E&S International Enterprises, Inc

Expediente 1218/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1218/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • E&S International Enterprises, Inc

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término previsto en el numeral 98 de la ley de la materia, para recurrir en queja el auto que desechó la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, se declara firme el referido proveído. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del juicio, y considerando que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. En otro orden, agréguese el ocurso de la apoderada de la parte quejosa; en atención a su contenido, devuélvanse los documentos que refiere, previa comparecencia, identificación y toma de razón que por su recibo se asiente y entréguense por conducto de las personas que autoriza para tales efectos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el ocurso de Paulina Bustillos Montemayor, apoderada de ******., personalidad que se le reconoce en términos del documento certificado anexo. Conforme a lo anterior, se tienen elementos para proveer lo conducente sobre la demanda, sin que pase inadvertida la falta de copias de traslado del ocurso de cuenta, pues acorde con la decisión que se asume, en este momento no resultan necesarias. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso dispositivo 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la moral quejosa reclama el auto de catorce de octubre del año en curso, dictado en la tercería excluyente de dominio promovida dentro del juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se ordenó levantar el aseguramiento trabado sobre el inmueble que se había embargado. III. El juicio es improcedente por no agotarse el principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b), c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie no se actualizan, pues la moral quejosa es parte en el juicio de origen y participó dentro de la tercería excluyente, como se advierte de sus antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, que tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 199 y 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ello, se concluye que está obligada a agotar, previo a la instauración del presente juicio, el recurso de apelación, en términos de los artículos 1345, fracción IX y 1345 bis 1, ambos del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: [.] IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia; [.] Art. 1,345 Bis 1. El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso. Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." Como se ve, el recurso de apelación resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el acto reclamado, pues constituye el medio de defensa para obtener su confirmación, revocación o modificación; por lo que, al no haberse agotado este recurso, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de la Décima Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, página 8, en Materia Común, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Al ser una actuación dictada durante la etapa de ejecución de sentencia en un asunto donde se permite la interposición de ese medio de impugnación (lo que se corrobora con la narración de los antecedentes, donde se expuso que la sentencia dictada en la tercería excluyente fue impugnada a través de dicho recurso por la propia impetrante), es evidente que la quejosa debió agotarlo previo a la promoción del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 13/99, de la Novena Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, página 112, en Materia Civil, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN. El artículo 1341 del Código de Comercio, no distingue para efectos de procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica de dicho precepto debe ser en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal." También se cita al respecto, por sus consideraciones, la Jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materias Común, Civil, que dice: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013." Entonces, al no haberse agotado este medio de defensa, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida; consecuentemente procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, de conformidad con los artículos 113 y 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ********, por conducto de su apoderada, contra actos del Juez Vigésimo Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Vista la demanda que promueve ..., ostentándose apoderada de la moral ...., contra actos del Juez Vigésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 1, 14, 16, 17 y 133 Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 1218/2022. Tramítese el presente asunto observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Con fundamento en el arábigo 114 de la ley de la materia, previo a acordar lo que proceda sobre la demanda, requiérase personalmente a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, cumpla con lo que a continuación se especifica: ÚNICO. En términos de la fracción III del numeral citado en el párrafo anterior, Paulina Bustillos Montemayor deberá acreditar el carácter con que comparece a este juicio, es decir, como apoderada de E&S International Enterprises Inc., pues la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso que se debe hacer constar al proveer acerca de la demanda. Lo anterior es así, pues si bien el artículo 11 de la Ley de Amparo, prevé que cuando el promovente del juicio constitucional tenga acreditada ante la autoridad responsable la personalidad que ostenta, ésta será igualmente reconocida en el juicio constitucional, siempre y cuando exhiba las constancias respectivas. Es decir, el reconocimiento simultáneo de la personalidad se encuentra supeditado a que el promovente la acredite con constancias idóneas, como es el original o copia certificada del documento donde emana, o bien, del acuerdo donde se le reconoce. Sustenta la prevención, la jurisprudencia P./J.43/96, de la Novena Época, del Tribunal Pleno, visible en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." No es óbice a lo anterior que la promovente exhiba copia simple del instrumento con el que pretende demostrar su personalidad, pues por sí sola carece de valor probatorio al tratarse de simples reproducciones, como se advierte de la Jurisprudencia 1/89 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca por analogía, de rubro "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.". Además, conforme a la fracción III del numeral 114 de la ley de la materia, constituye una omisión que debe ser subsanada por quien promueve el juicio de amparo. Que deberá formular en original y copias suficientes, de conformidad con el arábigo 110 de la ley aplicable. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el presente proveído, dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, incluso para la utilización de medios electrónicos conforme a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto de quien nombra en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrá las facultades amplias que prevé, si su cédula profesional está registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente podrá oír y recibir notificaciones. Finalmente, como lo solicita, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario que proporciona, para la consulta del expediente en esa vía. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

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