Eber Cortes García

Expediente 1627/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1627/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Eber Cortes García

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; tres de enero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Eber Cortés García, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...M-VII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. SE DESECHAN PRUEBAS. Se tiene al autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Óscar Castillo Hernández, solicitando que, se requiera al Secretario General Municipal de Tlanalapa, Hidalgo a fin de que remita, copia certificada de los recibos de nómina y bitácora de asistencia correspondiente al año dos mil veinte, del quejoso Claudio Carlos Martínez García, que obran en los archivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. De conformidad con el numeral 121 de la Ley de Amparo, no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente y, en consecuencia, se desechan los mencionados medios de convicción, ya que no acreditó que fueron solicitadas dichas constancias y que se le haya negado la expedición de éstas. A fin de corroborar tal aserto, es conveniente, el artículo 121 de la ley en comento, estatuye lo siguiente: "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. [.]." El precepto transcrito prevé la posibilidad de que las partes rindan pruebas documentales que no tengan en su poder y que obren en archivos o expedientes a cargo de servidores públicos, en cuyo 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 2 caso el juez de amparo proveerá lo necesario para obtenerlos e incorporarlos materialmente al juicio. Sin embargo, ello será procedente siempre y cuando el promovente cumpla con ciertos requisitos establecidos en el mismo ordinal: 1. Que acredite haber elevado la solicitud correspondiente ante el servidor público que deba expedir las constancias solicitadas, mediante la exhibición del acuse de recibo correspondiente; y, 2. Que el requerimiento se presente en el juzgado de distrito con la debida anticipación; esto es, cinco días hábiles antes del programado para la celebración de la audiencia respectiva, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. Sin embargo, el primer requisito señalado por el precepto legal invocado no se tiene por satisfecho, pues el promovente no exhibió documento alguno del que se advierta haber solicitado por escrito tales documentales a la autoridad competente y que se le haya negado su expedición. En consecuencia, dado que la quejosa no acredita haber formulado solicitud ante el Secretario General Municipal de Tlanalapa, Hidalgo, es indudable que el ofrecimiento de los medios de convicción no reúnen los requisitos establecidos en el precepto en mención. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que sustenta, la jurisprudencia P./J. 46/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo IV, Agosto de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; que establece: "COPIAS Y DOCUMENTOS EN EL AMPARO, OBLIGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA EXPEDIRLAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, la obligación de autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que les soliciten las partes para ser rendidas como pruebas en la audiencia constitucional, debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no únicamente a las señaladas en la demanda como responsables. A esta conclusión se arriba de 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ 3 la interpretación relacionada de los numerales 150 de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que en el juicio puedan ofrecerse toda clase de pruebas, salvo la de posiciones y las que sean contra la moral o contra el derecho; el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el amparo, el cual dispone que el juzgador para conocer la verdad puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cualquier cosa o documento ya sea que pertenezcan a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos y el 129 y 133 de la misma legislación procesal que definen como pruebas tanto a los documentos públicos como los privados, ambos susceptibles de ser expedidos por autoridades distintas de las responsables, de modo que si existe la facultad de servirse de un documento en poder de un tercero, entonces la obligación a que se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, y no únicamente a las señaladas como responsables."

