Eblem Israde Rojas

Expediente 1824/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1824/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
03/11/2016

Partes del expediente

  • Eblem Israde Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia de siete de octubre de dos mil dieciséis, en la cual se negó el amparo solicitado en el presente juicio; de lo anterior se colige que al haber obtenido resolución desfavorable pudo interponer recurso de revisión, al ser a quien únicamente le irroga perjuicio la resolución referida; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes.Resulta aplicable, por analogía y por las consideraciones que la sustentan, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, de la voz: REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CUANDO SÓLO LO PROMUEVE EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. [9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Octubre de 2010; Pág. 3174].En ese orden, después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente cuaderno se advierte que no existe promoción o diligencia por practicar, por tanto, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.Devuélvanse al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México los anexos que exhibió al presente juicio, de los cuales deberá acusar el recibo correspondiente; apercibida que de ser omisa se impondrá una multa a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción I, así como 238, de la Ley de Amparo. De conformidad con la certificación de que se trata y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto:a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica.b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección federal solicitada, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes.c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo.d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es sepurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional.Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1824/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el doce de noviembre de dos mil quince, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Eblem Israde Rojas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: "El Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México." ACTO RECLAMADO: "La determinación tomada mediante acuerdo de tres de junio de dos mil quince, emitido en el expediente R.R.-PAR/142/15 y notificado el veinte de octubre del año en curso, mediante la cual se desecha el recurso de revisión que hice valer en contra de la resolución definitiva emitida en el expediente OSFEM/UAJ/PAR-IM/100/2012." SEGUNDO. Por razón de turno le correspondió a este Juzgado Quinto de Distrito, por auto de doce de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo a las diez horas del once de enero de dos mil dieciséis. TERCERO. El veintinueve de enero de la presente anualidad, se terminó de engrosar la resolución en la que se negó al quejoso el Amparo y Protección de la Justicia Federal. CUARTO. Inconforme con la anterior resolución, el autorizado del quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que por razón de turno, le correspondió su conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y una vez integrado dicho recurso, en sesión de diez de agosto de la anualidad, se revocó la sentencia impugnada y se ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo. QUINTO. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, este Juzgado tomó conocimiento de lo narrado en el resultando anterior, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, y ordenó requerir al quejoso para que en el plazo de quince días manifestara si era su voluntad ampliar la demanda constitucional, con el apercibimiento necesario. SEXTO. Una vez transcurrido el plazo para que el quejoso ampliara su demanda de amparo, sin que ello haya ocurrido, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y la cual forma parte de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracción VIl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que en el presente se reclama una resolución emitida por una autoridad cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, el acto reclamado se hace consistir en: El acuerdo de tres de junio de dos mil quince, dictado en el expediente R.R.-PAR/142/15, por el auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en el cual se desechó el recurso de revisión interpuesto por Eblem Israde Rojas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en su carácter de representante Jurídico de la autoridad responsable Auditor Superior de Fiscalización dependiente del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, al rendir su informe con justificación admitió la existencia del acto reclamado [foja 11]. Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente OFEM/UA/PAR-IM/100/12 y del recurso de revisión RR-PAR/142/15, las cuales adjuntó a su informe, y de las que se formó cuaderno de pruebas por separado, documentales a la que en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto en su numeral 2°, se les confiere pleno valor probatorio, al ser emitida por una autoridad que la ley lo facultad para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, primera parte, página 153, que refiere del siguiente tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1994, foja 87, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior, tiene sustento en la Tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de 1995, foja 353, cuyo rubro y texto refiere: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." No obstante lo anterior, las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, ni este órgano advierte