E. Efrain Franco Gonzalez

Expediente 1587/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1587/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2018

Partes del expediente

  • E. Efrain Franco Gonzalez
  • E. EFRAIN FRANCO GONZALEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por E. Efraín Franco González, por propio derecho y en representación del menor de iniciales C.F.G.; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Notifíquese.

  2. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo signada por E. Efraín Franco González, por propio derecho y en representación del menor de iniciales C.F.G., contra actos de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1587/2017-2, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". De la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en la sentencia dictada dentro del incidente de recusación con causa de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del artículo 107 y con la fracción X del normativo 172 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello;." En el caso concreto, el acto aquí reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa derechos sustantivos. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, tomo XXXIII, correspondiente al mes de Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." En efecto, respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, en el toca civil 853/2017-II, en el que declaró improcedente la recusación con causa interpuesta por E. Efraín Franco González, en contra de la Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, sólo constituye una mera transgresión a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, en relación al 172, fracción X, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no se afecta los derechos sustantivos del garante de derechos, ni decide el fondo de la litis planteada y que en todo caso tiene transcendencia hasta el resultado de la sentencia correspondiente, el que incluso puede ser favorable a su intereses y en caso contrario por constituir una violación a las leyes del procedimiento, podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra en su caso dicho fallo definitivo, en que se podrá hacer valer dichas violaciones procesales. Es aplicable, en la especie la tesis P. XLI/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número registro 194018, visible a página 23, del Tomo IX, Mayo de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO." Asimismo, la diversa tesis 2a. XXIV/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 196795, visible a página 228, Tomo VII, Febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que dice: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO." Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por E. Efraín Franco González, por propio derecho y en representación del menor de iniciales C.F.G., contra el acto de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como lugar de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Norma María Franco González. Asimismo, téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que manifiesta en su escrito de demanda, toda vez que no se encontró registro de sus cedulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.

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