Ebenezer Adriana Hortiales Rivera
Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2021
Partes del expediente
- Ebenezer Adriana Hortiales Rivera
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, del que se desprende que aceptó la competencia planteada por esta autoridad y acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 321/2021-II, promovida por el quejoso ********************. Ahora bien, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, se hace la indicación de que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, una vez transcurridos seis meses, a partir del presente proveído, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****************, contra actos de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar y otra autoridad. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 321/2021-II. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de litis La resolución de dieciséis de abril del año en curso, emitida por la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar, en los autos del toca de apelación TSU3-20/2021, en la que se ordenó revocar la diversa de tres de marzo de ese año, dictada por el Juez Militar de Control de la Quinta Región Militar en el causa penal 060/2020 y sus consecuencias, que se traducen en la determinación de tres de mayo último, emitido por el citado Juez, en la que se citó al quejoso a comparecer en a la continuación de la audiencia inicial. Incompetencia Ahora bien, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una "subgarantía" inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que este juzgado de distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en razón de lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse (...).". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, es menester precisar que la justiciable Ebenezer Adriana Hortiales Rivera, en los antecedentes del acto reclamado manifestó lo siguiente: El tres de marzo de dos mil veinte, se llevó a cabo la celebración de la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público Militar formuló imputación en contra de la justiciable y solicitó el auto de vinculación a proceso por el delito de deserción no estando en servicio, previsto en el artículo 269, fracción VI, del Código de Justicia militar, dentro de la causa penal 060/2020; así, el Juez Militar de Control de la Quinta Región Militar, de Zapopan Jalisco, dictó el auto de no vinculación a proceso, sobreseyéndose en la causa penal por considerar la extinción de la acción penal por prescripción. Inconforme con dicha resolución, el citado Ministerio Público interpuso recurso de apelación, mismo que fue turnado a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar, radicándose bajo el número de toca penal TSU3-20/2021, en el que el dieciséis de abril siguiente, se resolvió revocar el referido auto y ordenó la vinculación a proceso. Por ello, mediante oficio STJ-1298, de tres de los corrientes, el citado Juez Militar notificó a la quejosa la resolución emitida (acto reclamado), citándola para comparecer ante éste el día veinte de ese mismo mes y año, a efecto de dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Alzada. De lo antes narrado se desprende que la determinación dictada por la Sala Unitaria responsable, tiene por efecto vincular a la quejosa al proceso relativo a la causa penal 060/2020, que actualmente está radicada ante el Juez Militar de Control de la Quinta Región Militar, de Zapopan Jalisco. Además, es importante resaltar que el dictado de un auto de vinculación a proceso, tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Por tanto, dado que los efectos del auto de vinculación se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, se estima que el Juez de Distrito competente para conocer del asunto que nos ocupa es aquel en cuya jurisdicción resida el Juez que conoce del proceso penal. De ahí que este Juzgado de Distrito carezca de competencia legal por razón de territorio para conocer del asunto. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto, y si bien fue emitida en otro contexto legal, destaca su esencia: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad.". Así, de conformidad con el criterio jurisprudencial citado, de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye que el Juez de Distrito competente para conocer del presente asunto es aquel en cuya jurisdicción reside el Juez que conoce del proceso penal (Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal el Estado de Jalisco). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por ************, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que, a su vez, lo remita al juzgado de distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada. Asimismo, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes, para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio de la aquejoso Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, respecto a la solicitud de que se practiquen las notificaciones que deriven de este asunto por medio del correo electrónico que señala para tal efecto, dígase que no ha lugar a proveer de conformidad, debido a que el medio a través del cual solicita ser notificado, no se encuentra previsto en la Ley de Amparo. Sin embargo, el correo proporcionado será utilizado para el único efecto de establecer comunicación no procesal, en su caso. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación no procesal, en su caso. Notifíquese y personalmente.
- Principal
(Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 21 de mayo de 2021 a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:"Ciudad de México, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****************, contra actos de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar y otra autoridad. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 321/2021-II. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de litis La resolución de dieciséis de abril del año en curso, emitida por la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar, en los autos del toca de apelación TSU3-20/2021, en la que se ordenó revocar la diversa de tres de marzo de ese año, dictada por el Juez Militar de Control de la Quinta Región Militar en el causa penal 060/2020 y sus consecuencias, que se traducen en la determinación de tres de mayo último, emitido por el citado Juez, en la que se citó al quejoso a comparecer en a la continuación de la audiencia inicial. Incompetencia Ahora bien, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una "subgarantía" inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que este juzgado de distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en razón de lo siguiente: La competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse (...).". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, es menester precisar que la justiciable Ebenezer Adriana Hortiales Rivera, en los antecedentes del acto reclamado manifestó lo siguiente: El tres de marzo de dos mil veinte, se llevó a cabo la celebración de la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público Militar formuló imputación en contra de la justiciable y solicitó el auto de vinculación a proceso por el delito de deserción no estando en servicio, previsto en el artículo 269, fracción VI, del Código de Justicia militar, dentro de la causa penal 060/2020; así, el Juez Militar de Control de la Quinta Región Militar, de Zapopan Jalisco, dictó el auto de no vinculación a proceso, sobreseyéndose en la causa penal por considerar la extinción de la acción penal por prescripción. Inconforme con dicha resolución, el citado Ministerio Público interpuso recurso de apelación, mismo que fue turnado a la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar, radicándose bajo el número de toca penal TSU3-20/2021, en el que el dieciséis de abril siguiente, se resolvió revocar el referido auto y ordenó la vinculación a proceso. Por ello, mediante oficio STJ-1298, de tres de los corrientes, el citado Juez Militar notificó a la quejosa la resolución emitida (acto reclamado), citándola para comparecer ante éste el día veinte de ese mismo mes y año, a efecto de dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Alzada. De lo antes narrado se desprende que la determinación dictada por la Sala Unitaria responsable, tiene por efecto vincular a la quejosa al proceso relativo a la causa penal 060/2020, que actualmente está radicada ante el Juez Militar de Control de la Quinta Región Militar, de Zapopan Jalisco. Además, es importante resaltar que el dictado de un auto de vinculación a proceso, tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Por tanto, dado que los efectos del auto de vinculación se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, se estima que el Juez de Distrito competente para conocer del asunto que nos ocupa es aquel en cuya jurisdicción resida el Juez que conoce del proceso penal. De ahí que este Juzgado de Distrito carezca de competencia legal por razón de territorio para conocer del asunto. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto, y si bien fue emitida en otro contexto legal, destaca su esencia: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad.". Así, de conformidad con el criterio jurisprudencial citado, de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye que el Juez de Distrito competente para conocer del presente asunto es aquel en cuya jurisdicción reside el Juez que conoce del proceso penal (Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal el Estado de Jalisco). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por ************, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que, a su vez, lo remita al juzgado de distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada. Asimismo, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes, para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio de la aquejoso Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, respecto a la solicitud de que se practiquen las notificaciones que deriven de este asunto por medio del correo electrónico que señala para tal efecto, dígase que no ha lugar a proveer de conformidad, debido a que el medio a través del cual solicita ser notificado, no se encuentra previsto en la Ley de Amparo. Sin embargo, el correo proporcionado será utilizado para el único efecto de establecer comunicación no procesal, en su caso. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación no procesal, en su caso. Notifíquese y personalmente.".
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