Dulce Violeta Poblano Rodriguez

Expediente 174/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
174/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Dulce Violeta Poblano Rodriguez
  • Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra en trámite las pruebas periciales ofrecidas por la parte quejosa y la tercera interesada, pues el siete de febrero del año en curso, se fijó las diez horas con treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de estampamiento de firmas, por tanto, no se está en posibilidad de celebrar la continuación de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, consecuentemente, se difiere y para su verificativo se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS.

  2. Principal

    VISTOS para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 1486/2020-VIII-B, promovido por Everardo Flores Rivera, contra actos de Eraso Arrelic Gracia Margarita, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente el veintiuno de noviembre de dos mil veinte, Everardo Flores Rivera acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de Eraso Arrelic Gracia Margarita, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Secretaría de Transporte, Depósito Vehicular Número 11 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Congreso y Gobernador, todos del Estado de Jalisco, Representante Legal de la persona moral Grúas Halcón, Sociedad Anónima de Capital Variable, Director General de Autotransporte Federal adscrito a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que serán precisados en el considerando respectivo. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. Una vez recibida la demanda por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la aludida demanda, se formó el expediente y se registró bajo el número 1486/2020-VIII-B; de igual forma, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis número P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: De Eraso Arrelic Gracia Margarita, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco: La cédula de notificación de infracción con número de folio 33458054-5, impuesta al vehículo automotor con número de placas JFL2384, Marca: FORD, Línea: EXPLORER, Modelo: 1996, Número de Serie: 1FMDU34X2TUB55172, como primer acto de aplicación de los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; así como del diverso 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. El desposeimiento del aludido vehículo. Del Depósito Vehicular Número 11 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración y del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración: El resguardo y la custodia del vehículo automotor con número de placas JFL2384, Marca: FORD, Línea: EXPLORER, Modelo: 1996, Número de Serie: 1FMDU34X2TUB55172, con motivo de la imposición de la cédula de notificación de infracción con número de folio 33458054-5. El cobro por concepto de guarda y custodia del mencionado vehículo automotor. Del Representante Legal de la persona moral Grúas Halcón, Sociedad Anónima de Capital Variable: El cobro por concepto de servicio de arrastre y grúa, relativo al vehículo automotor con número de placas JFL2384, Marca: FORD, Línea: EXPLORER, Modelo: 1996, Número de Serie: 1FMDU34X2TUB55172, con motivo de la imposición de la cédula de notificación de infracción con número de folio 33458054-5. Del Congreso del Estado de Jalisco: La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en específico, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII. Del Gobernador del Estado de Jalisco: La promulgación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en específico, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII. La expedición del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, su artículo 174. Del Director General de Autotransporte Federal adscrito a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: La emisión de la Norma General denominada Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal, específicamente la fracción I, Aspectos Generales, punto 14. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación de la Norma General denominada Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal, específicamente la fracción I, Aspectos Generales, punto 14. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Titular de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, por conducto del Director General Jurídico de dicha dependencia y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Directora de Amparos "B" de la Dirección de Amparos y Controversias Constitucionales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al momento de rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les atribuyeron. Por su parte, el quejoso no aportó elemento de convicción suficiente para desvirtuar tales negativas, dado que únicamente acompañó a su demanda de amparo, copia digitalizada de un documento en idioma extranjero, del Estado de Arizona, en Estados Unidos de Norteamérica y de la cédula de notificación de infracción 33458054-5; sin embargo, de dichas documentales no se advierte la participación de las referidas responsables. Consecuentemente, al no haberse demostrado los actos reclamados a las autoridades responsables Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que reza: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Es aplicable, la jurisprudencia número 310, publicada en la página doscientos nueve, tomo Sexto, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuya sinopsis es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por otro lado, tampoco son ciertos los actos reclamados al Depósito Vehicular Número 11 