Eddie Alan Carrillo Garcia y Otros.

Expediente 650/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
650/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Eddie Alan Carrillo Garcia y Otros.
  • Eddie Alan Carrillo Garcia
  • Iraís García Olivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    INC 650/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, en esta fecha se ordenó el archivo del expediente como definitivamente concluido. 2. Archivo de expediente incidental. En esas condiciones, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida en la citada resolución interlocutoria de dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (a contrario sensu) y 17 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3. Destino del expediente. Se comunica a las partes que, por haberse concedido la suspensión definitiva, este expediente es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del mencionado acuerdo general; por lo cual será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 4. Se notifica determinación al Tribunal de Alzada. Finalmente, de autos se advierte que se encuentra pendiente de resolver recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada ********************, contra la resolución interlocutoria dictada el dieciocho de julio de este año, radicado con el número de toca ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez; por tanto, mediante oficio que al efecto se gire, hágase del conocimiento del Tribunal de Alzada esta determinación; para los efectos legales que haya a lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 650/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y representante especial de la menor de edad ******************** interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el once de octubre de este año, firmada y autorizada el treinta y uno de octubre siguiente, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; sin que lo hubieran hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de I) la autoridad responsable, II tercera interesada y III) agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este Juzgado, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y vigente a partir del ocho de junio siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20, fracción I, y 23 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 7. Devolución de documental. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en la Secretaría del Juzgado se encuentra resguardado un disco en formato DVD, remitido por la jueza del Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Por tanto, mediante oficio que al efecto se gire, se ordena su devolución; toda vez que se ha ordenado el archivo del expediente como asunto concluido y carece de objeto su permanencia en este Juzgado. 8. Incidente de suspensión. Finalmente, en la certificación de cuenta se precisó que este juicio se tramitó con incidente de suspensión, el cual se reservó archivar hasta en tanto se ordenara el archivo de este juicio de amparo, lo que ya aconteció; por tanto, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 650/2023 MESA 7 Vistos, para resolver el juicio de amparo **********; y R E S U L T A N D O S: Primero. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, el tres de julio de este año, y recepcionada a este Juzgado el cuatro de julio siguiente, 1) ********** e 2) **************, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada con iniciales ***********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto reclamado que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Segundo. Prevención y admisión de la demanda de amparo. En auto de cinco de julio de este año se registró la demanda de amparo con el número ********/2023 y se previno a la parte quejosa en los términos precisados. Posteriormente, previo cumplimiento a la prevención realizada, en auto de once de julio siguiente se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a juicio a ***********, en su carácter de tercera interesada (lo que aconteció el trece de julio pasado), y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Sobreseimiento fuera de audiencia respecto a la quejosa ***********. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo, fuera de audiencia, únicamente y exclusivamente por lo que respecta a la quejosa ************, previa diligencia de ratificación de desistimiento de dieciocho de julio de este año. Cuarto. Representante especial de un menor. Previa solicitud por parte de este Juzgado, por auto de veintiuno de agosto del año en curso se tuvo a la jefa de Departamento por suplencia de la titular de la Delegación e indicaciones del titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Oaxaca designando al licenciado *************, como representante especial de la menor de edad ************* en este juicio de amparo; quien se discernió de dicho cargo el veintinueve de agosto de este año. Quinto. Citación. Seguido el juicio en su trámite, el once de septiembre pasado se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o s: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza civil y el acto se reclama a una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, es: - La determinación de trece de julio del año en curso, dictada en el expediente ***********, en la que se modificó el régimen provisional de guarda y custodia compartida respecto de la menor de iniciales ***********, así como de convivencias virtuales provisionales, decretado en diversa audiencia celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Misma que atribuye a la jueza del Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Tercero. Existencia de acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, jueza del Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, convino en la existencia del acto que se le atribuye. