Eddi Noe Garcia Chavarria

Expediente 783/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
783/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Eddi Noe Garcia Chavarria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 3274/2021 signado -electrónicamente- por Nadya Domínguez Andrade, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Primero debe decirse que dicho oficio se encuentra firmado electrónicamente porque cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que la promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Ahora bien, téngase a la autoridad oficiante acusando recibo del oficio 65/2021 de este índice, por el que se remitió el original del juicio de amparo 783/2020, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; e informando que aceptó la competencia para conocer del juicio promovido por Eddie o Eddi Noé García Chavarría, registrándolo bajo el número de expediente 129/2021-IV de su estadística. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en el numeral 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista al quejoso; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 783/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Eddie o Eddi Noé García Chavarría; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado a este juzgado de Distrito, Eddie o Eddi Noé García Chavarría solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Carlos Hernández Jiménez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y prevención. Por acuerdo dictado el veintiuno de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 783/2020; asimismo, previno al promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, realizara lo siguiente: ( Bajo protesta de decir verdad, expresara la fecha en que se había enterado de que los vehículos de su propiedad fueron detenidos, sustraídos y secuestrados del lote en el que se encontraban; y, ( Bajo protesta de decir verdad, precisara si, además de reclamar la detención, sustracción y secuestro de los ocho vehículos de su propiedad, también reclamaba la omisión de hacerle entrega de esos vehículos, o bien, el cobro que refirió le querían efectuar por concepto de "piso", así como el arrastre por las grúas. Tercero. Escrito aclaratorio y su ratificación. 1. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre del actual, el promovente desahogó la prevención de mérito en los siguientes términos: ( Precisó que no reclamaba la sustracción, detención y aseguramiento de sus vehículos, pues -refirió- consintió tales actos al optar por el procedimiento de solicitud de devolución de dichos bienes a través del acreditamiento de su propiedad, la cual fue concedida a través del oficio FEISE/UEIE/10301/2020 de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitido por 1. Carlos Hernández Jiménez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la carpeta de investigación CDI/068/2020/FISDAI. ( Señaló que únicamente reclamaba de la negativa verbal de hacerle entrega de dicho vehículos, con base en que tenía que pagar el derecho de "piso", tenencias, arrastre de grúas, etcétera, a pesar de que dicha devolución ya se encontraba autorizada mediante el referido oficio. 2. Sin embargo, ante la disparidad entre la firma que calza dicho escrito y la signatura que calza la demanda de amparo, en proveído de veintisiete de octubre siguiente, se requirió al quejoso ratificar la firma del escrito aclaratorio. Cuarto. Auto admisorio. Previa ratificación, en auto emitido el treinta de octubre de esa anualidad, se tuvo al quejoso desahogando la prevención de mérito; asimismo, este juzgado admitió a trámite el juicio -sin incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Quinto. Suspensión por contingencia sanitaria. Mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo cual implicó: ( El trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, así como el seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. ( El trámite de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio "en línea", con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones personales. ( De manera que para los casos restantes a los anteriores -como el presente-, se suspendieron los plazos y términos procesales del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Sexto. Reanudación del procedimiento. 1. Mediante Circular SECNO/1/2021, dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" del 12 al 18 de enero de 2021; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales diversos al Primero, Segundo, Decimoctavo y Decimoquinto, se determinó: ( Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órgano jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, ( Que como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. 