Durand Jimm Y

Expediente 496/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
496/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • DURAND JIMM Y y Otros.
  • Durand Jimm Y

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído que tuvo por no presentada su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 3 Amparo indirecto 496/2021 TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que al día de hoy ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte promovente en el acuerdo inicial, para que diera cumplimiento a la prevención de demanda ahí efectuada, sin que lo hubiere hecho. Por lo tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo. En consecuencia, una vez que cause estado el presente proveído, quedarán sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el referido auto inicial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el informe de suspensión de plano correspondiente al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2, dese vista a las partes por el término de tres días con su contenido, para los efectos legales conducentes. En términos de los artículos 9 y 26 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la citada autoridad responsable a las personas propuestas en su informe; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la comunicación de cuenta.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Durand Jimm Y. y otros, contra actos del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad y otras autoridades, con fundamento en los artículos 107, fracción V, 15, 20 y 109 de la Ley de Amparo, téngase por presentado el citado libelo. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 496/2021-VI-A. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se aduce que la parte quejosa reclama, entre otras cosas, lo siguiente: Permitirles transitar por territorio nacional, hasta la Ciudad de México para poder iniciar, dar seguimiento o concluir su trámite administrativo migratorio. La pretensión de la autoridad de deportarlos a su país de origen. La nula atención para atender sus trámites migratorios. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán abstenerse de detener a los quejosos para ser deportados, expulsados o repatriados a su país de origen de manera arbitraria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable, así como de propinar malos tratos o privación ilegal de la libertad que equivalga a una desaparición forzada. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Por otro lado, toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de una posible restricción de su libertad de tránsito, es necesario establecer que esta prerrogativa debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, conforme al cual queda claro que tal derecho no es absoluto ni irrestricto, pues está sujeto a límites y subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración; cuestiones todas ellas de interés social y orden público. En ese contexto, si la detención (o presentación) de la parte quejosa ante las autoridades migratorias obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere ser extranjera, estas últimas deberán sujetarse a los plazos y términos previstos en la ley de la materia y su reglamento, a fin de que se regularice o resuelva su situación migratoria acorde a las particularidades del caso; lo cual a su vez implica la obligación de iniciar y proseguir los procedimientos administrativos respectivos, dar respuestas a las gestiones que en ese entorno se realicen y, en general, el respeto al derecho humano al debido proceso. Debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente...De conformidad con el artículo 160 de la Ley de Amparo, y por cuanto hace a los actos que ahí se describen, la parte amparista en caso de ser detenido quede a disposición de este juzgado de Distrito, en el lugar en que se encuentra alojada, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la subsistencia de la medida. Asimismo, las autoridades responsables en términos de la Ley de Migración, deberán: Garantizar la seguridad personal de los migrantes. Respetar sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. Dar a conocer los derechos de las personas presentadas de acuerdo a lo estipulado en el precepto 109, tales como: Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Que tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; En caso de que no hable español, contará con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; Que tiene derecho a acceder a comunicación telefónica; A recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. Ser visitado por sus familiares y por su representante o defensor. En otro tenor, en caso de que dentro de los quejosos se encuentren menores de edad, se instruye a las autoridades responsables para que les otorguen todas las medidas y cuidados necesarios atendiendo al interés superior de los menores. Lo anterior, en razón a que del artículo 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, se desprende una serie de medidas que coadyuvan a priorizar el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados o no por familiares, detenidos en las estaciones migratorias, que se deben adoptar a la luz de los principios de separación y unidad familiar, respetando en todo momento el interés superior del menor de edad, las cuales el juzgador no puede soslayar...Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo1, asimismo se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables, a fin de que informen en un plazo no mayor de veinticuatro horas sobre el cumplimiento que dé a esta determinación, apercibida que, si al rendir su informe expresa un hecho falso o niega la verdad, se le impondrá las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo; para tal efecto, remítase a dichas autoridades copia simple de la demanda de amparo...PREVENCIÓN Con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo o en el acto de la notificación bajo protesta de decir verdad, aclaren su demanda en los aspectos siguientes: Primero.- Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en la restricción de transitar por el territorio nacional y deportación. Segundo.- Señale si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señala como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. Tercero.- Asimismo, deberá precisar qué actos reclama a las autoridades domiciliadas fuera de la jurisdicción de este Juzgado, habida cuenta que el señalamiento de los actos reclamados a la misma resulta ambiguo, es decir, no se justifica cual es la razón de incorporarla a la contienda constitucional. Cuarto.- Indiquen si contra actos similares a los ahora reclamados han promovido con anterioridad un diverso juicio de amparo, debiendo indicar el número que le haya recaído y el órgano jurisdiccional que lo tramita o que conoció del mismo. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar directamente la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que le consten...

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