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 278, en la página 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 394261, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Causal de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse en forma preferente y previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien, que este Juzgado advierta de manera oficiosa. En esas condiciones, al haberse analizado las constancias de autos, así como específicamente el acto reclamado consistente en la determinación de trece de julio del año en curso, dictada en el expediente ***********, en la que se modificó el régimen provisional de guarda y custodia compartida respecto de la menor de iniciales ****************, así como de convivencias virtuales provisionales, decretado en diversa audiencia celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós; se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." Lo anterior, en virtud que, de conformidad con dichos preceptos legales, el principio de definitividad en materia de amparo consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados, los actos de autoridad, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el citado ordenamiento legal. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia, atribuyéndole al juicio de amparo el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de derechos al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico, el tribunal de segunda instancia o uno de carácter contencioso. Cabe precisar que el principio de definitividad no es absoluto, es decir, no opera en todos los casos ni en todas las materias, pues su aplicación y eficacia tienen excepciones importantes consignadas tanto en ley como en jurisprudencia, las cuales son de estricta aplicación como se precisa a continuación: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). Ello hace del amparo el ulterior medio de defensa para la protección de los derechos fundamentales de los gobernados ante los actos de autoridad que se consideren inconstitucionales. De lo anterior se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es que contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." También cobra aplicación la jurisprudencia 573 visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Ahora, como se advierte del contenido del artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, el acuerdo reclamado en esta vía constitucional constituye una determinación que admite en su contra un recurso previsto en ese ordenamiento procesal. Lo anterior se colige en atención a que el referido numeral dispone lo siguiente: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De la transcripción anterior se advierte que la legislación prevé un medio ordinario de defensa para impugnar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en materia civil, entre los que se encuentra el recurso de revocación, consistente en el medio de impugnación a través del cual se faculta al juez o tribunal que los dictó a dejarlos sin efectos una vez analizados los agravios hechos valer por el inconforme, es decir, a invalidarlos, siempre que contra dichas determinaciones el citado ordenamiento legal no prevea en su contra expresamente la procedencia del recurso de apelación. En ese sentido, es inconcuso que a fin de impugnar el auto dictado por el juzgador responsable, el quejoso tiene a su alcance el recurso de revocación, medio ordinario de defensa de carácter vertical cuyo trámite y resolución es susceptible de revocarlo, modificarlo o dejarlo sin efectos. En las relatadas condiciones, si el artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca establece que procede el recurso de revocación contra el auto dictado por el juez, reclamado en este asunto, la parte quejosa está en aptitud de interponer el citado medio ordinario de defensa previo acudir a esta instancia constitucional; al no haberlo agotado, es inconcuso que incumplió con el principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; de modo que el juicio de amparo es improcedente respecto de dicha determinación. Al caso se invoca, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV (Mayo de 2002), página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese orden, del análisis de la demanda de amparo no se evidencia que el citado acto reclamado se trate de alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad invocado, como para considerar que estaba en condiciones de acudir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar la instancia legal mencionada, ya que no se pone en peligro la vida o la libertad con el acto reclamado, ni que el quejoso se sitúa en alguno de los supuestos contemplados en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación, julio de dos mil, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Sin que pase inadvertido que la parte quejosa acude a este juicio de amparo por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales **********; sin embargo, el hecho de que los tribunales federales tengan el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación al tratarse de asuntos en los que se encuentre de por medio el bienestar de una persona menor de edad, no exenta a la parte quejosa de cumplir con el principio de definitividad. Lo anterior, toda vez que aun cuando se trate de una controversia de orden familiar es necesario que oportunamente se interpongan los recursos o medios ordinarios de defensa procedentes de acuerdo a los preceptos legales aplicables, antes de acudir al juicio de amparo; puesto que la suplencia de la queja no debe llegar al extremo de aceptar que quien sufra un agravio en un procedimiento en que es parte, no se inconforme, aunque sea de manera deficiente. Máxime que la excepción al principio de definitividad que establece el artículo 171 de la Ley de Amparo, en el sentido de que se pueden hacer valer violaciones a las leyes del procedimiento no impugnadas dentro del juicio natural, cuando se trata de actos que afecten derechos de menores o incapaces; únicamente se actualiza en los juicios de amparo directo en los que se hagan valer violaciones procesales ocurridas durante el procedimiento, sin que, se estima, esta figura pueda hacerse extensiva a los juicios de amparo indirecto. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 350, Tomo I, Libro I, diciembre de 2013, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Así como, por identidad de razón, la tesis I. 3o.C.835 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1455, Tomo XXXII, septiembre de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. SU PROCEDENCIA Y ALCANCE EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El artículo 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional, reproducidos, a su vez, en los artículos 76 Bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que es deber a cargo de los tribunales federales que conozcan del juicio constitucional y de la instancia revisora, de suplir la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, uno de cuyos supuestos, contemplado en la fracción V del artículo 76 Bis y en la fracción VI del artículo 91 de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de los menores o incapacitados, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de garantías o el recurso de revisión, ni la naturaleza de los derechos que se estén cuestionando, puesto que la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapacitados. Bajo esa tesitura, los órganos federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Esa regla general de suplir la deficiencia de la queja en la demanda y en los agravios constitucionalmente opera en el juicio de amparo, pero no es una institución que exente a la parte quejosa de agotar el principio de definitividad. Ciertamente, aun y cuando se trate de una controversia de orden familiar, es necesario que oportunamente interponga los recursos o medios ordinarios de defensa procedentes de acuerdo a los preceptos legales aplicables, antes de acudir al juicio de amparo, ya que dicha institución opera respecto a violaciones procesales anteriores al dictado de la sentencia definitiva. Entonces, en relación a actos derivados de controversias del estado civil, que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, solamente opera en vía de amparo directo, resultando necesario que se eleve a la potestad jurisdiccional común la causa de pedir a través del recurso idóneo correspondiente, porque la suplencia de la queja no debe llegar al extremo de aceptar que quien sufra un agravio en un procedimiento en que es parte, no se inconforme aunque sea de manera deficiente." De lo anterior, se desprende que, aunque en este juicio el quejoso acuda a solicitar el amparo por propio derecho y en representación de su hija menor de edad, dicha circunstancia no lo exime de agotar los medios ordinarios de defensa para intentar combatir el acto reclamado; por tanto, previo a promover el juicio de amparo indirecto, debió interponer recurso de revocación contra la determinación reclamada. Finalmente, se estima que no se actualiza al caso concreto la diversa jurisprudencia 77/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO."; porque del contenido íntegro de la demanda de amparo, así como de las constancias de autos, no se advierte que el acto reclamado genere un riesgo para la integridad de la menor hija de aquí quejoso, sino que el promovente únicamente se duele que la modificación de las convivencias con aquélla con motivo de imposición de medidas cautelares a su persona en una causa penal en la que tiene el carácter de imputado y la menor de víctima. En efecto, de la jurisprudencia citada se advierte que se establecen dos requisitos para estimar actualizado el caso de excepción que ahí se prevé, a saber: a) que de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión, y b) cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada; y sólo en el supuesto de que ambas condiciones se cumplan, el recurso será inadecuado o ineficaz para alejar al promovente del amparo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse y, por tanto, quedará exento de interponerlo y de cumplir con el principio de definitividad; lo que, como antes se vio, no acontece en la especie. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b, de la Constitucional Federal; procede sobreseer en el juicio de amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada con iniciales *********, contra el acto reclamado consistente en la determinación de trece de julio del año en curso, dictada en el expediente *********, en la que se modificó el régimen provisional de guarda y custodia compartida respecto de la menor de iniciales *********, así como de convivencias virtuales provisionales, decretado en diversa audiencia celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, atribuida a la jueza del Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca; por los motivos expuestos en el diverso considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    PRAL. 650/2023 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos, se advierte que el veintinueve de agosto del año en curso el licenciado*****compareció en este Juzgado a discernirse del cargo de representante especial de la menor de edad **** en este juicio de amparo. En esas condiciones, a fin de no vulnerar las reglas esenciales del procedimiento, con el informe justificado rendido por la jueza del Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, se ordena dar vista de manera personal al citado representante especial, a fin de que manifieste lo que a los intereses de su representada convenga, si así lo considera. 1.1. Diferimiento de audiencia constitucional. En esas condiciones, para dar oportunidad a que transcurra el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con motivo de la vista ordenada en este acuerdo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere, y se fijan las nueve horas con cincuenta y siete minutos del once de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Es aplicable la tesis aislada con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE". Notifíquese; personalmente al licenciado Flavio Rodríguez Sanginés. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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