2. En ese sentido, el doce de enero de dos mil veintiuno, en atención al levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, se ordenó notificar la citada reanudación a las partes. Séptimo. Cita para audiencia. En acuerdo de dieciocho de enero del actual, se señalaron las diez horas con veinte minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece legalmente de competencia para resolver el presente juicio de derechos fundamentales por razón de materia, de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se explica. En primer lugar, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Ahora bien, la competencia alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. En un sentido más preciso, dentro de la teoría general del proceso, la competencia obedece a razones prácticas de distribución de la actividad juzgadora entre los distintos organismos judiciales. Así, la competencia es una condición presupuestal sine qua non, para que la actuación del juzgador en el desarrollo de la función que genéricamente le corresponde, sea válida y eficaz. Por ello, tratándose del desarrollo de la función jurisdiccional, es un elemento de existencia necesaria previa para la validez de la actuación de la autoridad concreta encargada de ejercerla. Por este motivo, como presupuesto procesal de la acción y del juicio en que se traduce y ejercita la función jurisdiccional, la competencia es el conjunto de facultades con que el orden jurídico inviste a una autoridad para desarrollarla. En ese sentido, se colige que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, razón por la que, previo a decidir, en su caso, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se debe resolver sobre esa situación en particular, pues de lo contrario se violarían las reglas que regulan al juicio de derechos fundamentales, lo que incluso podría llevar a la reposición del procedimiento, razón por la que antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, se debe fincar competencia para conocer del mismo. Los criterios delimitadores de la competencia, consideran los siguientes: 1. Materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio; o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso; es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. 2. Territorio. Éste es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. A dicho ámbito espacial se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. Ámbito que es determinado actualmente por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante los acuerdos generales que al efecto emite. 3. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador. El que interesa, es el primero de los mencionados, que también se traduce como la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, la cual tiene como ventaja que los juzgadores adscritos a un tribunal especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención, repercute en la formación de su especialización y lo encausa hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro los conflictos competenciales 3/2007, 105/2007, 124/2007, 137/2007 y 131/2008, señaló que para determinar cuál es el órgano competente por materia, se debe tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, lo cual se puede hacer mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas, la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda y, en todo caso, prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes. Agregó que no debe atenderse a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, pues -indicó- éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas. Sostener lo contrario, -afirmó- resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que alegaran las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. Asimismo, debe decirse que dicho criterio fue avalado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 81/2019, pues en este precedente determinó que, de la interpretación sistemática de los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia para conocer de un recurso de queja contra el auto de desechamiento de la demanda o de un recurso de revisión contra la sentencia que decreta el sobreseimiento dictado por un Juez de Distrito con competencia mixta, por estimar que la responsable no es autoridad para efectos del juicio de amparo, correspondía al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en la materia en la que incide el acto reclamado y, en su caso, a la naturaleza de las autoridades consideradas como responsables. Ahora bien, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece los supuestos en los cuales corresponde conocer a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de un determinado juicio de amparo, a saber: a. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales de orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimientos penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, c. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto a los órganos jurisdiccionales en materia administrativa, del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se obtiene que los jueces de distrito especializados en esa materia conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas, contra actos de autoridad distinta a la judicial, contra actos de tribunales administrativos, o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, el derecho administrativo constituye el género relativo a la regulación del conjunto de normas jurídicas relacionadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración. Sentado lo anterior, se tiene que en el presente juicio de amparo, el quejoso Eddie o Eddi Noé García Chavarría reclamó, en su demanda de amparo, textualmente lo siguiente: "(.) De las autoridades señaladas como ordenadoras -Carlos Hernández Jiménez, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla y Cristóbal Arrieta Desentis, Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla-, la ilegal detención, sustracción y secuestro de mis 8 vehículos automotores, así como su absurda, arbitraria e ilegal retención que mantienen sobre mis vehículos desde el día 10 de abril de 2020. Y de la ejecutora -Director de Bienes Asegurados del Departamento de Vehículos Asegurados del Depósito Oficial de Vehículos-, la falta de entrega de mis vehículos a pesar de que ya se les ordenó entregarlos mediante oficio número FEISE/UEIE/10301/2020, desde el día 28 de septiembre de 2020, como consta en el referido oficio que adjunto como Anexo Único, como documento base de mi acción. (.)" Sin embargo, en auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se previno a la parte quejosa para que: "(.) Primero.- Bajo protesta de decir verdad, manifieste la fecha en que se enteró de que los vehículos de su propiedad fueron detenidos, sustraídos y secuestrados del lote en el que se encontraban. (.) Segundo.- Precise bajo protesta de decir verdad, si el acto reclamado en esta instancia, además de la detención, sustracción y secuestro de sus ocho vehículos, consiste en la omisión de hacerle entrega de los vehículos automotores, o bien, el cobro que refiere le quieren efectuar por concepto de "piso", así como el arrastre de los vehículos por las grúas. (.)" En cumplimiento a tal prevención, el quejoso señaló expresamente: "(.) .Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el día que me enteré de la ilegal sustracción de mis vehículos por parte del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Secuestros y Extorsiones, fue el día 10 de abril de 2020, el mismo día en que se los llevaron sin ninguna orden judicial, sin embargo, quiero dejar expresamente manifestado que no me duelo de dicho acto, que si bien fue ilegal, de alguna manera lo terminé aceptando porque dijeron que sólo debía acreditar la propiedad de mis vehículos para que autorizaran su inmediata liberación, pero es el día que no me entregan mis vehículos a pesar de estar ya debidamente acreditada su legalidad, como consta en el oficio emitido por el Agente del Ministerio Público que anexé a mi escrito inicial de demanda donde hace constar que no existe ningún señalamiento legal sobre ellos. El problema es que, sin ningún motivo ni fundamento legal, las autoridades responsables condicionan la liberación de mis vehículos al pago de las tenencias que se adeudan, derechos de piso a razón de $6400.00, uso de grúas que no usaron porque se los llevaron rodando y el pago de mis llaves que perdieron, siendo que yo no di ningún motivo para que se los llevaran, pero sobre todo porque ellas no son autoridades fiscales para requerirme pagos de tenencias , derechos de piso que yo no motivé y el pago por el uso de grúas que no usaron, como se podrá corroborar con el informe que rindan las autoridades responsables, donde en todo caso deberán fundar y motivar dichos cobros. (.) .Únicamente me duelo de la negativa de entregarme mis 8 vehículos automotores, porque acredité debidamente su propiedad y no existe ningún procedimiento judicial en contra, como consta en el oficio que anexé a mi escrito inicial de demanda. El problema está en las autoridades responsables, cuando me presenté el día 2 de Octubre de 2020 a recoger mis vehículos, me dijeron de manera verbal, que para entregármelos ponen como condición que pagué las tenencias que se adeudan, derechos de piso a razón de $6,400.00, pago de mis llaves que perdieron, siendo que ellos no son autoridades fiscales para requerirme pagos de tenencias y derechos de piso que yo no motivé, ni el pago de grúas que no usaron, o en todo caso deberán fundar y motivar su actuación. (.)" En ese tenor, se colige que el quejoso únicamente se duele de que el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Director de Bienes Asegurados del Departamento de Vehículos Asegurados del Depósito Oficial de Vehículos le negaron la entrega de los vehículos, al condicionarla a derechos de piso, arrastre de grúas, entre otro pagos; ello, a pesar de que el fiscal de origen, en oficio FEISE/UEIE/10301/2020 de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, ordenó al Oficial Mayor la entrega al quejoso de los vehículos que defiende, en virtud de que ya se habían realizado todas las diligencias necesarias y se había acreditado la propiedad de los mismos. Luego, para apoyar lo manifestado en su demanda de amparo y en su escrito aclaratorio, el quejoso acompañó el documento original del referido oficio, emitido por 1. Carlos Hernández Jiménez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la carpeta de investigación CDI/068/2020/FISDAI. Ahora bien, para comprender la naturaleza y el origen del acto antes precisado, es menester narrar algunos antecedentes obtenidos de los informes justificados y de las documentales aportadas al presente juicio: 1. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el fiscal responsable dio inicio a la carpeta de investigación CDI/068/2020/FISDAI, por hechos con apariencia de delito; asimismo, por actos inherentes a la investigación criminal, se aseguraron materialmente los vehículos que el quejoso ahora defiende, ordenándose la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, entre ellas, la verificación de la existencia de reportes robo, la inspección y la toma de calcas y datos de identificación de los vehículos. 2. El veinticinco de marzo de dos mil veinte, el fiscal investigador dictó el acuerdo de aseguramiento de los vehículos. 3. El treinta de junio de dos mil veinte, el quejoso compareció ante la representación social y acreditó la propiedad de los vehículos que defiende. 4. El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, el fiscal investigador emitió el oficio FEISE/UEIE/10301/2020, por medio del cual, solicitó al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla que devolviera al quejoso el vehículo marca Ford, modelo F-150, año 1999, tipo Pick Up, NIV 1FTZX1720XKA07383, placas de circulación TB04869 y otros siete, en virtud de que: i) había acreditado la propiedad de los mismos; ii) no contaban con reporte de robo; y, iii) había culminado el desahogo de todas las diligencias inherentes a dichos vehículos. Lo anterior, previo a "realizar lo conducente ante la Dirección de Bienes Asegurados Departamento de Vehículos Asegurados, Depósito Oficial de Vehículos.". 5. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, el 2. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla -por sí y en representación del 3. Director de Bienes Asegurados- rindió su informe justificado aclaratorio -requerido por auto emitido el uno de diciembre del actual dentro del presente juicio de amparo-, en el que, entre otras cuestiones, señaló que para hacer entrega al quejoso de los vehículos cuya propiedad acreditó, éste debía realizar el pago de "piso" generado por el resguardo de las unidades en el encierro oficial, así como el pago de la grúa que los trasladó a ese lugar; y que, una vez realizado ello, los vehículos le serían entregados. 6. El nueve de diciembre de dos mil veinte, la Encargada del despacho de la Dirección de Bienes Asegurados emitió el oficio FGE/OM/DBA/12188/2020, por medio del cual, en atención al diverso oficio emitido por el fiscal -antes descrito-, hace del conocimiento del quejoso que no tiene inconveniente en realizar la devolución de los vehículos cuya propiedad acreditó, siempre que realice los trámites administrativos correspondientes relativos al pago de derechos que se generaron por el resguardo de las unidades en el encierro oficial, en términos del artículo 99, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, sin perjuicio de que pudiera solicitar su condonación ante la Secretaría de Planeación y Finanzas. Consecuentemente, es menester realizar un análisis a mayor detalle de las documentales aportadas tanto por el quejoso Eddie o Eddi Noé García Chavarría como por el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, las cuales, por ser públicas, tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A. El oficio FEISE/UEIE/10301/2020 de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se reproduce cabalmente a continuación: (.) (.) De la anterior reproducción, se puede concluir lo siguiente: ( Que, de conformidad con el artículo 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales -citado y transcrito en el oficio-, los vehículos asegurados se entregarán en depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor y que previo a su entrega, el Ministerio Público debe cerciorarse: I. Que el vehículo no tenga reporte de robo; II. Que el vehículo no se encuentre relacionado con otro hecho delictivo; III. Que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios; y, IV. Que no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros, o de la aseguradora. ( Que el treinta de junio de dos mil veinte, el quejoso compareció ante la representación social y acreditó la propiedad del vehículo marca Ford, modelo F-150, año 1999, tipo Pick Up, NIV 1FTZX1720XKA07383, placas de circulación TB04869 y otros siete. ( Que ante tal situación y ante la circunstancia de que no existían más actos de investigación a realizar sobre los referidos vehículos e inconveniente alguno, el fiscal solicitó al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla que entregara al quejoso las unidades automotoras descritas, para lo cual éste debía "realizar lo conducente ante la Dirección de Bienes Asegurados Departamento de Vehículos Asegurados, Depósito Oficial de Vehículos." B. El oficio FGE/OM/DBA/12188/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte, se reproduce cabalmente a continuación: (.) (.) Entonces, de la anterior reproducción, se puede advertir que, en atención al diverso oficio emitido por el fiscal -antes descrito-, la Encargada de Despacho de la Dirección de Bienes Asegurados hace del conocimiento del quejoso que no tiene inconveniente en realizar la devolución de los vehículos cuya propiedad acreditó, siempre que realice los trámites administrativos correspondientes relativos al