de oficio su existencia, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Para mejor comprensión del presente asunto, es menester precisar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, que en su parte conducente son: El dieciocho de diciembre de dos mil doce, se tuvo por presentado el expediente que contiene observaciones no solventadas así como su soporte, en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, pues derivado del ejercicio de las atribuciones de fiscalización del órgano Superior, se practicó la revisión a los informes mensuales de abril a noviembre de dos mil ocho, del Ayuntamiento de Atlacomulco, México, determinándose observaciones con irregularidades que implican daño a la hacienda pública municipal; emitiéndose los pliegos de observaciones números 0024-022008G con folio 169413G segundo trimestre 2008; 0024-032008G con folio 0174399G del tercer trimestre; pliego 0024-042008PM, 0024-04200S y 0024-042008T, con folio 0179231 correspondiente al cuarto trimestre, que fueron notificados a los ciudadanos Lucas Rogelio Caballero Meraz, Eblem Israde Rojas y Carlos R. Hinojosa Velasco. El dieciocho de diciembre de dos mil doce, se determinó iniciar Procedimiento Administrativo Resarcitorio en contra de los ciudadanos Lucas Rogelio Caballero Meraz, Eblem Israde Rojas y Carlos R. Hinojosa Velasco, fincando el pliego de responsabilidad número OSFEM/UAJ/PPR-IM/100/12, por la cantidad de $935,199.25 (novecientos treinta y cinco mil ciento noventa y nueve pesos 25/100) y ordenando la citación a garantía de audiencia a través de los oficios números OSFEM/UAJ/SJC/DR/1799/2012, OSFEM/UAJ/SJC/DR/1780/2012 y OSFEM/UAJ/SCJ/DR/1801/2012, mismas que tuvieron verificativo el trece de febrero de dos mil trece. El dieciséis de febrero de dos mil quince, se resolvió el expediente OSFEM/UAJ/PAR-IM/100/12, que efectivamente existe responsabilidad administrativa resarcitoria a cargo de los ciudadanos Lucas Rogelio Caballero Meraz, Eblem Israde Rojas y Carlos R. Hinojosa Velasco, Presidente, Síndico y Tesorero del Municipio de Atlacomulco, durante la administración 2006-2009, por la cantidad de $31,071.20 (treinta y un mil setenta y un pesos 20/100 moneda nacional), asimismo se les indicó en esa resolución el derecho que les asiste de interponer el recurso de revisión en términos del artículo 68 de la Ley de Fiscalización del Estado de México. El quejoso fue notificado de esa resolución el catorce de abril de dos mil quince, lo anterior es visible en la foja 576 del anexo de prueba 1). Inconforme con esa resolución presentó el recurso de revisión el día veintiuno de mayo de dos mil quince. El tres de junio de ese mismo año, se desechó el recurso de revisión interpuesto por Eblem Israde Rojas. La anterior actuación constituye el acto reclamado. Ahora bien, el quejoso argumenta que se vulneran en su perjuicio los derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el contenido de los artículos 25 y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, toda vez que: La responsable determinó que fue notificado el dieciséis de febrero del año en curso, sobre la resolución definitiva en que se le finca responsabilidad resarcitoria en virtud de la existencia de la razón de notificación que obra en el expediente de origen; En el expediente administrativo se le tuvo como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en la calle de Subida de Álamos número 108, colonia Lomas Altas, en la ciudad de Toluca, Estado de México; en tanto que en la razón de notificación consta que ésta se realizó en domicilio diverso por lo cual no puede surtir efecto alguno; En consecuencia, es hasta el quince de mayo de la presente anualidad que tuvo conocimiento de la resolución que pretende impugnar, es decir, hasta que presentó el recurso de revisión correspondiente, por lo cual se debió de admitir el mismo. Los anteriores argumentos son infundados, por las consideraciones que a continuación se verán. En primer término, se estima que el acto reclamado no vulnera en perjuicio del quejoso el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se le restringió indebidamente alguno de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni tampoco se le limitó el acceso a las garantías que se encuentran previstas para su protección. Ahora bien, el quejoso aduce vulneración a sus derechos fundamentales tutelados en el artículo 16 de la Carta Magna, en ese contexto, es menester reseñar que el primer párrafo de dicho numeral establece: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Precepto constitucional del cual se advierte que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la obligación que tiene la autoridad de expresar los preceptos legales aplicables al caso concreto, y por lo segundo el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los preceptos citados y los motivos aducidos, es decir, la actualización de los supuestos normativos. Lo anterior se robustece con la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual puede ser consultada con el número 260, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe de estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." (Apéndice al S.J.F. 1917-1995, Tomo VI, primera parte, página 175) Así, tenemos que el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, al emitir acuerdo reclamado, no vulneró en perjuicio del impetrante las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; lo anterior, atendiendo a que en relación a la promoción del recurso de revisión, señaló que lo desechó al advertirse que la presentación de éste, lo realizó fuera del plazo de quince días, que establece el artículo 68 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Ahora bien, no se viola en