Eberto Esteban Escobar Villalobos

Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
381/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Eberto Esteban Escobar Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio de amparo, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso; no obstante estar debidamente notificadas para ello. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el numeral 18 del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se negó el amparo de la Justicia Federal; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la depuración del presente expediente de amparo y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 18 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario y/o Actuaria Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 381/2022. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el cuatro de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec (fojas 1 7), y recibido al día siguiente en este órgano jurisdiccional ***, a través de su apoderada legal Griselda Rodríguez Muñoz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisan a continuación: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo a los MIEMBROS INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 32 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE OAXACA., [.] IV.- ACTO RECLAMADO: De la Autoridad señalada como Responsable se reclama: A).- La falta de dictar y notificar el laudo correspondiente al expediente laboral 130/2018, tramitado ante la responsable. B).- La omisión de desarrollar el proceso laboral en los términos señalados por la Ley Federal del Trabajo. C).- La falta de administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. (.)" SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derecho fundamental conculcado, el consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3). TERCERO. Radicación y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de cinco de abril de dos mil veintiuno (fojas 8 a 13), este órgano de control constitucional radicó la demanda de amparo con el número ***; se admitió a trámite; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 17); se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por reclamarse de actos atribuido a una autoridad cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención del quejoso, al promover este juicio de amparo. Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que esencialmente reclama: La omisión por parte de la autoridad responsable en emitir el laudo correspondiente dentro del expediente ***, del índice de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó parcialmente la existencia del acto reclamado; sin embargo, posteriormente realizó manifestaciones que entrañan su certeza; pues señaló que a la fecha de la rendición de su informe, no había dictado el laudo correspondiente dentro del expediente laboral ****, de su índice. Además, atendiendo a que lo acto reclamado es de naturaleza omisiva, correspondía a la autoridad acreditar el hecho positivo que desvirtuara esa omisión, esto es, que efectivamente ya se dictó el laudo correspondiente; por tanto, se debe tener por acreditada la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 392, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto que dice: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario." CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni al advertirse de oficio la actualización de alguna, resulta procedente pronunciarse sobre el tema de fondo. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben por no ser necesario, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es más que suficiente que se le dé respuesta a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En el presente caso, debe destacarse que el análisis de los motivos de disenso se llevará a cabo atendiendo a la suplencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el quejoso tiene el carácter de trabajador en el juicio laboral de origen. El peticionario de amparo, al exponer su único concepto de violación, esencialmente argumentó que la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 130/2018, reclamada a la junta responsable, transgrede su derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal, toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo legal para su emisión. El anterior razonamiento, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, es infundado. El derecho fundamental de acceso a la justicia se encuentra contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que señala lo siguiente: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. [.] De lo anterior, se puede advertir el mandato constitucional dirigido a todas las autoridades encargadas de administrar justicia, de resolver los planteamientos ante ellas formulados, de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, procurando en todo momento la resolución de la controversia efectivamente planteada sobre las formalidades del procedimiento. Respecto a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, estableció que el derecho humano de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de las personas, entre otros principios, el consistente en la justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así, dicha Segunda Sala del Alto Tribunal, expuso que por lo anterior, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia del referido derecho fundamental, son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Lo anterior, con la salvedad, de que para resolver la controversia, es menester que se hayan agotado todas las etapas del procedimiento correspondiente, pues de no ser así, no sería factible, jurídicamente, resolver la contienda. Ahora bien, los artículos 766, fracciones II y IV, 769, 884, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, vigentes al iniciarse el juicio de origen, establecen lo siguiente: Artículo 766. En los procesos de trabajo que se encuentren en trámite ante los Tribunales, procede la acumulación de oficio o a instancia de parte, en los casos siguientes: [.] II. Cuando sean las mismas partes, aunque las prestaciones sean distintas, pero derivadas de una misma relación de trabajo; [.]¡ IV. En todos aquellos casos, que por su propia naturaleza las prestaciones reclamadas o los hechos que las motivaron, puedan originar resoluciones contradictorias. Artículo 769. La acumulación declarada procedente, produce los siguientes efectos: I. En el caso de la fracción I, del artículo 766, no surtirá efecto alguno lo actuado en el juicio o juicios acumulados y únicamente surtirán efecto las actuaciones del juicio más antiguo; y II. En los casos previstos por las fracciones II, III y IV del artículo 766, los conflictos se resolverán por el mismo Tribunal en una sola resolución. Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." Del contenido normativo de las citadas disposiciones legales, se advierte, entre otras cosas, que una vez desahogadas las pruebas en juicio; recibidos los alegatos dentro del procedimiento, o fenecido el plazo para efectuarlos; emitida la certificación de que no quedan probanzas pendientes por desahogar, y transcurrido el plazo para inconformarse con dicha certificación; de oficio, se declarará el cierre de instrucción, y dentro de los diez días siguientes, se formulará por escrito el proyecto de laudo correspondiente. Por su parte, los artículos 766, fracciones II y IV, 769, de la citada ley, establecen que en los procedimientos laborales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje que se encuentren en trámite procede la acumulación de oficio o a instancia de parte, entre otros, cuando sean las mismas partes, aunque las prestaciones sean distintas, pero derivadas de una misma relación de trabajo; y, en todos aquellos casos, que por su propia naturaleza las prestaciones reclamadas o los hechos que las motivaron, puedan originar resoluciones contradictorias. Asimismo, una vez declarada la acumulación respectiva, en los casos previstos por las fracciones II, III y IV del artículo 766, los conflictos se resolverán por el mismo Tribunal en una sola resolución. Ahora bien, de las documentales remitida por la junta responsable se advierte que por en resolución de dos de junio de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 17/2018, resolvió procedente el incidente de acumulación planteado por la parte demandada, y ordenó acumular al citado asunto los expedientes 69/2018 y 130/2018, de su índice, con la finalidad de resolverlos en una sola resolución. Así las cosas, si bien dentro del expediente laboral 130/2018, mediante proveído de doce de enero del año en curso, se cerró la instrucción; sin embargo, en auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio laboral 69/2018, se estableció que en atención a que no existían pruebas pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 884 de la Ley de Amparo, concedió a las partes un término de dos días para que formularan sus alegatos por escrito, apercibiéndolas que en caso de no efectuarlos en dicho plazo, se les tendría por perdido ese derecho. Por tanto, es evidente que la junta responsable, al momento de presentación de la demanda de amparo, no se encontraba en condiciones procesales para emitir el laudo correspondiente, pues como se dijo el expediente laboral 130/2018, está acumulado a los diversos 17/2018 y 69/2018, del índice de la junta responsable; y en ese sentido, en el último mencionado, se insiste, a la fecha de presentación de la demanda -cuatro de abril de dos mil veintidós-, no se habían verificado todas las etapas del procedimiento que al efecto establecen los artículos conforme a los artículos 884, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, para su dictado; de ahí que la omisión reclamada, bajo esa condición procesal, no es violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia del quejoso; pues como quedó demostrado, existía una imposibilidad jurídico-procesal para resolver la controversia laboral de origen, derivado de la acumulación ordenada en autos. De ahí que, atendiendo al estado que guardan los autos del juicio laboral 130/2018, se arriba a la conclusión que la omisión para dictar el laudo correspondiente, se encuentre justificada, pues en dicho enjuiciamiento existen fases procesales por cumplimentarse, las cuales no pueden obviarse en detrimento del debido proceso; por lo que el referido acto omisivo no transgrede el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En las relatadas consideraciones y al ser infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Eberto Esteban Escobar Villalobos, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 130/2018. Finalmente, se habilita al Secretario judicial y/o Actuario de la adscripción, para firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Por lo expuesto, fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra los actos precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el diverso último y para los efectos precisados en la parte final del mismo. Notifíquese personalmente vía electrónica y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que para el día de hoy, se encuentra señalada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, la misma no podrá llevarse a cabo, ya que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, rinda informe justificado, mismo que transcurre del once de abril al cuatro de mayo de la presente anualidad. Ello es así, toda vez que de la constancia de notificación, se advierte que dicha autoridad responsable fue notificada el pasado ocho de abril del presente año, del auto en el que se le solicito rindiera su informe justificado. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la autoridad señalada como responsable el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Eberto Esteban Escobar Villalobos, a través de su apoderada legal Griselda Rodríguez Muñoz, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje; por lo que con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, XII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, 33 fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 115 a 117, de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 381/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso. DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, en virtud que la parte quejosa no lo solicitó expresamente, conforme al artículo 128, fracción I, de la ley de la materia; además, por no existir motivo para tramitarlo de oficio. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, en la inteligencia de que podrán enviarlo vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remita a este Juzgado de Distrito: 1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, acorde con el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, y 64, ambas de la Ley de Amparo. Apercibida que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, al dictarse sentencia se le impondrá multa, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, por el monto de nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos ($9,622.00) moneda nacional equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atendiendo al valor de noventa y seis pesos, veintidós centavos ($96.22) moneda nacional. En la inteligencia de que, los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actuaciones, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable que, al momento de rendir su informe justificado, haga del conocimiento de este órgano judicial, si ya se promovieron diversos juicios de amparo; de ser afirmativa su respuesta, proporcione el número de juicio, así como el Juzgado que conoció del mismo; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. De igual forma, con fundamento en el artículo 64 de la ley de la materia, prevéngase a las partes, para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, se señala a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento al juicio, toda vez que este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la fracción primera del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquéllas que se consideren trascendentes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Tomo II, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. En el entendido, que de persistir la contingencia de salud pública derivado del virus COVID-19, para la fecha señalada para la audiencia constitucional, la misma se celebrará sin presencia física de las partes. Empero, se les comunica que en caso de que sea deseo de alguna de las partes comparecer a la celebración de la audiencia, ello únicamente será posible por videoconferencia, a través de la plataforma Cisco Webex, por lo que, será necesario que proporcionen un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios, a saber, Windows 7 o superior 32/64 bits o Mac OS X 10.13 o superior. Los requisitos mínimos de sistema Windows CPU de doble núcleo a 2 GHz, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores. Mientras que los requisitos mínimos de sistema Mac OS X son, Arquitectura de CPU Intel, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores, Oracle Java 6 a Oracle Java 8. En ambos casos, utilizar Chrome como navegador, Cámara y micrófono, y Conexión a internet con velocidad mínima de subida de 300 kbps. O en su caso, a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta), en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings", lo cual podrá realizar a través de la PlayStore para Android o AppStore para Apple, utilizar equipos con pantalla de resolución media de 320 x 240 píxeles, cámara, micrófono y altavoces. Para preparar lo anterior, la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva, de lo contrario, la audiencia se celebrará sin la presencia de las partes y por ende no se realizará la videograbación de la audiencia de mérito sólo obrara el acta por escrito respectiva. Así, hágase saber a las partes, que en su caso podrán formular alegatos, siempre que se exhiban de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, o físicamente ya sea en la Oficialía de Partes Común en un horario matutino de las ocho horas a las quince horas, de conformidad con la Circular DGGJ/3/2022, o en la Oficina de Correspondencia Común, la cual prestará auxilio a las oficialías de partes, conforme al artículo 10, fracción VIII, inciso a), del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. NOTIFICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, por esta ocasión, notifíquese este auto de forma personal corriéndose traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándosele copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Practíquese las subsecuentes notificaciones a la citada agente del Ministerio Publico, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES" AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA". En el entendido que, este órgano jurisdiccional con fundamento en el citado numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de la materia, ordenará se practiquen de manera personal a la referida representación ministerial las determinaciones que a juicio de este Juzgado así lo ameriten. TERCERO INTERESADO. Acorde con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, este juzgado se reserva a proveer respecto al señalamiento de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que pueda constatarse la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la Tesis XXVII.9K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1131 del Tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tienen como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y, como autorizado con las amplias facultades que prevé el artículo 12, de la Ley de Amparo, a Celiflora Santiago Osorio y Erick Díaz Méndez; toda vez que tienen registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y a las restantes personas únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos, por no tener registrada su cedula. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Vista la certificación de cuenta se autoriza al usuario "GRISELDARODRIGUEZ" en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones a dicha parte quejosa se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación de manera indistinta al usuario citado en el párrafo que antecede; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. CORREO ELECTRÓNICO. Asimismo, respecto al correo electrónico y número telefónico, proporcionados por la parte promovente, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota de éstos, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se admiten como pruebas de la quejosa, las documentales que anexa a su demanda de amparo, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, mismas que en razón de su especial naturaleza se tienen por desahogadas en este acto, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva, las cuales consisten en: 1. Copia con firmas autógrafas del auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, con la que acredita la personalidad de apoderada legal con la que se ostenta Griselda Rodríguez Muñoz, dictado en el juicio laboral 130/2018. 2. Copia con firmas autógrafas del auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, donde la Junta certifica que ya no quedan pendiente pruebas por desahogar y se apercibe la emisión del laudo. 3. Instrumental de actuaciones; y 4. Presuncional legal y humana MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al Secretario y/o actuario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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