Dustin Gaspar Hidalgo

Expediente 131/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
131/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Dustin Gaspar Hidalgo
  • Agente del Ministerio Público que participa en la causa penal 3067/2020

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN: En Ciudad Juárez, Chihuahua, a doce de mayo de dos mil veintitrés, el licenciado Hilario Quintero Torres, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Hilario Quintero Torres.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto, se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. N o t i f í q u e s e. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Hilario Quintero Torres, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    EL NUEVE DE MARZO DE 2021 DE PUBLICA EN LISTA EL PRESENTE ACUERDO PARA NOTIFICAR AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Dustin Gaspar Hidalgo, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. En razón de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, fórmese el expediente electrónico e impreso y regístrese con el número 131/2018-V-B. Primeramente, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado; toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la Ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la Ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del Juicio, ya que a nada jurídicamente practico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaria a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Lo anterior es así, toda vez que del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS De la autoridad señalada como ORDENADORA reclamo lo siguiente: Reclamo el indebido, infundado e inmotivado AUTO DE FECHA 12 de febrero de 2021, en el que mediante el Control Constitucional, NEGÓ al suscrito que se llevaran a cabo diligencias que fueron propuestas por mi defensor particular el C. LIC, JUAN CARLOS PEREZ PAYAN, dentro del plazo de investigación complementaria, en el sentido de que solicitó la AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN DE MENOR VÍCTIMA, de iniciales K.I.R.C., así como también se solicitó que dicha menor víctima, se le practicara un estudio psicológico por medio de perito particular en psicología contrato por parte de la familia del suscrito, esto a fin de conocer la verdad histórica de los hechos, así como también para efectos de que el suscrito pueda ofrecer pruebas en su momento procesal oportuno, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 Constitucional apartado B, fracción IV; ya que en el presente caso se pasa por alto que las partes cuentan con igualdad procesal, y no es posible que solo la Agente del Ministerio Público pueda escuchar en declaración a la menor víctima, y a la defensa no se le permita realizar el ejercicio de contradicción a que alude el artículo 29 Constitucional primer párrafo, ya que si bien es cierto que la menor ya declara, no menos cierto es, que su declaración solo fue en su comparecencia, en la cual no estuvo ningún abogado que presentara los intereses del suscrito y pudiera contrainterrogar a la menor respecto a su dicho, para efectos de verificar si se contradice o no, si dice la verdad o no, si su dicho es verosímil o no, entre otras cosas; amén de que también no se puede pasar por alto que la representación social, ya le practicó un examen preliminar de psicología a la menor víctima y además pretende practicarle otro examen valorativo en psicología a la menor víctima, es decir, la Agente del Ministerio Público, va a someter a DOS valoraciones psicológicas a la menor víctima y a la defensa no se le permite que la víctima sea valorada solo una vez por perito en psicología, aduciendo por parte del Juez responsable, la Agente del Ministerio Público, el Asesor Jurídico y la Representación Legal de la Menor Víctima, que si se le realiza una valoración psicológica a la menor por perito en psicología por parte de la defensa SE REVICTIMIZA A LA MENOR VÍCTIMA, empero si se van a realizar diligencias por parte de la Agente del Ministerio Público, con la víctima ahí no hay revictimización, y lo anterior es así, toda vez que la representante de la menor víctima, se opone a que el suscrito pida una nueva valoración psicológica para la menor víctima, y a pesar de que la propia Ministerio Público hizo saber en la audiencia de fecha 12 de febrero de 2021, que por su parte ella le iba a realizar otra valoración psicológica a la menor víctima y ahí, nadie dijo nada de revictimizacion, es decir, ni el Juez responsable, ni la representante legal de la menor, ni el asesor jurídico, por lo que si las cosas son así, estamos ante el absurdo que si el suscrito solicita diligencias con la intervención de la víctima se le denomina REVICTIMIZACIÓN, pero si el Agente del Ministerio Público, solicita diligencias con la intervención de la víctima, a eso no se le llama REVICTIMIZACIÓN, sino se le llama INVESTIGACIÓN, es decir se puede TORCER LA LEY, EN TODO LO QUE FAVOREZCA A LOS INTERESES DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL, empero si se trata de la defensa se tiene que aplicar el estricto derecho, acompañado de violaciones al debido proceso, a la igualdad de las partes que debe existir, buscándose a toda costa, sentenciar a toda persona al precio que sea necesario, sin respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas, el derecho que tiene un acusado de ofrecer pruebas a su favor, entre otras cosas, ya que en el caso en particular, si bien es cierto que tanto el suscrito tiene un derecho humano, consistente en el derecho a ofrecer pruebas, el cual pugna, con el diverso derecho humano de la menor víctima consistente en la NO REVICTIMIZACIÓN." Actos que del análisis integral de la demanda, se advierte fueron emitidos dentro del plazo