pago de derechos que se generaron por el resguardo de las unidades en el encierro oficial, en términos del artículo 99, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, sin perjuicio de que pudiera solicitar su condonación ante la Secretaría de Planeación y Finanzas. En ese tenor, se colige que el acto reclamado antes precisado, es mero y materialmente administrativo, ya que la negativa se encuentra sustentada únicamente en el pago de contribuciones derivadas del uso de suelo y arrastre de los vehículos en el encierro oficial de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y no en la investigación criminal iniciada por el fiscal responsable. Dicho en otras palabras, si bien el encierro y resguardo de los vehículos que defiende el quejoso derivó, en un primer momento, de un aseguramiento decretado por un fiscal dentro de una carpeta de investigación iniciada por hechos con apariencia de delito -el cual no es reclamado por el quejoso en esta instancia constitucional-; lo cierto es que la negativa reclamada se sustenta solamente en el pago de contribuciones, que nada tienen que ver con los supuestos de competencia en materia penal, habida cuenta que el fiscal ha ordenado la devolución de las unidades al haber culminado todas las diligencias que -a su criterio- en ellas se debían practicar. Justamente, dejó de incumbir a la materia penal cuando el fiscal ordenó la devolución de los vehículos y, luego, comenzó a concernir a la administrativa cuando la materia de la queja radicó en la negativa en efectuar tal devolución sino se pagaban las contribuciones derivadas por derecho de piso por el resguardo y el encierro de los automotores en los patios oficiales que ocupa la fiscalía. En ese sentido, resulta evidente que la negativa en devolver los vehículos a que alude el quejoso en su demanda de amparo y en su escrito aclaratorio, es un acto de naturaleza administrativa y, por ende, no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el citado artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, respecto de aquel acto, debe conocer un órgano jurisdiccional especializado en la materia administrativa, en términos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia y previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; para que, por su conducto, se turnen al Juzgado de Distrito que corresponda, el expediente principal del juicio de amparo 783/2020. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Con fundamento en el último párrafo del citado precepto legal, se hace constar que en el presente juicio de amparo no se tramitó el incidente de suspensión del acto reclamado -por los motivos expuestos en auto de treinta de octubre del actual-, por lo que no existe impedimento alguno para decretar la legal incompetencia de este órgano de control constitucional. No se desatiende por este juzgador que el oficio FGE/OM/DBA/12188/2020 de nueve de diciembre de dos mil veinte -antes estudiado-, se trata de un acto novedoso para el quejoso que tiene relación con el acto reclamado inicialmente, lo cual podría derivar en una vista para que se amplié la litis constitucional en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo y, por ese motivo, considerarse que el presente asunto no se encuentra debidamente integrado. Sin embargo, la celebración de las primeras dos etapas de la audiencia constitucional, no resulta un impedimento para que el juez requerido acepte la competencia planteada y, de esa manera, pueda regularizar el procedimiento si lo estima procedente. En efecto, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establecen que la celebración de la audiencia constitucional sea un factor determinante para fincar la competencia entre órganos jurisdiccionales; únicamente prevén aspectos de territorio y materia, en términos del artículo 37 del primer ordenamiento legal citado y 50 a 55 bis de la aludida ley orgánica. Dicho de otra manera, no existe disposición legal alguna que regule que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito que haya celebrado las primeras dos etapas de la audiencia constitucional (pruebas y alegatos), con independencia de la materia del asunto de origen (penal, civil, administrativa o laboral) o de si el acto reclamado tiene o no ejecución y si está -de haber- tendrá lugar en un circuito o en varios. Considerarlo así, equivaldría a sostener que un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal es competente para conocer de juicios de amparo en donde se dirimen y ventilen cuestiones mercantiles o civiles -por ejemplo-, siempre que haya celebrado la audiencia constitucional. Ahora bien, sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción 129/2008/PS, señaló que la regla general es que la sentencia debía dictarse por el mismo juzgador que celebró las otras etapas de la audiencia constitucional, pero admitía una excepción, en el sentido de que si el Juez que conoció de las dos primeras etapas de la audiencia lo remitía a otro, no había en principio justificación jurídica para que este último dejara sin efecto las dos primeras etapas de la audiencia y vuelva a celebrarlas, sino en ese supuesto se encontraba facultado para