Dyneli Arias Hernandez

Expediente 1013/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1013/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Dyneli Arias Hernandez
  • Junta Especial Número Treinta Y Uno de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes ejercieran ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Dyneli Arias Hernandez, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Notifique personalmente a la parte demandada la vista ordenada en diligencia de uno de septiembre de dos mil veinte, y, Una vez que haya fenecido el término, realice una contestación frontal, respecto de la petición del quejoso de allanarse de manera parcial a la plantilla de liquidación de laudo ello dentro de los autos del juicio laboral 1330/2013, y lo haga del conocimiento a las partes, como legalmente corresponda. Sin que con ello implique que la responsable acuerde de manera favorable o desfavorable las peticiones del aquí quejoso, ya que dicha cuestión seria materia de otro juicio de amparo, pues únicamente la presente concesión se limita a dar contestación a la totalidad de las peticiones del impetrante de amparo, respetando los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio 3469/2021 de nueve de junio de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, por el cual resuelve el incidente de liquidación de laudo dictado en el juicio laboral 1330/2013; documentales con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, ya que se advierte haber notificado personalmente a la parte demandada la vista ordenada en diligencia de uno de septiembre de dos mil veinte, realizó una contestación frontal respecto de la petición del quejoso de allanarse a la plantilla de liquidación de laudo ello dentro de los autos del juicio laboral 1330/2013, tan es así que el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno resolvió dicho incidente de liquidación. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable notifique personalmente a la parte demandada la vista ordenada en diligencia de uno de septiembre de dos mil veinte, y, una vez que haya fenecido el término, realice una contestación frontal, respecto de la petición del quejoso de allanarse de manera parcial a la plantilla de liquidación de laudo ello dentro de los autos del juicio laboral 1330/2013, y lo haga del conocimiento a las partes, como legalmente corresponda. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, al acreditar haber notificado a la parte demandada la vista ordenada en diligencia de uno de septiembre de dos mil veinte, realizó una contestación frontal, respecto de la petición del quejoso de allanarse a la plantilla de liquidación de laudo ello dentro de los autos del juicio laboral 1330/2013, tan es así que el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno resolvió el incidente de liquidación de laudo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que se omitió notificar de manera personal al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este Órgano Jurisdiccional el acuerdo de catorce de junio dos mil veintiuno; al respecto, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique de manera personal a la representación social dicho auto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otra parte, vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada dentro del juicio de amparo que nos ocupa. De lo anterior, téngase por hecha la comunicación para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo que adjunta, y dese vista a la misma por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que exprese lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1013/2020, promovido por Dyneli Arias Hernandez, por conducto de su apoderado legal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Dyneli Arias Hernandez, por conducto de su apoderado legal solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".La omisión de proveer sobre el escrito presentado con fecha 22 de Julio de 2020, recepcionado por la responsable con número de folio 0007781, por medio del cual mi mandante se ALLANA PARCIALMENTE A LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, no obstante que el plazo establecido para ello (48 horas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo) ha transcurrido en exceso, puesto que con estas dilaciones procesales el quejoso se ve afectado en su esfera jurídica, pues se le impide el acceso a una tutela judicial efectiva, al no poder materializar el laudo de fecha 26 de junio de 2019. ." SEGUNDO. El trece de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1013/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito de veintidós de julio de dos mil veinte, registrado con el folio 0007781, en los autos del juicio laboral 1330/2013. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. No pasa desapercibido que la autoridad responsable informó que mediante diligencia de uno de septiembre de dos mil veinte, (a la cual acudieron las partes), dio contestación al escrito de veintidós de julio de dos mil veinte, registrado con el folio 0007781, sin que con ello, se desprenda haya dado total contestación a lo solicitado por el aquí quejoso, ya que, si bien, en su diligencia manifiesta que tuvo por recibido el escrito de referencia, también lo es que con el mismo, ordenó darle vista a la parte demanda, y se reservó a proveer sobre la petición formulada; sin que se desprenda que la demandada haya realizado manifestación alguna en la diligencia, ni posterior notificación personal a la misma. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Pues bien, como se dijo, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la denegación de justicia al no dar contestación al escrito de veintidós de julio de dos mil veinte, dentro del juicio de origen y señala que dicho actuar es contrario a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya que si bien, la autoridad responsable el uno de septiembre de dos mil veinte, dio contestación al escrito de veintidós de julio de dos mil veinte, registrado con el folio 0007781, también lo es que, no se desprende, haya dado total contestación a lo solicitado por el aquí quejoso, en razón de que en esa diligencia, manifestó que tuvo por recibido el escrito de referencia, ordenó darle vista a la parte demanda y, se reservó a proveer sobre la petición formulada, hasta que la parte demandada hiciera manifestación alguna, sin que se desprenda que la misma haya realizado manifestaciones, ni posterior notificación personal a la demandada de dicha vista. Asimismo, se advierte que si bien, no se obliga a dar una petición favorable o desfavorable para la parte solicitante, si es un requisito indispensable que la autoridad emita una respuesta a cada petición. Asiste razón a la parte quejosa, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." De lo transcrito se colige, que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permitan obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685 y 735, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al presente asunto, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." Como puede verse de los preceptos trascritos, el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación y ejecución, lo que se traduce en cumplimiento al derecho fundamental de justicia, pues bien, como se dijo, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de proveer de manera completa a las peticiones que realizó en el escrito de veintidós de julio de dos mil veinte, por el que se allana parcialmente a la plantilla de liquidación formulada en los autos del juicio laboral de origen. En efecto, se advierte por parte de la autoridad señalada como responsable un retardo injustificado en la impartición de justicia, pues ha demorado aproximadamente siete meses en el dictado total del acuerdo mediante el cual el quejoso se allanó parciamente a la planilla de liquidación. Tomando en consideración que mediante diligencia de uno de septiembre de dos mil veinte, la responsable, ordenó dar vista a la parte demandada, y se reservó a proveer sobre la petición aludida, sin que se advierta manifestación de la demandada respecto de la vista otorgada, ni constancia de notificación a la misma, para que de esa forma, se pueda continuar con el procedimiento respectivo. Lo que, no es razonable sobre todo si se toma en consideración que el juicio se encuentra en etapa de ejecución y, además, no se advierte exista dificultad en la realización del acuerdo solicitado, lo que constituye una abierta dilación del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Respecto al criterio transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, indicó que, tratándose de actos intraprocesales existe un caso de excepción que constriñe al juzgador de amparo a que no sólo lleve a cabo un análisis en cuanto a si los actos reclamados constituyen violaciones de este tipo respecto de las que se alegue transgresión a los artículos 8, 14 y 17, constitucionales, para considerar que el juicio es improcedente, ya que para ello es indispensable, además, que verifique si tales actos configuran una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En otras palabras, el motivo de improcedencia del juicio a que hace referencia el criterio jurisprudencial referido no obedece únicamente a la naturaleza intrínseca del acto reclamado, es decir, que al ser una conducta omisiva autónoma al procedimiento no genera afectación a derechos sustantivos, pues para determinar tal afectación considerada como de ejecución irreparable es indispensable corroborar también que con ella no se produzca una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En ese contexto, en el caso concreto existe una dilación abierta del procedimiento de ejecución pues la autoridad señalada como responsable ha omitido acordar de manera total el escrito de mérito aproximadamente siete meses, lo cual genera un retraso en la impartición de justicia. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Dyneli Arias Hernandez, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Notifique personalmente a la parte demandada la vista ordenada en diligencia de uno de septiembre de dos mil veinte, y, Una vez que haya fenecido el término, realice una contestación frontal, respecto de la petición del quejoso de allanarse de manera parcial a la plantilla de liquidación de laudo ello dentro de los autos del juicio laboral 1330/2013, y lo haga del conocimiento a las partes, como legalmente corresponda. Sin que con ello implique que la responsable acuerde de manera favorable o desfavorable las peticiones del aquí quejoso, ya que dicha cuestión sería materia de otro juicio de amparo, pues únicamente la presente concesión se limita a dar contestación a la totalidad de las peticiones del impetrante de amparo, respetando los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de de Conciliación y Arbitraje responsable dé cumplimiento al punto antes precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libreo 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Dyneli Arias Hernandez, respecto de la omisión reclamada a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar. Doy fe.

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