para la investigación complementaria. Sin embargo, contra dichos actos, el suscrito Juzgador, advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación al 113, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones, a saber: El impetrante de protección, no cumplió con el principio de definitividad, porque (previo a acudir al juicio de amparo) no agotó el medio de defensa ordinario previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de los actos reclamados, mediante lo cual, las situaciones de hecho que el quejoso reclama de la autoridad responsable pudieron resolverse, modificarse o anularse. Al respecto, el precepto 61, fracción XVIII, y 113, de la Ley de Amparo, disponen por su orden: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". (Énfasis añadido) "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Acorde con lo preceptuado en los dispositivos jurídicos ut supra, se concluye que en el caso, el solicitante de amparo no agotó el principio de definitividad y ello actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia referida, pues previo a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debió agotar el recurso de "apelación", en los términos que establece el artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que precisa: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) XI. Las que excluyan algún medio de prueba." (Énfasis añadido) De lo dispuesto en el precepto jurídico de ut supra, se advierte con meridiana claridad que en los asuntos del sistema penal acusatorio, los imputados (y sus defensores) pueden impugnar ante el tribunal de alzada, las determinaciones emitidas por el juez de control en etapa intermedia que impliquen "exclusión", "no admisión" o "desechamiento" de medios de prueba, a través del recurso de apelación. En la medida que, para una mejor comprensión del verbo excluir, atentos a lo precisado en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, se define de la siguiente forma: 1. tr. Quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello. Excluir a alguien de una junta o comunidad.Excluir una partida de la cuenta. 2. tr. Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo. Los datos excluyen ese supuesto. 3. prnl. Dicho de dos cosas: Ser incompatibles. 4. prnl. Dicho de una persona: Dejar de formar parte de algo voluntariamente. Entonces, de acuerdo con la definición dada a conocer, el término utilizado como exclusión, no sólo debe comprenderse en el aspecto conceptual y doctrinal que opera en torno a la hipótesis de ilicitud de un dato, medio o prueba, cuando éste fue obtenido con violación a derechos fundamentales, pues en el contexto de la redacción del precepto a estudio, gramaticalmente significa: descartar, rechazar o la acción de repulsar algo; lo cual, para el aspecto procesal-probatorio, debe entenderse como la "no admisión o desechamiento de un medio de prueba". Por ende, la no admisión de medios de prueba que implica y conlleva a excluir la posibilidad de desahogar tales elementos de convicción en el juicio, requiere que el órgano jurisdiccional en segunda instancia, revise la legalidad de las determinaciones que al respecto emita el juez de control en la etapa intermedia. Consecuentemente, es claro que en la especie, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; y, entonces, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad, púes se pone de manifiesto la existencia de un recurso ordinario, diseñado para resolver lo conducente a la posible vulneración de derechos fundamentales de las partes ante la "no admisión de medios de prueba en etapa intermedia." En esa tesitura, este tribunal concluye que, conforme al artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los asuntos del sistema penal acusatorio, las partes pueden interponer el recurso de apelación ante el tribunal de alzada, contra las determinaciones emitidas por el juez de control en etapa intermedia, que impliquen "exclusión", de medios de prueba. A tal efecto, sin necesidad de efectuar mayor interpretación, basta con atender los sinónimos de la palabra exclusión que, en el contexto procesal-probatorio, implican rechazo de medios de prueba, a través de su "no admisión" o "desechamiento". En consecuencia, contra la exclusión, no admisión o desechamiento de medios de pruebas en etapa intermedia, procede el recurso de apelación previsto en dicho numeral, el cual debe agotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 447, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 297, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, apoya al punto determinado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página 902, tomo XV, Mayo de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así las cosas, al tenor de las consideraciones plasmadas se concluye que en el caso a estudio se actualiza, en forma notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación al ordinal 103, ambos de la Ley de Amparo; consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con los dispuesto en los artículos 112 y 113, de dicha legislación Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, del epígrafe y contenido siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, página 530, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. v DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Se tiene a la parte quejosa señalando el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones; y autorizando en términos amplios que indica del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Juan Carlos Pérez Payan y José Martín Morales Lares, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Rubén Hilario Añorve y Artemio Rodríguez Medellín. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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