E. Efrain Franco Gonzalez

Expediente 259/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 24 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
259/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • E. Efrain Franco Gonzalez
  • Ocampo Monrroy Garcia
  • Andrés Morales Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Amparo en revisión

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio 9203/2023 de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo; en atención a su contenido, acusa los autos del juicio de amparo indirecto 1309/2017-4 en dos tomos y siete anexos, así como la sentencia de diecinueve de enero el año en curso. Finalmente, mediante ejecutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, en la cual se resolvió confirmar la sentencia recurrida, sobreseer respecto del juicio de garantías promovido, negar el amparo y protección de la justicia federal y declarar sin materia la revisión adhesiva interpuesta; en tales condiciones, al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, conforme a lo que dispone el inciso a), fracción III, del artículo 18, del capítulo séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente en que se actúa es depurable y carece de relevancia documental; en consecuencia, consérvese el escrito de agravios y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.

  2. Amparo en revisión

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obren como correspondan, el oficio 304/2023, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, así como con la relación de asuntos y anexos remitidos por él; en atención a su contenido, téngase al órgano jurisdiccional auxiliar devolviendo los autos del juicio de amparo indirecto 1309/2017-4, en dos tomos, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con siete anexos; acúsese recibo. Ahora bien, en la ejecutoria emitida por el órgano auxiliar oficiante, se advierte que, en la materia de la revisión interpuesta por E. EFRAÍN FRANCO GONZÁLEZ, se confirmó la sentencia recurrida, que por una parte sobreseyó en el juicio y, por otro, negó el amparo solicitado por él. Agréguese a los presentes autos la ejecutoria dictada por el Tribunal Auxiliar; háganse las anotaciones conducentes en el libro de control respectivo e infórmese el Juez Federal del conocimiento, acompañando testimonio autorizado de la resolución dictada, misma que deberá obtenerse del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De igual manera, devuélvase el juicio de amparo indirecto 1309/2017-4, en dos tomos, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo y sus siete anexos, a su lugar de origen, solicitándose el acuse de recibo. Realícese la vinculación de su notificación al fallo emitido por el Tribunal Auxiliar, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que se pueda generar la versión pública correspondiente. Finalmente, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del ARTÍCULO ÚNICO del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, emitido por el Pleno del citado Consejo, se ordena a la secretaría de acuerdos elabore el acta circunstanciada de recepción de expedientes fallados por el tribunal colegiado auxiliar de mérito. Notifíquese.

  3. Amparo en revisión

    Pachuca de Soto, Hidalgo, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta de los cuales se advierte que ha transcurrido el término concedido al recurrente ***, por proveído de quince de diciembre del año pasado, sin que hubiera hecho manifestación alguna. En consecuencia, y como así lo solicitó el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Cuarta región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, hágasele de su conocimiento, remitiéndole las constancias que así lo acrediten a la dirección electrónica correspondiente, para lo que tenga a bien determinar. Notifíquese.