  3. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: ...Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por Eber Cortés García, contra actos del Presidente, Secretario General, Director de Obras Públicas, Director y Jefe de Desarrollo Urbano, todos del Municipio de Zempoala, Hidalgo, fórmese el cuaderno respectivo, y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1627/2021- VII-B. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda de amparo promovida por Eber Cortés García, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Dicha causa de improcedencia se encuentra prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. (...)" La porción normativa transcrita se refiere a la institución procesal de la litispendencia, la cual impide la tramitación de un nuevo juicio respecto de actos que ya son materia de uno diverso, que aún está pendiente de resolución, porque de lo contrario se corre el riesgo de sentencias contradictorias, habida cuenta que, por su estrecha relación, los actos reclamados no pueden desvincularse, por constituir una unidad. Por tanto, tal disposición determina que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto que en él se reclama sea materia de un juicio de amparo diverso pendiente de resolución, siempre y cuando se actualicen las siguientes hipótesis en ambos juicios: a) Sean promovidos por el mismo quejoso b) En contra de las mismas autoridades responsables; c) Por el mismo acto reclamado y, d) Aunque las violaciones constitucionales alegadas sean distintas. Por otra parte, tenemos que el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 2 de este último ordenamiento legal, establece: "Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes." Así, para la suscrita juzgadora, resulta un hecho notorio, el cual se introduce como elemento de prueba en el presente juicio, las constancias que integran el diverso amparo 1624/2021-IV, radicado en este juzgado federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos rubro y texto citan: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." De las constancias que integran el juicio de amparo 1624/2021-IV, las cuales, merecen valor probatorio en términos de los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que, en la especie, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados en aquel juicio de garantías, son los mismos que los señalados dentro de la demanda de cuenta, la cual es promovida por el mismo quejoso y contra las mismas autoridades responsables. En efecto, teniendo a la vista la demanda de amparo que integra el juicio de amparo 1624/2021-IV, se advierte que también fue promovido por Eber Cortés García, contra actos del Presidente, Secretario General, Director de Obras Públicas, Director y Jefe de Desarrollo Urbano, todos del Municipio de Zempoala, Hidalgo, a quienes les atribuye: "a) Se reclama de las autoridades responsables, el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita ingresada por oficialía de partes el: 1. Escrito de fecha 13 de octubre de 2020, en donde solicito copias certificadas de permiso y/o autorización para la construcción de barda colindante con área verde y mi propiedad, en ejercicio de mi derecho de petición consagrado en el artículo 8º octavo Constitucional. 2. Acuse de fecha 20 de agosto de 2020, por medio del cual solicito, copia de lo actuado ese día, en reunión vecinal de la Privada 28 Santa Inés." Asimismo, se desprende que, en dicho expediente, mediante proveído emitido en la fecha en que se actúa, se admitió la demanda de referencia. En consecuencia, de lo anterior se evidencia que ambos juicios de amparo fueron promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables, y por los mismos actos reclamados, pues resultan ser idénticos a los que el impetrante pretende reclamar en esta instancia constitucional. Por lo tanto, resulta evidente la improcedencia de la acción constitucional intentada, toda vez que los actos que en esta vía reclama el impetrante de amparo, en su caso, son materia del diverso juicio 1624/2021-IV, del índice de este juzgado de distrito, el cual se encuentra pendiente de resolver. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Además de lo anterior, de la lectura íntegra del ocurso de cuenta, se advierte que, en el caso, también se actualiza la causal de improcedencia derivada de los artículos 61, fracción XXIII, 3, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda carece de firma electrónica vigente y reconocida, atribuible a su promovente. Tales numerales establecen: "Artículo 3. [.]. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.]." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación de los numerales antes transcritos, se advierte que la demanda de amparo puede formularse por escrito o por medios electrónicos, debiéndose promover por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado (en el caso de los actos derivados de un procedimiento penal, por el defensor del quejoso); en la inteligencia de que, en todo caso, el escrito de demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o, al haberla presentado por medios electrónicos, haciendo uso de la firma electrónica, salvo que se trate de alguno de los supuestos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, debido a que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Por tanto, los escritos presentados mediante el empleo de las tecnologías de la información, deberán hacer uso de ese tipo de firma. En conclusión, si la demanda de amparo carece de firma, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. En el caso de nuestra atención, la demanda promovida por Eber Cortés García carece de la firma electrónica del quejoso, requisito indispensable por haber sido presentada en la modalidad de juicio en línea; por tanto, también es procedente desechar la demanda de amparo al no apreciarse la voluntad del promovente de ejercer la acción constitucional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia: de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En tales condiciones, al actualizarse en forma indudable y manifiesta las hipótesis narradas en los párrafos que anteceden, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, procede desechar de plano por notorias y manifiestas causales de improcedencia la demanda de amparo. Es importante señalar que las causales de improcedencia invocadas son manifiestas porque, como se expuso, se advierten en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse dos motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. LUGAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal el inmueble ubicado en San Cristóbal número 1150, Privada 44, lote 9, fraccionamiento Santa Matilde, código postal 43840, municipio de Zempoala, Hidalgo. AUTORIZADO. Se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Juana Martínez Acosta, Ángel Galicia García y Ángel Giovani Galicia Martínez, toda vez que no se encontraron sus registros en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). EXHORTACIÓN A SEGUIR EL TRÁMITE DEL JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 1, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario del Portal de Servicios en Línea, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realice de manera electrónica y que tenga firma electrónica vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibida c) acuses de recibo; y d) solicitudes de copias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema Agenda OJ, para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General.-. M-VII

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