Eddi Mauricio Raya Chávez

Expediente 456/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
456/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Eddi Mauricio Raya Chávez
  • Eddi Mauricio Raya Chávez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causar estado el auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la determinación dictada el quince de junio de dos mil veintidós, en que se sobreseyó fuera de audiencia; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó fuera de audiencia, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Remite constancia. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de seis de junio del año en curso, y remite copias certificada del juicio laboral de origen, como complemento a su informe justificado. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, los quejosos reclamaron del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión dar contestación a los escritos presentados el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno presentado por Alan Orlando Hernández Valencia y el diverso de nueve de julio de dos mil veintiuno suscrito por Eddi Mauricio Raya Chávez, Alfonso Manuel Arteaga Marín y Erik Javier Molina García, dentro del juicio laboral 388/2015, pues así se advierte de la demanda de amparo y de los anexos a ella, de los que se advierten las peticiones formuladas por los disconformes. No obstante la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a los escritos presentados el nueve de julio y diecisiete de agosto, de dos mil veintiuno, dentro del expediente 388/2015 este Juzgado Federal estima que sobrevino la causa de improcedencia aludida. Se estima que se surte la citada causal de improcedencia, considerando que de las constancias de cuenta y de las recibidas por este órgano de control constitucional el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Tribunal responsable el veintitrés de mayo y trece de junio de dos mil veintidós, se pronunció en torno a las solicitudes de los quejosos formuladas el nueve de julio y diecisiete de agosto, de dos mil veintiuno. En efecto, en dichos proveídos se estableció por un lado que Alan Orlando Hernández Valencia se desistió del juicio por lo que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, y respecto de Eddi Mauricio Raya Chávez, Alfonso Manuel Arteaga Marín y Erik Javier Molina García, se les tuvo por, revocando y autorizando a un nuevo apoderado, señalado un nuevo domicilio legal, y se ordenó se despachara auto de ejecución por la cantidad laudada, por lo que se comisionó al actuario se constituyera en el domicilio del Ayuntamiento de Morelia Michoacán a requerir el pago de las cantidades condenadas en autos. En esa tesitura, es incuestionable que con posterioridad a la presentación de la demanda -veintiséis de abril de dos mil veintidós- la responsable el veintitrés de mayo y trece de junio del año actual, se pronunció respecto de las peticiones formuladas por los quejosos, lo cual pone de manifiesto la actividad jurisdiccional que la autoridad responsable ha llevado a cabo para efecto de dar continuidad al proceso laboral de origen. Con lo anterior, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión dar contestación a los escritos presentados el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno presentado por Alan Orlando Hernández Valencia y el diverso de nueve de julio de dos mil veintiuno suscrito por Eddi Mauricio Raya Chávez, Alfonso Manuel Arteaga Marín y Erik Javier Molina García, dentro del juicio laboral 388/2015; toda vez que el acto del que se pretendía el análisis constitucional, ha dejado de interferir en la esfera jurídica del amparista, puesto que las consecuencias que derivaban del mismo y que, en su caso, le inferían agravio, ya no se materializaran. Por tanto, con dicha actuación se restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la Justicia Federal. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.KOA/CFCL/vmv

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EDDI MAURICIO RAYA CHAVEZ Y OTROS, LA DETERMINACIÓN DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Remite constancia. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de seis de junio del año en curso, y remite copias certificada del juicio laboral de origen, como complemento a su informe justificado. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, los quejosos reclamaron del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión dar contestación a los escritos presentados el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno presentado por Alan Orlando Hernández Valencia y el diverso de nueve de julio de dos mil veintiuno suscrito por Eddi Mauricio Raya Chávez, Alfonso Manuel Arteaga Marín y Erik Javier Molina García, dentro del juicio laboral 388/2015, pues así se advierte de la demanda de amparo y de los anexos a ella, de los que se advierten las peticiones formuladas por los disconformes. No obstante la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a los escritos presentados el nueve de julio y diecisiete de agosto, de dos mil veintiuno, dentro del expediente 388/2015 este Juzgado Federal estima que sobrevino la causa de improcedencia aludida. Se estima que se surte la citada causal de improcedencia, considerando que de las constancias de cuenta y de las recibidas por este órgano de control constitucional el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Tribunal responsable el veintitrés de mayo y trece de junio de dos mil veintidós, se pronunció en torno a las solicitudes de los quejosos formuladas el nueve de julio y diecisiete de agosto, de dos mil veintiuno. En efecto, en dichos proveídos se estableció por un lado que Alan Orlando Hernández Valencia se desistió del juicio por lo que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, y respecto de Eddi Mauricio Raya Chávez, Alfonso Manuel Arteaga Marín y Erik Javier Molina García, se les tuvo por, revocando y autorizando a un nuevo apoderado, señalado un nuevo domicilio legal, y se ordenó se despachara auto de ejecución por la cantidad laudada, por lo que se comisionó al actuario se constituyera en el domicilio del Ayuntamiento de Morelia Michoacán a requerir el pago de las cantidades condenadas en autos. En esa tesitura, es incuestionable que con posterioridad a la presentación de la demanda -veintiséis de abril de dos mil veintidós- la responsable el veintitrés de mayo y trece de junio del año actual, se pronunció respecto de las peticiones formuladas por los quejosos, lo cual pone de manifiesto la actividad jurisdiccional que la autoridad responsable ha llevado a cabo para efecto de dar continuidad al proceso laboral de origen. Con lo anterior, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión dar contestación a los escritos presentados el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno presentado por Alan Orlando Hernández Valencia y el diverso de nueve de julio de dos mil veintiuno suscrito por Eddi Mauricio Raya Chávez, Alfonso Manuel Arteaga Marín y Erik Javier Molina García, dentro del juicio laboral 388/2015; toda vez que el acto del que se pretendía el análisis constitucional, ha dejado de interferir en la esfera jurídica del amparista, puesto que las consecuencias que derivaban del mismo y que, en su caso, le inferían agravio, ya no se materializaran. Por tanto, con dicha actuación se restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la Justicia Federal. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Vista la certificación que antecede, se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, no dio cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de veintisiete de mayo del año en curso; esto es, no remitió copia certificada de la solicitud realizadas por los quejosos Eddi Mauricio Raya Chávez, Alfonso Manuel Arteaga Marín, Erik Miguel Molina García, mediante escrito de doce de agosto de dos mil veintiuno dentro del juicio laboral de origen, toda vez que son indispensables para efecto de resolver el presente juicio de amparo. En tal circunstancias, mediante oficio que al efecto se libre, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita en copia certificada de la solicitud realizada por los quejosos Eddi Mauricio Raya Chávez, Alfonso Manuel Arteaga Marín, Erik Miguel Molina García mediante escrito de doce de agosto de dos mil veintiuno, así como las constancias relacionadas, pues son indispensables para efecto de resolver el presente juicio de amparo. Apercibimiento. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que para ello tengan, se le impondrá multa por el equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha en que incurrió en la omisión de lo ordenado), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones se la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 238 del ordenamiento invocado. Diferimiento de audiencia incidental. Para dar margen a lo anterior, la audiencia incidental señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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