validarlas y dictar sentencia. En efecto, -señaló- tal excepción encuentra su fundamento en la situación jurídica de que tanto la norma constitucional como la legal, sólo exigen que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva se lleven a cabo en un acto procesal continuo (conforme a las etapas establecidas), pero no contienen una norma imperativa de que ese acto deba necesariamente llevarse a cabo por el mismo juzgador. Lo anterior, -aclaró- constituía una regla general que derivaba del principio de unidad de la audiencia constitucional y la sentencia que, desde luego, podía verse matizada en los casos en que el juzgador que recibía el asunto advertía alguna irregularidad relevante en el desahogo de las dos primeras etapas de la audiencia, en cuyo caso podía actuar conforme a derecho corresponda y en libre ejercicio de sus facultades. De lo anterior, se puede concluir que: ( Sí es posible que un órgano jurisdiccional celebre las dos primeras etapas de la audiencia constitucional (pruebas y alegatos) y, posteriormente, se declare incompetente para conocer del asunto; ( El juez, a quien se le fincó la competencia, no deberá invalidar las primeras dos etapas de la referida audiencia, por lo que está facultado para dictar sentencia; y, ( Si estima que existen irregularidades que subsanar, por ejemplo, la falta de emplazamiento de los terceros interesados, puede declarar inválidas las primeras dos etapas de la audiencia (pruebas y alegatos) y regularizar el procedimiento para enmendar la violación advertida. De ahí que la celebración de la audiencia constitucional no resulte un factor para fijar la competencia entre órganos jurisdiccionales ni un impedimento para declararse incompetente para conocer de un asunto, por lo que si el juzgador requerido advierte irregularidades en el procedimiento podrá dejar sin efectos las primeras dos etapas de la audiencia y enmendarlas. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito y, con copia certificada de lo actuado en este expediente, fórmese el cuaderno correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. Segundo. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Este Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece legalmente de competencia para resolver el presente juicio de amparo, promovido por Eddie o Eddi Noé García Chavarría, en contra del acto reclamado, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando primero de la presente resolución. Segundo. Previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítanse al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en turno en el Estado de Puebla, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, la documental precisada en la última parte del considerando primero de este fallo, solicitándole informe si acepta o no la incompetencia planteada y el acuse de recibo correspondiente. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista al quejoso Eddie o Eddi Noé García Chavarría; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que no transcurren los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a las partes por acuerdo dictado el once de diciembre de dos mil veinte, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración que mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo cual implicó: ( El trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, así como el seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. ( El trámite de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio "en línea", con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones personales. ( De manera que para los casos restantes a los anteriores -como el presente-, se suspendieron los plazos y términos procesales del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. En tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para las once horas con dieciséis minutos del dieciocho de enero del actual se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las diez horas con veinte minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil veinte. Intégrese a los autos el escrito signado por el quejoso Eddi Noé García Chavarría y, en su atención, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele realizando diversas manifestaciones, en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional; y, atinente a su manifestación relativa a que el fiscal señalado como responsable no remitió las constancias necesarias para apoyar su informe de ley, dígasele que, en caso de ser necesarias más constancias de las que obran en autos para resolver este asunto, el suscrito juzgador las requerirá de oficio en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. Por otro lado, agréguese el oficio signado por el 2. Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Cristóbal Arrieta Desentis), por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de siete de diciembre pasado, remite copia certificada de las constancias con las que apoya su informe justificado; por lo que, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de su parte, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a las partes.

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