perjuicio del quejoso la garantía consagrada en el artículo 14 constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con "... las formalidades esenciales del procedimiento...", lo que implica que necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO LEGAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. DEFINICIÓN. La garantía de debido proceso legal consagrada en el artículo 14 constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con "... las formalidades esenciales del procedimiento..." implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata." (S. J. F. y su Gaceta, 9ª Época, Tomo III, Junio de 1996, página 845) En ese orden de ideas, la garantía contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite a los justiciables acceder a los órganos competentes para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal; ello se encuentra relacionado con el diverso 17 de la misma normatividad, que establece el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder de manera expedita ?esto es, sin obstáculos? a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. La prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos ?adjetivo con que se designa lo desembarazado, lo que está libre de todo estorbo? para impartir justicia significa que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales. El derecho a la tutela judicial, entonces, puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Ahora, el artículo 68 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, establece: "ARTÍCULO 68. El recurso de revisión se presentará por escrito ante el Órgano Superior o ante la autoridad que haya fincado la responsabilidad resarcitoria, dentro del plazo de 15 días hábiles, contando a partir de la fecha en que el afectado haya tenido conocimiento del acto o resolución que se impugne." De la transcripción anterior, se colige que el término para interponer el recurso de revisión ante el Órgano Superior el cual se contará a partir de que se tenga conocimiento del acto o resolución recurridos, con independencia del conducto por el que el afectado se enteró de aquél o ésta. Así es, pues contrario a lo alegado por el quejoso, la notificación de la resolución de dieciséis de febrero de dos mil quince, se le hizo de manera personal el catorce de abril de dos mil quince, como se aprecia del oficio OSFEM/UAJ/SJC/DR/1264/15, de veintiséis de marzo de dos mil quince, pues en este obra la leyenda de "RECIBIDO OFICIO Y RESOLUCIÓN 14/04/2015 Eblem Israde Rojas" y una firma ilegible que se presume del hoy quejoso; en tanto que de autos no se aprecia que el quejoso haya objetado de falso ese documento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XI.3o.2 K, con número de registro 198818, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, Materia Común, Página: 622, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS, OBJECIÓN DE, EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De los artículos 151, 153 y 155 de la Ley de Amparo no se desprende que el Juez de Distrito tenga la obligación de dar vista a las partes con las pruebas documentales ofrecidas por una de ellas. De manera que si en la audiencia constitucional se ofrece un documento, una vez admitido, la parte interesada está en aptitud de objetarlo en términos del artículo 153 de la ley invocada." Ahora, el quejoso aduce que tal actuación se llevó a cabo en diverso domicilio al autorizado en autos, pues se realizó en el domicilio ubicado en: "ANDADOR 2 NÚMERO 24, UNIDAD HABITACIONAL PROFESOR MIGUEL PORTILLO SOLDANO", en Tenango del Valle, Estado de México, a las trece horas con cincuenta minutos del catorce de abril de dos mil quince, como se observa de la notificación personal visible en la foja 577 del anexo de prueba Uno, realizada por el notificador Raúl Fonseca Martínez; quien indicó en esa notificación que: "NO FIRMÓ LA (sic) NOTIFICACIÓN POR HABER FIRMADO EN EL ACUSE DE RECIBO"; dicha nota corrobora la leyenda y firma que obra en el oficio OSFEM/UAJ/SJC/DR/1264/15, de veintiséis de marzo de dos mil quince, como a continuación se aprecia: Sin embargo, debe decirse que si bien es cierto la notificación se llevó a cabo en un diverso domicilio al señalado en autos para oír y recibir notificaciones -Calle Subida de los Álamos número 108, colonia Lomas Altas, Toluca, Estado de México-; al hacerse de manera personal esa notificación, el quejoso se hizo sabedor de la resolución dictada el dieciséis de febrero de dos mil quince, desde la data en que se realizó su notificación (catorce de abril de dos mil dieciséis), por lo que no se vulnera en su perjuicio el contenido de los artículos 25 y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, puesto que si la notificación se llevó a cabo ante la persona buscada, mientras que la finalidad de la norma es llamar a juicio a quien tenga interés en algún juicio, ello queda satisfecho si se hace a través de quien acredite tener facultades para recibir esa clase de notificaciones, como en el caso al propio quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, con número de registro 240637, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Séptima Época, Materia Civil, Página 220, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES HECHAS EN DOMICILIO DIFERENTE AL SEÑALADO PARA RECIBIRLAS. El hecho de que se cite a la parte demandada para que concurra a absolver posiciones en un domicilio distinto al señalado por ella en su escrito de contestación, no la deja en estado de indefensión, si tal notificación se hace en forma personal, es decir, que la diligencia respectiva se entienda directamente con la demandada, pues con ello se purga, en todo caso, la equivocación de lugar en que incurra dicho