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, al Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración y al Representante Legal de la persona moral Grúas Halcón, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistentes en el cobro por concepto de guarda y custodia, y servicio de arrastre y grúa, del vehículo automotor con número de placas JFL2384, Marca: FORD, Línea: EXPLORER, Modelo: 1996, Número de Serie: 1FMDU34X2TUB55172, con motivo de la imposición de la cédula de notificación de infracción con número de folio 33458054-5, pues al margen de que así lo manifestaron las dos primeras autoridades en mención el momento de rendir su informe justificado, aduciendo además que la recepción del pago por dichos conceptos corresponde a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, y que la última de las mencionadas hubiese sido omisa en rendir su informe de ley, lo cierto es que no es el caso tener por existentes los actos que se les reclaman a dichas autoridades, ya que resulta evidente que fue el propio peticionario de amparo quien llevó a cabo en su perjuicio la autoliquidación del cobro señalado; de ahí que es claro que a tales autoridades no puede imputárseles acto de ejecución alguno respecto de esa cuestión (cobro por concepto de guarda y custodia, arrastre y grúa), ya que la certeza de éste no es factible deducirla de la conducta asumida por el particular ante la norma, sino de los actos realizados por las autoridades para obtener el acatamiento de las obligaciones consignadas en ésta. De lo que se colige que, si el impetrante del amparo, sin mediar requerimiento o acto de autoridad alguno, actualizó la aplicación de pago alegado, ello deriva en la inexistencia del acto reclamado atribuido a las autoridades antes descritas. Resulta aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, de agosto de dos 2007, página 377, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto del mencionado acto reclamado al Depósito Vehicular Número 11 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración y al Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración; así como Representante Legal de la persona moral Grúas Halcón, Sociedad Anónima de Capital Variable. En otro orden de ideas, Eraso Arrelic Gracia Margarita, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Depósito Vehicular Número 11 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Congreso y Gobernador, todos del Estado de Jalisco y el Director General de Autotransporte Federal adscrito a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al momento de rendir sus informes con justificación, aceptaron la certeza del resto de los actos que se les imputan, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad de los mismos. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos imputados al Congreso y al Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, se corrobora con la publicación de los propios ordenamientos legales, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" en el cual se advierte la participación de las autoridades mencionadas. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También aplica, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicado en el órgano de difusión ya indicado, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, página 15, que es del tenor siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." CUARTO. Causales de improcedencia. No se analizarán los conceptos de violación ni los fundamentos de los actos reclamados, toda vez que en el asunto se actualiza una causa de improcedencia cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente. En efecto, este Juzgado Federal estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, constitucional y 5º fracción I, del cuerpo de leyes citado en primer término, en virtud de que el peticionario de amparo, no acreditó fehacientemente su interés jurídico para combatir en esta instancia constitucional la cédula de notificación de infracción 33458054-5, lo que impide estudiar el fondo del asunto. Así es, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:.- I. El juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada;". El numeral que contempla la causa de improcedencia en cita dispone: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legitimación del quejoso, en los términos en la fracción I del artículo 5º. De la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". A su vez, el artículo 5° de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". (El énfasis es de este juzgado) De los preceptos legales transcritos, se advierte, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte a quien perjudique el acto que se reclama, es decir, prevén el ejercicio de la acción constitucional, la que se encuentra reservada a quien o quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad y que presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado; sin embargo, no todos los intereses de las personas que concurran ante el órgano jurisdiccional merecen el calificativo de jurídicos, pues para que ello acontezca es menester que se acredite fehacientemente a través de pruebas aptas y que dicha afectación sea de manera directa e inmediata. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencial, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen IV, páginas 1666 y 1667, que textualmente señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado." Lo anterior, permite concluir que el criterio general al que debe atenderse para determinar la oportunidad de la quejosa, para promover juicio de garantías es la afectación a su interés jurídico, esto es, que el acto que se reclame a las responsables, le causan un agravio personal y directo, es decir, la afectación que irrogue a su esfera jurídica, para controvertir la legalidad o constitucionalidad del acto de autoridad. En estas condiciones, si el aludido interés se refiere al derecho jurídicamente protegido, es lógico establecer que para promover un juicio de garantías, debe estarse a la naturaleza del acto que se reclama. Así, debe tenerse presente que de lo previsto en el artículo 5º de la Ley de Amparo, se desprende que tiene legitimación para acudir al juicio de garantías únicamente la persona a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; la figura jurídica de la legitimación está íntimamente ligada con el interés jurídico que corresponde a quien acude en demanda de la protección federal, mismo que debe ser acreditado por el peticionario del amparo y que consiste en demostrar haber sufrido un perjuicio por el acto de autoridad de que se queja, ya que, de otra suerte, su acción constitucional sería improcedente, de acuerdo con lo prevenido por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de ahí que el juicio de garantías ha de ser solicitado, precisamente, por la persona que estime que se le han causado molestias por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, ya que el interés jurídico de que habla dicha fracción, no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos, propiedades o posesiones conculcados. Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, página 364, cuyo rubro y texto, dicen: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así es, en el asunto, el solicitante del amparo señala que le causa agravio el acto reclamado que hace consistir en la aplicación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en específico, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII; del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, su artículo 174 y de la Norma General denominada Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal, específicamente la fracción I, Aspectos Generales, punto 14, a través de la cédula de notificación de infracción número 33458054-5 expedida por la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Eraso Arrelic Gracia Margarita, impuesta al vehículo en ella descrito. Como quedó precisado, de los transcritos artículos 107, fracción I, de la Ley Fundamental y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte, por quien perjudique el acto que se reclama, es decir, prevén el ejercicio de la acción constitucional, la que se encuentra reservada a quien o quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad y que presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado; sin embargo, no todos los intereses de las personas que concurran ante el órgano jurisdiccional merecen el calificativo de jurídicos, pues para que ello acontezca es menester que se acredite fehacientemente a través de pruebas aptas y que dicha afectación sea de manera directa e inmediata. Esto, acorde a lo dispuesto por el artículo 5° fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por perjuicio, para efectos de la procedencia del juicio de garantías, debe entenderse, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente protegido, atento a la tesis de jurisprudencia número publicada en las páginas mil seiscientos sesenta y seis y mil seiscientos sesenta y siete, del tomo "Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes", del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.- El artículo 4 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar, que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 dé la Ley de Amparo no puede referirse a otra cosa, sino la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean éstos posesorios o de cualquier otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.". De lo anterior, se advierte que el interés jurídico no depende de la existencia del acto autoritario que se reclame, ni de los vicios que se atribuyan a éste, ni de la conveniencia económica o personal que tenga el quejoso en que ese acto no subsista, sino de que el promovente de amparo, acredite que el acto reclamado le afecta en forma directa e inmediata algún derecho legítimamente tutelado. Luego, si bien es cierto el quejoso reclama la cédula de notificación de infracción descrita con antelación, lo cierto es que, no demuestra que dicha infracción le afecte a su esfera jurídica de derechos, pues para acreditarlo, debió demostrar la titularidad del automotor a que hace alusión la referida cédula de notificación de infracción, y, por ende, el interés jurídico para instar esta vía constitucional. Ahora bien, el impetrante aportó como medios probatorios copia digitalizada de un documento en idioma extranjero, del Estado de Arizona, de los Estados Unidos de Norteamérica, expedido a favor de Gerardo Duarte Carvajal, con lo que parece ser un endoso a favor del solicitante del amparo y copia digitalizada de la cédula de notificación de infracción reclamada; sin embargo, dichas probanzas por sí solas, o adminiculadas entre sí, se consideran insuficientes para acreditar su interés jurídico, ya que con ellas no acredita que es poseedor o propietario del vehículo descrito en la cédula de notificación de infracción que impugna, y, por ende, no acredita que el acto que reclama le afecte en su esfera jurídica o sea violatorio de sus garantías individuales, de ahí que no se tiene la certeza de que el acto que por esta vía combate le cause un verdadero perjuicio en su esfera de derechos. Se dice lo anterior, ya que el documento en idioma extranjero, del Estado de Arizona, de los Estados Unidos de Norteamérica, expedido a favor de Gerardo Duarte Carvajal, con lo que parece ser un endoso a favor del solicitante del