Dylan Eduardo Escamilla Rodríguez y Otros.
Expediente 707/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Dylan Eduardo Escamilla Rodríguez y Otros.
- Aixa Nahid Escamilla Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho y ostentándose como representante legal de los menores ********** y **********, ambos de apellidos **********, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 707/2019-V. En la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hacen consistir en: La orden de traslado de ********** Salas del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, en el que actualmente se encuentra recluido, a uno diverso. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que el referido acto reclamado, por sí solo, no causa a los quejosos un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que los legitime para solicitar la protección de la justicia federal. Por tanto, si el acto del que se duele la parte quejosa no está dirigido en su contra, es inconcuso que no le causa un agravio personal y directo, ya que de ningún modo se patentiza ni involucra a los recurrentes en una situación jurídica concreta que se considere lesiva o que perjudique su esfera de derechos, pues no debe perderse de vista que el acto cuestionado únicamente incide en contra de **********, dado que a él es a quien se le pretende trasladar de un diverso centro de reclusión. En otras palabras, si en la especie los solicitantes del amparo reclaman la orden de traslado de ********** de un diverso centro penitenciario; es inconcuso que el acto reclamado, por sí solo, no les genera un agravio personal y directo, en virtud que no está dirigido en su contra ni afecta su esfera jurídica de derechos y, por tanto, no están legitimados para acudir a solicitar el amparo al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que la solicitante del amparo se ostente como "pareja" de la persona que refiere se encuentra recluida, toda vez que en el proemio de la demanda manifestó que acude esta instancia constitucional por su propio derecho y en su carácter de representante legal de sus menores hijos; además de que no actualiza alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 15 de la legislación en consulta, a fin de que pudiera promover el amparo a favor de **********, pues aun en el supuesto de que se considerara que el acto reclamado importe ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, lo cierto es que el presente juicio únicamente lo promueve por su propio derecho y no a favor de aquél, además que no argumenta que éste se encuentre imposibilitado para promoverlo. Esto último se afirma, dado que la condición de estar privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena que le fue impuesta, no implica que esté imposibilitado para instar al juicio de amparo por su propio derecho, o bien, por conducto de quien legalmente lo represente. Máxime que de los antecedente de la demanda se advierte que la promovente convive constantemente con **********, pues refiere que los días domingo y, en ocasiones dos veces por semanada, acude a visitarlo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jacqueline Cristina Flores Zaragoza al contar con cédula profesional 09136386 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a Griselda Anguiano Jurado, así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO c) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho y ostentándose como representante legal de los menores ********** y **********, ambos de apellidos **********, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 707/2019-V. En la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hacen consistir en: La orden de traslado de ********** Salas del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, en el que actualmente se encuentra recluido, a uno diverso. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que el referido acto reclamado, por sí solo, no causa a los quejosos un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que los legitime para solicitar la protección de la justicia federal. Por tanto, si el acto del que se duele la parte quejosa no está dirigido en su contra, es inconcuso que no le causa un agravio personal y directo, ya que de ningún modo se patentiza ni involucra a los recurrentes en una situación jurídica concreta que se considere lesiva o que perjudique su esfera de derechos, pues no debe perderse de vista que el acto cuestionado únicamente incide en contra de **********, dado que a él es a quien se le pretende trasladar de un diverso centro de reclusión. En otras palabras, si en la especie los solicitantes del amparo reclaman la orden de traslado de ********** de un diverso centro penitenciario; es inconcuso que el acto reclamado, por sí solo, no les genera un agravio personal y directo, en virtud que no está dirigido en su contra ni afecta su esfera jurídica de derechos y, por tanto, no están legitimados para acudir a solicitar el amparo al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que la solicitante del amparo se ostente como "pareja" de la persona que refiere se encuentra recluida, toda vez que en el proemio de la demanda manifestó que acude esta instancia constitucional por su propio derecho y en su carácter de representante legal de sus menores hijos; además de que no actualiza alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 15 de la legislación en consulta, a fin de que pudiera promover el amparo a favor de **********, pues aun en el supuesto de que se considerara que el acto reclamado importe ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, lo cierto es que el presente juicio únicamente lo promueve por su propio derecho y no a favor de aquél, además que no argumenta que éste se encuentre imposibilitado para promoverlo. Esto último se afirma, dado que la condición de estar privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena que le fue impuesta, no implica que esté imposibilitado para instar al juicio de amparo por su propio derecho, o bien, por conducto de quien legalmente lo represente. Máxime que de los antecedente de la demanda se advierte que la promovente convive constantemente con **********, pues refiere que los días domingo y, en ocasiones dos veces por semanada, acude a visitarlo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jacqueline Cristina Flores Zaragoza al contar con cédula profesional 09136386 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a Griselda Anguiano Jurado, así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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