  4. Amparo en revisión

    Pachuca de Soto, Hidalgo, quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la impresión del oficio 1260/2022, emitido por la Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso aquí recurrente E. Efraín Franco González, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a sus intereses legales convenga. Dicha impresión es la siguiente: "XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la constancia secretarial de cuenta de la que se aprecia que el asunto en que se actúa fue listado para discutirse y, en su caso, resolverse en sesión celebrada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, pero fue aplazado por el Pleno de este tribunal, al advertir que podría actualizarse una diversa causa de improcedencia distinta a la precisada por la juez de distrito a quo, en lo que corresponde a los actos reclamados consistentes en: I. El auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, que ordenó librar exhorto a efecto de que el actuario, en compañía de la tercera interesada Karla Paola González Mejía, se constituyeran en la escuela a la que asistía el menor C.F.G. con la finalidad de que el director hiciera entrega de éste a su madre. II. El auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se señaló el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, para la entrega del menor a su progenitora, con el apercibimiento que de no presentarlo se daría vista al ministerio público para el ejercicio de la acción penal; asimismo, se requirió al progenitor para que informara el domicilio de su menor hijo, con apercibimiento de multa, en caso de no hacerlo; además, se ordenó girar oficio a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, para que informara en qué escuela se encontraba el menor de edad. III. El auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en el que requirió al quejoso a efecto de que reincorporara al menor C.F.G. al domicilio habitual en la ciudad de Pachuca, Hidalgo (con su madre), así como a la institución educativa a la cual estaba inscrito, también en la mencionada ciudad. En efecto, a juicio de este tribunal colegiado podría actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en lo atinente a los actos reclamados precisados con anterioridad. La normativa antes invocada prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.". Del precepto y fracción referidos, se desprende que el juicio de garantías será improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En ese orden, de la consulta realizada por este tribunal colegiado auxiliar al módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la sentencia emitida por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo indirecto número 12/2021-II-A, promovido por E. Efraín Franco González, entre otros actos, contra la sentencia emitida el dos de diciembre de dos mil veinte, por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, en el toca civil 207/2016. Resolución de alzada que, como lo destacó la juzgadora federal en su fallo, se dictó en cumplimiento a los efectos precisados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, al resolver el recurso de revisión 178/2018, interpuesto en contra de la resolución dictada por el referido juzgado federal en el juicio de amparo 1129/2017; y en la cual la sala del conocimiento concedió la guarda y custodia provisional del menor C.F.G. a su progenitora, esto es, a la ahora tercera interesada Karla Paola González Mejía, de quien se indicó deberá encargarse del cuidado y atención de dicho infante. Asimismo, en la aludida resolución de alzada se ordenó fijar día y hora para que tenga verificativo la entrega del menor de edad a su madre, ejecutando de manera inmediata esa determinación en cualquier lugar donde se encuentre o sea localizada, tratando de generar un ambiente propicio en el mejor de los términos, con la asistencia del personal necesario del Consejo de Familia, a fin de que con las herramientas propicias a su profesión, habrá de contener las emociones del menor, comunicándole que el único interés de la autoridad es su bienestar. De igual modo, se apercibió a E. Efraín Franco González (o cualquier otra persona), para que en caso de oposición se podrá hacer uso de las medidas de apremio contempladas en el artículo 54 del código de procedimientos familiares, hasta el auxilio de la fuerza pública o el cateo mediante orden escrita, que ejecutarán, en su caso, la policía (municipal, estatal o federal) y de ser necesario, la intervención de INTERPOL México, a través de la Oficina Central Nacional, dependiente de la Procuraduría General de la República, específicamente la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales, unidad administrativa de la Policía Federal Ministerial; todo ello con la finalidad de que el menor, sea buscado y entregado a su madre en cualquier lugar donde se encuentre. Acto respecto del cual la juez de distrito en el juicio de amparo de que se trata (12/2021-II-A), determinó conceder la protección constitucional solicitada por E. Efraín Franco González al estimar, en esencia, que era acertado lo expuesto por el tribunal de segunda instancia acerca de que, conforme a los autos del juicio natural, el menor C. F. G., debido a la alienación parental que presenta, resulta conveniente que esté bajo la guarda y custodia de su madre (Karla Paola González Mejía), pero tal custodia tendría que llevarse a cabo de manera paulatina y bajo un régimen compartido, lo que llevó a la juzgadora federal a conceder el amparo para esos efectos. Sentencia federal en versión electrónica que tiene para este tribunal colegiado el carácter de hecho notorio, de conformidad con lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y atento a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10 del tomo I, libro 55, junio de dos mil dieciocho, materia común, de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y