amparo, exhibido en copia digitalizada, resulta insuficiente para acreditar la propiedad del vehículo automotor que en él se describe, al no haber exhibido el quejoso la traducción correspondiente, o en su defecto, el pedimento de importación respectivo, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, a través de la Administración General de Aduanas. Ello, pues la interpretación del artículo 132 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, conforme al artículo 2o. de la Ley de la Materia, permite sostener que es imprescindible que al exhibir un documento en idioma extranjero, se presente también su traducción al idioma oficial en nuestro país, que es el español, porque tal traducción requiere de conocimientos técnicos que la ley no exige al juzgador. Sirve de ilustración la tesis con registro digital 218161, visible en la página 324, Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTAL EXHIBIDA EN IDIOMA EXTRANJERO. DEBE APORTARSE SU TRADUCCION. La interpretación del artículo 132 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, conforme al artículo 2o. de la Ley de la Materia, permite sostener que es imprescindible que al exhibir un documento en idioma extranjero, se presente también su traducción al idioma oficial en nuestro país, que es el español, porque tal traducción requiere de conocimientos técnicos que la ley no exige al juzgador. De otra manera se impide a éste la adecuada apreciación de la documental." Así como la tesis con registro digital 219840, visible en la página 582, Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PRUEBA DOCUMENTAL. DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN IDIOMA EXTRANJERO. DEBEN PRESENTARSE CON LA TRADUCCION RESPECTIVA. Del contenido del artículo 132 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente en la materia de amparo, se infiere desde luego, la obligación del oferente de la prueba documental redactada en idioma diverso al español, de exhibirla con la traducción respectiva, pues con la misma, el juez debe dar vista a la contraria, a fin de que manifieste si está o no de acuerdo. Así las cosas, si la traducción susodicha no es presentada, o sea, si el ofrecimiento de la prueba no se perfecciona, ninguna obligación tienen las demás partes de objetarla, ya que inclusive, la ocasión legalmente establecida para que la probanza de mérito sea refutada, lo es después de que exhibida con su traducción, pues de la misma debe darse a la contraria, a fin de que precisamente, manifieste lo que a su interés convenga." Así como, por analogía, la tesis con registro digital 241180, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 89, Volumen 97-102, Cuarta Parte, Sétima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "DOCUMENTOS REDACTADOS EN IDIOMA EXTRANJERO. DEBEN EXHIBIRSE CON LA TRADUCCION RESPECTIVA. La autoridad responsable no puede darle valor probatorio a documentos exhibidos como pruebas que se encuentran redactados en idioma extranjero, si la oferente no cumple procesalmente con los requisitos que señalan los artículos 56, 329 y 330 del Código de Procedimientos Civiles. Para que la autoridad responsable otorgue algún valor probatorio a un documento proveniente de tercero, no objetado por la contraparte y redactado en idioma extranjero, es necesario que previamente la oferente acompañe la traducción respectiva del mismo, para que su contraparte no quede en estado de indefensión; si no es así, la Sala responsable no viola en perjuicio de dicha oferente los artículos 335 y 340 del Código de Procedimientos Civiles, al no concederle valor probatorio alguno al referido instrumento probatorio. No pasa inadvertido el hecho de que al momento de ofrecer como prueba la aludida documental, el quejoso la describa como: "[.] Original del Título de propiedad del vehículo al que me he venido refiriendo, debidamente endosada a favor del quejoso [.]"; sin embargo, se insiste, al no haberse exhibido la traducción respectiva del documento en idioma extranjero que se presentó, o en su defecto, el pedimento de importación respectivo, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, a través de la Administración General de Aduanas, no resulta jurídicamente posible afirmar que éste, se trae de un título de propiedad del vehículo descrito en la cédula de notificación de infracción reclamada. Aunado a lo anterior, el quejoso soslayó exhibir también el original o copia certificada de la tarjeta de circulación o algún otro documento que permitiera afirmar que el vehículo descrito en el multicitado documento en idioma extranjero, se trata del mismo a aquel a que se hace referencia en la cédula de notificación de infracción impugnada. Sin que pase inadvertido que, el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, al momento de rendir el informe justificado en representación de las autoridades responsables Depósito Vehicular Número 11 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, hubiese exhibido copia certificada del recibo oficial A50347860, emitido en favor del quejoso; sin embargo, aunque en él consta el pago realizado por diversos conceptos relacionados con un vehículo; lo cierto es que de dicha documental no se advierte que tal automotor se trate de aquel con placas de circulación JFL2384, máxime que en la misma no se describe el vehículo de que se trata, siendo que, por otro lado, el recibo inventario con número de folio 803524, se trata de un documento privado al haber sido emitido por una persona moral privada, como lo es Grúas Halcón, Sociedad Anónima de Capital Variable, y por tanto, carece de valor probatorio, de conformidad con el precepto 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por