funcionario, además de que la notificación hecha en esas circunstancias alcanza su finalidad." [Énfasis y subrayado añadido] Se itera, si en autos obra constancia de notificación al quejoso e, incluso, su nombre y una firma, se actualiza la presunción fundada de que aquélla fue realizada mismo, más aun, pues la constancia actuarial de notificación es un documento público de eficacia plena, en razón de que las diligencias realizadas por los actuarios gozan de fe pública y tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, a menos que su contenido sea desvirtuado, lo que en el caso no ocurrió. Por tanto, se estima que la autoridad responsable, se ajustó a derecho al dictar el auto impugnado, pues la presentación del recurso de revisión resultó extemporánea. Para una mejor apreciación se considera procedente transcribir el cuadro en el cual realizó la autoridad responsable el conteo de los días para la presentación del recurso de revisión interpuesto por el hoy quejoso. Abril 2015 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 14 Día en que se notifica la resolución 15 Surte efectos la notificación 16 Día 1 17 Día 2 18 Inhábil 19 Inhábil 20 Día 3 21 Día 4 22 Día 5 23 Día 6 24 Día 7 25 Inhábil 26 Inhábil 27 Día 8 28 Día 9 29 Día 10 30 Día 11 Mayo 2015 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 01 Inhábil 02 Inhábil 03 Inhábil 04 Día 12 05 Inhábil 06 Día 13 07 Día 14 08 Día 15 fecha límite para interponer el recurso 09 Inhábil 10 Inhábil 11 12 13 14 15 16 Inhábil 17 Inhábil 18 19 20 21 Fecha en que se interpone el recurso 22 23 Inhábil 24 Inhábil Con base en lo anterior, puede válidamente concluirse que el actuar de la responsable fue legal, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, el afectado tendrá quince días para interponer el recurso de revisión respecto de resoluciones resarcitorias, y en el caso, éste rebasó dicho término, motivo por el cual, resultan infundados los conceptos de violación del quejoso. Cabe apuntar que en el caso no opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 1º de la Carta Magna, en relación con el numeral 79 de la Ley de Amparo, puesto que si bien la materia de suplencia de la queja se ha flexibilizado en cuanto a los supuestos de cuándo resulta aplicable al quejoso, cierto es que en la especie, no es procedente resolver conforme a la figura jurídica en estudio, dado que ni las circunstancias de los solicitante ni los hechos que reclaman se ubican en alguna de las hipótesis descritas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se fundó en una norma declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Pleno de Circuito, ni se controvierten derechos de menores o incapaces, menos aún este Juzgado aprecia que contra el accionante del amparo se hubiera cometido una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el numeral 1° de dicho ordenamiento legal. Sin que en el caso específico se actualice la hipótesis prevista en la fracción VII del artículo 79 de la Ley de Amparo, que establece que debe aplicarse tal suplencia en cualquier materia -como la administrativa- en favor de quien se ubique en condiciones de pobreza o marginación de modo que sea evidente la desventaja social para su defensa en el juicio, pues en autos no existen elementos que siquiera presuman tal circunstancia. En consecuencia, al no ubicarse el caso concreto en alguna de las hipótesis que señala el artículo 79 de la Ley de Amparo, no se está en el supuesto de suplir la deficiencia de los motivos de inconformidad. En las relatadas circunstancias, y al resultar infundados los conceptos de violación que se hicieron valer es procedente negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Asimismo, es menester precisar que los razonamientos jurisprudenciales y tesis utilizadas en la presente sentencia, resultan aplicables sin soslayar que algunos se refieren a la Ley de Amparo anterior, toda vez que el contenido de los artículos que en ellas se hace referencia, ahora está reflejado en diversos numerales de la ley actual, con la puntualidad que en la ley actual, el legislador definió que debe entenderse para cada caso en concreto, empero al no realizar en dichos criterios una interpretación diversa a la utilizada, continúan vigentes y, por tanto, resultan aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a Eblem Israde Rojas, por el acto reclamado a la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy siete de octubre de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores de este órgano jurisdiccional quien actúa asistido con la licenciada Eloísa Salinas Juárez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de los autos, se advierte que el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se notificó el treinta y uno siguiente, a la parte quejosa ********************; por tanto, el plazo de quince días otorgado en esa actuación, a fin que ampliara su demanda transcurrió sin que así lo hiciera; razón por la cual, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada en la determinación mencionada y se continua la secuela procesal en los términos inicialmente planteados, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de los autos, se advierte que el presente juicio de amparo, no obstante de estar debidamente integrado, lo cierto es que a esta fecha aún transcurre el plazo otorgado al impetrante mediante proveído de veinticinco de agosto del año en curso; para permitir lo anterior y no violar las reglas procedimentales del juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las once horas con veinticinco minutos del seis de octubre de dos mil dieciséis, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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