contenido: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Ahora bien, en razón de que el juicio de garantías es un medio de control constitucional -cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre un gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas violadas- el legislador ha establecido requisitos de procedencia del referido juicio, que lo condicionan para concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien, en su caso, pudiese obtener la protección constitucional. Así, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia, para cuya actualización se requiere que a pesar de que en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad constitucionalmente controvertido por el quejoso, exista alguna alteración del entorno dentro del cual fue emitido, de tal manera que aun de determinarse que el mencionado acto pudiera ser ilegal, se tornaría jurídicamente imposible restituir al gobernado en el goce de la garantía violada, dado que ningún efecto tendría la sentencia amparadora, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se modificó, o bien, por cualquier otro motivo que impida que los efectos del acto reclamado se concreten realmente en la esfera jurídica del ahora peticionario del juicio de amparo. Sentado lo anterior, como se destacó en líneas precedentes, se tiene que la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, en el toca civil 207/2016, dictó sentencia el dos de diciembre de dos mil veinte, en la cual, entre otras cosas, estableció que la guarda y custodia provisional del menor de edad C.F.G., correspondería a su progenitora Karla Paola González Mejía, quien se encargaría del cuidado y atención de dicho infante; determinación que fue combatida por el padre de éste, ahora recurrente, ante la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien el treinta de septiembre de este año concedió el amparo solicitado por aquél, para el efecto de que el tribunal de segunda instancia considerara un régimen de custodia compartida, ordenara un tratamiento psicológico a E. Efraín Franco González, con el fin de proteger al menor del síndrome de alienación parental; ordenar todas las medidas necesarias, a fin de que el antes citado dé cumplimiento al régimen de custodia compartida, apercibiéndolo de que, en caso de incumplimiento y de persistir en su conducta violenta contra el menor, perderá la custodia definitiva. Bajo esa tesitura, resulta posible colegir que el objeto o materia de los actos reclamados en el juicio de amparo de origen, identificados en líneas precedentes con los incisos I) a III) dejaron de existir, aun cuando formalmente subsistan, pues es patente que todos ellos tuvieron como finalidad que se entregara el menor de edad C.F.G., a su progenitora Karla Paola González Mejía, para que fuera ella quien se encargara de su cuidado y atención, esto es, que se le asignara exclusivamente a ella su guarda y custodia, como lo fue la orden judicial de enviar exhorto al director de la escuela en que tal infante cursaba sus estudios, con el objeto, además, de que se permitiera a la madre participar en sus actividades escolares. De igual forma acontece con la resolución que fijó fecha para que el padre entregara al menor de edad, con apercibimiento que de no hacerlo se daría vista a la representación social, así como que informara el domicilio del niño, además del oficio a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, para que informara en qué escuela se encontraba estudiando el aludido menor. Asimismo, la resolución mediante la cual se requirió al progenitor que reincorporara a su hijo a su domicilio habitual, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo (con su madre), así como al colegio en que estudió en dicho lugar. Actos todos, cuyo propósito fundamental, se reitera, fue entregar al menor de que se trata a su madre con la finalidad de que fuera ésta quien tuviera su guarda y custodia, y cuya materia, como se dijo, ha dejado de existir con la determinación adoptada por la sala responsable y analizada por la juez de distrito en la sentencia constitucional antes referida, en la cual se determinó que serán ambos padres quienes deberán ejercer sobre el menor una custodia compartida, lo que deberá realizarse de manera paulatina y a la par de un tratamiento psicólogico al padre para proteger al niño del síndrome de alienación parental. Todo lo cual pone de relieve la posible actualización en la especie de la causa de improcedencia de que se trata, pues si la materia de las determinaciones en comento, reclamadas por el quejoso, se traduce en las medidas empleadas por la juez civil para la incorporación del menor de edad con su madre para que ésta ejerza sobre él, de manera exclusiva, la guarda y custodia provisional, entonces resulta inconcuso que por virtud de la posterior resolución de la sala y su revisión en sede constitucional, en el sentido de que serán ambos padres y no uno, quienes deberán adoptar un régimen de custodia compartida, de manera paulatina, entonces resulta inconcuso que el objeto o materia de los referidos actos impugnados ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsistan formalmente, pues la situación que regirá lo relativo a la guarda y custodia del citado menor es la que deriva del juicio constitucional aludido, y ya no las determinaciones anteriores. Es decir, el estudio de la legalidad o no de las determinaciones atacadas en el juicio de amparo, antes citadas, a ningún fin práctico conduciría si el contexto jurídico que deberá regir lo inherente a la guarda y custodia del menor C. F. G., ha cambiado con motivo de la determinación adoptada posteriormente por el tribunal de alzada y analizada en el juicio de amparo indirecto. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior, los matices o características particulares que la sala adopte para establecer el régimen de custodia compartida sobre el niño, así como la manera en que los padres deberán cumplirlo y ejecutarlo, en virtud de que esto en modo alguno constituye un efecto jurídico de los actos que se reclamaron y que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, susceptible de repararse en el juicio de amparo del cual deriva el presente recurso, sino cuestiones atinentes al nuevo contexto jurídico que ahora rige la guarda y custodia del menor de edad que, en todo caso, podrán impugnarse por la parte a quien considere le irroguen perjuicio. Asimismo, no se pasa por alto que el análisis llevado a cabo por la juez de distrito, con base en el cual concedió el amparo y protección de la justicia federal a E. Efraín Franco González, se encuentra subjúdice por virtud del recurso de revisión interpuesto por este último contra la sentencia constitucional dictada en el juicio de amparo indirecto 12/2021, tal y como se deduce de la consulta efectuada por este tribunal colegiado en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin embargo, ello en nada obstaculiza la actualización de la causa de improcedencia en análisis, pues lo cierto es que con la emisión de la sentencia de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, en el toca civil 207/2016, de dos de diciembre de dos mil veinte, en la cual resolvió que la guarda y custodia provisional del menor correspondería a su progenitora Karla Paola González Mejía, provocó la alteración del entorno dentro del cual fueron emitidos los actos reclamados en el juicio de amparo, en atención a que la situación jurídica que regía a éstos evidentemente cambió, pues las razones que motivaron su emisión fueron sustituidas por las que posteriormente dieron sustento a la determinación de la sala, que además fue modificada después por la sentencia amparadora. En otras palabras, lo que ahora rige es la determinación de la sala y su posterior revisión constitucional en el juicio de amparo indirecto y su revisión, máxime que resulta patente que el resultado al cual se arribe, finalmente tendrá que concluir en el otorgamiento de la guarda y custodia provisional del menor en favor de alguno de sus padres, o bien, en la confirmación del establecimiento de un régimen de custodia compartida, pero en cualquier caso se tratará de un nuevo contexto jurídico que altera el entorno jurídico bajo el cual surgieron los actos reclamados en amparo indirecto que da lugar a la presente instancia revisora. Así las cosas, en vista de los razonamientos vertidos, este tribunal colegiado estima que en lo que corresponde a la materia de los actos reclamados precisados con anterioridad, es jurídicamente posible que hayan dejado de existir, lo que podría hacer improcedente el amparo que aquí se revisa en lo que corresponde a los indicados actos reclamados, al actualizarse la posible causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de la materia, aun cuando ello obedezca a razones diversas a las precisadas por la juez de distrito en su fallo. Sirve de apoyo, por su sentido y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, materia común, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No se soslaya lo expuesto por el recurrente en su escrito de revisión, acerca de que, según afirma, en el caso debe atenderse al interés superior de C. F. G., por tratarse de un menor de edad. Sin embargo, debe decirse que dicho principio no implica que, en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio, ya que tal proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que originaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Sirve de apoyo, por su sentido jurídico y las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 350 el tomo I, libro 1, diciembre de dos mil trece, materia común, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (Énfasis añadido). En ese orden, ante la posible actualización de la causa de improcedencia antes precisada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, debe darse vista al quejoso E. Efraín Franco González, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, en relación con la posible causa de improcedencia de que se trata. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2008790, de título y contenido: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad". En tales circunstancias, con inserción del presente proveído, remítase oficio por vía electrónica al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, y solicítese respetuosamente tenga a bien ordenar a quien corresponda, notifique el presente auto al quejoso E. Efraín Franco González, a fin de que en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, manifieste lo que a su interés convenga en relación con la posible causa de improcedencia precisada con antelación. Hecho lo anterior, tenga a bien remitir a este órgano jurisdiccional las actuaciones digitalizadas practicadas con motivo de la notificación del caso, para estar en condiciones de pronunciar la sentencia que corresponda. Cúmplase. Así lo resolvió el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, integrado por la Magistrada Nadia Villanueva Vázquez, el Magistrado Pablo Quiñones Rodríguez, y el Secretario en funciones de Magistrado Adrián Domínguez Torres, ante el Secretario de Acuerdos licenciado Gilberto Cueto López que autoriza y da fe. Doy fe." En consecuencia, con apoyo en el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso aquí recurrente E. Efraín Franco González, a fin de que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación manifieste lo que a su interés convenga, en relación con la posible causa de improcedencia de que se trata. Cumplido lo anterior, hágase del conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, a la dirección electrónica correspondiente, para lo que tenga a bien determinar. Notifíquese.

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