Eddie Manuel Mendicuti Loría
Expediente 1072/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1072/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Eddie Manuel Mendicuti Loría
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se realizó a las autoridades responsables Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, el día dieciséis de octubre del año en curso, según se advierte de las tarjetas de acuse de recibo correspondientes a los oficios 23426/2023-V-A y 23425/2023-V-A, que obran agregadas en autos. En mérito de lo anterior, ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad; y en su segundo punto resolutivo AMPARÓ Y PROTEGIÓ a Eddie Manuel Mendicuti Loría, en contra de los actos que reclamó del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce de los derechos fundamentales violados como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado en dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Lela Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable encargada del despacho de la Delegación Estatal Registro Agrario Nacional en Yucatán, con sede en esta ciudad, que ya obra glosado a estos autos; asimismo, se da cuenta con los informes justificados rendidos por el Director de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación del Director en Jefe y Directora de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, recibidos en este Juzgado Federal, el día de ayer, registrados con los números de promoción 15062 y 15064. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de mérito. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta con las documentales y presuncional en su doble aspecto que la parte quejosa relacionó en su escrito de demanda; así como con las copias certificadas que las autoridades responsables, remitieron en apoyo a sus informes justificados. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este período. A continuación, ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS, la Secretaria da cuenta con los formulados por la parte quejosa por memorial con número de registro 13855, atendido por acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés; y certifica que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los mencionados alegatos y por hecha la certificación secretarial, por lo cual SE CIERRA EL PERIODO DE ALEGATOS. Seguidamente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento formulado por la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, el Juez que preside esta audiencia pronuncia la resolución que corresponde, en los siguientes términos: Visto para resolver el juicio de amparo número 1072/2023-V-A, promovido por ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Director en Jefe y Director General de Registro y Control, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; y, encargada del despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Yucatán, residente en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por auto de once de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. No ha transcurrido el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la rendición de los informes justificados de las autoridades responsables foráneas, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que, como se analizará con posterioridad, de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte la existencia del acto reclamado, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio por parte de este Juzgador, al no haber razón jurídica para que primordialmente el quejoso quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable cuando reconoció la existencia del acto. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar: De la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud relativa a la inscripción de la adopción del dominio pleno de la parcela ********************, del ejido de ********************, municipio de ********************, Yucatán; así como la expedición y puesta a disposición del título correspondiente. Del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México: La falta de autorización de la apertura de la clave del sistema informático para realizar la expedición del título de propiedad correspondiente al quejoso. La falta de supervisión que le corresponde, para que la Delegación en el Estado de Yucatán del Registro Agrario Nacional, cumpla con las disposiciones de ley y sus reglamentos. Del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México: La falta de supervisión para que la Delegación en el Estado de Yucatán del Registro Agrario Nacional cumpla con las disposiciones de ley y sus reglamentos respecto a la expedición y puesta a disposición del indicado título de propiedad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos a la encargada del despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Yucatán, con sede en esta ciudad (promoción 12777), pues así lo señaló dicha responsable al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió como apoyo a su informe, las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Al respecto, debe decirse que de conformidad con el artículo 61 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, una vez emitida la calificación registral positiva, lo procedente es realizar el asiento en la sección del Folio Agrario correspondiente, lo que se traduce en la facultad de la indicada responsable de expedir, ordenar inscribir y poner a disposición de la parte quejosa los certificados parcelarios respectivos, de conformidad con el artículo 84 del indicado reglamento. En efecto, de las constancias allegadas y lo anteriormente asentado se aprecia que a la fecha en la que se promovió la demanda (diez de julio de este año), la responsable no se encontraba en posibilidad de expedir, inscribir y poner a disposición de la parte quejosa el título de propiedad relativo a la parcela ********************, del Ejido de ********************, municipio de ********************, Yucatán, con motivo de que el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, a la fecha, no ha emitido la calificación registral positiva correspondiente al trámite ********************. Cabe acotar que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de no ser así la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Así, ante la inexistencia de los actos reclamados a dicha autoridad, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; ello, en una nueva reflexión sobre el trato de este tipo de asuntos, en los que es evidente que no se está aún en el supuesto legal respectivo para subsanar la omisión que se reclama. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director de lo Contencioso, en representación del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México (registrados con los números de promoción 15062 y 15064), no obstante que lo hubiesen negado al rendir sus respectivos informes justificados; toda vez que realizan manifestaciones que evidencian su existencia. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Conceptos de violación. No advirtiendo algún motivo de improcedencia que se actualice de oficio o que hayan propuesto las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resulta fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es necesario establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El indicado ordinal constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, de las constancias que obran en autos, se advierte que la fecha de presentación de la correspondiente solicitud ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la Entidad del Registro Agrario Nacional (veinticinco de enero de dos mil veintitrés), a la data en que se promovió la demanda (diez de julio de dos mil veintitrés), ya habían transcurrido más de cinco meses; lo que excede el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, toda vez que de autos se advierte que la solicitud del quejoso no ha sido concluida, se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que las responsables Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo; y en su caso, ordene a la autoridad correspondiente, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir impedimento legal alguno justificado. Caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncie en algún sentido. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto atribuido a la autoridad responsable encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad y por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso ********************, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Director en Jefe y del Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, señaladas en el considerando cuarto de este fallo, por la razón y para los efectos señalados en el diverso considerando sexto. TERCERO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el considerando noveno, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el escrito signado por Eddie Manuel Mendicuti Loria parte quejosa en el presente asunto; mediante el cual desahoga la vista otorgada con relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable, recibido por auto de fecha dieciocho de agosto último; y en atención a su contenido, se acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, hágase relación de las manifestaciones que se realizan a manera de alegatos en dicho ocurso, al celebrarse la referida audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que hasta la presente data las autoridades responsables foráneas Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México; no han rendido sus respectivos informes justificados, ni obran en autos las tarjetas de acuse de recibo correspondientes a los oficios por el que se les solicitó, toda vez que este fue enviado en proveído de once de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dichas autoridades se ubica fuera de la residencia de este Juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.
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