificación personal al quejoso. En virtud de que el quejoso directo se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 17, con residencia en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), 27 fracción II y 116 de la Ley de Amparo, 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 300, 303, 305, 306, y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, se ordena girar: Exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Lo anterior para que, en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda para que se constituya en el aludido centro de reclusión y notifique al quejoso este acuerdo. De igual forma, se solicita al juez federal auxiliar que notifique el presente proveído a las autoridades siguientes: Director General del Centro Federal de Reinserción Social Número 17 en Buena Vista Tomatlán, Michoacán. Titular del área médica del Centro Federal de Reinserción Social Número 17 en Buena Vista Tomatlán, Michoacán. Para lo cual, se anexa al exhorto los oficios correspondientes con firmas electrónicas, una vez hecha la entrega de los oficios correspondientes, se solicita al homólogo federal que remita a esta potestad, los acuses respectivos, con la finalidad de computar el plazo de veinticuatro horas otorgado a las autoridades responsables para la rendición del informe relativo a la suspensión de plano decretada. Se faculta al juez exhortado para que, en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario de su adscripción esté en posibilidad de realizar la diligencia de notificación encomendada. Hecho lo anterior, se solicita al juez auxiliar que devuelva la comunicación oficial con las constancias que acrediten su diligenciación. Domicilio para oír y recibir notificaciones y habilitación de correo electrónico. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, pues el que fue señalado se encuentra fuera de la demarcación territorial sobre la que este órgano judicial ejerce su jurisdicción, siendo su obligación señalarlo en esta ciudad, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público, para que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo General 21/2020, ratificado en el diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que, de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación con la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdo general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Autorización de firma de comunicaciones oficiales; capturas y anotaciones del expediente Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

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