Edalí Ruiz Gutiérrez
Expediente 265/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/06/2023
Partes del expediente
- Edalí Ruiz Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a dieciséis de junio de dos mil veintitrés.Oficio. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, mediante el cual solicita se le proporcione el estado procesal que guarda el juicio de amparo promovido por ********************. Acuerdo. Atento a lo anterior, comuníquese a la autoridad oficiante que en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostentó como apoderado legal de ********************, contra actos de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad, y de otra autoridad; se registró con el número ******************** y fue desechada de plano; asimismo, al no haber sido recurrido el auto de desechamiento, el nueve de marzo del año en curso se declaró firme y se ordenó el archivo del asunto como concluido.Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Desechamiento firme. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. En consecuencia, archívese el presente como asunto concluido. Destrucción de expediente. En otra tesitura, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Sin relevancia documental. Este expediente no tiene relevancia documental para su conservación, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Transferencia. En consecuencia, una vez cumplido el término de tres años de resguardo a que aluden los artículos 9 y 21 segundo párrafo del aludido acuerdo (contado a partir del dictado de auto de archivo), este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir el presente expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; asimismo, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21; hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.
- Principal
Promoción. Agréguese a sus autos el acuerdo remitido vía MINTERSCJN, signado por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con residencia en la Ciudad de México, en el cual se encuentra inserto el acuerdo de tres de enero del año en cita, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 2155/2023 del índice de este órgano jurisdiccional. De la misa forma, comunica que requirió a las autoridades responsables para efectos de que informen el estado en que se encuentra la sentencia concesoria. Asimismo, comunica que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, con sede en esta ciudad, le comunicó que declaró fundado el impedimento planteado por el Titular de este órgano jurisdiccional, por lo que ordenó girar oficio a la Oficina de Correspondencia Común para efectos de que informe que juzgado continuara conociendo del trámite de ejecución. Acuerdo. En atención a lo anterior, este juzgado toma conocimiento de la información proporcionada por el alto tribunal, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, ordenándose acusar recibo vía MINTERSCJN de dicho oficio.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Cuenta. En la misma fecha, la Secretaria da cuenta al Juez, con el escrito de demanda signado por Miguel Ángel Camacho Castillejos, quien se ostenta como apoderado legal de Edali Ruiz Gutiérrez, registrado con el número de control 2911. Conste.Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés.Demanda. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo signada por Miguel Ángel Camacho Castillejos, quien se ostenta como apoderado legal de Edali Ruiz Gutiérrez, contra actos del Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad, y otra autoridad. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 265/2023 tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Análisis previo. A efecto de proveer respecto de la demanda recibida, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". (Registro digital: 196196. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: I.1o.A. J/4. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Mayo de 1998, página 890). Esencialmente, la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: La sentencia definitiva de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca de apelación 326-B-2C01/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada, aquí quejosa, en contra del auto de once de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 448/2022 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla; en el que se desechó el incidente de suspensión del procedimiento planteado por la hoy quejosa Edali Ruiz Gutiérrez. Ahora bien, primeramente debe puntualizarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta, de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de tal manera que esa afectación no sea susceptible de repararse por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En ese sentido, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, que al obtener una sentencia favorable se reparan y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo, ya que al momento en que se producen no los afecta de manera irreparable, sino que tan solo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Causal de improcedencia. De lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" En ese contexto, del examen relacionado de las disposiciones inicialmente citadas, se advierte como regla general que el amparo indirecto tiene un carácter excepcional o privilegiado, porque la posibilidad de promoverlo contra actos dictados fuera de juicio, sólo tiene lugar cuando el motivo de afectación guarda efectos de imposible reparación, entendiéndose por este concepto aquellos actos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Carta Magna o los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se observa que fue voluntad del legislador establecer que en relación con actos en el juicio, la procedencia del juicio de amparo indirecto se circunscribiera a aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Lo que resulta relevante para advertir que mediante tal restricción, la Ley de Amparo implícitamente proscribe que el amparo indirecto pueda ser procedente respecto de cualquier acto en el juicio. De no ser así, ninguna justificación lógica ni jurídica tendría que el legislador hubiere condicionado o restringido la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de actos ocurridos dentro de juicio, a que tengan sobre la personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de imposible reparación se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Encuentra apoyo lo antes considerado en la Jurisprudencia 3a./43, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". (Emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 294 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época). De tal manera que cuando los actos o el acto reclamado no son de aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos del gobernado, no procede el juicio de amparo indirecto. Así, el acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca de apelación 326-B-2C01/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada, aquí quejosa, en contra del auto de once de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 448/2022 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla; en el que se desechó el incidente de suspensión del procedimiento planteado por la hoy quejosa Edali Ruiz Gutiérrez; no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no se encuentra afectando materialmente derechos sustantivos, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Lo anterior, porque la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 326-B-2C01/2022, sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser combatidos, en su momento jurídico oportuno, como violación procesal al dictarse la sentencia respectiva mediante el juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario; pues como se analizó en párrafos precedentes, el acto en sí mismo no trasciende a la persona o a sus bienes más allá de lo meramente procesal. En consecuencia, es evidente que el acto reclamado no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos del impetrante, protegido por los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna; que deban combatirse a través del amparo indirecto. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Registro: 2006589. Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 39 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época). Desechamiento. En ese sentido, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XXIII, con relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 113 del ordenamiento jurídico antes invocado, se desecha de plano la demanda de amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes citada. Habilitación de días y horas. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su artículo 2º, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 15 oriente sur, número 695-A, de esta ciudad. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Camacho Castillejos y Arnulfo Sánchez Nuriulu, dado que acreditaron tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales, como se advierte de las constancias de búsqueda en dicho sistema, las cuales se anexan a los autos para que obren como corresponda. Solicitud de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a la parte promovente el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para la toma de fotografías o imágenes de las resoluciones que se dicten en este asunto. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo, dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles); por tanto, se niega la devolución de los documentos que en original exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita; o en su caso de los documentos que sean exhibidos y encuadren en las hipótesis descritas en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo petición expresa en contrario. Exhortación a promover bajo la modalidad de juicio en línea. De la misma forma, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En caso de que las partes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos, deberán de realizar la solicitud correspondiente, a fin de que este órgano jurisdiccional permita la promoción por medios electrónicos, así como las notificaciones respectivas en dicha vía. Para lo cual, deberán de cumplir con las disposiciones establecidas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, y estén en posibilidad de acceder a los servicios que se prestan en el portal de Servicios en Línea.
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