tanto, dado que con dichos documentos no es factible desprender indudablemente los derechos que el quejoso pretende le sean reconocidos y protegidos en el presente juicio de garantías; por consiguiente, no acredita que los actos reclamados vulneren su esfera jurídica ni que le ocasionen un agravio personal y directo que pueda ser materia de análisis en este juicio de amparo, pues para ello, estaba obligada a demostrar fehacientemente la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado, que haya sido desconocido o violado y que le otorgue la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional, a efecto de que le sea reconocido tal derecho y no le sea trasgredido por las autoridades responsables. Ilustra lo anterior, la tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193-198 Primera Parte, página ciento diez de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. En el juicio de amparo el interés jurídico para promoverlo no puede ser presuntivo, sino que debe acreditarse en forma indubitable. La Ley de Amparo dispone, a través del artículo 4o. el principio de "instancia de parte agraviada". El artículo 76 de la misma contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, prohibiendo a la vez una declaración general de la constitucionalidad de la ley o el acto reclamado. El artículo 80 del propio ordenamiento citado determina los efectos que tiene la sentencia dictada en un juicio de garantías, que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto. En razón de las disposiciones contenidas en los artículos aludidos; existe la necesidad de que el promovente de un juicio de garantías acredite plenamente su interés jurídico en promoverlo, para el efecto de que si así lo estima procedente la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en la posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas en forma particularizada por su interés, y a la vez se conceda la protección en el efecto procedente. Situaciones, las anteriores que no se podrían satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo". Así como, en apoyo a lo antes considerado cabe citar la tesis cuyos datos de identificación y texto enseguida se transcriben: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma." (Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página ochenta, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo 193-198, Cuarta Parte). "INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan "el poder de exigencia" correspondiente." Consecuentemente, toda vez que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede sobreseer el juicio, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la referida ley. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados consistentes en la expedición del Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en específico, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII; del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, su artículo 174 y de la Norma General denominada Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal, específicamente la fracción I, Aspectos Generales, punto 14, al no haberse acreditado su primer acto de aplicación con motivo de la imposición de la cédula de notificación de infracción con número de folio 33458054-5. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Everardo Flores Rivera contra actos de Eraso Arrelic Gracia Margarita, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Secretaría de Transporte, Depósito Vehicular Número 11 dependiente del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración, Congreso y Gobernador, todos del Estado de Jalisco, Representante Legal de la persona moral Grúas Halcón, Sociedad Anónima de Capital Variable, Director General de Autotransporte Federal adscrito a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones expuestas en los considerandos tercero y último del presente fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, TODA VEZ QUE NO ACUDIÒ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, NO OBSTANTE DE HABÈRSELE DEJADO CITATORIO PARA TAL EFECTO. QUE EN SINTESIS DICE.- Visto el oficio signado por ***, mediante el cual, confronta las manifestaciones de inconformidad de la parte quejosa, asimismo, con relación al cumplimiento de la sentencia informa que se encuentra disponible para entrega a la parte quejosa, el cheque que ampara las cantidades pendientes a devolver con motivo de la concesión de amparo; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y con su contenido, téngase a la referida autoridad en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese contexto, con el oficio de cuenta, córrase traslado a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, se presente en las instalaciones de la Unidad Jurídica de la Tesorería, ubicadas en *** a recoger la cantidad que resultó a su favor, bajo apercibimiento ... Independientemente de lo anterior, requiérase a la autoridad oficiante, para que dentro del término de tres días, remita copia certificada del cheque a favor del aquí quejoso; asimismo, informe a este órgano jurisdiccional si el quejoso acudió a sus oficinas a recoger el cheque expedido a su favor, y en caso afirmativo, remita a este órgano de control constitucional, la constancia que acredite de forma pormenorizada el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa ...

  4. Principal

    a fin de que las partes se impongan de su contenido y se encuentren en aptitud de preparar las pruebas que en su caso lo desvirtuaran. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere y para su verificativo se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS.

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