Dustin Shane Whetten Whetten
Expediente 152/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 152/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Dustin Shane Whetten Whetten
Actuaciones
- Principal
Se declara que dicho auto por el cual se desechó de plano la demanda de garantías promovida por la moral quejosa Dustin Shane Whetten Whetten, ha quedado FIRME para todos los efectos legales. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Juez del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal de Ejecución del Distrito Judicial Galeana, al cual acompaña la demanda de garantías signada por el quejoso Dustin Shane Whetten Whetten, contra actos del Encargado de la Cuarta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado Federal con el número consecutivo 152/2023-IV y fórmese expediente. Por otro lado, acorde a lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." Procédase al análisis de la demanda planteada y resuélvase lo que en derecho corresponda. En ese sentido, el diverso numeral 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto legal transcrito se advierte, que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable por identidad de razón, sin oponerse a lo dispuesto en la ley de la materia, la Jurisprudencia I.13o.A.J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, página 1631, bajo el texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." A manera de preámbulo debe señalarse, que nuestro más alto tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio, de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de poder determinar de manera clara y precisa, el acto o los actos reclamados. Apoya lo considerado, sin oponerse a lo dispuesto en la ley de la materia, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables, se estima por quien resuelve, que en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;.-." Del numeral antes trascrito, se desprende que únicamente son tres los requisitos exigidos para que opere la causal de improcedencia relativa, a saber: a) Que las leyes o actos que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De donde se infiere, que se estableció por el legislador ordinario con el exclusivo propósito de impedir, en ese supuesto, la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. En el caso, dichas hipótesis se encuentran demostradas, ya que, de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que en el libro de registro de juicios de amparo que se tramitan en este Juzgado Federal, aparece que el correspondiente al número 151/2023, el cual está promovido por Dustin Shane Whetten Whetten, contra los actos y autoridades que señala en el escrito que se atiende. Lo cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y a lo establecido en la Jurisprudencia: 2a./J. 103/2007, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En esas condiciones, al quedar demostrado que con anterioridad al juicio en que se actúa, se radicó el diverso 151/2023, promovido por Dustin Shane Whetten Whetten, contra las mismas autoridades y actos aquí reclamados, en el que, por auto de diez de febrero del año en curso, se admitió la misma y se proveyó sobre la suspensión provisional solicitada; de lo que deviene, se actualiza la causa de improcedencia mencionada, evitándose así, el dictado de resoluciones contradictorias sobre la misma cuestión, que es precisamente lo que pretende evitar la Ley de Amparo, en la fracción X, de su artículo 61, que establece el principio de inimpugnabilidad de los actos materia de otro juicio de garantías pendiente de resolverse, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, donde existe litispendencia. Por ende, en el caso resulta procedente desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el diverso artículo 113 de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 235, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento noventa y tres, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Sin que pase inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/231, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el ubicado en Calle de la Cascada, número siete mil trecientos doce (7312), Fraccionamiento Fuentes del Valle, de esta ciudad, y como sus autorizados a los abogados que cita en su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de que los mismos cuenten con su cédula debidamente registrada ante este Juzgado Federal. Apoya lo considerado, sin oponerse a lo dispuesto en la ley en aplicación, la Tesis I.11o.A.4 A, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1188, del Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." En otro orden de ideas, en atención a la aplicación de la Ley de Amparo vigente en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en su numeral 3°, párrafo octavo, cuyo contenido literal expresa: "Artículo 3°.-. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.-." Instrúyase al Oficial Administrativo de la mesa encargado de este asunto, para que efectúe la digitalización de las actuaciones correspondientes a este expediente y, al Secretario de Acuerdos responsable de la tramitación, a fin de que de fe de la creación del expediente electrónico como del impreso, certificándose de que en ellos sean incorporadas las constancias a que alude el numeral invocado, para que coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de las partes de este Juicio, que el uso de la firma electrónica y el acceso al expediente electrónico, se encuentra regulado en términos del acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mi quince, y en vigor para este tipo de procedimientos a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis. Por consiguiente, notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Víctor Adrián Avalos Aragón, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, según autorización expedida mediante oficio CCJ/ST/4655/2022, en cumplimiento a lo acordado en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo proveyó y firma, asistido de la Secretaria licenciada Verónica Margarita Ramos López, quien autoriza y da fe de sus actos. Doy fe.
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