Eber Ernesto Mendoza Martínez
Expediente 52/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Eber Ernesto Mendoza Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió para la parte quejosa, que es la única legitimada al efecto, el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el diez de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que haya hecho valer tal medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, una vez transcurrido el plazo de cinco años. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se determina que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de once de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diez de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguense a los presentes autos los oficios signados por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, y Actuario de su adscripción, mediante los cuales rinden informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, anexa como medio probatorio copia certificada de las documentales siguientes: Auto de radicación de diecinueve de febrero del año en curso. Citatorio y notificación de tres y cuatro de marzo de esta anualidad, practicada al Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Actuaciones que obran en los autos del juicio laboral DIT-105/2015, de su estadística. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, atento a lo previsto por el diverso precepto legal 2°. Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de proveer el escrito presentado ante la autoridad responsable el uno de octubre de dos mil quince, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje se reclama, la omisión de dictar el auto de radicación a la demanda presentada, en fecha 18 de diciembre de 2015, entablada en contra del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Del Actuario Adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la falta de notificación de la demanda presentada en fecha 18 de diciembre de 2015, en contra del H. Ayuntamiento de Benito Juárez." Del análisis de la copia certificada enviada por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte que por auto de diecinueve de febrero del presente año, proveyó el escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil quince. se advierte que el Tribunal responsable, el diecinueve de febrero de esta anualidad, proveyó la demanda laboral presentada por el aquí quejoso el dieciocho de diciembre de dos mil quince, admitiéndola a trámite y señalando fecha y hora para la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución; acuerdo que le notificó a la parte demandada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, tal como se acredita de la cédula de notificación también acompañada en copia certificada. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, proveyó respecto al escrito presentado ante la responsable el dieciocho de diciembre de dos mil quince, en segundo lugar, al haber realizado el Actuario su notificación a la parte demandada en el juicio de origen las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el seis de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de uno de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la certificación secretarial de cuenta y atento a que el presente asunto se encuentra en trámite, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción del suscrito Juez Aarón Alberto Pereira Lizama, como titular de este órgano de control constitucional, a partir del uno de marzo del año en curso. Lo anterior, para el efecto de que las partes estén en aptitud de manifestar, de así estimarlo, si se actualiza algún impedimento o excusa legal de los previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer del presente asunto.
- Principal
Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, compareció el quejoso, a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de quince de febrero del año en curso, esto es, reconoció la firma que calza el ocurso que presentó el doce de febrero de esta anualidad en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y ratificó el contenido del mismo; por tanto, habiéndose actualizado el extremo a que se contrae el auto de quince de los corrientes, se provee: Se tiene a ******, dando cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, toda vez que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado señalados en el escrito inicial de demanda. Determinado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de que se trata. Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan diez horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa. Respecto al emplazamiento de quien o quienes les pudiera resultar el carácter de terceros interesados, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto obren constancias en autos que así lo acrediten, de ser ciertos los actos reclamados. Por otra parte, de conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida.
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